Garzón abortó una operación de la trama Gürtel en Boadilla

ELPAÍS/Madrid* : El exjuez Baltasar Garzón abortó una operación de la trama Gürtel en la urbanización Prado del Espino (Boadilla) por la que el Ayuntamiento de este municipio, considerado el epicentro del mayor caso de corrupción de la democracia ligado a un partido político, perdía un mínimo de 13 millones de euros, según un informe de la policía al que ha tenido acceso este diario. Cuando todo estaba cerrado y el Consistorio dirigido por el entonces alcalde Arturo González Panero, imputado en el caso Gürtel,había adjudicado a una de las empresas de la red la concesión para construir y explotar un polígono en la zona conocida como Prado del Espino, muy cerca de la Ciudad del Santander, el exjuez Baltasar Garzón puso en marcha el operativo que acabó con la detención del presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa, y del resto de implicados.

En febrero de 2009 todo se fue al traste. Los pingües beneficios que esperaba la trama en esta operación se convirtieron en una pérdida de 239.000 euros por la fianza depositada. Esa cantidad era el aval que había presentado la firma ganadora, CIP Dealer, tras resultar adjudicataria del concurso, que según la oposición había sido amañado. Los auténticos propietarios de la empresa eran el empresario murciano Alfonso García Pozuelo Asins y Tomás Martín Morales, este último uno de los miembros más importantes de la trama, que entonces era funcionario de Boadilla.

Precisamente, gracias a la intervención del exjuez Garzón la trama no llegó a hacerse con los polígonos. La adjudicación decretada por el Ayuntamiento se produjo en noviembre de 2008 y la operación policial ordenada por Garzón se desplegó en febrero de 2009. Apenas unos meses después, en junio de 2009, y ya estando fuera de la alcaldía González Panero, la empresa de la red no prosiguió con la adjudicación, perdiendo la fianza presentada, 239.000 euros.

Dinero confiscado por el Ayuntamiento

El presunto testaferro que estaba el frente de la empresa tenía mucho que perder si daba la cara, al igual que sus dos verdaderos dueños, Martín Morales y García Pozuelo Asins. Los unos por los otros, perdieron el dinero, que fue confiscado por el Ayuntamiento de Boadilla tras incumplir la empresa las condiciones de adjudicación.

El informe de la policía, que explica los pormenores de este pelotazo de la trama, hasta ahora inédito porque fue abortado por Garzón, está sobre la mesa del magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, que sustituye al propio Baltasar Garzón después de que este ha sido apartado de la Audiencia Nacional tras ser denunciado por tres de los imputados en el caso Gürtel: el presunto cabecilla, Francisco Correa; su número dos, Pablo Crespo, y el empresario leonés José Luis Ulibarri.

El Ayuntamiento de Boadilla del Monte, en noviembre de 2008, adjudicó un polígono en la urbanización Prado del Espino de una forma muy polémica: de las dos ofertas el Ayuntamiento optó por la que menos beneficiaba al Consistorio. La sociedad CIP Dealer Madrid propuso el pago de 358.500 euros anuales a cambio de construir y gestionar durante 99 años un polígono aledaño a la ciudad y al campo de golf del Banco Santander. Esta cantidad, según la policía, era 126.755 euros menos que la de su competidora, que recurrió a los tribunales.

Esta operación fue criticada por la oposición. Tanto el socialista Pablo Nieto como el independiente Ángel Galindo alertaron de posibles corruptelas, destacando que la decisión municipal se había basado en un informe realizado por un cargo de confianza del Ayuntamiento, que alegando temas menores le daba la adjudicación a CIP Dealer Madrid.Incluso Nieto hizo gala de un gran olfato llegando a asegurar que el informe era “harto discutible”. “Esta adjudicación me recuerda otras sospechosas, como la Ciudad del Deporte que ha aparecido relacionada con la Operación Gürtel o con la parcela UFC, que también suponía una pérdida para el Consistorio”, apuntó Nieto.

El mencionado informe de la policía del pasado 1 de febrero destaca que tanto Nieto como Galindo estaban en lo cierto. La adjudicación de los suelos del polígono del Prado del Espino estaba relacionada con otras que también tenían irregularidades, y que están en el caso Gürtel: la Ciudad del Deporte, de Constructora Hispánica; y la parcela adjudicada a la empresa UFC, propiedad del empresario José Luis Ulibarri, uno de los que han conseguido acabar con la carrera judicial de Garzón.

Los agentes han detectado que la empresa CIP Dealer, que se había creado en 2006 y que a finales de 2008 se hizo con el polígono del Prado del Espino, era en realidad propiedad de un miembro de la trama y excargo de Boadilla Tomás Martín Morales. Pero también del empresario murciano Alfonso García Pozuelo Asins. Ambos utilizaron firmas interpuestas a nombre de terceros, que actuarían como testaferros.

Estas sociedades eran Robeco Inversiones, de Martín Morales, pero a nombre de otra persona de Getafe; y Acentia Concesiones, de Constructora Hispánica (ahora Assignia), propiedad de García Pozuelo Asins. Según el sumario, en 2007 Tomás Martín Morales recibió una comisión de 660.000 euros en metálico. Este cobro se produjo 15 días después de que el Ayuntamiento del que formaba parte adjudicara la denominada Ciudad del Deporte de Boadilla a Constructora Hispánica por un valor superior a los 30 millones de euros. El dinero de la comisión lo repartió entre los miembros de la red que habían participado en esta operación, la mayor de la historia en Boadilla del Monte.

Pero el informe de la policía va todavía más allá al descubrir, gracias a la Agencia Tributaria, que la firma Robeco Inversiones, de Tomás Martín Morales, también mantuvo relaciones comerciales con otras sociedades vinculadas a lo largo del sumario con la red de Correa. Entre otras firmas están Free Consulting, propiedad también de Martín Morales, y Tecnología de la Construcción (Teconsa). Llama la atención que Martín Morales fuera también, según la investigación realizada, quien realizara los pliegos de condiciones para la adjudicación a Teconsa de la instalación de la luz en la visita del Papa a Valencia.

La Agencia Tributaria resalta también en sus informes que de los ingresos declarados en 2007 por parte de Robeco, de Tomás Martín Morales, 104.400 proceden de la sociedad Virton, y de 60.320 de la UTE Boadilla. Ambas empresas trabajaban para el Ayuntamiento de Boadilla, especialmente la última, que también está siendo investigada por su vinculación a la financiación ilegal del PP de Boadilla del Monte.


* El País - TONO CALLEJA Madrid 27 FEB 2012
Foto: Boadilla del Monte (Madrid), sede_Ayuntamiento - elpais

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Una asesora de Parcent trabajaba para la promotora de los PAI

ELPAÍS/Valencia* : Los planes parciales de Parcent, que aprobó el Gobierno local del PP el 30 de enero de 2006 en una localidad que acabó convertida en símbolo del urbanismo depredador, se elaboraron de forma poco transparente. La abogada Rosa María Olcina estuvo contratada como asesora urbanística municipal de Parcent al mismo tiempo que trabajaba en la empresa G&M Gestión del Suelo, de Javier Gutiérrez. Y este letrado ha acabado actuando en representación de Terras de l’Horta, SL, una mercantil del grupo Ballester que resultó adjudicataria de uno de los tres PAI (plan de actuación integrada) en suelo rústico, el más grande, llamado El Replà, donde se pretendía construir 1.423 viviendas en un área de reparto de 1,73 millones de metros.
La misma Olcina, que declaró como testigo el pasado 15 de febrero en el juzgado de Alicante que investiga el supuesto amaño del PGOU de la ciudad, dijo ante el juez que trabajó para Gutiérrez entre 2006 y febrero de 2008 en G&M.

El 3 de mayo de 2006 también fue contratada por la alcaldesa popular de Parcent Mari Carmen López por 12.000 euros anuales para funciones de “asesoramiento jurídico en materia urbanística”, que incluía “el estudio, la elaboración de informes y propuestas de resolución”. El 6 de julio de ese mismo año, el Gobierno local decidió sacar a información pública el concierto previo del Plan General de Parcent que contemplaba el PAI de Terres de l’Horta, mercantil a la que ha representado Gutiérrez y de la que ahora es abogado José Luis Castedo.

Gutiérrez se asoció al hermano de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, en noviembre de 2008 para crear Salvetti Abogados, un despacho desde el que supuestamente tramitaron alegaciones al Plan General de Alicante utilizando información privilegiada, por lo que ambos están imputados. Ahora, Castedo aparece como el abogado director de Salvetti Abogados en la demanda contencioso administrativa que Terres de l’Horta ha decidido presentar contra el Consistorio de Parcent para exigir una indemnización de 2.275.282 euros en concepto de responsabilidad patrimonial, pese a que el plan parcial fue desestimado por la Consejería de Urbanismo el 29 de septiembre de 2009.

Pero antes de esa desestimación, en abril de 2009 Gutiérrez ya actuó en representación de la empresa de Ballester para presentar al Ayuntamiento de Parcent las posibles soluciones a una larga serie de deficiencias del proyecto de homologación y plan parcial El Replà, puestas de manifiesto por la entonces consejería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.

Para cerrar el círculo, Veïns de Parcent ha recordado en un comunicado que “cuando el PP perdió las elecciones en 2007 y el gobierno pasó a CDP [Coalició Democrática de Parcent], Rosa Olcina dejó de ser asesora urbanística, si bien continuó presentando documentación de Terres de l’Horta, SL. La asociación vecinal sostiene que “aquello que se está investigando en Alicante era ya el modus operandi en Parcent”. Y asegura que es “inmoral, escandaloso e ilegal que una persona asesores a un ayuntamiento sobre unos PAI a los cuales está vinculada”. El Gobierno del CDP de Parcent asegura que llevará el caso a la Fiscalía Anticorrupción.


* El País - ARTUR BALAGUER Benidorm 29 FEB 2012
Foto: Parcent (Alicante) - diarioinformacion.com

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Santa Cruz.- Vecinos temen que el Toscal pase a ser otra calle La Noria

LAOPINIÓN/Tenerife* : Los vecinos de El Toscal se mostraron ayer recelosos ante el nuevo ordenamiento del barrio que ultima la Concejalía de Urbanismo y cuyas principales características dio ayer a conocer este periódico. Aunque reconocen que han sido incluidas la mayoría de sus propuestas de mejora para esta zona, declarada Bien de Interés Cultural (BIC), a las asociaciones les preocupa los detalles del Plan Especial.
Se preguntan si tras la peatonalización prevista de siete calles se garantizará el aparcamiento a los vecinos y visitantes con precios gratuitos o asequibles en los cuatro parking que se van a construir; si con cada actuación se respetará el BIC y si las medidas de dinamización económica y comercial serán las adecuadas para no convertir a El Toscal "en otra calle de La Noria".

Asimismo, las asociaciones vecinales sentencian que hasta que no vean las primeras obras no se creerán nada de lo que se plantee desde el Ayuntamiento, pues ya llevan demasiados años esperando por la recuperación de este núcleo deteriorado de la ciudad, sin que se haya hecho nada. Y critican que la Concejalía de Urbanismo, que dirige el edil José Ángel Martín, no se haya reunido primero con los vecinos de la zona para consensuar el texto antes de que se diera a conocer a los medios de comunicación.

El presidente de la Asociación de Vecinos Toscal de Las Tribulaciones, José Antonio Ramos, cree que los ciudadanos de esta zona histórica están contentos con el Plan Especial que está redactando Urbanismo, y cuya aprobación inicial podría producirse en verano, pero que también tienen muchas dudas con algunas de las intervenciones previstas. Según dicho texto, el nuevo barrio de El Toscal tendrá siete calles peatonales, un centro para mayores, una guardería, un centro de salud, una casa de la juventud, dos espacios con canchas deportivas (incluida una piscina cubierta) y cuatro parking. Y queda descartada la construcción de nuevos edificios de viviendas.
"Este documento, que nada tiene que ver afortunadamente con el redactado por la arquitecta Ana Zurita [edil del PP], en el que primaba la especulación, se acerca bastante a lo que hemos solicitado con las numerosas alegaciones que presentamos desde el año 2003. Pero una cosa es lo que se pretende hacer y otra cosa es la forma en la que se hará y en las condiciones en las que se va a ejecutar. Lo que queremos es que se respete siempre el BIC. Por eso, creemos que el Ayuntamiento debe reunirse con los vecinos para que nos expliquen todos los detalles", añade.

Esta asociación de vecinos espera que la peatonalización no provoque el desarraigo de algunos vecinos, que el parking de Tribulaciones no afecte al BIC, que se lleve a cabo una adecuada rehabilitación de la Casa Siliuto y que se ejecute un idóneo plan de dinamización basado en el pequeño comercio y en abrir el barrio a la ciudad. "No queremos parques bulevares ni otra calle de La Noria, centrada en la restauración y ocio nocturno. A esto nos negamos radicalmente los vecinos", sentencia Ramos.

Luciano Morales, presidente de la Asociación Ravina-Iberia, comenta que todo lo que se incluye en el Plan está "bien", pero ahora lo que queda es hacerlo. "Esto es como el cuento del lobo, hasta que no lo veamos, no nos lo creeremos, pues ya son demasiados años de promesas por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz y no se ha hecho nada por este barrio. Se trata de una obra faraónica y no sabemos de dónde van a sacar el dinero. Ahora hay que convertir en realidad eso que se ha dicho en papel", matiza.

Por su parte, Rosa Ramallo, presidenta de la Asociación Luz y Vida, no está de acuerdo con que el centro para mayores se ubique en la Casa Pisaca porque, según ella, hay otros espacios idóneos para este servicio. Asimismo, critica que el Ayuntamiento le haya dado primero la información sobre los avances de este Plan a los medios de comunicación antes que a los vecinos. También espera que las obras comiencen "pasado mañana" y no dentro de "muchos años".


* La Opinión Tenerife - ELOÍSA REVERÓN - 29.2.12
Foto: Santa Cruz de Tenerife, barrio del Toscal abandonado - barriodeltoscal.com

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Redondela.- Dos décadas de espera por el Plan Xeral

FARODEVIGO* : La rescisión del contrato a la empresa redactora del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Redondela ha caído como un jarro de agua fría entre los colectivos sociales y empresariales del municipio, que llevan más de dos décadas esperando por la aprobación del documento urbanístico.
Los representantes de las entidades vecinales expresan su decepción por el retraso que conllevará la resolución del contrato con Arteplán S.L., firma que gestionaba el planeamiento municipal desde el año 2001, y temen que la decisión de los responsables municipales –refrendada por el pleno de la corporación– suponga ampliar varios años la espera por un documento imprescindible para el desarrollo de Redondela. El urbanismo en el municipio se rige hasta ahora por unas Normas Subsidiarias aprobadas en 1988, con numerosas modificaciones puntuales a lo largo de los años, y que han generado un desarrollo desordenado –en algunos casos caótico– de los núcleos de población.

El presidente de la Asociación de Empresarios, José Antonio Gómez, no oculta su preocupación por la incidencia que tendrá en el municipio. "Es una mala noticia porque sin el Plan Xeral no podremos desarrollar los planes que tenemos sobre la mesa, como la creación de un polígono industrial, y también se frenará el desarrollo de los núcleos de población". Aunque se pueda aprovechas parte del trabajo realizado hasta ahora, señala que la llegada de un nuevo equipo redactor "implica planificar de todo desde el principio y eso conlleva tiempo y dedicación", por lo que no cree que el plan urbanístico pueda ser una realidad a corto plazo, a lo que suma los rumores de una nueva Ley del Suelo a nivel estatal, que obligará a adaptar todo el trabajo a la nueva normativa.
El presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos, Marcial Pérez, sin entrar a valorar las razones de la rescisión del contrato –"pediremos explicaciones al alcalde, porque desconocemos las causas", afirma–, lamenta el retraso que causará la decisión. "Llevamos escuchando plazos que nunca se cumplen desde hace años, ya estamos cansados porque la aprobación del Plan Xeral es urgente", apunta. Pérez señala que actualmente, debido al parón del sector de la construcción, "es el momento idóneo para desarrollar un plan menos especulativo, al incidir menos la presión urbanística".
Más crítica se muestra la presidenta de la Comunidad de Montes de Chapela, Ángela Méndez, que considera un "escándalo" todo el dinero invertido a lo largo de los años en la redacción del plan para ahora empezar otra vez de cero. "Es una irresponsabilidad que se despilfarre tanto dinero para nada", dice en alusión a los 360.000 euros del contrato con Arteplán. "Están jugando con el dinero de todos los ciudadanos en un asunto de gran importancia y que parece que no tienen interés en que salga adelante". Méndez también responsabiliza al anterior gobierno local. "Estuvieron durante años diciendo que el plan estaba a punto de concluirse, pero la realidad es que nunca se presentó y ahora hay que empezar desde el principio", lamenta.
El presidente de la Comunidad de Montes de Chapela, Francisco Puch, considera" vergonzoso" que un municipio de la entidad de Redondela siga trabajando en base a unas normas del año 1988. "Esto demuestra el fracaso total del anterior equipo de gobierno que no fueron capaces de sacar adelante el documento más importante en un Concello", y pide que el futuro equipo redactor "tenga en cuenta la opinión de los ciudadanos".
De la misma opinión es el portavoz del colectivo Alén Nós, Andrés Laxe, que destaca que los actuales responsables municipales llevaban en su programa la aprobación del PXOM, "y ahora parece que seguirán los pasos del anterior gobierno".
Por último, el presidente de la Asociación de Vecinos de Cesantes, José Antonio Sánchez, lamenta el nuevo retraso del planeamiento, "por el que mucha gente esperaba y ahora vemos que está en el aire".


* Faro de Vigo - ANTONIO PINACHO - 2.3.12
Foto: Redondela (Pontevedra), ayuntamiento - ecoturismorural.com

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