Bancaja ha invertido 200 millones en dos proyectos paralizados en México

ELPAÍS* : Bancaja ha invertido 200 millones de euros en dos proyectos urbanísticos en el estado mexicano de Baja California que se hallan paralizados. La entidad, integrada ahora en Bankia, figura como promotora y entidad financiera de los proyectos denominados El Zacatón y Piedra Bolas, que se engloban dentro del denominado Plan Maestro Grand Coral Los Cabos, según desveló ayer la Cadena SER.
Una participación que Bancaja anunciaba en la página web del grupo mexicano Grand Coral Los Cabos y que ahora ha sido retirada. El proyecto de Bancaja incluyó la compra de más 1.200 hectáreas para construir una zona turística de lujo en el litoral mexicano.

Según explicó la Cadena SER, el Ayuntamiento de los Cabos autorizó en diciembre de 2010 a Plan Maestro Grand Coral los usos de suelo para el desarrollo terciario de la zona. Aunque a día de hoy los comerciales mexicanos del proyecto admiten que no se ha empezado a construir.

En el caso de la urbanización denominada El Zacatón se ha presentado la declaración de impacto ambiental requerida por el Ministerio de Medio Ambiente de México previa a la autorización de construcción.

El proyecto de Bancaja en El Zacatón incluye la edificación de 36.000 apartamentos turísticos, un campo de golf de 18 hoyos y las infraestructuras comunes. Esta urbanización, en la que ya se han invertido más de 200 millones de euros, está proyectada sobre una superficie de 400 hectáreas, de las cuales 108 serían zonas verdes.

Según contó a la SER Agustín Bravo, coordinador general del Centro Mexicano de Derecho Medioambiental, “se puede presuponer que es un proyecto especulativo, porque en Baja California Sur, no hay tanta demanda para esta oferta delirante”.

Bravo argumentó que “se desconoce si [los promotores] tienen dinero para estas macroinversiones, pero todo apunta a que no es así: están buscando una ganancia de corto plazo al vender los usos del suelo y después dejarle a la población local los problemas que eso generaría”. Bancaja no quiso explicar cuál es la situación de sus proyectos en México.

En la misma zona del litoral mexicano la CAM invirtió 230 millones de dólares, a través de Hansa Urbana, en un proyecto denominado Cabo Cortés también estancado después de seis años.


* El País - Valencia 18 FEB 2012
Foto: México, Riviera Maya, masterplan Gran Coral - gcoral

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A Coruña.- La Fiscalía denuncia la construcción de dos edificios ´ilegalizables´ en el campus

LAOPINIÓN* : La Fiscalía Provincial de A Coruña ha denunciado ante los juzgados de instrucción la construcción de dos edificios sin licencia, "ilegales e ilegalizables", a su juicio, en los campus de Elviña y de A Zapateira. La demanda no se dirige contra ninguna persona en concreto, sino contra quienes, desde la Universidade da Coruña, promovieron y decidieron la ejecución de estas obras, y contra los técnicos que proyectaron y ejecutaron los edificios. Entre ellos, el Ministerio público nombra al vicerrector de Infraestruturas y Gestión Ambiental en el momento de la construcción de los inmuebles, Xosé Lois Martínez, y a los directores de las obras, César Portela Fernández Jardón, César Padrón Conde y Pablo Reboredo Canosa. La Fiscalía solicita al juzgado que cite a declarar "en calidad de imputados" a todos ellos.

La denuncia de la Fiscalía, fruto de las diligencias abiertas a raíz de las informaciones publicadas por LA OPINIÓN sobre la construcción de edificios sin licencia en la Universidad, se extiende a dos construcciones. Una, ya terminada, es el primer módulo del área científica del parque tecnológico, en el campus de Elviña, que, denuncia la Fiscalía, está "erigido en un espacio libre destinado para aparcamiento". La otra, un edificio de apartamentos sin concluir en el aparcamiento situado detrás de la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica, en el campus de A Zapateira, "ejecutado sin licencia" en "suelo calificado en parte como viario y en parte como zona verde". A juicio de la Fiscalía, ambas obras son "ilegales e ilegalizables".

El Ministerio público, en la fase de diligencias, solicitó los expedientes administrativos sancionadores y de reposición de la legalidad instruidos por el Ayuntamiento, que se dirigen, según consta en la denuncia, contra el exvicerrector de Infraestruturas, los tres directores de las obras y la empresa constructora, Dragados. Tras analizarlos, la Fiscalía concluye que los hechos son, "por sí mismos, suficientemente indiciarios" de la existencia de "supuestos delitos urbanísticos" según "los artículos 319 y siguientes del Código Penal". Este artículo determina que "se impondrán penas de prisión de un año y seis meses a cuatro años, e inhabilitación especial para profesión de uno a cuatro años, a los promotores, constructores o técnicos directores que lleven a cabo obras de urbanización, construcción o edificación no autorizables en suelos destinados a viales, zonas verdes, bienes de dominio público o lugares que tengan legal o administrativamente reconocido su valor paisajístico, ecológico, artístico, histórico o cultural, o considerados de especial protección". Ante estos delitos, el Código Penal establece, además, una multa de doce a 24 meses, salvo que el beneficio obtenido por el delito cometido superase el importe de la sanción, en cuyo caso la multa será igual a ese beneficio o hasta tres veces más.

La Fiscalía solicita al juzgado que requiera a la Universidad "la totalidad de los expedientes" de que disponga sobre ambas construcciones, entre los que cita las resoluciones para la ejecución de los edificios, la identidad de quienes "resolvieron realizar la construcción", los contratos con la constructora, e informes sobre "la existencia de solicitud de licencia" y sobre la concesión de los permisos.

La Universidad rehusó ayer hacer declaraciones sobre la denuncia de la Fiscalía y esta redacción intentó, sin éxito, contactar con Xosé Lois Martínez y César Portela. En sus últimas declaraciones públicas sobre este caso, después de que LA OPINIÓN informara de la remisión del proceso del Ministerio público al juzgado, el rector, Xosé Luis Armesto, se declaró confiado de que la "colaboración máxima" con el Ayuntamiento a raíz de que se destapara la construcción de edificios sin licencia permita encontrar "una solución razonable". "La aprobación del nuevo Plan General (de Ordenación Municipal) facilitará la resolución del problema", afirmó.

Xosé Lois Martínez, al que el anterior rector, José María Barja, destituyó como vicerrector por estas obras sin permiso, fue quien admitió estas irregularidades, que justificó por ser, dijo, la única opción de acometerlas. Martínez reconoció que la Universidad no había solicitado las licencias al Ayuntamiento "porque no las iba a conceder" y alegó que la institución académica había pactado con la Administración municipal una revisión del plan general para permitir estas construcciones. Ese cambio no ha llegado a entrar en vigor.

En las diligencias abiertas de oficio por la Fiscalía a raíz de las informaciones de LA OPINIÓN, el Ministerio público requirió al Ayuntamiento que acreditara si existían "construcciones realizadas sin licencia urbanística municipal" en los campus de Elviña y de A Zapateira, y, de ser así, que informara de las "fechas de realización" y de "la clasificación urbanística del suelo". Además, la Fiscalía demandaba al Ayuntamiento que concretara "la existencia de expedientes de reposición de la legalidad urbanística quebrantada". El Ayuntamiento incoó "expedientes administrativos sancionadores y de reposición de la legalidad" por las construcciones acometidas por la Universidad.

La Administración local ha remitido esos expedientes, seis según el concejal de Urbanismo, Martín Fernández Prado, a la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, entre cuyas competencias figura ordenar la reposición de la legalidad urbanística ante obras sin licencia en zonas verdes, espacios libres, dotaciones o equipamientos públicos. La Fiscalía solicita al juzgado que recabe de la Axencia "todos los datos técnicos" de las dos construcciones objeto de denuncia y un exhaustivo informe en el que consten la superficie ocupada en suelo destinado a viales o zonas verdes, el importe de la obra realizada en esas superficies, el valor de la demolición, y la fecha de inicio y conclusión de la edificación.


* El País - MARCOS MOSQUERA - 19.2.12
Foto: Xosé Lois Martínez (izquierda) y César Portela, ante uno de los edificios que el fiscal cree ilegales. / víctor echave

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La instrucción del 'Caso Arcos' contra la corrupción urbanística en Alcaucín suma ya 55 imputados

SUR/Málaga* : El próximo 27 de febrero se cumplen tres años desde que se destapara la presunta trama de corrupción urbanística en Alcaucín, bautizada como 'Caso Arcos'. La operación, que se inició con la detención de trece personas, entre ellas el exalcalde, José Manuel Martín Alba, que llegó a permanecer tres meses en prisión, suma ya un total de 55 imputados, cinco más que hace un año, dado que todavía continúan las investigaciones por parte de la titular del Juzgado nº3 de Vélez-Málaga, Irene Urbón, encargada de instruir el caso. Entre los imputados figuran técnicos, promotores y particulares.
De hecho, 36 meses después la jueza todavía mantiene el secreto de una de las nueve piezas separadas abiertas y que están relacionadas con el tronco principal de la investigación, ante el riesgo de destrucción o manipulación de pruebas. No obstante, la mayor parte del sumario, que supera los 15.000 folios, hace tiempo que no está bajo secreto.

El pasado mes de septiembre la titular del juzgado dictaba un auto dejando sin efecto la prohibición de poder salir fuera del territorio nacional que pesaba sobre los imputados.
La medida se producía dos años y medio después de que se comenzara a investigar la presunta trama de corrupción en el municipio. El auto se produjo en respuesta a una petición de la representación procesal de uno de los imputados solicitando la anulación de la medida cautelar de prohibición para salir del territorio nacional.
Las investigaciones se centran no sólo en las actividades del que fuera alcalde de la localidad, José Manuel Martín Alba, conocido también como Pepe Calayo, y su presunta relación con las operaciones urbanísticas desarrolladas en la localidad, sino también en todos los convenios urbanísticos suscritos por el Ayuntamiento, fundamentalmente a partir del año 2000 e incluso anteriores, así como en las reparcelaciones de terrenos realizadas en el municipio.
Martín Alba permaneció en prisión provisional durante tres meses, entre el 3 de marzo y el 6 de junio. La salida de la cárcel del exregidor se produjo tras hacer efectiva una fianza de 120.000 euros.
El exalcalde, que dimitió del cargo tras ser detenido -llevaba a frente del Consistorio como regidor desde 1991-, ha conseguido volver a estar en la corporación después de presentarse en las pasadas elecciones municipales como cabeza de lista del Partido Independiente Sierra Tejeda de Alcaucín (PITA), formación que obtuvo dos concejales. Martín justificó su decisión de concurrir a las municipales y volver a estar en el Ayuntamiento por entender que con su experiencia, capacidad y ganas de trabajar podía ayudar a sacar a Alcaucín «del hoyo en el que está metido».
Imputados
Entre los 55 imputados figuran el exjefe del Servicio de Arquitectura de la Diputación, José Francisco Mora; las dos hijas del exalcalde, Sonia y Mónica Martín; el exarquitecto técnico del Ayuntamiento, Francisco Lorca, y la exasesora jurídica durante tres años del exalcalde y exconcejala de Urbanismo en el Ayuntamiento de Torremolinos, María Isabel Llamas, así como diversos constructores, promotores y particulares.
El Consejo General del Poder Judicial nombraba en octubre de 2010 a una jueza sustituta para apoyar a la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3, Irene Urbón, en el expediente de diligencias previas 3164/08 que corresponde al 'Caso Arcos'.
Gracias a este nombramiento, Urbón ha contado con el apoyo de una jueza durante nueve meses, lo que le ha permitido centrarse en la instrucción del caso de manera casi exclusiva.


* SUR - 19.02.12 - AGUSTÍN PELÁEZ
Foto: Alcaucín (Málaga), policía tomando Ayuntamiento en 2009 - laopinion

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Los okupas discretos

ELPAÍS/Madrid* : Cientos de desahuciados, jóvenes precarios y parados que se quedan sin hogar recurren a esta práctica ilegal para no quedarse en la calle. Los sociólogos estiman que la sociedad empieza a verlos con simpatía.
“La primera vez que dormí en la calle fue el verano pasado, después de haber perdido mi casa. Aun recuerdo la grima que me dio tumbarme en el suelo de los jardines del Paseo del Prado. Me dan mucho asco las cucarachas. Tenía una mochila, un saco de dormir, una esterilla y el uniforme de trabajo. Me aparté de mis amigos por vergüenza. Dejé a mi hijo con su abuelo. Pero no estaba sola. Los indignados me acogieron como a una más. Así me convertí, de la noche a la mañana, en una okupa”. Así relata su historia Cuki, una madrileña desahuciada de 60 años que okupa junto a tres familias una vivienda de la capital, sin calle ni número. Se niega a dar más datos. Tampoco quiere revelar su verdadera identidad. Sabe que está cometiendo un delito de usurpación de bien inmueble, tipificado en el artículo 245 del Código Penal, pero, ella lo justifica con una sentencia: “No me ha quedado otra solución; tengo que seguir luchando”.

En la Comunidad de Madrid hay cientos de familias en la misma situación, según la oficina de Vivienda del 15-M y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Desahuciados, madres solteras, parados o jóvenes con trabajos precarios que se han visto obligados a okupar viviendas vacías porque no pueden hacer frente a los gastos de un alquiler y menos, de una hipoteca. La mayoría de ellos no quiere salir en los medios de comunicación.

“A este nuevo tipo de okupación la denominamos okupación discreta o silenciosa”, explica Ramón, un indignado de la oficina de Vivienda. Los indignados diferencian tres tipos de okupaciones: las mediáticas, como es el caso del Hotel Madrid (antiguo hostal abandonado del centro de la ciudad que fue tomado el pasado mes de octubre por el colectivo del 15-M y la PAH), centros sociales de okupación (CSO), como el centro social vecinal La Salamanquesa, y las ocupaciones discretas, que no se reivindican públicamente.

“Es verdad que esta práctica ha existido desde siempre, pero en el último año el perfil del okupa está cambiando vertiginosamente. Ya no son solamente jóvenes o sectores marginales de la sociedad, sino padres de familia que se han quedado en la calle y se meten en el piso de al lado”, comenta Juan, un diseñador gráfico de 27 años que trabaja voluntariamente en la oficina de okupación del CSO de Casablanca, en el barrio de Antón Martín. “El concepto del okupa siempre ha tenido una connotación negativa pero con la crisis esa visión está cambiando y la sociedad acabará por asumirla”, asegura Julio Alguacil, sociólogo experto en temas de urbanismo y profesor de la Universidad Carlos III de Madrid.

Conchi Gil, fue desalojada por impago de una vivienda del IVIMA (Instituto de la Vivienda de Madrid) el pasado mes de octubre, y actualmente malvive con sus dos hijos, de 19 y 17 años, en un almacén de una galería subterránea abandonada en Leganés. “Hay días en los que Adrián falta a clase porque no puede ducharse (no tienen cuarto de baño) y le da vergüenza que sus compañeros lo vean sin asear”, relata Gil.

Chema Ruiz, portavoz de la PAH, lo tiene claro: “Mientras siga aumentando el número de desahucios, las okupaciones discretas se irán expandiendo por la ciudad”, sentencia. Y es que las cifras hablan por sí solas. En los tres primeros trimestres de 2011, el Consejo General del Poder Judicial registró 7.145 desahucios en la Comunidad de Madrid. Si se compara con los 3.878 lanzamientos ejecutados en 2008, el número de personas que se han quedado sin hogar se ha multiplicado en la región.

Es contradictorio el elevado número de desahucios con la ingente cantidad de viviendas vacías. Según publicó este periódico el pasado mes de enero, el Instituto Nacional de Estadística (INE) podría contabilizar en el censo de edificios y viviendas de 2011, aún sin finalizar, entre cinco y seis millones de viviendas vacías en España, frente a los tres millones de 2001.

“Hijo mío, ya estamos dentro”, le dijo E. H., de 25 años, a Abraham, su hijo de 7 años, después de haber logrado abrir la puerta sin romper la cerradura. Suspiró; intentó dar la luz pero no funcionaba. No pasaba nada. Tenía una linterna, una mochila con ropa y un par de bocadillos. Esa primera noche del pasado mes de enero ambos durmieron en un sillón de la casa. “Sabía que estaba vacío porque soy vecina del barrio y hace cuatro años el propietario murió sin haber dejado descendencia”, relataba E. H. el pasado 4 de febrero mientras desayunaba con el pequeño y su pareja en el piso, situado en Pinar de Chamartín. “Estuvimos buscando un apartamento pero no podíamos pagar el alquiler y, encima, nos pedían aval”, lamenta esta joven, sin trabajo y sin prestación por desempleo que sale adelante con el dinero que cobra su pareja, también en el paro. Aunque E. H. es consciente de que cualquier día la policía puede entrar con una orden judicial, al menos le alivia saber que cuenta con el respaldo de los vecinos. “El presidente de la comunidad me ha pedido el número de cuenta para que pague la luz, y esta semana hemos asistido a una junta vecinal en la que nos comprometimos a cumplir las normas de convivencia”.

La Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) asegura no haber recibido ninguna queja de este nuevo tipo de okupación discreta. De hecho, apoyan esta práctica siempre que se trate de familias que ocupen pisos vacíos que pertenezcan a entidades bancarias. Julio Alguacil, experto en urbanismo, también considera la okupación como una acción “absolutamente legítima recogida en el artículo 47 de la Constitución Española (reconocimiento del derecho a una vivienda digna)”. Este sociólogo afirma que se está desarrollando una sociedad desestructurada donde el malestar y la violencia urbana va in crescendo por culpa de la crisis económica. “Para colmo, los servicios sociales están saturados y el Instituto de Vivienda Pública de Madrid (IVIMA) tampoco carece de recursos suficientes”.

“No tenemos una varita mágica”, responde a las críticas Carlos Martínez Serrano, coordinador del Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento. En la ciudad hay 35 centros en los que se da una atención social primaria básica de carácter temporal. Martínez Serrano asegura que el Área de Familia ha firmado un convenio con la Empresa Municipal de Vivienda (EMV) para disponer 200 viviendas sociales para personas que hayan perdido su empleo en los tres próximos años, según ha informado a este periódico. El IVIMA, con un parque actual de 23.000 viviendas protegidas, recuerda, por su parte, que unas 5.000 familias con graves problemas económicos se han beneficiado de la reducción del alquiler a una media de 50 euros al mes. Para Alguacil no es suficiente. “O bien se hacen políticas de vivienda social o las autoridades tendrán que invertir en cuerpos de seguridad para echar a los okupas”.

El hijo de Cuki, de 20 años, vive con su abuelo en otra parte de la ciudad. No sabe que su madre es una okupa. “Le he inculcado una serie de valores y normas. Imagínate si se entera que las incumplo”, explicaba el jueves pasado esta limpiadora del hogar que perdió su casa en alquiler por negarse a renovar un aval bancario que, en su opinión, era “excesivo”. Para María Luisa Cava de Llano, Defensora del Pueblo en funciones, “la ocupación no es la solución”.

La defensora reconoce a través de una entrevista online que el problema existe pero que la sociedad debe evitar que los afectados resuelvan la situación por su cuenta. Para ello es fundamental que estas personas reciban todo tipo de ayudas públicas. Al preguntarle qué está fallando, si la actitud de los bancos o de las instituciones, Cava de Llano responde rotundamente: “Todo el sistema ha fallado”.

7.145 desahucios

En la Comunidad se han registrado 7.145 desahucios en los tres primeros trimestres de 2011, según el Consejo General del Poder Judicial. En 2008, al estallar la crisis, se ejecutaron 3.878.
En una década (2001-2011) las viviendas vacías en España pueden pasar de los tres a los seis millones.
El Instituto de Vivienda de Madrid (IVIMA) ha ejecutado 90 desahucios por impago en 2011. La Empresa Municipal de la Vivienda (EMV), 64.
En el cuarto trimestre de 2011, el INE contabilizaba unos 623.000 parados en Madrid. La tasa de paro de la provincia es del 18,51%.


* El País - 19.2.12
Foto: Indignados, dasalojo en Lavapiés - diagonal

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