Detienen de nuevo al exalcalde de Alcaucín por el 'caso Arcos'

SUR/Málaga* : La Guardia Civil desarrolla desde esta mañana una nueva fase del 'caso Arcos' contra una presunta trama de corrupción urbanística en Alcaucín. Los agentes del Grupo de Delincuencia Urbanística de la Unidad de Coordinación Operativa (UCO), desplazados desde Madrid, apoyados por efectivos de la comandancia de Málaga, han detenido a primera hora de hoy al exalcalde de Alcaucín, José Manuel Martín Alba, junto a otras cuatro personas, a raíz de una línea de investigación derivada de la documentación intervenida en el citado caso.
Entre los arrestados se encuentran dos empleados de la Diputación Provincial de Málaga, un abogado y un exfuncionario. Los investigadores están llevando a cabo varios registros en domicilios y en oficinas de la administración, entre ellos se están inspeccionando las oficinas de la Unidad de Gestión Catastral del Patronato de Recaudación Provincial.

La investigación se inició a raíz de una documentación intervenida en el 'caso Arcos', de la cual se infiere que podrían haberse alterado datos del catastro para legalizar terrenos no urbanizables, según fuentes cercanas a la investigación.
La operación se centra en los supuestos delitos de cohecho, falsificación de documento público, estafa, tráfico de influencias y prevaricación. Las pesquisas están siendo dirigidas por el juzgado de instrucción número 3 de Vélez-Málaga y la Fiscalía Anticorrupción y cuenta con la colaboración de funcionarios de la Dirección General del Catastro del Ministerio de Hacienda.
El 27 de febrero se cumplieron tres años desde que se destapara la presunta trama corrupción. La operación, que se inició con la detención de trece personas, entre ellas el exalcalde, José Manuel Martín Alba, que llegó a permanecer tres meses en prisión, suma ya un total de 55 imputados, cinco más que hace un año, dado que todavía continúan las investigaciones por parte de la titular del Juzgado número 3 de Vélez-Málaga, Irene Urbón, encargada de instruir el caso. Entre los imputados figuran técnicos, promotores y particulares.
De hecho, 36 meses después la jueza todavía mantiene el secreto de una de las nueve piezas separadas abiertas y que están relacionadas con el tronco principal de la investigación, ante el riesgo de destrucción o manipulación de pruebas. No obstante, la mayor parte del sumario, que supera los 15.000 folios, hace tiempo que no está bajo secreto.
El pasado mes de septiembre la titular del juzgado dictaba un auto dejando sin efecto la prohibición de poder salir fuera del territorio nacional que pesaba sobre los imputados.
La medida se producía dos años y medio después de que se comenzara a investigar la presunta trama de corrupción en el municipio. El auto se produjo en respuesta a una petición de la representación procesal de uno de los imputados solicitando la anulación de la medida cautelar de prohibición para salir del territorio nacional.
Las investigaciones se centran no sólo en las actividades del que fuera alcalde de la localidad, José Manuel Martín Alba, conocido también como Pepe Calayo, y su presunta relación con las operaciones urbanísticas desarrolladas en la localidad, sino también en todos los convenios urbanísticos suscritos por el Ayuntamiento, fundamentalmente a partir del año 2000 e incluso anteriores, así como en las reparcelaciones de terrenos realizadas en el municipio.
Martín Alba permaneció en prisión provisional durante tres meses, entre el 3 de marzo y el 6 de junio. La salida de la cárcel del exregidor se produjo tras hacer efectiva una fianza de 120.000 euros.
El exalcalde, que dimitió del cargo tras ser detenido -llevaba a frente del Consistorio como regidor desde 1991-, ha conseguido volver a estar en la corporación después de presentarse en las pasadas elecciones municipales como cabeza de lista del Partido Independiente Sierra Tejeda de Alcaucín (PITA), formación que obtuvo dos concejales. Martín justificó su decisión de concurrir a las municipales y volver a estar en el Ayuntamiento por entender que con su experiencia, capacidad y ganas de trabajar podía ayudar a sacar a Alcaucín «del hoyo en el que está metido».
Imputados
Entre los 55 imputados figuran el exjefe del Servicio de Arquitectura de la Diputación, José Francisco Mora; las dos hijas del exalcalde, Sonia y Mónica Martín; el exarquitecto técnico del Ayuntamiento, Francisco Lorca, y la exasesora jurídica durante tres años del exalcalde y exconcejala de Urbanismo en el Ayuntamiento de Torremolinos, María Isabel Llamas, así como diversos constructores, promotores y particulares.
El Consejo General del Poder Judicial nombraba en octubre de 2010 a una jueza sustituta para apoyar a la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3, Irene Urbón, en el expediente de diligencias previas 3164/08 que corresponde al "Caso Arcos".
Gracias a este nombramiento, Urbón ha contado con el apoyo de una jueza durante nueve meses, lo que le ha permitido centrarse en la instrucción del caso de manera casi exclusiva.


* SUR - 13.03.12 - JUAN CANO
Foto: Alcaucín (Málaga), policía tomando Ayuntamiento en 2009 - laopinion

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El alcalde de Alguazas (Murcia) engrosa la lista de altos cargos sospechosos de corrupción

TELEPRENSA : Jose Antonio Fernández Lladó ha sido denunciado por la Asociación para la Conservación del Patrimonio Cultural de la Vega Media – Entrecauces, que lo acusa de un delito contra la Ordenación del Territorio, un delito contra el Patrimonio y un delito de prevaricación.
Una edificación consistente en vivienda unifamiliar, restaurante, jardín, aparcamiento y piscina particular, realizada en los años 2002 y 2003 en suelo protegido no urbanizable del entorno del Bien de Interés Cultural Torre de los Moros, se encuentra en el centro de un proceso judicial que ha acabado con el Alcalde de Alguazas sentado en el banquillo como acusado de los supuestos delitos que se le imputan. Las penas por tales cargos oscilan entre los seis meses a tres años de cárcel según establece el Código Penal. El Ministerio Fiscal solicita el año de cárcel, solicitud que apoya el letrado de la acusación, Jose Antonio García.

La denuncia contra Jose Antonio Fernández Llado parte de la Asociación para la Conservación del Patrimonio Cultural de la Vega Media, que se creó en el año 2004 con motivo de las excavaciones y movimientos de tierra en una parcela incluida en el entorno de protección del BIC Torre de los Moros y colindante a este monumento.

Esta Asociación considera que el Alcalde de Alguazas ha sido cómplice de una construcción ilegal en un terreno protegido calificado como no urbanizable en las normas urbanísticas vigentes en el Ayuntamiento de Alguazas, incumpliendo así gravemente su propia normativa jurídica, lo que supone un delito contra la ordenación del territorio, contra el medio ambiente, contra el patrimonio, y un claro trato de favor para una actividad lucrativa, con lo que también se le imputa por prevaricación.

Animo prevaricación

La declaraciones del acusado Alcalde de Alguazas en el proceso judicial es que tiene conocimiento de los hechos que han dado lugar a este juicio, que ha sido miembro de la corporación de Aguazas con responsabilidad de Gobierno desde junio de 1995 hasta marzo de 2005, el declarante fue concejal de urbanismo hasta febrero de 2001, y desde esta fecha hasta el 4 de marzo de 2005 ha sido alcalde de dicha corporación. Que intervino en la votación que se efectúo en el pleno de fecha 16 de marzo de 2001, que tenía por finalidad de revisión general de las normas subsidiarias del plan urbanístico, incluyéndose en el mismo pleno la votación sobre la recalificación provisional del terreno en que se iba a llevar a cabo la construcción de dicho restaurante para calificarlo como suelo comercial privado a lo largo de caminos con el uso de Restaurante/Cafetería los terrenos propiedad de Consuelo Arnaldo Martínez, en el pago de Torrevieja. Que tuvo conocimiento de un primer informe del servicio de inspección urbanística del enero de 2003 y de un segundo informe de abril de 2003 de dicha inspección, en el que se calificaba la obra proyectada como ilegal por llevarse a cabo en suelo no urbanizable y tratarse de una construcción no autorizable”. El declarante manifiesta que en esas fechas mantuvo contactos con la promotora de la obra, comunicándole la ilegalidad de la misma, y manifestándole que debían obtenerse las licencias necesarias. Además, declara que “no se paralizo dicha obra por insuficiencia de personal técnico del Ayuntamiento por cambios de organización del mismo”. El declarante tuvo conocimiento del inicio de la obra desde la fecha del primer informe de la técnico municipal (11.enero.2003), pero incoa expediente sancionador el 23 de junio de 2004, un año y seis meses después del primer informe de de ilegalidad y gravedad de la obra realizado por la técnico urbanista.

Sin embargo, la propietaria de la parcela y promotora de la edificación ilegal manifestó en las declaraciones previas, que fue ejecutando la obra siguiendo los dictados que recibía en cada momento del Ayuntamiento a través de la persona del Alcalde. La obra se empezó a ejecutar en el año 2002. Que adquirió la parcela con el propósito de ejecutar el proyecto que ya tenía. Que desconocía que la parcela no reunía las condiciones para poder edificar, que en cada momento quien le asesoraba sobre la forma en que se debía llevar a cabo el proyecto de edificación, a través del Alcalde que fue el que le dijo que tenía que cursar la solicitud de dicho proyecto por escrito para que se pudiera personar por el pleno. Que el colegio de arquitectos había visado el proyecto en rojo. Manifiesta que ejecutó la obra porque le dio permiso para ello el Ayuntamiento, a través del Alcalde como portavoz.

Según la acusación del proceso judicial, el Alcalde con ánimo falsario y claro abuso de poder permite la excavación de una zona de interés arqueológico con la destrucción de importantes restos históricos, y hacer la vista gorda a la construcción de una vivienda unifamiliar y restaurante en el entorno protegido de la Torre de los Moros.

Esta Asociación también responsabiliza a los propietarios del terreno, que sin ningún tipo de licencia realizaron una gran obra en terreno no urbanizable protegido tanto desde el punto de vista medioambiental como arqueológico, incumpliendo así la Ley de suelo y la Ley de Patrimonio Histórico. Considera que las denuncias y advertencias de esta Asociación mientras todavía estaban en la excavación de la edificación, deberían haber sido suficientes para paralizar una obra que estaba afectando gravemente a restos arqueológicos de gran importancia.

La mala gestión que ha realizado el Alcalde de Alguazas en temas urbanísticos, la denotada pasividad y la permisividad mostrada ante la proliferación de edificaciones ilegales en su municipio, están alterando gravemente su valor paisajístico, artístico, histórico, cultural y natural del entrono protegido del monumento Torre de los Moros, denuncian desde Entrecauces.

Juicio Oral
El Ministerio Fiscal ha calificado los hechos como constitutivos de un delito contra la ordenación del territorio del artículo 319-1º y 3º del código penal, y un delito de prevaricación urbanística del artículo 320-1º en relación con los artículos 319 y 404 del código penal. Se estima responsable de los mismos como autora del delito contra la ordenación del territorio la acusada Consuelo, y como autor del delito de prevaricación el acusado José Antonio. Y procede imponer:

1º Por el delito contra la ordenación del territorio a Consuelo Arnaldos la pena de 15 meses de prisión, accesorias, multa de 15 meses con cuota diaria de 12 €, inhabilitación especial para la profesión u oficio de promotor y constructor por tiempo de 18 meses, y costas, debiéndose proceder a la demolición de la obra.

2º. Por el delito de prevaricación a José Antonio Fernández, la pena de 1 año de prisión, accesorias, inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 8 años, y costas.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 319-3º se interesa que se ordene la demolición de la obra realizada a cargo de Consuelo Arnaldos, con responsabilidad subsidiaria del ayuntamiento de Alguazas.

Por otra parte, la acusación particular, representada por el letrado José Antonio García en nombre de la Asociación para la Conservación del Patrimonio Cultural de la Vega Media, califica los hechos como un delito de contra la ordenación del territorio y contra el patrimonio, así como un acto de prevaricación del alcalde de Alguazas, y apoya la decisión del Fiscal.


* Vegamedia Press - 10.3.12
Foto: Alguazas (Murcia), torre de los Moros - vegamediapress.es

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Llanes, sin licencia para construir

LNE/Asturias* : Los gobiernos de Llanes (PSOE) y Asturias (Foro) se han enfrascado en los últimos días en un agrio enfrentamiento a cuenta de la concesión de licencias urbanísticas en el municipio. Los dirigentes locales acusan a los regionales de bloquear la concesión de 44 permisos urbanísticos. Y los mandatarios del Principado niegan la acusación, señalan como culpable de la situación urbanística del concejo a los dirigentes socialistas y afirman que una arquitecta de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA) se ve obligada a dedicar el 80 por ciento de su jornada a resolver asuntos llaniscos.
La inusual situación jurídica del concejo de Llanes, sin normativa urbanística municipal tras la anulación de las tres anteriores por los tribunales de justicia, ha provocado una situación inédita, en la que es la Administración regional la que otorga la mayoría de los permisos de construcción.

Esta especial situación del urbanismo local llevó hace un año al Ayuntamiento a solicitar a la CUOTA un informe que aclarara a qué organismo compete la expedición de las distintas licencias urbanísticas y en qué condiciones han de otorgarse en Llanes. El informe aclara que el Ayuntamiento sólo tiene en sus manos la concesión de licencias por obras menores y, con condiciones, las referidas a los que puedan ser considerados como suelos urbanos, mientras que a Urbanismo le compete otorgar o informar todas las demás.

El informe de la CUOTA deja claro, en primer lugar, que las únicas normativas urbanísticas municipales que podrían haber entrado en vigor tras la anulación de las tres últimas (la legislación establece que si se anula un planeamiento entra en vigor el que hubiera estado en vigor anteriormente) son el plan de extensión de Llanes de 1970 y el proyecto de delimitación de los núcleos de población del concejo de 1978. Ocurre que ambos documentos fueron desechados en 1986 por obsoletos por el Gobierno del Principado. Y si eran obsoletos hace 26 años, su aplicación en la actualidad resultaría del todo imposible. Además, la CUOTA reconoce que se trataría de instrumentos normativos no adaptados a las directrices estatales y autonómicas vigentes.

Desechada esa alternativa para la concesión de licencias en Llanes, la CUOTA estudió otras dos: la primera, el dictado de unas normas provisionales por parte de la Consejería o la formulación de un plan general por parte del Consejo de Gobierno; y la segunda, utilizar las normas regionales de aplicación directa previstas para los municipios sin planeamiento municipal. La CUOTA se decidió por esta última, al considerar que el Ayuntamiento de Llanes ya estaba redactando un nuevo Plan General. La CUOTA abordó a continuación el estudio de las diferentes categorías de suelo para determinar a qué organismo y en qué condiciones corresponden las concesiones.

Suelos urbanos. El informe deja claro que el Ayuntamiento de Llanes puede otorgar directamente aquellas licencias que afecten a suelos urbanos, que son aquellos situados necesariamente dentro de una «malla urbana» y «ya transformados, por contar con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica». Quedan excluidos explícitamente de esta categoría todos los suelos situados dentro de los núcleos rurales. Pero hay aún más condiciones; entre ellas, que como norma general no puede edificarse con una altura superior a tres plantas medidas en cada punto del terreno, y que sólo cuando se trate de solares enclavados en núcleos o manzanas edificados en más de dos terceras partes, el Ayuntamiento de Llanes podrá autorizar alturas que alcancen la media de los edificios ya construidos.

Suelo urbanizable. El informe de la CUOTA deja bien claro que este tipo de suelo, que es el que más superficie edificatoria ha generado en los últimos veinticinco años, no existirá en Llanes hasta que se apruebe un nuevo Plan General, algo que el Ayuntamiento estima que sucederá en diciembre de 2013.

Núcleos rurales. Dado que en Asturias los suelos en los que se enclavan los núcleos rurales están considerados no urbanizables, la concesión de licencias requiere necesariamente un informe del Ayuntamiento y una autorización previa para cualquier uso edificatorio de la CUOTA, que analiza caso por caso si la parcela afectada constituye núcleo rural. Pero hay un problema añadido: la ausencia de planeamiento municipal hace que ni siquiera exista en Llanes una delimitación de los núcleos rurales del concejo, lo que obliga a recurrir a la normativa regional. El informe de la CUOTA incluye un largo anexo referido exclusivamente a los núcleos rurales, que se dividen en tres grupos: denso, medio y disperso -en función del número mínimo de viviendas agrupadas, su densidad y la separación entre las edificaciones-. También analiza las condiciones concretas para delimitar los perímetros de los pueblos y para otorgar licencias, en función de aspectos tan concretos como las condiciones de emplazamiento de las edificaciones, las alturas, las tipologías y los retranqueos y hasta las condiciones estéticas.

Suelos no urbanizables. En los suelos no urbanizables de interés y de especial protección, en principio, sólo caben edificaciones vinculadas a los usos agrarios o ganaderos y aquellos de utilidad pública o interés social, todo ello previamente informado por la CUOTA. En el suelo no urbanizable de Costas delimitado por el Plan de Ordenación del Litoral de Asturias (POLA) se aplicará la regulación regional, que establece zonas de protección de hasta 500 metros medidos desde la ribera del mar.


* LNE - Ramón DÍAZ - 13.3.12
Foto: Llanes (Asturias), vista general - elcomercio

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Un juez investiga al alcalde de Benidorm por la licencia a las torres de Punta Llisera

ELPAÍS/Alicante* : Los dos bloques están levantados en primera línea de la playa de Levante.
La titular del Juzgado de Instrucción nº2 de Benidorm ha decidido investigar la concesión de la licencia de ocupación de las torres gemelas de Punta Llisera, Edificio Gemelos 28, que concedió el alcalde de la ciudad, Agustín Navarro, del PSPV, el 9 de junio de 2011. Posteriormente, el concejal de Urbanismo, Juan Ángel Ferrer, firmó las cédulas de ocupación el 18 de julio, también mediante un decreto, para que las dos torres del constructor Andrés Ballester pudieran ser ocupadas por los compradores.
La investigación judicial es consecuencia de una querella presentada por un particular, que estima que hay un exceso de volumetría con el incremento de la altura de la planta de cada piso, que pasó de 2,70 a 3,33 metros, y de las plantas bajas, al pasar de 3 a 3,80 metros de altura.

Además, el denunciante considera que los edificios no tienen relación con el proyecto al que se le otorgó licencia en 2006 y que de un volumen de 26.566,83 metros, según el proyecto modificado y de ejecución de 1996, se pasó a la ausencia de referencia a este aspecto 10 años después, lo que habría incrementado, siempre según la denuncia, 6.500 metros el volumen total, es decir, un 23%, en las obras que comenzaron a ejecutarse en 2008. Sin embargo, un informe técnico que sirvió para rechazar el recurso de reposición del particular avaló que en las torres denunciadas todavía se podían construir seis apartamentos más en los 286 metros de edificabilidad pendientes.

La juez dio el pasado viernes 10 días al alcalde y tres técnicos municipales para que presenten alegaciones a la querella que presentó Emilio Ramírez, que es por prevaricación contra Navarro y por ese mismo supuesto delito y falsedad documental contra un arquitecto y dos arquitectos técnicos. En función de los informes que remita el Consistorio, encargados a un abogado externo, la magistrado decidirá si cita a declarar como imputados al regidor y los técnicos.

El solar de las torres Gemelos 28 estuvo en el punto de mira del anterior Gobierno socialista, que pretendió su expropiación porque invade el dominio público marítimo terrestre. La licencia de obras es legal, aunque data de 1998, el mismo año que entró en vigor la actual Ley de Costas, pero Cristina Narbona pretendió expropiar el suelo para convertirlo en público. Cuando la exministra de Medio Ambiente se dio cuenta de que la indemnización a los propietarios podía superar los 50 millones de euros, desistió de continuar con el procedimiento.


* El País - ARTUR BALAGUER Benidorm 12 MAR 2012
Foto: Las torres de Punta LLisera durante su construcción. / ROSA FUSTER

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¿Las Vegas o el delta?

JOAN SUBIRATS* : Estamos en momentos difíciles. Y no sabemos muy bien dónde buscar salidas. En ocasiones como estas, conviene tomar decisiones meditadas, ya que, de lo contrario, las consecuencias pueden ser irreversibles. Y deberíamos, asimismo, evitar grandilocuencias, buscando, humildemente, integrar lo que podemos hacer con lo que debemos hacer. Lo de Eurovegas es de una irresponsabilidad tal que me resulta complicado encontrar calificativos adecuados. ¿Qué concepción de progreso y de bienestar se esconde en la gran oportunidad que nos ofrece el multimillonario norteamericano? ¿Se puede ir por ahí vendiendo al mejor postor el único gran espacio no urbanizado de la conurbación de Barcelona? ¿Piensan realmente que ese gran espacio del Baix Llobregat es simplemente un solar vacío y no una compleja estructura ambiental, acuífera y rural de valor incalculable precisamente por su emplazamiento? ¿Tan desesperados estamos como para afirmar (consejero Mena) que el modelo de Cataluña es Florida y proponer parques de ocio y turismo a quien quiera invertir en ellos? No pararía de hacer preguntas, y apuesto a que las respuestas tendrían en la crisis y en el paro que la acompaña, las grandes coartadas que lo permiten casi todo.

Llega a ser incluso sospechoso el entusiasmo con el que la Generalitat se ha metido con armas y bagajes en ese espinoso tema. Las máximas autoridades del país movilizadas para lograr que la prometida inversión multimillonaria nos saque de donde estamos. Algunos medios de comunicación activados como nunca, presentando las virtudes del maná que promete Adelson. De ello saben mucho, aparte de Las Vegas, Singapur y Macao, donde el magnate ha creado megacentros similares a los que ansía ver instalados aquí el Gobierno catalán. ¿Es comparable el desierto de Nevada, el enclave de Macao o la ciudad-estado de Singapur con el Baix Llobregat? ¿Es ese el modelo de crecimiento al que estamos abocados? ¿No tenemos otras opciones? Si uno mira el informe del Departamento de Economía y Conocimiento, Bases per un nou acord estratègic 2012-2015 i una estrategia Catalunya 2020, presentado hace menos de cinco meses (http://www.acordestrategic.cat/doc/doc_25945683_1.pdf), no parece que la coherencia entre esa estrategia y el proyecto Eurovegas y similares sea muy alta. Tampoco parece muy concordante la música que propone que toquemos Adelson con la que se propone en la Diagnosi per a l'estrategia catalana per a l’ocupació 2012-2022 (http://bit.ly/xDoPFE), que presentó el Departamento de Ocupación y Empresa hace meses.

En esos documentos oficiales, se habla mucho de economía verde, de la vinculación entre empleo y formación. Se insiste en no cegarse con las cifras, sino en buscar perspectivas de futuro social, ambiental y económicamente compatibles, y de vincular competitividad con cohesión social y sostenibilidad. ¿Qué ha hecho que ahora vinculemos todo ello con hoteles, parques de ocio, casinos y todo lo que ello conlleva de degradación? ¿Qué explica que la información disponible sea tan escasa? ¿Por qué los responsables institucionales del territorio implicado están totalmente ausentes de los espacios de negociación? ¿No tiene nada que decir Xavier Trias y su modelo de smart city o de renaturalización urbana al respecto? ¿No debería poder intervenir un alcalde como Luis Tejedor de El Prat que ha logrado consolidar un modelo de ciudad que combina notablemente bien grandes infraestructuras con espacios rurales, paisajísticos y ambientales de gran valor para la resiliencia social y urbana a dos pasos de la gran ciudad? Si todo es tan fantástico, ¿qué se oculta? ¿Se discute sobre temas que conviene no airear?

La vía de la sostenibilidad social y ambiental no pasa por Eurovegas. Decía al principio de estas notas que nos conviene más que nunca tratar de combinar lo que debemos hacer con lo que podemos hacer. Los que tienen las capacidades legales para ello pueden decidir que una inversión como la que ofrece Adelson es imposible de rechazar en momentos como los que estamos. Pero, tenemos derecho a discutir si es precisamente eso lo que “debemos” hacer. Esperemos que la cordura se imponga y no tomemos decisiones precipitadas que luego resultan irreversibles, tanto ambiental como socialmente.

* Joan Subirats es catedrático de Ciencia Política de la UAB.

* El País - Opinión - 10.3.12

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