El alcalde de Las Palmas, imputado por corrupción urbanística

ELPAÍS* : El Juzgado de Instrucción nº3 de Las Palmas de Gran Canaria ha citado en calidad de imputado al alcalde de la ciudad, Juan José Cardona, del PP, por su presunta vinculación con el caso Canódromo, una trama de corrupción urbanística que se remonta a 2002, cuando Cardona era concejal de Urbanismo e impulsó convenios que ahora son objeto de investigación. Cardona declarará ante el juez el 14 de marzo, ocho días antes de que prescriban los hechos denunciados.
El Ayuntamiento vendió en 2002 tres parcelas no urbanas por 5, 5 millones de euros a la promotora de viviendas Urbacan , que pocos días después revendió los mismos terrenos por 14,5 millones de euros a la inmobiliaria Realia . La venta se produjo después de que uno de los suelos fuera declarado urbano. El intermediario de la operación, Eduardo Fernández Álvarez, y algunos trabajadores de Realia también han sido imputados.

En uno de estos solares, ubicado entre los barrios de Schamann y Escaleritas, el Ayuntamiento autorizó la edificación de dos torres de 15 plantas para albergar 120 viviendas, cuya construcción permanece hoy paralizada. Fue la asociación de vecinos Avecalta quien denunció la construcción de las dos torres precisamente en una de las zonas más masificadas de Canarias, que, previamente, estaba destinada a ser una zona verde.

Persecución “política”

Cardona compareció ayer para dar sus “explicaciones” de lo que considera una persecución “política”. Según el primer edil de Las Palmas, la versión de la denuncia “responde a un interés concreto que se aleja bastante de la realidad”.

La presidenta de Avecalta, María Ángeles Sánchez, manifestó su satisfacción y su asombro “porque todavía no se habían practicado las pruebas periciales solicitadas desde 2008”. Avecalta, en la denuncia, considera que puede haber delitos de “malversación de fondos y prevaricación”. En el auto de citación, sin embargo, no se revelan los delitos imputados al alcalde.

El juez de instrucción ha ordenado “la reapertura de las diligencias” al constatar que el Tribunal Supremo devolvió al Tribunal Superior de Justicia de Canarias el procedimiento administrativo por el que se decretó la nulidad del Plan Especial en el que se enmarca la construcción de las torres sin entrar “en el fondo del asunto”.


* El País - TXEMA SANTANA Las Palmas 15 FEB 2012
Foto: Las Palmas de Gran Canaria, ayuntamiento - flickr.com

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Aeropuerto 'fantasma' de Castellón, ni aviones... ni pista: hay que rehacerla por un fallo

ELCONFIDENCIAL* : Hoteles, turismo de congresos y 18.000 empleos indirectos en quince años. Las predicciones que manejaba Juan García Salas, director de Aerocas, la empresa pública promotora del aeropuerto ‘fantasma’ de Castellón, se le han dado la vuelta en solo un año. Ningún avión y apenas una veintena de trabajadores en un aeródromo que, once meses después de su inauguración, sigue sin recibir ni un solo vuelo. Para rizar el rizo, ahora tiene que hacer nuevas obras para remodelar la pista por un error de cálculo: un coste que puede llegar a 80 millones porque los hipotéticos aviones no podrían maniobrar.
En abril de 2010, García Salas pintaba un escenario bien distinto al que protagoniza hoy, donde sigue sin tener fecha para que un avión vuele y le obligan a demoler parte de la pista porque no se construyó bien. Entonces, el director estimaba que, una vez puesto en funcionamiento el recinto aeroportuario, se generarían entre 7.000 y 18.000 puestos indirectos en menos de quince años, aunque era necesario el impulso de los empresarios y de las administraciones públicas.

García Salas había calculado que en un radio de 30 kilómetros alrededor del aeropuerto ‘fantasma’ existe suficiente capacidad de suelo industrial, “nada que envidiar a Valencia, Alicante o Albacete”. Pidió al Gobierno autonómico, entonces presidido por Francisco Camps, una “reflexión” sobre las autorizaciones de todas aquellas industrias referidas al clúster aeronáutico. Según su opinión, existía un “centralismo” en estas actividades que siempre tenían como destino Valencia o Alicante.

El responsable del aeródromo que hoy tiene que ampliar el espacio para que los aviones operen en un futuro también quería aprovechar las posibilidades de generación de riqueza del aeropuerto “y de la provincia”. Según el mismo estudio que publicó, Castellón genera 1.500 toneladas de mercancías al año que se transportan por aire y el aeropuerto tenía “sobrada capacidad” para gestionarlas desde su Terminal de carga.

A los empresarios locales: "Poneos las pilas"

García Salas pidió a la Generalitat que facilitase los trámites necesarios para construir infraestructuras hoteleras y de recreo turístico lo antes posible, “ya que un hotel se tarda dos años en hacer”. Para los empresarios locales, el director les instó a “que se pongan las pilas”, porque si no hacían ellos el trabajo, “otros vendrán”. Con esta inversión pretendía desestacionalizar el turismo y atraer el de congresos para aumentar su peso en el PIB provincial. “Todo será a partir de diciembre, cuando podremos acoger los primeros vuelos”.

Ningún presagio se ha cumplido. García Salas ni siquiera mantiene los 84.000 euros brutos que ganaba, más que el presidente del Gobierno. El consejo de administración celebrado en la cámara de Comercio de Castellón ha decidido que, a partir de ahora, cobrará 55.000 euros anuales. Las obras se realizarán con cargo al aval de cuatro millones de euros que puso la empresa concesionaria de las obras (Concesiones Aeroportuarias) cuando le fue adjudicada la construcción del aeropuerto y con la que ahora la Generalitat mantiene una pugna al haber rescindido el contrato. García Salas ya ni siquiera es capaz de predecir cuándo Castellón tendrá aviones. Las últimas estimaciones fueron abril o mayo de este año.


* El Confidencial - Ana I. Gracia - 15.2.12
Foto: Castellón, cachondeo aeropuerto de Fabra - publico

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Madrid.- El túnel de Campamento amenaza las arcas municipales

MADRIDIARIO* : El convenio de la 'operación Campamento' entre Defensa, Vivienda y el Ayuntamiento amenaza con provocar un enorme agujero en las cuentas municipales. Tres años después de la firma donde se contemplaba la construcción de un macrotúnel bajo la carretera de Extremadura, el Consistorio se arriesga a asumir un sobrecoste de casi 400 millones en la infraestructura, ya que el convenio blindó las cantidades que tenía que aportar el Ejército.
Los ministerios de Defensa y de Vivienda y el Ayuntamiento de Madrid firmaron el 25 de enero de 2005 un protocolo para establecer el marco de referencia en el que se iba a desarrollar la primera fase del proyecto de la Operación Campamento, integrada por dos ámbitos urbanísticos: las instalaciones militares de Campamento (APR 10.02) y el remate suroeste de Campamento (UNP 04.07).

Este acuerdo inicial planteaba, aparte de la disposición de ambos ámbitos, la construcción de varias infraestructuras externas que se consideraban imprescindibles para solucionar el problema de tráfico de la zona. Entre ellas, se planteaba la construcción de dos túneles, uno bajo la actual A-5 y otro, como variante de la vía anterior, bajo el parque Cuña Latina- Sepúlveda, que, en total, sumaban 8 kilómetros de subterráneos. También se preveía la construcción de un intercambiador de transportes y un aparcamiento disuasorio. En este documento, el Ayuntamiento fijó como coste de estas insfraestructuras la cantidad de 617 millones, 585 de los túneles y 32 del intercambiador y el aparcamiento, que habían de pagarse a medias entre Defensa y el Ayuntamiento. El proyecto fue bendecido por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid el 8 de noviembre de 2006, mediante la aprobación inicial del plan parcial de reforma interior de este ámbito.

Sin embargo, posteriormente, el Ayuntamiento reconsideró el asunto. El intercambiador y el aparcamiento se mantuvieron pero los servicios de planeamiento urbanístico cambiaron el proyecto de túnel. De dos tramos, de 8 kilómetros de trazado, se pasó a uno de 2,6 kilómetros, que ha de discurrir desde el actual túnel de la avenida de Portugal hasta la carretera M-511 a Boadilla, ycon un tramo de transición en superficie de 640 metros hasta la avenida de los Poblados para entroncar con la futura Castellana del sur. Fuentes de Defensa explicaron a Madridiario que los técnicos municipales plantearon en ese momento que la actualización del coste de la obra hacía que el precio del nuevo túnel fuese mucho más caro que el de los dos inicialmente previstos. Por eso, el Ayuntamiento propuso al Ministerio de Defensa aumentar su aportación, a lo que el departamento que dirigía Carme Chacón se negó.

Por ello, el convenio urbanístico que se firmó el 4 de mayo de 2009, en el que recogía la modificación de infraestructuras, mantuvo los mismos costes y repartos ya acordados. El documento, firmado por las ministras de Defensa, Carme Chacón; Vivienda, Beatriz Corredor, y el entonces alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, al que ha tenido acceso Madridiario, deja claro que Defensa pagará la mitad del coste de la financiación de las infraestructuras pero se blinda ante futuras sorpresas de última hora. El Ejército, según el documento, solo asumirá el pago máximo de 308,5 millones de euros, independientemente de que el coste de las infraestructuras supere, como ya ha ocurrido, la estimación inicial de 617 millones de euros. Además, solo abonará las cantidades acordadas conforme se produzcan las certificaciones de obra del proyecto ejecutado, lo que obliga al Ayuntamiento a acometer la obra y luego pedirle a Defensa su parte.

Unos días antes de la firma de este convenio, la entonces delegada de Urbanismo, Pilar Martínez, defendió en el Pleno del 17 de abril de 2009 la negociación que había mantenido el Ayuntamiento de Madrid con Defensa. Argumentó que el Gobierno de la ciudad había sido responsable con los vecinos del suroeste para solucionar sus problemas de movilidad y matizó que esta postura era distinta a la de los socialistas de Alcorcón que habían planificado desarrollos en el norte de su municipio sin plantear infraestructuras que solventasen el tráfico. La tramitación continuó y el asunto quedó 'dormido' hasta que el 24 de octubre de 2011, la entidad estatal de suelo Sepes adquirió el 51 por ciento del terreno de las instalaciones militares de Campamento, lo que supone alrededor de un millón de metros cuadrados.

Sobrecostes y contraprestaciones
Fue entonces cuando el reloj comenzó a correr en contra del Ayuntamiento. La tramitación del desarrollo urbanístico obliga al Ayuntamiento a ir haciendo acopio de fondos para acometer el túnel que tanto necesita la zona y que tanto Gallardón como Pilar Martínez se comprometieron a realizar lo antes posible. El problema es que, según plantearon a este periódico digital fuentes técnicas cercanas al proyecto, el precio de la obra se ha disparado y sigue en aumento a medida que pasa el tiempo, con el agravante de que todo el sobrecoste que se produzca soble los 617 millones iniciales recaerá sobre las arcas del Consistorio. Dichas fuentes calculan que, actualmente, la factura podría rondar los mil millones de euros.

Fuentes del Área de Urbanismo informaron a Madridiario que el Ayuntamiento está a la espera de la presentación del proyecto de urbanización del terreno por parte de Sepes, que se producirá en las próximas semanas, y de la reparcelación de este ámbito. Hasta entonces, aseguran, no pueden hacer cálculos sobre el coste de las infraestructuras ya que, a pesar del convenio existente, dicen no conocer las cargas urbanísticas del proyecto. Cuando las conozcan, añaden, impondrán contraprestaciones a Sepes con las que financiar su parte correspondiente de las infraestructuras. Desde la entidad estatal de suelo Sepes responden que la empresa pública tan solo está obligada a asumir la parte equivalente a su propiedad en el pago de los proyectos previstos, tal y como acordó con Defensa en el contrato de compra de suelo. Eso representa entre 78 y 80 millones de euros, que se contabilizarán como parte de los 308,5 millones que el Ministerio debe aportar. También aseguran que cederán al municipio la cantidad de suelo que prevé la ley.


* Madridiario - 16-02-2012 - Enrique Villalba
Foto: Madrid, instalaciones Campamento - madridiario

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La burbuja arrugada de Salvaterra

ELPAÍS/Vigo* : Caixanova dejó a Novagalicia Banco una herencia en Salvaterra de Miño de un millar de viviendas empantanadas, varios centenares a medio construir. Como el polígono industrial —la Plisan o puerto seco de Vigo— que dio alas al negocio inmobiliario. El abandono sine diedel polígono condena el posible mercado de las viviendas. El paquete figura con la más alta morosidad en el capítulo de 3.010 millones que registra el banco[CIFRA]. Hegemónica en un municipio de menos de 9.500 habitantes, la caja captaba los activos del suelo y financiaba a las promotoras y a los particulares que compraban sus pisos. Desde la dirección de Vigo, según su delegado en Salvaterra, se estimuló la política que abrió el agujero.
En tres ejercicios de la década, en plena euforia del ladrillo, la oficina de Salvaterra se erigió como la más activa de la caja. En 2005, con 750 edificios y viviendas de nueva planta autorizados en el municipio, marcó su apogeo. Fueron cuatro o cinco años de entusiasmo, que Julio Celada Rodríguez, director de la sucursal, gestionó con diligencia, hasta estallar el caso Josiño, en el verano de 2008.

En la instrucción de esta causa, por la que ya han pasado cuatro jueces interinos en Ponteareas, Celada declaró para explicar una dudosa póliza de crédito para un edificio en construcción “que había órdenes de la Caixa para que se le facilitase este tipo de operaciones, dado el buen momento que vivía el sector inmobiliario”, por lo que fue autorizada por “el comité” que formaban él y el interventor. Más adelante insiste en “que toda operación financiera a una promotora tenía que llegar a la alta dirección de la caja, asesoría jurídica, subdirector general de la caja [entonces José Luis Pego], etcétera, que había numerosos filtros" que le eximían de responsabilidades.

La pauta consistía, según su testimonio, en que Caixanova aportaba el 100% del coste de construcción de un edificio a promotoras que aportaban “una cantidad de dinero importante para la compra del solar”. “Había promotoras que aplazaban el 20% [la aportación inicial] durante los dos años que llevaba la construcción del edificio”, precisó Celada. Él se encargaba, declaró, del doble negocio financiero derivado de la compraventa de solares: captación de la hipoteca del promotor por un lado y de los recursos del cliente que vendía el solar por el otro. Ignoraba, dijo, si la oficina también asesoraba la compra de pisos.

Pero esta era otra medida común para evitar riesgos. Para dotarse de garantías en los préstamos a la construcción, la caja requería a las promotoras otras de que los pisos tendrían salida, con lo que las incitaba a obtener compromisos de compra con anticipos que, redondeando el negocio, abrían en la caja nuevas cuentas en las que luego se cargaba el crédito hipotecario de la compra definitiva. Así batía marcas de actividad, con traslado a salarios por objetivos, aunque esta dinámica tenía sus riesgos.

En 2005 una promotora catalana, Abrera Real Estate, proyectó con otra local, Miñosol, una promoción de más de 90 viviendas. Ya habían conseguido más de 40 compromisos de compra —con anticipos de 6.000 euros— cuando los directivos de Abrera fueron detenidos por narcotráfico y blanqueo, lo que determinó a Caixanova a denegar el préstamo. Tuvieron que devolver a los catalanes un anticipo de un millón de euros y a los potenciales compradores de pisos, sus anticipos y trámites.

El episodio encendió las luces rojas del sistema, pero no lo paró. Tres años después, una situación análoga, pero sin marcha atrás, llevó a José Manuel González Grandal, Josiño, a la cárcel por estafa, básicamente, por venta de pisos inexistentes.

La instrucción de las diligencias previas de este caso ha pasado ya por cuatro titulares interinos de un juzgado Ponteareas. De las mismas se deriva que un reducido grupo de personas monopolizó con distintas marcas inmobiliarias las primeras y jugosas transaciones de suelo para edificar en Salvaterra. Una de las empresas beneficiadas, Promocons Visalmi, era en 2009 “de las promotoras más solventes que tiene Caixanova en estos momentos”, según declaró Celada en el juzgado. Josiño llegó a facturarle, desde una de las empresas que utilizaba, 100.000 euros por una sola operación. En 2011, después de extrañas maniobras que se cuentan más abajo, Visalmi desapareció, como Proinnovación Galicia, que había montado Pablo González, “el mejor amigo” de Celada y socio a su vez de Josiño en Gestihogar, otra de sus firmas instrumentales.

Promocons Visalmi, que en 2009 era “de las promotoras más solventes que tiene Caixanova”, según Julio Celada, entró ese mismo año en números rojos. La empresa inició su actividad en 2004 con un capital de 96.000 euros. En 2010, tras cambiar de propietario y de órganos de administración, “un grupo inversor”, VM Inversiones, informó de su compra por cuatro millones de euros. El objetivo de VM era reactivar un crédito promotor de 3,7 millones que Visalmi había obtenido de Caixanova para reconvertir a hotel la estructura de uno de sus edificios en Salvaterra, donde tenía acabados al menos otros dos.

El proyecto de hotel fue bloqueado por Novacaixagalicia, según María Cristina de Andrés, directora general de VM Inversiones y apoderada, antes, de Visalmi. De Andrés acusó a Visalmi de haber obtenido el préstamo de 3,7 millones mediante una tasación falsa de Tinsa, que engordó la valoración del edificio con referentes que correspondían a otros, y de haber consumido 1,2 millones del mismo de forma fraudulenta, sin las preceptivas certificaciones de obra, que tampoco la caja requirió para efectuar los sucesivos libramientos.

Desinflado el proyecto de hotel, VM Inversiones, que ocupaba las oficinas de Visalmi en Salvaterra, desapareció. Ahora hay ahí otro negocio y en los teléfonos de VM enseguida salta el contestador automático: “no está disponible en estos momentos”, ni nunca.

González Grandal, Josiño, trabajó asiduamente para esa promotora, en la que tuvo como interlocutor principal a Pablo Comesaña, administrador de la misma y, antes, concejal de Urbanismo en el gobierno de Manuel Pérez (PP) en Vigo. Visalmi negó primero toda relación con Josiño y admitió después que trabajaba a comisión para ella. Está personada en la causa como perjudicada por la estafa.
El volumen del fraude por venta de pisos inexistentes se cifró al principio en unos tres millones de euros y en un centenar los afectados. Algunos han desistido, sorprendentemente, de sus denuncias. Ahora se cifran en unos 40 y el volumen real de la estafa sigue siendo una incógnita, con un procedimiento que solo de vez en cuando parece salir a trompicones de su letargo.
Están imputados el propio Josiño y un carpintero, José Carlos Barros Romero, que primero se dieron a la fuga, fueron detenidos y cumplieron dos años de prisión por un delito que, según afirman, tuvo otros protagonistas destacados. “Yo solo era un comercial”, se defiende Josiño, “no hubiera podido hacerlo solo”.

Amigos ante la tarta de la promoción

Julio Celada llegó en 2000 a la dirección de la oficina de Caixanova en Salvaterra. Trabó amistad con José Manuel González Grandal, Josiño, sobrino del alcalde, Arturo Grandal, lo que le abrió puertas y confianzas en el vecindario cuando acudía a ofertar la compra de una parcela o la venta de un piso como inversión. Josiño empezó como comisionista de Miñosol, con oficinas enfrente de las de Caixanova, pero luego, ante la fluidez del negocio, montó Gestihogar con Pablo González, a quien Celada reconoce como “su mejor amigo” y que a su vez administró otra fructífera marca, Proinnovación Galicia, con los mismos fines. También Josiño se camufló en otras dos firmas registradas a nombre de su (ex) mujer venezolana.
Celada hizo "algún negocio" con Josiño (“consistía en adquirir la vivienda en construcción para después venderla”, declaró ) y le tramitó préstamos hipotecarios que, cuando fue detenido, en 2008, sumaban una deuda de unos 300.000 euros. Nada los respaldaba y nadie volvió a pasar a Josiño, para su sorpresa, ningún recibo al cobro.

Tras destaparse la venta fraudulenta de pisos, Celada fue trasladado a Porriño y luego a Carril. En noviembre pasado Novagalicia Banco le comunicó un “despido ordinario”, según fuentes de la entidad, por los indicios de sus vinculaciones con Josiño, por haber tramitado créditos sin la documentación adecuada y por el resultado actual de sus operaciones, con las tasas más altas de morosidad del banco. Celada lo desmiente: “Me acogí a un ERE y salí con todas las bendiciones en un certificado que elogia mi gestión”, asegura. Aún en octubre, el juzgado le reclamó por exhorto una prueba caligráfica para determinar el alcance de sus negocios con Josiño.


* El País - PRIMITIVO CARBAJO Vigo 10 FEB 2012
Foto: Anuncio de promoción de pisos en Salvaterra / LALO R. VILLAR

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