Qué hay detrás del Algarrobico: el juez que paró las obras del hotel denuncia presiones

PACA BLANCO* : El hotel de la promotora de Azata del Sol, dentro del Parque Natural de Cabo de Gata, continúa levantando ampollas. El último capítulo de esta novela negra lo denuncia el juez Jesús Rivera, que, tras paralizar las obras, declaró ilegal la licencia en 2008. El urbanismo salvaje ha destruido en las últimas dos décadas 7,7 hectáreas de litoral al día. Sólo en los últimos 20 años se ha deteriorado en la costa española una superficie equivalente a ocho campos de fútbol al día. En el caso de Andalucía, el 59 por ciento de su litoral está ya urbanizado. Y es en esta tierra donde un hotel mastodóntico se convierte en el emblema del daño sin sentido que se ha hecho a la costa antes de que la crisis pusiera el freno.
Conocido como El Algarrobico, el hotel de Azata del Sol, ubicado dentro del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, marca no sólo un antes y un después en la España del ladrillo, sino también en el día a día de aquellos que se opusieron a este hotel cuyo destino final está a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia en Granada dicte una sentencia firme.

El último capítulo de esta negra historia de presión urbanística la denuncia a este semanario el juez Jesús Rivera, «culpable» de paralizar las obras el pasado 21 de febrero de 2006 y de declarar ilegal la licencia de obras del hotel el 5 de septiembre de 2008. La presión que él ha sentido se evidencia en el trajín de Rivera en los tribunales. Y curiosamente en todas ellas se repiten dos nombres: el juez decano, Luis Miguel Columna, y el juez Cobo Olvera.

Desde que paralizó las obras, el juez Rivera, con más de 30 años de experiencia, ha tenido que interponer una decena de demandas, cuando según él, «jamás había interpuesto una». Ha recibido ocho resoluciones en contra y aún tiene abiertos tres recursos de amparo pendientes de revisión. Dos de ellos, por la modificación de reparto de las causas judiciales entre los tres Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Almería.

Dicho de otro modo, de repente tuvo más y más trabajo. Rivera alega que pasó «de tener unos 700 asuntos de media a más de 1.100». La sentencia que él recurre alega que en caso de asuntos judiciales el número no es lo importante, sino la complejidad de los casos a tratar. Sin embargo, ¿hasta duplicar el trabajo? Curiosamente, el que dicta la norma de reparto es Columna, y Cobo, el «beneficiado», al ser el juez del juzgado número 1. Columna asegura que «yo no voté este cambio de reparto de trabajo, sólo presido la Junta de jueces que hace la propuesta».

Abuso de poder

Pero Rivera piensa que «es sospechoso que el decano y el juez del juzgado número 1 incidieran en perjudicarme con un injusto reparto doble». Pero, si cabe, lo que más indigna a Rivera es que «se aprobara el cambio de normas de reparto sin darle ninguna publicidad, sólo lo hicieron por correo, a través de una copia certificada, cuando el Consejo siempre lo notifica en el BOE». Motivo por el cual presentó un recurso de amparo pendiente de resolución. Los demandados alegan que «al citado acuerdo se le dio la publicidad establecida en las normas citadas», según dice la sentencia del Supremo. Y Columna precisa que «no hay que publicarla en el BOE». Rivera discrepa.

Las presuntas presiones las confirma el abogado de Ecologistas en Acción, José Ignacio Domínguez. «La persecución al juez Rivera comienza a raíz de publicar la sentencia contra el Hotel del Algarrobico». Domínguez no es ajeno a las presiones del entramado urbanístico provincial. «Me han abierto cuatro procesos por calumnias y uno por impedimento a la justicia y todas ellos han quedado archivadas», afirma.

Las presiones sobre Domínguez comienzan antes del Algarrobico. De hecho, los ecologistas lograron que se dictaran tres sentencias por abuso de poder sobre el ex alcalde de Níjar, Joaquín García. La presión llegó hasta tal punto que en 2008, presentan un escrito contra el juez decano ante el Consejo General del Poder Judicial donde se citan algunos casos en los que ha actuado Columna en el que se expone que «el juez decano de Almería, Luis Miguel Columna, ha llevado a cabo distintas actuaciones que perjudican los derechos de los ciudadanos que actúan en defensa del medio ambiente y/o mantienen una relación de enemistad con el ex alcalde de Níjar, Joaquín García». Columna niega estos hechos, y alega que «sólo conozco al ex alcalde por un día que fue García como testigo a un juicio».

Pero las presuntas presiones no acaban ahí. Domínguez recuerda que Columna ha llegado a poner las mayores costas de la historia penal almeriense a una ONG querellante por denunciar que se había instalado una tubería en una zona de máxima protección dentro del Parque Natural de Cabo de Gata en la que hay un endemismo, el Androcymbium Europaeum, que podía verse dañado.

Las presiones también van del otro lado. La Asociación de Empresarios Turísticos de Carboneras pidió en septiembre, refiriéndose a los ecologistas, que «cesaran las presiones hacia jueces y Gobierno» en torno al hotel del Algarrobico, cuyo «futuro y apertura está en manos de los jueces y debemos dejar que sean sólo ellos los que decidan».
Pero este hotel no es el único ejemplo de presión urbanística. «El Confidencial» denunció hace unos meses que «en el mismo Parque Natural del Cabo de Gata existían otros 50 Algarrobicos listos para ser aprobados por la Junta de Andalucía». «No aprendemos, sólo faltaría tener pagar indemnizaciones a los promotores si al final se demuele», concluye Domínguez.

La Polémica

El hotel, con 22 plantas de altura, está a 20 m de la orilla, cuando la Ley de Costas, del año 98, establece una servidumbre de protección de 100 m. Para ser más exactos la pared del hotel está a 50 m, es el resto de los potenciales equipamientos los que estarían a 20 metros de la orilla.

De ahí que el Ayuntamiento de Carboneras y Azata del Sol recurrieran la sentencia del juez Rivera, ya que el plan especial de protección del litoral andaluz de 1997, decía que a partir de 50 metros se puede construir si el suelo es urbanizable. Pero, ¿por qué el Ayunta-miento de Carboneras dio a la promotora una licencia a sólo 20 m? En cualquier caso, el plan andaluz es anterior a la Ley de Costas y de rango inferior, por ser una norma regional frente a una nacional. Y es esto lo que alegan unos y otros ante el TSJ de Granada, a pesar de que las tres sentencias de la Audiciencia Nacional dicen que la servidumbre de protección es de 100 m.

También difieren sobre si es o no terreno urbanizable. El motivo: la playa del Alga-rrobico se clasificó como urbanizable en los 80, quedando fuera de la declaración del parque. Sin embargo, en el 94 se declara el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) que amplía la protección incluyendo esta playa como área natural de interés general no urbanizable (C1). Pero, «sólo tres años después la delegación de la Consejería de Medio Ambiente, de la que era responsable el socialista Martín Soler Márquez, modificó la planimetría del plan sin expediente alguno. Cambiado C1, no urbanizable, por D2, área urbanizable. Y todo ello sin que dicho cambio fuera publicado, y ahí está la gravedad, ya que el PORN es un decreto de mayor rango», recuerda José Ignacio Domínguez, abogado de Ecologistas en Acción.



* Extremadura Progresista - Opinión - 7.2.12
Foto: Algarrobico (Almería), aérea - greenpeace.org

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Imputados por presunta prevaricación dos exalcaldes de Benaocaz

DIARIODEJEREZ* : El Juzgado de Ubrique ha decidido continuar la tramitación de las diligencias previas abiertas contra José Rafael Reyes Pérez y Elisa Sánchez Girón, exalcaldes socialistas de Benaocaz, que están imputados por un presunto delito de prevaricación. En un auto fechado el pasado 24 de enero, la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Único de Ubrique, Raquel López-Vizcaíno Castro, entiende que hay indicios de que ambos exregidores pudieron cometer un delito contra la ordenación del territorio y el urbanismo, en su modalidad de prevaricación, al conceder nueve licencias de obra en esta población serrana "a sabiendas de que eran contrarias a las normas de ordenación territorial y urbanística vigentes en el momento de la concesión", según refleja el auto de procedimiento abreviado suscrito por la jueza y al que ha tenido acceso este periódico.

La titular del Juzgado de Ubrique ha remitido ya la causa a la Fiscalía de Cádiz para que se pronuncie a favor de la apertura de juicio oral contra ambos regidores o, en el caso de que no aprecie delito, por el sobreseimiento de la causa. Igualmente se pronuncia a favor remitir el caso a los Juzgados de lo Penal para su enjuiciamiento.

La denuncia contra José Rafael Reyes Pérez y Elisa Sánchez Girón fue presentada el 1 de febrero de 2008 por Juan María Mangana, que tanto en esa fecha como en la actualidad es el regidor de la localidad benaocaceña y líder del PP en esta población.

A la vista de esta denuncia y de la instrucción llevada a cabo en el Juzgado ubriqueño, la jueza aprecia indicios de delito en la concesión, en los años 2005 y 2006, de nueve licencias de obra contraviniendo las normas legales. En lo referente a Reyes Pérez, que fue alcalde de Benaocaz entre junio de 1991 y enero de 2007, el auto de procedimiento abreviado matiza que "ha resultado acreditado que concedió licencia urbanística en nueve expedientes mediante silencio positivo, sabiendo que eran contrarios a las normas de planeamiento vigentes".

Siempre según este auto judicial, Reyes solicitaba previamente, y como es preceptivo, informes sobre estas licencias urbanísticas al Servicio de Asistencia a Municipios (SAM) dependiente de la Diputación de Cádiz. En los casos en los que el informe tardaba más de tres meses en elaborarse, el Ayuntamiento concedía la licencia mediante silencio positivo. Pero incluso en los casos en los que los informes del SAM eran negativos, Reyes Pérez autorizaba igualmente las licencias aún en contra del organismo asesor.

Y añade el auto que si bien los informes del SAM no son vinculantes, "sí lo es que en ellos se ponen de manifiesto numerosas irregularidades en los expedientes de concesión de licencias y que pese a ello la Alcaldía no tenía reparos en concederlas".

En lo referente a Elisa Sánchez Girón, que fue alcaldesa de Benaocaz entre enero y junio de 2007, el auto refleja que rechazó una moción al pleno planteada por la oposición en la que se le instaba a revisar estas licencias de obra. Bien al contrario, Sánchez Girón permitió la continuación de las obras pese a ser contrarias a las normas de ordenación del territorio y urbanismo.

El auto de la titular del Juzgado Único de Ubrique, tras tomar declaración a los implicados y analizar la documentación aportada -en concreto los expedientes del Ayuntamiento de Benaocaz- concluye que existen elementos de juicio "para afirmar provisionalmente la existencia de un delito contra la ordenación del territorio en su modalidad de prevaricación", previsto en el artículo 320 del Código Penal.


* Diario de Jerez - F.S.ZAMBRANO - 12.2.12
Foto: Benaocaz (Cádiz) - guiadecadiz.com

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Así estalló la burbuja inmobiliaria en Logroño

LARIOJA* : Promotores riojanos llegaron a pagar hasta 420 euros el metro cuadrado en los nuevos sectores de suelo que hoy son irrealizables.
«Se podían ganar cientos de millones en apenas unos días, pero no todo es como se ha contado: el promotor, al menos muchos de ellos, compraba suelo, hacía viviendas e invertía a un precio mayor cada día para seguir con su actividad». «Hoy, los promotores, la gran mayoría, están en una situación financiera muy complicada; nadie o casi nadie supo ver que la cosa iba a estallar de un día para otro».
Son palabras de un operador del sector que realizó importantes compraventas de suelo en Logroño . El punto álgido del ‘boom’ fue el año 2006 y el ‘crack’, el verano del 2007. «Todo el que quedó con suelo a partir de esa fecha, salvo los propietarios originales que partieron de precios de 2 euros el metro cuadrado cuando era rústico, hoy no tiene nada; sencillamente porque el suelo urbanizable de los nuevos sectores ahora no vale más que el rústico porque no hay comprador posible», explica otro intermediario.

La presión urbanística sobre Logroño y la urgente necesidad de los promotores, metidos en la vorágine de operaciones diarias de decenas o cientos de millones de euros, llevó al exalcalde de Logroño Julio Revuelta a plantear delimitar todo el suelo urbanizable de la capital para levantar 50.000 viviendas (año 2004): la fiebre de compras se desató y el ‘valor’ del metro se multiplicó. En la guerra política entre Ayuntamiento y Comunidad Autónoma (Revuelta-Sanz), el exprimer edil logró sacar adelante el llamado ‘plan puente’ (10.000 de las 50.000 viviendas en los sectores más atractivos), aunque aquella decisión le acabó costando su carrera en el PP. Los promotores, aunque ya muy tarde (2010), lograron que Urbanismo delimitase los principales sectores demandados, pero la burbuja había ya estallado y todo aquel suelo (Camino Viejo de Fuenmayor, Oeste, Sur, Cascajos…), aunque ahora está listo para urbanizar, está mayoritariamente en manos de entidades financieras que han acabado embargando a quienes fueron sus principales clientes.
Hubo en aquellos años en Logroño operaciones de compras millonarias, una de ellas, por ejemplo, en el sector Sur: 145.000 metros cuadrados a 270 euros el metro, es decir, 40 millones de euros, cuyo valor hoy es una incógnita o nada.
El sector Sur se planificó a la sombra del Parque Digital, hoy un proyecto sin viabilidad, que, con una inversión privada de 265 millones de euros, iba a liderar uno de los grandes promotores de la región. Detrás, 6.000 nuevas viviendas autorizadas para desarrollar que ahora son papel mojado.
Pero el récord, en suelo, se marcó en el sector Cascajos, al otro lado de la circunvalación. Allí, un promotor pagó hasta 420 euros el metro cuadrado (hasta 270 en el resto de sectores), apostando por una continuidad de la ciudad similar a Fardachón y La Cava, pero al otro lado de la carretera de Soria. Urbanismo delimitó parcialmente este área en el 2010 (Pedregales) con posibilidad de levantar 1.080 viviendas, pero hoy también son papel mojado.
Aquellos desarrollos, con urbanizaciones millonarias que iban a asumir en su mayor parte los promotores con las plusvalías del suelo y las de un precio de la vivienda que no tocaba techo, tienen hoy un valor incuantificable porque no hay viabilidad ni compradores: «Sólo ha habido en Logroño una promoción de vivienda libre en el último año, en Fardachón, porque el precio del suelo se compró antes del ‘boom’, y porque es una zona con servicios», explican las fuentes.
Dicha promoción, 40 viviendas de tres habitaciones, que se vende según el anuncio público a 177.000 euros la vivienda, se ‘colocó’ sobre plano, algo impensable en estos días. Lo que sucedió es que el promotor que había comprado el suelo a precios razonables en su día cedió el suelo a un segundo a unos 470 euros el metro cuadrado techo (es decir, listo para edificar, ya descontadas las cesiones y el coste de urbanización), una cantidad muy lejana a los 1.500 euros por metro techo que se pedían en la zona hace cinco o seis años.


* La Rioja - 10.02.12 - ALBERTO GIL
Foto: Logroño, plan - larioja

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Vigo.- El fracaso de Urbanismo: prevé gastos por 10,5 millones e ingresar apenas 1,1

ATLÁNTICO* : El fiasco del urbanismo vigués se puede constatar en los presupuestos municipales para 2012, cuyo proyecto señala de forma taxativa que el departamento que todavía dirige Carmela Silva prevé unos ingresos en torno a un millón de euros y un gasto que no bajaría de los 10,5 millones. Es decir, que al contrario de que ocurre en la mayoría de los ayuntamientos, Urbanismo supone una carga en lugar de servir para 'alimentar' las arcas municipales.
Según aparece en los presupuestos, el Concello asume unos remanentes de tesorería de 2.714.000 euros para cubrir el déficit de la Gerencia de Urbanismo de 2010 y otros tantos para 2011 y 2012. En total ocho millones de euros que se desvían sólo para cubrir el 'agujero' de la Gerencia, producto de tres ejercicios sin apenas actividad pero con importantes costes. A esta cifra se le añaden los sueldos y otros conceptos y el total que aparece reflejado en la partida de Urbanismo asciende a 10,5 millones de euros.

En el apartado de ingresos, en cambio, los números resultan muy pobres. Para 2012, no se ve salida: la previsión de los servicios municipales es recaudar apenas 34.000 euros por licencias de primera ocupación, lo que indica que la construcción continúa estando bajo mínimos. Por otras tasas, licencias de todo tipo, serían 818.525 euros lo que el ayuntamiento espera meter en caja. Por último, hay una expectativa de 240.000 euros por multas e infracciones urbanísticas.

En total, apenas 1.100.000 euros, lo que supone apenas el 8 por ciento de todos los ingresos contemplados en el ejercicio. Es la prueba de que el urbanismo se ha convertido en un negocio ruinoso para la Administración local, y que el Plan General aprobado en 2008 llegó tarde, en pleno inicio de la crisis, y además las limitaciones incluidas en los polígonos en teoría para dotar a la ciudad de suelo para pisos sociales llevó a que no se desarrollaran urbanizaciones y que tampoco se construyera vivienda protegida. La única excepción, el polígono de Navia, que ejecuta la Xunta de Galicia.


* Atlántico - JOSE TEO ANDRES / A.MARIÑO. VIGO - 12-02-2012
Foto: Vigo, cámara_municipal - João Méndez (wikipedia.org)

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