Cádiz.- Medio Ambiente cuestiona el "nuevo Algarrobico"

PÚBLICO* : El Ministerio de Miguel Arias Cañete ha echado un rapapolvo al Plan Las Aletas, bautizado por los ecologistas de WWF como "el nuevo Algarrobico de Andalucía", que pretende construir un macropolígono industrial en una zona de 387 hectáreas de marismas, 266 de ellas en suelo público de la bahía de Cádiz protegido por la Ley de Costas. El proyecto, impulsado en 2007 por los entonces ministro de Economía y presidente de la Junta de Andalucía, los socialistas Pedro Solbes y Manuel Chaves, ya fue tumbado por el Tribunal Supremo en 2009, al no encontrar justificada la invasión del dominio público marítimo-terrestre. Sin embargo, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero hizo unas modificaciones y lo volvió a presentar a información pública dos días antes de las elecciones generales del 20-N para combatir el paro en la provincia de Cádiz.

Ahora, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente no ve justificación para que el proyecto siga ocupando más de 300 hectáreas, "dada la previsible evolución de la actividad económica a corto y medio plazo debido a la actual crisis", y pide que se reduzca su superficie o se fragmente. Según el departamento de Cañete, que responde a consulta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de Cristóbal Montoro, que ha heredado el proyecto socialista, con estos condicionantes económicos es "previsible" que no esté "suficientemente justificada la necesidad de ocupar terrenos dentro del dominio público marítimo-terrestre". El informe recuerda que las marismas en las que se pretende construir el macropolígono, con una inversión de más de 830 millones de euros, son una zona de paso de aves migratorias procedentes del norte de África y algunas de ellas nidifican allí. La cigüeña negra y el águila pescadora, en estado "vulnerable" según el Catálogo Español de Especies Amenazadas, están censadas en la zona.

El documento, elaborado por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y firmado el 3 de enero de 2012, se llega a preguntar "si tiene cabida una infraestructura más de este tipo en un entorno donde existen varios complejos similares cercanos", en los puertos de Algeciras, Huelva, Sevilla y Málaga, entre otros. Para el Ministerio de Cañete, es "esencial" estudiar si el Plan Las Aletas tiene cabida para "evitar el peor de los escenarios posibles: la paralización y abandono de las actividades después de haber realizado las obras, con la consiguiente ocupación de terrenos de dominio público marítimo-terrestre".

Sólo economía
El documento, divulgado ayer por WWF, destaca que la construcción del polígono en las marismas implicaría la desaparición del hábitat de multitud de aves presentes en el cercano Parque Natural Bahía de Cádiz y el deterioro de los fondos marinos, un ecosistema protegido por la UE, debido al previsible incremento del tráfico marítimo. En pleno debate sobre la reforma de la Ley de Costas, el informe afea que sólo se haya tenido en cuenta "el rendimiento óptimo de la ocupación en términos de objetivos económicos".

Para la abogada de WWF Rita Rodríguez, que ya consiguió frenar el plan en el Supremo, el nuevo proyecto es "ambientalmente insostenible, jurídicamente muy cuestionable y un dineral económicamente". La ONG pide al Consejo de Ministros que no apruebe el macropolígono, como sí hizo el Ejecutivo de Zapatero en 2007.


* Público - MANUEL ANSEDE 23/02/2012
Foto: Zona que estaría afectada por el Plan Las Aletas.-WWF

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Valencia.- Al menos 14 detenidos por el fraude de las subvenciones de Blasco

ELPAÍS* : Al menos 14 personas fueron detenidas el jueves en Valencia en una operación de la Fiscalía de Delitos Económicos contra una trama de corrupción que habría saqueado cerca de 9 millones de euros de las subvenciones a la cooperación internacional de la Generalitat Valenciana en 2008 y 2009, mientras Rafael Blasco, actual portavoz del PP en las Cortes Valencianas, era consejero de Solidaridad y Ciudadanía y Francisco Camps presidía el Gobierno autonómico. Entre los detenidos están el director general de Cooperación, Josep Maria Felip, y el que fue jefe de área de Cooperación, Marc Llinares, ambos personas de confianza de Blasco. Están acusados de malversación de fondos públicos, fraude de subvenciones y falsedad documental.
La policía registró la sede de la antigua Consejería de Solidaridad, hoy de la dirección general de Cooperación, que depende de la Consejería de Justicia y Bienestar Social.

La investigación incluye al que fue secretario general de la consejería de Blasco, Alexandre Català, y llevó a la detención de César Augusto Tauroni y su hermano Arturo, personas sospechosas de dirigir la trama organizada en torno a la Fundación Hemisferio (antes llamada Entrepueblos), y a Marcial López López, presidente de la Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Cyes).

Sendas denuncias de la diputada socialista Clara Tirado y de Mireia Mollà, de la Coalició Compromís, ante la Fiscalía Anticorrupción en octubre de 2010 dieron origen a la investigación. A media tarde, cuando el número de arrestados ya superaba las 10 personas, fuentes jurídicas advirtieron de que la operación seguía en marcha y que se esperaban nuevas detenciones.

El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, anunció la destitución de Felip como director general y de Alexandre Català como actual subsecretario de la Consejería de Sanidad. La oposición, sin embargo, apuntó a Blasco, del que el portavoz socialista, Jorge Alarte, pidió la dimisión. Este, a su vez, dijo que las subvenciones fueron tramitadas "de forma impecable" y aseguró estar convencido de que la detención de Felip era “un error".

Blasco, que recibió la noticia en plena sesión de control al presidente de la Generalitat, tardó casi una hora en salir del hemiciclo y arremetió contra las informaciones publicadas sobre la trama, en especial contra EL PAÍS. El actual portavoz del PP en las Cortes Valencianas, quien proclamó, cuando se hizo pública la denuncia de la diputada Tirado, que si se detectaran irregularidades en las subvenciones y se viera obligado a dar explicaciones se iría a casa, lo negó y sólo se mostró dispuesto a dimitir si se ve directamente implicado en el proceso judicial. El exconsejero añadió que si le alcanzaran a él las imputaciones, por su condición de aforado, tendría que ser trasladado el caso al Tribunal Superior de Justicia. Sobre la posibilidad de que Josep Maria Felip lo involucre en sus declaraciones, respondió que es “un hombre honesto”.

Una de las denuncias que originaron el caso, la presentada por la socialista Clara Tirado, reveló que la Fundación Cultural y de Estudios Sociales había destinado 447.000 y casi 500.000 euros, respectivamente, de sendos proyectos de cooperación para facilitar agua potable y mejorar cultivos en Nicaragua por importe de 833.000 euros cada uno, a la compra de dos entresuelos con garaje en Valencia. El análisis de la documentación que los socialistas y Compromís llevaron a la fiscalía ha dado lugar a varios informes que obran en la investigación judicial. Uno de ellos desmonta la versión que el consejero Blasco dio finalmente por buena respecto a las subvenciones otorgadas a la Fundación Cyes (no confundir con el grupo empresarial Cyes).

El informe examina tanto el expediente inicial como el rectificado y dado por bueno por la Generalitat, que habría desestimado como justificantes las facturas de la compra de los pisos, pero, en lugar de reclamar la devolución del dinero, pidió otras facturas.

La Fundación Cyes presentó entonces facturas emitidas en Nicaragua que, según la investigación, son “simplemente increíbles”.

En uno de los informes, se explica que una de las facturas presentadas hace referencia a “jornales de trabajo y rehabilitación de vías de acceso en caminos vecinales” por un importe de más de 90.000 euros. El documento explica que tomando como base el salario medio mensual de la zona y el tipo de cambio, esta cantidad equivaldría “al trabajo a jornada completa de 1.967 personas durante un mes”.

La investigación estima que de los dos proyectos subvencionados, con 833.000 euros cada uno, sólo llegaron a Nicaragua 43.000 euros, 21.000 de uno y 22.000 del otro.

Además, sostiene que aún en el caso de admitir como buenas estas facturas emitidas desde aquel país (“que son calculadas directamente en euros y no en córdobas nicaragüenses”, tal como indica el informe), el gasto realizado con cargo a la subvención sería de 306.000 euros de los 833.000 concedidos, con lo que la diferencia, unos 530.000 euros, debería haberse reintegrado en las arcas públicas. Un reintegro “del que no hay constancia en el expediente examinado”.

El informe indica también que los proyectos contemplaban la realización de servicios de asesoramiento y consultoría “por un importe diez veces superior al coste de las actividades programadas” y de costes indirectos “por un importe de más de tres veces” que las mismas actividades. Estos servicios, que se encargaban a la empresa Arcmed, “representan un porcentaje de la actividad subvencionada” y vulneraban la prohibición de contratar con intermediarios o asesores en los que los pagos se definan como un porcentaje, según la Ley General de Subvenciones.

La investigación que llevó a las detenciones y el registro de dependencias de la Generalitat ha sido desarrollada por la Fiscalía de Delitos Económicos de Valencia. Al frente de la misma se encuentra el fiscal Jesús Carrasco, que es al mismo tiempo fiscal Anticorrupción y que indagaba la trama de cooperación desde que fue denunciada en octubre de 2010. Fuentes jurídicas indicaron que, después de solicitar varias prórrogas para desmenuzar la compleja trama, el fiscal había finalizado las pesquisas hace pocas semanas en lo relativo a la primera denuncia que recibió, presentada por la diputada socialista Clara Tirado.

Carrasco estaba valorando la conveniencia de esperar o no hasta después de los días festivos de fallas para actuar, según las mismas fuentes, para evitar que hubiese un vacío en las operaciones que tenía previstas llevar a cabo. Finalmente, se decidió por adelantarla.

La segunda denuncia conectada con el caso, la presentada por la diputada de Compromís Mireia Mollà, está todavía en una fase no concluida, indicaron fuentes jurídicas. El motivo es que mientras la primera denuncia se refería a unos hechos concretos, la siguiente fue acompañada de una abrumadora cantidad de datos producto, señalaron, de volcados informáticos realizados desde dentro de la entonces Consejería de Cooperación y Solidaridad. El fiscal también habría apreciado en ella indicios de delito.

La operación se ha llevado a cabo a través del Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, según informó el Tribunal Superior de Justicia.

La noticia de la detención de Josep Maria Felip conmocionó el pleno de las Cortes Valencianas. La oposición reclamó enseguida que el presidente Alberto Fabra tomara medidas y cargó contra Blasco. El secretario general de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, exigió la destitución de Felip, que se produjo horas después, y también la de “la autoridad que le nombró, que es el que se sienta en el hemiciclo detrás del señor Fabra, el señor Blasco, su portavoz parlamentario”. Lo mismo hicieron Compromís y Esquerra Unida.


* El País - ADOLF BELTRAN / MARÍA FABRA / IGNACIO ZAFRA Valencia / Castellón 23 FEB 2012
Foto: Valencia, palau Generalitat - comarcarural.com

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La Xunta mete viviendas en el Campus do Mar de Vigo

ELPAÍS* : El Consello da Xunta aprobará hoy el plan sectorial de la ETEA, sede del Campus do Mar, con un núcleo residencial que no estaba previsto en el proyecto inicial que informó el Ayuntamiento de Vigo hace tres años, lo que constituye un hecho “de extrema gravedad”, según el alcalde, Abel Caballero, que denuncia una afección impropia sobre el trazado urbanístico de la ciudad.
La inclusión de la zona residencial con carácter de uso complementario, según fuentes de la Consellería de Medio Ambiente, es consecuencia de las alegaciones y posteriores negociaciones con los vecinos de la zona, que así lo pidieron. El Ayuntamiento no presentó ninguna alegación, pero Caballero afirmó ayer que el plan no debería incluir uso residencial y, por no dárselo a conocer, afeó las invocaciones a la cooperación del presidente Núñez Feijóo.

Los cambios introducidos en el documento del plan sectorial que aprobará hoy el Consello da Xunta “no suponen modificaciones sustanciales en los usos del Campus do Mar, con lo que no es necesario volver a someterlo a información pública”, según la Xunta. Con la inclusión del uso residencial, el plan vuelve al proyecto de Zona Franca que anuló la Xunta bipartita para implantar en el recinto la Cidade do Mar, a su vez anulada por la actual Xunta, hasta que surgió el proyecto análogo del Campus do Mar.

El ámbito, según la Xunta, mantendrá su edificabilidad actual de 14.000 metros cuadrados para usos académicos, municipales y sociales. Cada promotor (Universidade de Vigo, Ayuntamiento y Xunta) definirá su propio ámbito y deberá hacer su proyecto concreto. A la Xunta le corresponden los usos sociales, en los que prioriza los socioasistenciales y los socioculturales antes que los residenciales, y todos ellos como consecuencia de las alegaciones y posterior diálogo con los vecinos, según la misma fuente autonómica.

Así, se acordó retirar todos los edificios que se vayan a construir a la zona más alejada del litoral, para evitar su efecto pantalla. Consistirán en un geriátrico, una guardería, un centro social y un núcleo de viviendas cuyo número aún no se ha concretado pero que podrían ser entre 40 y 50.

Sospechando que iba a edificarse un área residencial, según indicó ayer Abel Caballero, el Ayuntamiento reclamó a la Xunta, en diciembre pasado, que le volviese a remitir el plan sectorial con los eventuales cambios que hubiera introducido. No tuvo respuesta, por lo que lleva “tres años sin saber nada de las intenciones” del Gobierno gallego para la ETEA. Aunque el plan sectorial es competencia autonómica, el regidor vigués denunció que “no se conoce ninguno que haya sido hecho en contra de un Ayuntamiento”.

Por eso censuró las invocaciones del presidente Feijóo a la cooperación —el martes, en la toma de posesión de Teresa Pedrosa como delegada de la Zona Franca— e ironizó con su “desconocimiento serio de esta ciudad” por anunciar la Xunta que va a abrir el recinto de la ETEA. “Lleva ya tres años abierta, hemos hecho un paseo marítimo y regenerado una playa, por ahí han pasado y pasan miles de vecinos”, enunció. “Feijóo no conoce esta ciudad, no la sigue ni de oídas”, concluyó.


* El País - PRIMITIVO CARBAJO Vigo 22 FEB 2012
Foto: Vigo, universidad - asturgalicia

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Andalucía.- Ecologistas exige al próximo Gobierno "poner límites" para "no degradar" el medio ambiente

EUROPAPRESS* : La organización Ecologistas en Acción Andalucía ha recogido en un documento, titulado 'Nuestras propuestas para 12 políticas', su postura como grupo y sus exigencias de cara a los próximos comicios andaluces del 25 de marzo para los distintos partidos políticos que presentan candidatura a la Presidencia de la Junta de Andalucía. Entre las mismas, destaca la solicitud de "poner límites naturales" al crecimiento material de la comunidad, pues "se está degradando el medio ambiente y se está poniendo en riesgo, no solo el bienestar de las personas, sino su supervivencia".
Ecologistas en Acción, que recuerda "no es una organización apolítica", reivindica el ecologismo social en un documento, al que ha tenido acceso Europa Press, donde lamenta que la política en Andalucía "no es sostenible, sino 'sostemible'". "La angustiosa situación de recesión y paro tiene que ser un estímulo para un decrecimiento sostenible que ofrezca empleos verdes", añade.

Por otro lado y antes de pasar a enumerar una serie de compromisos que proponen en doce ámbitos de actuación política, Ecologistas en Acción Andalucía crítica que las políticas urbanística y energética en la comunidad han generado "crecimientos desmesurados" con resultados como "el despilfarro energético, elevados niveles de contaminación, bloque de las energías renovables, especulación inmobiliaria o la destrucción de ecosistemas litorales". Igualmente, también ha mostrado su rechazo al escudo antimisiles estadounidense de la base militar de Rota (Cádiz) y ante la falta de participación ciudadana en los órganos de control medioambientales.

En política energética, la organización ecologista andaluza apunta que el objetivo debe ser "promover actuaciones que contribuyan a evitar un Cambio Climático peligroso", para lo que es "necesario" reducir las emisiones de Dióxido de Carbono (CO2) hasta situarlas "a mitad de siglo un 80 por ciento por debajo de las de 1990".

En este campo, el documento propone reducir la demanda final de energía en cada uno de los sectores presentes en Andalucía y, especialmente, en los edificios públicos, reduciendo el consumo "al menos en un 20 por ciento al final de la legislatura respecto al comienzo de la misma"; incrementar la producción de energías renovables; la obligación de incorporar energía solar térmica y fotovoltaica en los edificios; desarrollar la energía eólica marina en zonas costeras apropiadas, seguir con la promoción de las centrales termosolares y construir plantas de biomasa térmica y eléctrica con criterios sostenibles.

Para Ecologistas en Acción Andalucía el transporte y las grandes infraestructuras son causa del "actual caos en la ordenación del territorio y principal motivo de la pérdida de habitabilidad de las ciudades". En este sentido, solicita "una moratoria a la construcción y ampliación de autovías, trenes de alta velocidad, puertos y aeropuertos, cancelando proyectos no adjudicados aún"; para a continuación invertir las inversiones, pasando éstas a la recuperación y mejora de los servicios ferroviarios, al transporte público y los medios no motorizados.

CIERRE DE NERVA

En políticas de residuos, crítica que "la generación de residuos por personas no hace sino crecer", por lo que solicita una revisión "urgente" de los planes andaluces de residuos peligrosos y no peligrosos, haciendo hincapié sobre la prevención, la reutilización y el reciclado, así como el abandono de la incineración como método de gestión. Del mismo modo, espera que se alcance para el final de legislatura "al menos un diez por ciento de reducción en peso de los residuos generados"; realizar el sellado, aplicación del impuesto sobre vertido en todos los residuos y restauración ambiental de los vertederos incontrolados o cerrar el vertedero de Befesa en Nerva (Huelva), entre otras concreciones.

"Situaciones como la acumulación de 75 millones de toneladas de fosfoyesos radiactivos al lado de Huelva, el constante trasvase --bunkering-- de hidrocarburos en la Bahía de Algeciras, la acumulación de balsas mineras tóxicas en Sevilla y Huelva, el vertido al mar sin depuración alguna de ciudades como Algeciras o el incremento de los residuos peligrosos en el vertedero de Nerva, son amenazas para nuestro mermado medio ambiente y para la salud de la población y bombas de relojería para las generaciones futuras", ha lamentado, indicado que confía en que el próximo Gobierno andaluz efectúe un estudio epidemiológico "riguroso" para ver la causa de la mayor prevalencia de enfermos de cáncer en Sevilla, Huelva y Cádiz.

El documento, recogido por Europa Press, señala que hablar de suelo es "sinónimo" de urbanismo, construcción y de "destrucción y especulación", por lo que propone "impedir la recalificación de nuevos suelos hasta que no se haya ejecutado, al menos el 90 por ciento, del suelo clasificado en el planeamiento general en vigor"; no legalización ni regularización de viviendas ni urbanizaciones ilegales que incumplan el texto original del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) o la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), así como la demolición de todo lo construido ilegalmente y que no haya prescrito la infracción; prohibir los convenios urbanísticos y la venta de los derechos de edificabilidad de los ayuntamientos; y un compromiso político de un pacto anticorrupción, que incluya la destitución inmediata de cualquier cargo electo o de libre designación, que esté imputado, procesado o condenado por la justicia.

Por otro lado y en referencia a las políticas de materia hidráulica de la Junta, Ecologistas en Acción propone como "inexcusables" descartar la construcción de embalses y trasvases, cerrar los pozos ilegales, reducir el consumo de agua, restaurar el dominio público hidráulico y depurar los vertidos de todos los núcleos urbanos.

ABANDONO "DEFINITIVO" DEL DRAGADO DEL GUADALQUIVIR

Igualmente, solicita "abandonar definitivamente la propuesta de dragado del Guadalquivir"; el control de vertidos industriales y mineros de Cobre Las Cruces; prohibir el uso de sustancias tóxicas en la agricultura; no crear nuevas superficies de regadíos; mantenimiento del principio de unidad de cuenca como unidad de gestión; y recuperación de costes para todos los usuarios del agua, entre otras peticiones.

Ecologistas en Acción, conscientes del "gran impacto" de la agricultura y la ganadería sobre el medio ambiente, exige "una reforma sustancial de las políticas agrarias, eliminando subvenciones perversas y primando prácticas beneficiosas para el medio ambiente".

"Mantener la Ley de Costas en su estado actual, proteger los suelos no urbanizados situados a 500 metros del mar, o no aprobar nuevos proyectos de construcción de puertos deportivos", son algunas de las peticiones y compromisos que confían en que tome el nuevo Gobierno en materia de costas.

NO MÁS CARRETERAS EN DOÑANA

Por último, en materia de biodiversidad, la organización conservacionista lamenta que "Andalucía sufre un proceso rápido de pérdida de diversidad biológica", por lo que exige, entre otras cosas, poner en práctica los planes de recuperación de todas las especies en peligro de extinción incluidas en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas y actualizar el catálogo andaluz; desarrollar un plan de lucha contra el veneno y de modificación de tendidos eléctricos peligrosos para la avifauna; aprobar una Estrategia de Control y Erradicación de especies introducidas invasoras; impedir la legalización de las zonas agrícolas ilegales y sus correspondientes pozos para regadío en el Espacio Natural de Doñana, así como "no volver a plantear más carreteras en este entorno".


* Te Interesa - EP - 21.2.12
Foto: Sanlúcar (Cádiz), desembocadura_Guadalquivir -iagua

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