Valencia.- Cotino ordenó pagar 16 millones a Emarsa tras acordarlo cuatro implicados

ELPAÍS* : El consejero de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda ordenó en mayo de 2010, en su condición de presidente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), que se abonase 16,3 millones de euros a Emarsa, la empresa que gestionaba la depuradora de Pinedo. El consejero era entonces Juan Cotino, hoy presidente de las Cortes Valencianas. La cifra, exactamente igual a la que se pagó en 2009, fue establecida en una reunión celebrada en febrero por la comisión de seguimiento del convenio entre la Epsar y la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi), de la que Emarsa era una sociedad instrumental. En otras palabras, Cotino autorizó que un organismo de la Generalitat pagara a la empresa de depuración de aguas del área metropolitana de Valencia 16,3 millones para el tratamiento y aplicación agrícola de los lodos.
En la reunión de la comisión que estableció la cifra, además de un técnico del departamento de explotaciones de la Epsar, participaron José Juan Morenilla e Ignacio Bernácer, gerente y jefe del departamento de explotación de la entidad de saneamiento dependiente de la Generalitat, respectivamente; Enrique Crespo, como presidente de la Emshi, y Esteban Cuesta, como gerente de Emarsa. Crespo y Cuesta son los principales imputados del caso Emarsa, en el que el juez Vicente Ríos investiga un fraude de más de 25 millones de euros, mientras que de Morenilla y Bernácer ha pedido su imputación la fiscalía.

Los socialistas revelaron este martes el documento firmado por Cotino para resaltar gráficamente su responsabilidad política en el caso. Hoy se reúne la comisión de investigación de Emarsa en las Cortes Valencianas para acordar las solicitudes de comparecencia y, mientras los grupos de la oposición piden que acudan Cotino, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y varios de sus concejales, así como una buena parte de los imputados, el PP limita a siete las comparecencias, con Morenilla como único nombre de los implicados en el caso.

Pero los socialistas no se limitaron a reforzar su presión sobre el alcance político del escándalo de Emarsa, sino que calificaron de “falso e ilegal” el acuerdo adoptado por la comisión de seguimiento, en la que era su décima reunión, de acuerdo con el acta, desde que se suscribió el convenio en 2004. La diputada Carmen Martínez, portavoz del PSPV-PSOE en la comisión de investigación, señaló que Cotino asegura expresamente en su resolución que la comisión de seguimiento “estaba formada por los miembros requeridos en el convenio” para darle validez al cálculo de lo que debía pagar la Epsar a la depuradora de Pinedo. Sin embargo, añadió Martínez, “es mentira, porque no estaban todos los miembros, como demuestra el acta de la reunión a la que hemos tenido acceso”. Se refería a que no estaba en la reunión de la comisión un técnico de la Emshi, como se preveía en el convenio para considerar válidos los acuerdos.

La diputada socialista recordó que dos de las personas de la comisión de seguimiento, Crespo y Cuesta, “están imputadas por nueve delitos de corrupción y contra la hacienda pública, y las otras dos han sido acusadas ante el juez por varios dirigentes de Emarsa de diseñar estos convenios para defraudar y repartirse mensualmente 180.000 euros en comisiones ilegales por el tratamiento de lodos”.

Tras recordar que Morenilla, como gerente de la Epsar, que presidía Cotino, estaba “a sus órdenes directas”, Martínez reclamó que se incluya la comparecencia del actual presidente de la Cámara en la relación que hoy ha de aprobar la comisión parlamentaria de investigación del caso Emarsa.


* El País - ADOLF BELTRAN Valencia 13 MAR 2012
Foto: Valencia, sede Les_Corts - wikipedia.org

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'Malaya'.- El último alcalde del GIL pone a los técnicos bajo el foco

MÁLAGAHOY* : Tomás Reñones estaba fuera de juego en la Marbella del GIL. El que fuera lateral derecho y central del Atlético de Madrid hasta su entrada en política de la mano de Jesús Gil, afirmó ayer ante el tribunal que le juzga por corrupción que él se limitaba a gestionar el deporte municipal y que la comisión de gobierno a la que él pertenecía no decidía las cuestiones urbanísticas. Simplemente asistía a la exposición que hacían los técnicos comunicando si contaban o no con su visto bueno. "Yo entendía de deportes, no de urbanismo", resumió.
Reñones entró en política en 1999 y en abril de 2006, al ser detenida Marisol Yagüe y gran parte de su equipo de gobierno, fue alcalde de Marbella hasta que en junio de ese año el juez del caso Malaya ordenó su arresto e ingreso en prisión, acusado de participar en la corrupción político urbanística de Marbella.

La estrategia defensiva que desplegó ayer sigue en líneas generales la mantenida por la exalcaldesa y concejales que han declarado hasta ahora: las decisiones urbanísticas respondían a los criterios técnicos. Sin embargo, el último alcalde del GIL fue un paso más allá al poner bajo el foco a Raquel Escobar, abogada del área de Urbanismo en aquellas fechas.

Su declaración resultó significativa cuando relató que los concejales asistían sin votar nada a la lectura de dictámenes jurídicos que hacía Escobar. En definitiva, que eran los técnicos los que dirigían el urbanismo de Marbella en los tiempos del GIL. Y aunque no lo dijo expresamente, de esta afirmación se deduce que si alguien debe estar sentado en el banquillo para responder por aquella política urbanística tienen que ser los técnicos.

Esta insinuación es venenosa porque Raquel Escobar figura entre los testigos más relevantes que tiene la Fiscalía Anticorrupción para apoyar los cargos contra Juan Antonio Roca y los concejales del GIL procesados en el caso Malaya.

Hasta ahora las defensas de los acusados se habían dejado caer su extrañeza porque no estuviera entre los acusados ni la asesora jurídica de Urbanismo ni la de Planeamiento, María Castañón. La novedad reside ahora en afirmar que ellas eran las primeras y últimas responsables del urbanismo del GIL.

Tomás Reñones está acusado de prevaricación, malversación y cohecho, por los que la Fiscalía Anticorrupción le pide 15 años de cárcel y 200.000 euros de multa, por su participación en dos permutas de bienes municipales que el Ministerio Público entiende perjudiciales para Marbella y el presumible cobro de 162.000 euros en sobornos. Él, sin embargo, negó haber recibido dinero de Juan Antonio Roca. Simplemente aludió a que la moción de censura surgió porque Jesús Gil "cansado de la política" entregó" el GIL a la Junta de Andalucía para que "arreglara los problemas de Marbella".

Ayer también comenzó a declarar el concejal Vicente Manciles, edil de la última corporación gilista de Marbella que igualmente negó haber recibido sobornos, a pesar de que Juan Antonio Roca confesó en su declaración de noviembre del año pasado que hacía aportaciones a los concejales para que se mantuvieran unidos y no rompieran el equipo de gobierno.


* Málaga Hoy - ENCARNA MALDONADO - 13.3.12
Foto: Marbella, imputados Muñoz, Roca, Yagüe y Reñones - 20minutos.es

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El fiscal pide ocho años de inhabilitación al exconcejal de Urbanismo de Granada

ELPAÍS* : La Fiscalía de Granada ha solicitado ocho años de inhabilitación para Luis Gerardo García Royo (PP), que fue concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Granada en el primer mandato de José Torres Hurtado, y otras siete personas más. Entre ellas, el exgerente de Urbanismo, técnicos municipales y conocidos empresarios de la ciudad como José Julián Romero y Manuel José Rodríguez Acosta. Les atribuye la posible comisión de un delito de prevaricación en una operación urbanística en el Cerrillo de Maracena donde incluyeron terrenos de Fomento y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) sin dar conocimiento a la Administración central.
Los hechos se remontan a 2005. García Royo ya era concejal de Urbanismo y modificó unas negociaciones que se habían iniciado años atrás para el desarrollo urbanístico del Cerrillo de Maracena, donde estaba previsto construir el Palacio de Hielo.

Según el fiscal, con “la finalidad de obtener cuantiosos ingresos para las arcas municipales” y con la “aquiescencia” de las empresas propietarias mayoritarias de los terrenos interesados en el desarrollo comercial de la zona modificó el criterio de los “excesos de aprovechamiento”. Las empresas también obtendrían beneficio al aumentar la edificabilidad de los terrenos.

Se firmó un acuerdo de aprobación inicial de convenio que se presentó en el Ayuntamiento y en el que los propietarios mayoritarios manifestaban su voluntad de “adquirir los excesos de titularidad municipal” de terrenos situados en el sector a desarrollar. La Junta de Gobierno Local lo aprobó en 2006, fecha en la que se constituyó la Junta de Compensación sin convocar ni avisar al Ministerio de Fomento ni a la CHG, que tenían terrenos en ese plan parcial. Los responsables “omitieron” cualquier notificación a las administraciones estatales y en 2007 se aprobó definitivamente el proyecto, con informes favorables de los técnicos municipales.

El resultado de esta operación es que se incluyeron terrenos que no eran del Ayuntamiento y por los que, sin embargo, este cobraba a las empresas que vieron cómo a cambio aumentaría de forma irregular la edificabilidad en las parcelas, según el escrito del ministerio público. En concreto, el convenio afectó a dos parcelas de Fomento, de 4.532,36 y 423,84 metros cuadrados; a otra de la CHG, de 20.484; así como a dos parcelas rotacionales destinadas a viales de 4.503 y 3.554 metros cuadrados. En total, 33.497,20 metros a los que hay que unir otros 8.873 de titularidad discutida que se incluyeron en el proyecto de reparcelación.

El fiscal indica que el incremento de aprovechamiento supuso un beneficio para el Ayuntamiento y los promotores y por ello solicita, además de la inhabilitación por prevaricación como autores o coautores, la nulidad del plan parcial, del convenio urbanístico y de todo el proyecto de reparcelación.


* El País - VALME CORTÉS Granada 13 MAR 2012
Foto: Granada, ayuntamiento - picasaweb.google.com

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Barcelona.- El juez embarga las propiedades y las cuentas de Millet y Montull

ELPAÍS* : El juez que investiga el saqueo del Palau de la Música, Josep Maria Pijoan, ha decretado el embargo de los bienes de los saqueadores confesos de la institución musical, Fèlix Millet y Jordi Montull; de la hija de este, Gemma Montull, y de las esposas de ambos. Se trata, sobre todo, de cuentas corrientes y propiedades inmobiliarias que deben servir para cubrir los 24 millones de euros de fianza impuestos hace casi un año a Millet y a Montull. Entre los bienes figuran dos cuadros —Figura de dona, de Isidre Nonell, y Retrat de la nena Sardà, de Ramon Casas— porpiedad de Millet, que el juez ordena depositar en el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC).
Hasta la fecha, los imputados no han hecho efectiva la totalidad de la fianza por el saqueo del Palau. Millet es el que más ha aportado (más de cuatro millones de euros), mientras que quien fue su mano derecha ha consignado menos de un millón.

Los imputados sí habían puesto a disposición del juzgado algunos de los bienes. El pasado mes de enero, los Mossos d’Esquadra presentaron a petición de Pijoan un informe detallado de los inmuebles y productos financieros de todos los imputados. En base a esa nueva lista, el juez ha decretado el embargo. Según fuentes de la investigación, la totalidad de bienes pueden ser insuficientes para cubrir la fianza. Una opinión de la que discrepan fuentes de la defensa de los implicados en el escándalo.

El informe de la policía autonómica detalla las propiedades declaradas por Fèlix Millet en 2010: más de 50 bienes inmuebles repartidos entre Cataluña y Menorca (1,6 millones); acciones y fondos de inversión (2,2 millones) y depósitos en cuentas corrientes (alrededor de 250.000 euros). Millet también dispone de otras propiedades a través de empresas, a lo que hay que sumar ahora, con la decisión del juez, la fortuna de su mujer.

Las pinturas de Casas y Nonell quedarán a resguardo del MNAC, que tras la entrada y registro en el Palau, en el verano de 2009, ya había mostrado su intención de comprarlas e incluso se habían producido reuniones para confirmar la autenticidad de las pinturas y tasarlas. Finalmente, la operación no se llevó a cabo, señalaron fuentes cercanas a la investigación. El embargo afecta también a vehículos, barcos y muebles. Además figuran también los derechos de un palco y dos asientos del Liceo, confirmaron ayer fuentes judiciales. Una de las cuentas corrientes embargadas que figura a nombre de Gemma Montull corresponde, en realidad, a un menor de edad, por lo que la defensa pedirá que se revise la situación.

“Las responsabilidades civiles están garantizadas en este caso. Solo contando el patrimonio, ya hay de sobras para cubrir la fianza”, explicaron fuentes de la defensa. Según el abogado de Montull, Jordi Pina, los 24 millones impuestos como fianza son “excesivos”. “Nuestros peritos están trabajando con una horquilla mucho más correcta, entre 10 y 16 millones”, apuntó.


* El País - JESÚS GARCÍA Barcelona 12 MAR 2012
Foto: Barcelona, interior Palau_Musica - eldebat.cat

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