Orihuela y las consecuencias del ´urbanismo salvaje´

INFORMACIÓN/Alicante* : Las inundaciones que padece Orihuela Costa cada vez que llueve con intensidad son consecuencia del "urbanismo salvaje" que se ha permitido durante años en el litoral, de obras recepcionadas con infraestructuras deficientes o de la falta de planificación global. Así lo entiende el edil de Urbanismo, Antonio Zapata, mientras que la de Planificación, Antonia Moreno, cree que es imposible revertir la situación generada durante años.
El edil enumeró ayer una serie de problemas que salen ahora a la superficie, como la "falta de previsión en la ejecución de las infraestructuras, mala o nula recepción de las obras de urbanización o recepción de infraestructuras mal ejecutadas sin exigir la subsanación de las deficiencias... Eso y que los planes parciales no han sido ejecutados o vistos en conjunto, no ha habido una visión global y por ello no están bien interconectados".

A todo eso se suman "barbaridades urbanísticas", dijo el edil, como "sistemas de evacuación y pluviales insuficientes por capacidad y número, construcciones con fondos de saco, en barrancos, murallas en la vertiente de caída hacia las playas, murallas arquitectónicas...". La retahíla se eterniza y ejemplos hay para aburrir. Al final, si el agua encuentran los barrancos ocupados con casas o muros, hace el camino hacia el mar por las calles arrasando lo que encuentra y anegando bajos.

Intervención
Las deficiencias en la evacuación de pluviales o la red de alcantarillado son imposibles de resolver ahora, pero sí hay intervenciones paliativas, como la prevista para renovar la bóveda de Campoamor, una gran tubería a la que llegan ramales del resto del territorio a modo de afluentes para que desagüe, tal y como señala Zapata.

Esa es, precisamente, una de las pocas si no la única gran inversión que tiene prevista el equipo de gobierno este año. Costará un millón de euros y la acometerá "Aquagest", con un fondo para reparaciones que se nutre de un aumento del 7,5% de media en los recibos del agua de todos los ciudadanos del municipio.


* Información - 22.3.12
Foto: Orihuela - turismo

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Santa Cruz.- La Fiscalía investiga una presunta falsificación del Plan General

LAOPINIÓN/Tenerife* : Una nueva piedra ha aparecido en el camino para la aprobación del Plan General de Ordenación (PGO) del municipio de Santa Cruz. La Fiscalía de la Audiencia Provincial ha aceptado investigar una posible falsificación de este documento durante el pasado mandato. Se trata de la respuesta a una denuncia presentada por el abogado de la Plataforma en contra del PGO, Felipe Campos, hace más de dos años, en la que se acusaba al grupo de gobierno de modificar y alterar el Plan que se había entregado a los partidos de la oposición.

El propio concejal de Urbanismo, el socialista José Ángel Martín, que cuando se presentó la denuncia estaba en la oposición, recuerda que el documento que se entregó a los grupos políticos del Ayuntamiento hace dos años no correspondía al que después se llevó a la Cotmac (Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias).

De todas formas, Martín, que ahora se encuentra en una posición bien distinta, indica que no cree que esta denuncia, cuya tramitación ha sido aceptada dos años después por la Fiscalía de Medio Ambiente, suponga un obstáculo a la aprobación del Plan General.

Según explicó Felipe Campos, el documento cerrado del PGO que se entregó el 23 de diciembre de 2009 para aprobarlo en pleno fue modificado y contaba con dos megas más que el anterior. Campos indica que "es evidente que en principio la responsabilidad recae en el secretario del Ayuntamiento, Luis Prieto, porque es él el que debe ratificar la autenticidad del expediente", aunque añade que finalmente será la Justicia la que determine quiénes han sido los responsables.

El 22 de diciembre de 2009, el secretario municipal convocó el pleno para aprobar el PGO. Hasta esa fecha ningún partido de la oposición disponían del documento, ni del expediente administrativo. En aquel momento, Ciudadanos de Santa Cruz pidió la nulidad de la sesión plenaria porque la oposición no tenía el expediente y, sobre todo, no disponía de un Plan General del cual el secretario diera fe de que ese documento era así, según explicó en aquel entonces el abogado. Según este, el consejo surtió efecto y conscientes de que había causa de nulidad, el grupo de gobierno suspendió la convocatoria y convocó un pleno con carácter de urgencia para el día siguiente.

Felipe Campos aseguró que el pleno previsto no se suspendió por un aviso de bomba, que se dio en aquella convocatoria accidentada, sino porque el secretario no asumió la responsabilidad y entendió que concurría en causa de nulidad porque la oposición no disponía del expediente administrativo ni del PGO, sino solamente de la copia entregada por la exconcejal de Urbanismo, Luz Reverón, a uno de los partidos en un pendrive.

El 29 de diciembre se suspende el pleno y se convoca para el 4 de enero de 2010. Tampoco en dicha fecha se certificó que ese PGO era el definitivo. Según Campos, esto confirmaba que el documento que se entregó el día 23 de diciembre, un texto cerrado con el que se convoca un pleno para su aprobación, no coincide con el entregado después, "porque ha sido modificado y tiene dos megas más". Felipe Campos advirtió entonces que el primer documento ya estaba en la Fiscalía Anticorrupción y que también se entregaría el nuevo documento manipulado.

El abogado indicó hace dos años, cuando se presentó la denuncia, se ponía de relieve con esta manera de actuar "tan chapucera" del equipo de gobierno el gran nerviosismo existente y las enormes prisas por aprobar este PGO. "Sobre todo había miedo a que esa limitación de propiedad de miles y miles de vecinos, el fuera de ordenación, pudiera llegar al conocimiento de los afectados y pudieran reaccionar de forma activa e impedir la aprobación del Plan General", añadió el abogado.

Ayer, Felipe Campos comentó que "por lo menos hubo tres versiones del PGO". Según indicó el letrado, el secretario "no cumplió con su obligación de ratificar la autenticidad de estas diferentes versiones del documento, que fueron llevadas a pleno y entregadas a los partidos políticos". En ninguno de los casos aparecía la firma de Luis Prieto, manifestó Campos.

En el tercer intento de aprobar el Plan General, hace una año, ya estaba la firma del secretario. La Cotmac pidió que se realizasen 45 rectificaciones y para firmar el pacto entre CC y PSC en la capital, los socialistas exigieron suspender la aprobación del Plan para resolver el fuera de ordenación.

Los técnicos solicitan más tiempo

La reunión prevista para ayer lunes entre la Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz, los partidos de la oposición y representantes vecinales, en la que el Ayuntamiento comunicaría si finalmente la aprobación parcial del Plan General (PGO) se retrasa o se lleva al pleno del 30 de marzo, fue suspendida. La explicación facilitada por el equipo de gobierno, formado por CC y PSC, es que los técnicos municipales han solicitado más tiempo para poder informar debidamente a los partidos políticos. El encuentro, según el Consistorio de la capital chicharrera, se llevará a cabo a finales de esta semana.

El alcalde, José Manuel Bermúdez, el primer teniente de alcalde, Julio Pérez, y el concejal de Urbanismo, José Ángel Martín, anunciaron el lunes de la semana pasada que el Plan General se aprobaría de forma parcial en el pleno del 30 de marzo. La intención del Ayuntamiento es pedir a la Cotmac (Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias) seis meses más para buscar una solución a los sectores de suelo urbanizable en Montaña Fumero y Costa Cardón; a la Zona de Actividades Logísticas (ZAL); Las Teresitas y Las Huertas, así como las 1.500 edificaciones fuera de ordenación. Estos ámbitos quedarían pendientes, aunque el Consistorio asegura que se resolverán este mismo año.

El miércoles 14 de marzo, el edil de Urbanismo se reunió con la oposición y con la Plataforma en contra del PGO. Tras el encuentro, Martín anunció que Urbanismo estudiaría la posibilidad de retrasar dicha aprobación para llevar el Plan a un pleno extraordinario, tal y como lo solicitó Ciudadanos de Santa Cruz. Al día siguiente, el alcalde, José Manuel Bermúdez, sentenció que el documento se aprobaría el 30 de marzo, tal y como estaba previsto, y que solo se retrasaría si los técnicos necesitasen más tiempo. Ayer estaba previsto que se informase de la decisión final y definitiva.


* La Opinión Tenerife - ELOÍSA REVERÓN - 20.3.12
Foto: Reunión del pasado 1 de febrero entre el gobierno municipal y la oposición para abordar el PGO. andrés gutiérrez

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Andalucía.- Los conflictos con el medio ambiente

ELPAÍS* : La llegada al Gobierno de la nación del PP ha agudizado varios proyectos medioambientales que llevaban tiempo encallados en la comunidad. Hacemos un repaso a la agenda verde de los candidatos en estas Elecciones Andaluzas.
La polémica carretera de Doñana. La propuesta del Partido Popular de resucitar el proyecto de una carretera entre Huelva y Cádiz a través del parque nacional de Doñana ha provocado una enorme contestación social y una agria controversia política. La organización Ecologistas en Acción ha advertido que esta vía convertiría a Doñana en "un zoológico de grandes dimensiones" mientras que la Junta de Andalucía considera como "descabellado y especulativo" el proyecto.

Desde el PP se defiende que la carretera "no tocará ni un metro cuadrado de Doñana" y se convertirá en un revulsivo para el corredor turístico desde la Costa de la Luz hasta la Costa del Sol. El proyecto contempla un ahorro de 45 minutos de tiempo en el trayecto entre ambas ciudades, ya que se evitará pasar por Sevilla. Sin embargo, desde la Consejería de Medio Ambiente se rechaza de plano el trazado al entender que supondría la fragmentación del territorio de Doñana y su afección a especies emblemáticas y amenazadas de extinción como el lince ibérico y a ecosistemas frágiles seria más que evidente. Ni el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía ni el del entorno del ámbito de Doñana contemplan la conexión Huelva-Cádiz.

Modificación de la Ley de Costas y Algarrobico. Según el Observatorio de Sostenibilidad, desde 1997 a 2007 se perdieron, como consecuencia de la edificación masiva en el litoral, más de 10.000 hectáreas de suelo. El PP ha propuesto ahora modificar la Ley de Costas de 1988, una iniciativa que ha inquietado a la Junta de Andalucía y a otros políticos que lo ven como un retroceso histórico. Los populares defienden la modificación de consideración de bienes de dominio público marítimo terrestre en los 800 kilómetros de litoral andaluz para hacer compatible proteger las costas con el crecimiento económico y con los derechos de los propietarios en estas zonas. También considera prioritaria la modificación para garantizar la estabilidad de los chiringuitos, un sector que da empleo a 40.000 personas.

Pero el consejero de Medio Ambiente, Juan José Díaz Trillo, ha admitido su temor por la "tentación de devaluar" ese espacio por parte del Ejecutivo central. La Junta cree más necesario empezar a dar salida a las numerosas viviendas vacías que tiene el litoral en la costa andaluza antes que "abundar todavía más en la construcción en lugares de riesgo". Desde Izquierda Unida se apunta que el Gobierno "quiere dar una vuelta de tuerca para garantizar el uso privado del dominio público, poniendo por delante el interés privado al interés general y el bien público".

Y parece que la modificación de la Ley de Costas puede determinar también el futuro del controvertido hotel de El Algarrobico. De momento, el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha señalado que será más fácil ejecutar la sentencia de demolición si hay un cambio político el 25-M. El Algarrobico entra, pues, en campaña electoral en las vísperas de que el Tribunal Supremo decida sobre si cumple o no la actual legislación sobre Costas.

Un Guadalquivir de ida y vuelta. El pasado mes de octubre el Estado recuperó el 100% de las competencias y de los medios humanos y materiales sobre el Guadalquivir, el río andaluz por excelencia. La Junta, que venía asumiendo el control de la cuenca desde el 1 de enero de 2009, perdió las competencias al no encontrar las dos Administraciones una salida legal para que Andalucía pudiera asumir la gestión dentro del encaje de la sentencia del Tribunal Constitucional. Ahora, la vista está puesta en el artículo 150.2 de la Constitución y en la proposición de Ley Orgánica que Andalucía quiere que apruebe el nuevo Gobierno central del PP para que se deleguen, otra vez, todas las competencias de la cuenca.

Pendiente también del informe del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente se encuentra el proyecto del dragado sobre el estuario del Guadalquivir. Los informes que se han emitido hasta el momento, incluso los encargados por la propia Autoridad Portuaria de Sevilla, han resultado desfavorables al proyecto, al igual que la Consejería de Medio Ambiente o el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, organismo dependiente del propio Ministerio. Los regantes han advertido que el dragado se puede convertir en un grave obstáculo para todo el regadío del Guadalquivir y una amenaza para la supervivencia del arrozal.

El parón de las renovables. La decisión del Gobierno de la nación de paralizar las primas para las nuevas centrales de energías renovables ha dejado en el aire el futuro de numerosos proyectos en la comunidad. Al Gobierno andaluz le preocupa especialmente el impacto a la cohesión territorial, pues el decreto aprobado el pasado 27 de enero va a afectar a 127 pueblos andaluces que tenían comprometidas inversiones en 264 instalaciones de energías renovables con una inversión superior a los 14.700 millones y más de 51.000 empleos. Entre los sectores más perjudicados está el agrícola, que había apostado por las energías renovables para diversificar la rentabilidad de sus explotaciones. Desde la Junta se acusa al Ministerio de Industria, Energía y Turismo de "ceder a la presión de determinados lobbies con la justificación de reducir el déficit público".

El futuro de Las Aletas. En octubre de 2009, el Tribunal Supremo anuló el acuerdo de Consejo de Ministros para reservar 287 hectáreas de las marismas de Puerto Real (Cádiz) para construir el polígono industrial de Las Aletas, que iba a ser uno de los mayores de España. El Supremo, que estimó un recurso de la organización ecologista Adena, consideró que esa reserva de suelo incumplía la Ley de Costas. Un año y medio después las máquinas volvieron a Las Aletas después de que el consorcio presentara un nuevo plan urbanístico capaz de sacar adelante el proyecto para la construcción del tercer parque logístico y empresarial de Andalucía

Sin embargo, los nubarrones han vuelto a instalarse sobre Las Aletas, sobre todo después de conocerse un informe en el que la dirección general de Costas desaconseja el proyecto industrial. Mientras el Gobierno del PP inquieta sobre el futuro del polígono, los agentes sociales le urgen a acelerar un proyecto estratégico vital para el desarrollo económico y para el empleo de la Bahía de Cádiz y el conjunto de la provincia.


* El País - GINÉS DONAIRE Jaén 12 MAR 2012
Foto: Cerro de los ánsares, en el parque de Doñana. / GARCÍA CORDERO

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