El Banco de España destapa el saqueo de la CAM y la cultura del pelotazo

ELPAÍS/Alicante* : La Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) “financió suelo muy por encima del precio de adquisición originario por el grupo promotor”, permitió a sociedades participadas “disposiciones de fondos sin conocer el objeto de la financiación” y apoyó “proyectos especulativos cuya viabilidad dependía de una actuación administrativa incierta”, constatan los técnicos de la Dirección General de Supervisión del Banco de España en el informe que soporta el expediente a una cincuentena de dirigentes de la entidad y miembros del consejo o de la comisión de control.
El texto es una denuncia del saqueo sistemático de la caja alicantina y de la cultura del pelotazo animada por la entidad. El expediente revela la ausencia de control de los riesgos asumidos y cómo una confianza ilimitada en el flujo de crédito fácil derivó en la intervención de la entidad en julio pasado con una inyección de 2.999 millones de euros de parte del Banco de España para evitar su colapso.

El detalle de los casos concretos que revelan ahora los técnicos del Banco de España resulta demoledor, en especial algunas operaciones ejecutadas a través de la sociedad instrumental Tenedora de Inversiones y Participaciones (TIP), que gestionó “inversiones directas” de la caja en 65 sociedades no cotizadas “vinculadas al sector inmobiliario y hostelero”.

Los inspectores detallan “las operaciones de financiación más singulares” desarrolladas por TIP, cuyo patrón se define por “permitir la realización del beneficio al socio sin iniciarse el proyecto” a través de la “adquisición del suelo al socio a un precio muy superior al pagado por éste”, en el caso de promotores inmobiliarios o mediante financiación de operaciones en condiciones “claramente beneficiosas para el socio”.

TIP se constituyó en junio de 2002, un año después de la llegada de Roberto López Abad a la dirección general de la caja alicantina, y se embarcó “en una decidida política de toma de participaciones accionariales minoritarias” en proyectos inmobiliarios para captar subrogaciones hipotecarias y “para participar en los potenciales beneficios del proceso de desarrollo urbanístico”. Seis años después, los inspectores advierten cómo “habida cuenta de la situación del sector inmobiliario se autoriza a TIP a elevar su participación en las sociedades hasta el 100% del capital, así como para adquirir activos inmobiliarios”. Y detallan: “El resultado para la caja de los proyectos emprendidos a través de TIP ha sido incurrir en unas pérdidas de 1.011 millones de euros”, más de un tercio de los fondos aportados por el Banco de España.

Los técnicos del Banco de España apuntan directamente a Roberto López Abad y Daniel Gil Mallebrera como máximos responsables de varias “operaciones singulares” desarrolladas por Tenedora de Participaciones e Inversiones (TIP).

El primer caso que detalla el informe se refiere a una sociedad aragonesa, el grupo hotelero e inmobiliario Nyesa, que es propiedad de “los señores Garmendia Goicoechea y Bartibas Herrero”. TIP ya era socia del grupo Nyesa con una participación en la sociedad La Jaquita, propietaria del Hotel Palacio de Isora, en Tenerife. Según los técnicos del Banco de España, Nyesa Gestión compró un terreno en Biescas por 1,7 millones de euros el 7 de mayo de 2004. Cuatro meses después constituyó la sociedad Nyesa Pirineos, a la que vendió el mismo solar por 46,8 millones, 27 veces más, el 31 de diciembre. La venta se acuerda con “pago aplazado de todo el importe”.

La CAM concedió a Nyesa Pirineos un préstamo hipotecario de 32,7 millones de euros en mayo de 2005 y acabóa comprando el terreno en 2009 por 33,5 millones de euros, “el importe de la deuda”, más 5,3 millones de euros en concepto de IVA. Los técnicos explican que el beneficio final del grupo Nyesa fue de 31,4 millones de euros, “30 veces el importe invertido”.

La compra del terreno se cerró como parte de la “regularización completa” de las deudas de Nyesa en 2009, una serie de operaciones en la que el grupo aragonés recibe “2,4 millones de euros de liquidez sin justificación” y TIP compra nuevas participaciones en La Jaquita por 10 millones de euros cuando las acciones de la firma ya estaban “pignoradas por otras entidades y según información verbal del departamento de riesgos, 'no valían nada”.

La entrada de TIP en una sociedad para construir tres torres en Benidorm es la segunda operación singular que detallan los técnicos del Banco de España. La sociedad Emporio de Mediterráneo fue constituida en diciembre de 2004. TIP participa con un 30%; la constructora ECISA tiene un 40%, Edificaciones Calpe, del Grupo Ballester, un 20%; y Valenciana 89, el 10% restante. El origen del proyecto se debe al promotor Enrique Ballester, que compró tres fincas en Benidorm el 22 de enero de 2004 por 23 millones de euros. Ballester vende dos de las fincas por 42 millones a Emporio del Mediterráneo, recién constituida, en diciembre del mismo año. Ballester aporta 3,9 millones al capital de la sociedad.

En junio de 2011, la caja ya había inyectado 68 millones de euros para financiar el proyecto, aportar capital o a través de préstamos participativos. Dos de las torres se han terminado, aunque apenas se han vendido el 5% de las viviendas construidas. Pero Edificaciones Calpe se había retirado del proyecto en octubre de 2009 vendiendo su participación a TIP por un euro. Los inspectores del Banco de España apuntan: “El resultado final para Edificaciones Calpe ha sido un beneficio neto de 15,3 millones de euros. El socio obtiene un importante beneficio por un proyecto no acabado y la caja contabiliza pérdidas por 19 millones de euros”.

Las relaciones de TIP con el grupo Ballester son mucho más extensas. El informe señala que la inspección alertó a la CAM sobre la necesidad de constituir provisiones por 26 millones de euros por la financiación de diversas operaciones concedidas a sociedades participadas con Edificaciones Calpe. En 2011, los técnicos advierten que las pérdidas de las participadas de la caja con Edificaciones Calpe ascienden a “83 millones de euros para un riesgo vivo de 109 millones, sin incluir Emporio del Mediterráneo”. Y constatan: “El socio no ha recapitalizado ninguna sociedad, aún conociéndose que tiene suficiente capacidad financiera”.

Los técnicos señalan sin más detalles toda una serie de sociedades participadas por TIP “en las que cabría deducir la realización de operaciones similares, en la medida en que han sido los socios los que ha aportado o vendido suelo”. El informe menciona las sociedades Hueznar, Costa Marina Mediterráneo, Blauverd Mediterráneo, El Mirador del Delta, La Ermita Resort, Dimehabitat, Ros Casares Espacios, Inmobiliaria Ricam 2005 y Santomera Golf Resort.

Más oscura resulta la descripción de las relaciones de TIP con Mar Conforot, un grupo hotelero “perteneciente, a través de un complejo entramado de sociedades a los señores Ferri Guardiola y Baldo Llorens”. TIP participa en Valfensal con un 30% del capital. Los inspectores detectaron irregularidades en la financiación de Valfensal que solo aclaró parcialmente una auditoría de Deloitte que detalla la compra de un hotel en México. Una filial mexicana de Valfensal recibió un préstamo de 22 millones de dólares en marzo de 2005. La financiación se extendió hasta 59,3 millones de dólares dos meses después. Y se extiende en 2007 hasta 101 millones de dólares con carencia del principal hasta 2014 para acometer reformas, cuando “el soporte que justifica los gastos financiados por la CAM es una única hoja con el importe total desglosado por conceptos”.

Entretanto, Valfensal cedió a Seabreeze, una sociedad de los propietarios de Mar Confort, la gestión de los hoteles en virtud de un contrato que todavía desconocen los técnicos del Banco de España. Lo que sí saben es que “la revisión de los correos electrónicos entre responsables de la caja realizada por Deloitte, ha evidenciado que las operaciones de financiación al grupo Valfensal eran decididas y controladas por Roberto López Abad y Daniel Gil Mallebrera, respecto de las cuales no se realizó control alguno”.

“Una entidad de crédito no debería financiar operaciones cuyo éxito dependa de una incierta actuación administrativa y, mucho menos participar como socio”, indican los técnicos del Banco de España. Pero ese fue precisamente el caso de la sociedad Dreamview, en la que Enrique Ortiz poseía el 51% y TIP el 49% restante. Dremaview, una sociedad creada para gestionar suelo para usos comerciales, compró unos terrenos en Agua Amarga por valor de 8,9 millones de euros. La caja financió el 84% de la compra de 228.000 metros cuadrados de suelo clasificado como no urbanizable.


* El País - MIGUEL OLIVARES / ROSA BIOT Valencia / Alicante 12 FEB 2012
Foto: Los principales directivos de la CAM, en una asamblea de la entidad celebrada en marzo del pasado año en Alicante. / PEPE OLIVARES

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Madrid.- Una decisión urbanística de 1987 le costará a las arcas públicas 60 millones de euros

20MINUTOS* : La Comunidad de Madrid y los ayuntamientos de Tres Cantos y Colmenar Viejo se enfrentan al pago de cerca de 60 millones de euros en concepto de una indemnización a propietarios de fincas en la zona tricantina de El Tagarral, a los que se les impidió construir en sus fincas por cambios en el Plan General de Ordenación Urbana de Colmenar de 1987, que a pesar de ser terrenos urbanizables, fueron calificados como no urbanizables de uso agrícola.
En concreto, el PGOU de Colmenar de 1987 acordó reclasificar unos terrenos, el llamado Plan Bodonal, colindantes con el actual Soto de Viñuelas de Tres Cantos. Dichos terrenos eran urbanizables, ya que de hecho en ellos se contemplaba la segunda y la tercera fase previstas en la zona, y pasaron a ser calificados como Suelo No Urbanizable de protección para usos agrícolas.

Ante ese cambio, los propietarios de estos terrenos se consideraron perjudicados e iniciaron un largo proceso legal que finalizó con la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de julio de 1992. Esta condenaba a la Comunidad de Madrid y a los dos Ayuntamientos (Colmenar y Tres Cantos) a indemnizar a los propietarios. Dicha cuantía quedó fijada por el Supremo en 2007 en 42,43 millones de euros más los intereses, que ahora se acerca a los 60 millones de euros, según ha confirmado el alcalde de Colmenar Viejo, Miguel Ángel Santamaría.

Los dos ayuntamientos son responsables, ya que aunque el PGOU objeto de la polémica es el de Colmenar, los terrenos pertenecen en la actualidad a Tres Cantos, municipio que no existía entonces y cuyos terrenos formaban parte del término municipal colmenareño.

Ejecución forzosa de la sentencia

El TSJM ha comunicado a las administraciones la ejecución forzosa de la sentencia y ha apercibido que, de no ejecutarse voluntariamente, procederá al embargo de bienes patrimoniales del Ayuntamiento y a la imposición de sanciones, incluso con apertura de procesos penales, contra los "funcionarios responsables".

Ante esta situación, los ayuntamientos se enfrentan a tres opciones: pagar la sentencia entre las tres administraciones (descartada por su enorme cuantía); no hacer frente a la sentencia y que el juzgado proceda al embargo y a la apertura de un proceso en los tribunales contra los funcionarios y responsables políticos; o firmar un acuerdo entre las tres administraciones condenadas para satisfacer la demanda de los propietarios.

En definitiva, se trataría de devolver a los terrenos objeto de litigio la calificación que tenían con anterioridad al año 1987 (urbanizable), solución que menos perjudicaría a los ciudadanos y que garantizaría que los proyectos y desarrollos urbanísticos posteriores se realicen a plena satisfacción de los vecinos.

Cuatro años más de retraso

El alcalde de Colmenar Viejo, Miguel Ángel Santamaría, ha señalado en declaraciones que le gustaría decir que hay una solución, pero que "desgraciadamente no es así". Para Santamaría, "la mejor solución es recalificar ese suelo a urbano, que ahora es rústico". No obstante, ha puntualizado que está trabajando en "otras soluciones por si no se consigue ésta".

Por su parte, el concejal de Urbanismo de Tres Cantos, Jesús Moreno, ha querido dejar claro que "esta cantidad supone más de 1.000 euros para cada vecino", aunque ha señalado que se han mantenido distintas reuniones entre la Comunidad, los ayuntamientos y los propietarios de los terrenos "para llegar a un acuerdo" que pasa por devolver al suelo la calificación de urbanizable.

No obstante, esto no es fácil. El Ayuntamiento de Tres Cantos aprobará en el pleno "solicitar un estudio para ver las condiciones medioambientales" de la zona. Según Moreno, se tardará cuatro años en saber sus resultados pero decidirá si el suelo puede o no declarase como urbano, algo que pondría punto y final a este asunto. Mientras tanto, el concejal ha asegurado que "las tres administraciones trabajan juntas para buscar un acuerdo que evite tener que desembolsar esa cantidad".


* 20 Minutos - EUROPA PRESS. 16.02.2012
Foto: Carretera del Soto de Viñuelas, que desemboca en el paraje del Bodonal. (GOOGLE MAPS)

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El Ayuntamiento de Valencia se queda 24 horas sin suministro eléctrico por falta de pago

20MINUTOS* : Varias dependencias del Ayuntamiento de Valencia se han quedado sin luz este miércoles al cortarse el suministro de energía eléctrica por impago, según ha denunciado el grupo municipal de Compromís y han confirmado fuentes de Iberdrola.
Las oficinas afectadas por el corte de luz son las de relaciones internacionales, en el primer piso del nº14 de la calle Arzobispo Mayoral, y las del Jurado Tributario, en el quinto piso del mismo inmueble, situado junto al edificio principal del Ayuntamiento.
El portavoz de Compromís, Joan Ribó, ha explicado que esas dependencias están sin suministro eléctrico desde las 14 horas del martes, "cuando el encargado de la empresa suministradora cortó el servicio, dejando sin medios de trabajo ni calefacción a todo el personal".

Ribó ha acudido personalmente esta mañana a las dependencias municipales sin suministro eléctrico y ha comprobado que en el primer piso no había luz y en el quinto piso los trabajadores estaban a oscuras y con abrigo y bufanda.

Iberdrola ha repuesto el servicio

Fuentes de Iberdrola han manifestado a primera hora de esta tarde que se ha llegado a un acuerdo de pago con el Ayuntamiento de Valencia y se ha dado orden de reposición inmediata del servicio, circunstancia que se ha producido pasadas las 13 horas.

El portavoz de Compromís ha anunciado que exigirá explicaciones a la alcaldesa, Rita Barberá, por este corte del suministro y le preguntará si es un caso puntual o es el comienzo de lo que va a suceder con el resto de servicios municipales.

El grupo municipal de Compromís quiere además que se facilite la relación de facturas pendientes de pago de todas las dependencias municipales.

Barberá: "Con ese dinero podría pagarse a los pequeños"

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha manifestado a los periodistas que le "extraña que la izquierda defienda a los poderosos. Yo he dicho que los que pueden esperar a cobrar son las eléctricas porque tienen capacidad de aguantar y con ese dinero podría pagarse a los pequeños y evitar que gente se fuera a la calle. Me extraña mucho que la izquierda tenga tanto interés en defender a los poderosos".

El primer teniente de alcalde, Alfonso Grau (PP), ha manifestado a los periodistas que el Ayuntamiento lleva varios meses negociando con Iberdrola, compañía a la que pagó siete millones de euros en noviembre y a la que ahora se adeudan seis millones de euros. Grau ha explicado que Iberdrola debe al Ayuntamiento desde hace dos años 2,5 millones de euros y que ambas partes estaban en negociaciones.

"Ellos tienen un protocolo de actuación y cuando pasa determinado tiempo cortan, y lo han hecho, pero como la negociación ha continuado, una de las condiciones que he puesto esta mañana ha sido reponer el servicio, y si no, no seguíamos hablando -ha añadido- Me han llamado para decir que se iba a reponer el servicio".

Grau ha asegurado que por parte de Iberdrola "no va a haber ningún problema en ningún otro momento" y que la compañía va a pagar los 2,5 millones de euros pendientes al Ayuntamiento por la tasa de utilización del subsuelo.

El Ayuntamiento devolverá esos 2,5 millones a Iberdrola como pago de la deuda pendiente y ha adquirido el compromiso de liquidar antes del 30 de abril "la diferencia restante", porque la tasa de utilización del subsuelo por Iberdrola supone cada tres meses medio millón de euros, "por lo que la deuda del Ayuntamiento con Iberdrola irá disminuyendo", según Grau.

"Me preocupa más pagar 20.000 -euros- a un autónomo que dos millones a una empresa grande, porque uno puede resistir y al otro lo hundo -ha añadido-. Lamento profundamente que quien dice defender los derechos de los más débiles -Compromís- vaya por ahí diciendo que a los más fuertes y más pueden se les pague antes".


* 20 Minutos - EFE - 15.2.12
Foto: Las alcaldesas de Valencia, Rita Barberá (izq), y de Alicante, Sonia Castedo. (KAI FÖRSTERLING / EFE)

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Un puesto en cada esquina por el derecho a la vivienda

DIAGONAL* : Los grupos promotores de la Iniciativa Legisltativa Popular para la reforma de la Ley Hipotecaria ultiman los detalles para la recogida de al menos 500.000 firmas en nueve meses.
Esta semana salen de imprenta las 150.000 hojas de firmas que serán distribuidas por todo el territorio para reclamar diversas medidas que resuelvan la situación de los hogares hipotecados y promuevan el derecho a la vivienda . Después de tropezar el año pasado en el Congreso de los Diputados por trabas administrativas, la recogida de firmas a favor de la dación en pago, por una moratoria en los desahucios y por el alquiler social universal arrancará por fin a mediados de marzo, cuando la Junta Electoral Central haya puesto su sello en cada uno de los pliegos.
Adrià Alemany, de la Plataforma de Afectados Por la Hipoteca (PAH) de Barcelona, considera la campaña como un reto organizativo. “El nivel de sensibilización social sobre el problema es ya altísimo, el desafío es poner en marcha la estructura para que las firmas lleguen en condiciones”, resume.

Las seis organizaciones que promueven la campaña -además de la PAH, CC OO y UGT, la confederación catalana de Asociaciones de Vecinos y Vecinas, la Taula del Tercer Sector y el Observatori Desc, todas ellas en Catalunya- no consideran un gran problema recoger el medio millón de signaturas en un plazo de nueve meses, de ahí que se hayan puesto el objetivo todavía más alto de los tres millones de firmas. “Eso de momento”, precisa Alemany. “Aquí el objetivo es además movilizar al país”.

Los engranajes de la campaña

Para ello, las diferentes organizaciones cuentan con su presencia territorial y la puesta en marcha de un sistema que centralice la información. Sólo en la provincia de Barcelona, la PAH cuenta con 20 colectivos. La figura clave en este proceso a contrarreloj será la del fedatario, la persona que con su firma se responsabiliza de la autenticidad de los datos aportados ante la Junta Electoral Central. “Cuantas más personas colaboren como fedatarias, más se extenderá territorialmente la campaña”, recuerdan desde la PAH madrileña. Por este motivo, la plataforma está difundiendo el impreso necesario para poder cumplir este papel, que no es obligatorio para recoger firmas pero sí para validarlas. Tras una primera reunión, 70 personas se han prestado ya voluntarias en Madrid para esta tarea, “aunque quedan barrios sin cubrir, como Villa de Vallecas”, explica la PAH, que se ha marcado el 19 de febrero como fecha límite para enviar la documentación recogida al “cuartel general” barcelonés.

“En Barcelona capital nos hemos puesto el objetivo de 100 fedatarias”, dice Alemany, que define a esta figura como “representantes o personas de confianza dentro de cada barrio”. Aparte de los formalismos legales, el o la fedataria tendrá que supervisar de acuerdo con su grupo local la entrega de la información a su nodo de referencia. Una vez que se haya puesto en marcha la recogida de firmas, éstas se irán entregando de forma escalonada en la oficina del censo de la provincia correspondiente.

La traba de la nacionalidad

Las organizaciones que impulsan la campaña critican la traba de la inscripción en el censo electoral para poder firmar en favor de la ILP. Se trata de un requisito relevante, dada la participación en el movimiento de residentes extranjeros que no cuentan con la nacionalidad española. Para visibilizar este problema, la campaña pondrá en marcha a propuesta de la PAH una recogida de firmas paralela a la oficial donde puedan participar quienes residan en el Estado español y no figuren en el censo electoral.


* Diagonal - MIÉRCOLES 15 DE FEBRERO DE 2012
Foto: La campaña promueve, junto a la dación en pago y el alquiler social universal, un cambio legislativo para que se establezca una moratoria de desahucios. En la imagen, desalojo de un hogar hipotecado en febrero en el barrio madrileño de Lavapiés. Foto: David Fernández.

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