Cantabria.- El Plan de Derribos sigue "adelante" en "todos y cada uno de los casos"

LAINFORMACIÓN* : El Gobierno de Cantabria sigue "adelante" con la ejecución del Plan de Derribos previsto "en todos y cada uno de los casos". Así lo ha afirmado este viernes el consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Javier Fernández, quien ha destacado que salvar todas las viviendas sería "lo ideal" para el Gobierno, a la vez que ha señalado que "hoy por hoy" el plan "sigue plenamente vigente".
El consejero ha hecho estas afirmaciones, a preguntas de la prensa, después de que la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) pidiera este jueves al presidente del Gobierno, Ignacio Diego, la legalización de todas las viviendas afectadas por sentencias de demolición.

Minutos antes de participar en la Mesa Sectorial de Vivienda, el consejero ha recordado que el Ejecutivo regional tiene "un plan" con el que cree que es "posible promover la legalización de un número importante" de viviendas afectadas.

En este sentido, ha señalado que el Gobierno está trabajando en esta línea, ya que "la mayor parte de los supuestos de legalización dependen de modificaciones de planteamiento" como son los casos de Arnuero, Argoños, Miengo, San Vicente de la Barquera y Escalante, para los que "se están haciendo las modificaciones de planteamiento necesarias que permitan la futura legalización", según ha dicho.

Sin embargo, Fernández ha manifestado que en el caso de Cerrias, al contrario que en otros, el Ejecutivo no ve "viable" la legalización en la situación actual, aunque tiene "la vista puesta" en una "posible" reforma de la Ley de Costas de cuyo resultado dependerá la situación de estas viviendas.

De hecho, ha explicado que precisamente este viernes se ha celebrado una reunión entre los afectados de Cerrias y técnicos de Costas para "buscar alguna alternativa técnica" que permita "propugnar y defender" una legalización de estas viviendas.

En posteriores declaraciones realizadas momentos antes de participar en la celebración conjunta del Día Meteorológico Mundial y del 125 aniversario de la Agencia Estatal de Meteorología, Fernández ha reconocido que la posibilidad de salvar todas las viviendas sería para el Gobierno regional "lo ideal", si bien ha señalado que "hoy por hoy" cree que el plan elaborado por el Ejecutivo "sigue plenamente vigente".

"Cuando hay alguna razón para fundamentar la legalizacion, la plantearemos pero mientras no la veamos no la podemos plantear", ha señalado.

"PUERTA ABIERTA" A REUNIONES

Sobre la petición de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) de crear una comisión de seguimiento, Fernández ha manifestado que el Ejecutivo tiene "la puerta abierta" para "mantener todas las reuniones que consideren necesarias" o para la creación de una comisión a través de la que "tener reuniones periódicas".

A este respecto, el consejero ha recordado que el plan del Ejecutivo ya indicaba que la Consejería informará a los órganos judiciales semestralmente de la situación, y ante los que Fernández propuso al presidente de AMA, Ciriaco García, mantener encuentros "previos" para mantener a los afectados "puntualmente" informados.

"A ese tipo de reuniones o comisiones estamos abiertos, como lo hemos estado siempre, y lo que hay que hacer ahora es llevarlo a la práctica", ha considerado el titular de Urbanismo.


* La Información - EP - 23.3.12
Foto: Cantabria, viviendas con sentencia derribo - EFEMM

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Indignados no, rabiosos

MIQUEL CASALS ROMA* : El poder aspira a perpetuarse y detesta los cambios. Forma parte de su propia naturaleza, es una cualidad intrínseca de los que mandan: no ceder ninguna de las prerrogativas de su status. Para seguir moviendo los hilos, las cosas deben continuar como están. Ante cualquier tentativa por transformar la sociedad, tradicionalmente el poder ha reaccionado con violencia. La historia ha sido testigo de múltiples represiones y revoluciones sanguinarias: 1789, 1830, 1848, 1917… Pero la brutalidad ha sido estigmatizada y ya no es un método tolerable. El poder no puede justificarse con la fuerza bruta y necesita otros procedimientos más refinados para conseguir su objetivo de perpetuación. Frente a los indignados, políticos y medios de comunicación han puesto en funcionamiento una alternativa más suave a la violencia. Es lo que me atrevo a llamar como dialogo unívoco. Me explico:
Hace aproximadamente un año, surgió el movimiento del 15-M por acción de las redes sociales e improvisadas convocatorias en plazas públicas. Este despliegue humano tuvo eco en los medios de comunicación, que le imprimieron connotaciones románticas, con guiños al 68. Algunos políticos, de los que se autollaman de izquierdas, expresaron afinidades con el movimiento (pero respetando las distancias).

Las reuniones fructificaron en una serie de reclamaciones, que se colgaron en las plazas o circularon por Internet. La mayoría de puntos tratados eran de índole político (eliminar el senado, suprimir las pensiones vitalicias que los políticos obtienen tras ocho años ocupando el cargo, un sistema electoral más abierto, eliminar las injerencias del gobierno en la justicia, mayor transparencia en la gestión pública), pero también había sociales (mantener el estado del bienestar), culturales (medios de comunicación verdaderamente abiertos que reflejen todos los puntos de vista) y económicas (una de muy importante: conocer el montante de dinero que los poderes públicos han entregado a los bancos y revelar cuál es la escandalosa diferencia entre el bajo tipo de interés con el que se les ha beneficiado y el más alto que sufren los Estados para cubrir su deuda soberana).

Si las multitudinarias reuniones del 15-M tuvieron eco en los medios de comunicación, no sucedió lo mismo con las cuestiones de fondo.

Un año más tarde, podemos afirmar que TODAS las peticiones de los indignados han caído en pozo vacío. El problema es grave, porque no es que se haya cambiado nada (que no se ha cambiado nada), es que ni tan siquiera los políticos han dado respuestas, ni tienen la intención de hacerlo. Ellos, que son servidores pagados por la población (y para ello viajan en mercedes o en primera clase), no han dedicado ni un segundo a estas peticiones. Quizás no seamos mayoría, pero merecemos, al menos, un mínimo de atención. ¡Alguien ha escuchado al presidente Mas, que tanto se enfureció cuando una muchedumbre le asedió en la puerta del Parlament, referirse de la pensión vitalicia que cobran? ¿Ha explicado el “dúo calvicie” (ministros economía y hacienda) cuanto dinero han entregado a los bancos, a qué tipo de interés y cuándo éstos lo devolverán? ¿Por qué no culpan a las entidades financieras de la crisis de la deuda soberana, cuando el principal motivo de que los Estados estén empeñados hasta las cejas es a causa del dinero que tuvieron que entregar a los bancos? ¿Hay alguna intención de eliminar el senado, una institución cuya única función es la de entorpecer el desarrollo legislativo? ¿Van a crear una estructura judicial verdaderamente independiente, cuando la envejecida Constitución permite que los políticos designen a los miembros del Constitucional o del CGPJ? Ellos no van a responder a ninguna de estas preguntas. No lo duden. No lo van hacer porque abordar estas cuestiones significaría afrontar cambios profundos. Ellos son el poder y su misión más importante es conservarlo. Bloquearán cualquier protesta y se escudarán tras un obsesivo mensaje: estamos en crisis y para enfrentarnos a ella hay que llevar a cabo recortes (amplios para el gobierno, menores para la oposición). Todo, absolutamente todo, se justifica dentro de las leyes del ciclo económico.

En ejercicio de un descarado cinismo dicen que comprenden los motivos, pero evitan cualquier comentario sobre los mismos. Esto es lo que llamo el modelo del diálogo unívoco: el dialogante A (indignados) pide reformas públicamente para profundizar en la democracia y en la justicia, mientras que el dialogante B (poder) dice que comprende pero no responde. Nunca había habido tantos periódicos y canales de TDT y nunca la versión de la realidad política había sido tan monótona e insulsa. Periodismo de anestesia. Los indignados, arrinconados como disidentes clandestinos, se enfrentan a un diálogo injusto, pues sus oponentes disponen de un apabullante despliegue de mass media. Ambas partes pretenden o aparentan conversar, se dirigen una a la otra, pero lo hacen de forma unívoca, sin feed-back, es como relacionarse con una pared. Una pared de políticos y entidades unidos por la misma argamasa: el dinero. Porque detrás del poder, no lo olviden, está el dinero. Este dinero que fluye por la economía como las sangre en nuestras venas y que siempre pasa por el mismo corazón: los bancos. Sindicatos, partidos políticos, empresas, medios de comunicación, todos van a morir al mismo destino: los préstamos bancarios. Nunca muerdas a la mano que te da de comer. Pero los indignados no tienen ninguna mano que les de de comer. Y lo que es aún más digno, la mayoría no la quieren. De lo que piden, puede resumirse en tres conceptos clave: democracia real, transparencia y justicia. Democracia real, porque la democracia sigue en crisis. Una verdadera democracia debería permitir el cambio, cuando éste sea necesario, con un gobierno abierto a las nuevas exigencias de la realidad y no obstinado en mantenerse a toda costa. Pero seguimos dirigidos por una institución arcaica, rígida y refractaria.

El poder pretende anestesiar el movimiento. Desalojan las plazas con la excusa de la suciedad, nos exigen que seamos pacíficos y a la mínima sueltan sus perros guardianes, sin ofrecer nada a cambio. Saben que el tiempo juega a su favor, es cuestión de esperar la llegada del analgésico más potente: el elixir del crecimiento económico, que reducirá el paro e insuflará de dinero nuestros bolsillos. Con el respaldo de esa gran mentira que son las estadísticas, podrán mantener su status.

Todo esto no sería posible sin la colaboración de una parte de la población: la que calla a cambio de futbol o chismorreo televisivo, que contempla el mundo desde el sofá, que vota cada cuatro años al candidato de la oposición para echar al que gobierna, que cree que marcar una equis cada cuatro años es ejercer la democracia, que piensa que los rabiosos indignados son una camarilla minoritaria de delincuentes, que compró tamiflu, que aplaudió a Bush cuando bombardeó Bagdad, que votó a Gil y a Camps. Esta parte flotante de la sociedad es la materia oscura de los físicos, aquellos que Delacroix olvidó mientras pintaba La libertad guiando al pueblo, en definitiva, un gigantesco agujero negro que engulle Historia.

Y el movimiento indignado, en una verdadera encrucijada, consciente de que ha expirado el plazo para dialogar. Sólo quedan dos caminos: sofá o cóctel. Resignación o rabia. El tercero, la justicia, ha sido sepultado una y otra vez, impunemente, por magistrados decrépitos elegidos a dedo. Con jueces vendidos queda completado el círculo del poder.

Las crisis implican cambios. El poder sólo tiene una forma de mantenerse intacto: modificándonos a nosotros. Su supervivencia pasa por reducir prestaciones sociales, derechos laborales, salarios de trabajadores públicos… Ellos mantendrán su status si nosotros lo perdemos.


* Miquel Casals Roma. Escritor y profesor de geografía y historia

* Rebelión - Opinión - 23-03-2012

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El Supremo reabre el caso de la infracción urbanística del hotel Atrium en La Vila

ELPAÍS/Alicante* : El Tribunal Supremo (TS) ha dado un giro inesperado a la mayor infracción urbanística de la Comunidad Valenciana, el hotel Atrium Beach de La Vila Joiosa, descubierta en 2003 tras dos accidentes laborales que costaron la vida a tres obreros. El siniestro destapó que el complejo rebasaba, según un cálculo del Consell, en 53.000 metros cuadrados la volumetría autorizada por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en esa zona del término, primera línea del mar.
El TS ha ordenado que el caso sea juzgado, revocando una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano que obvió entrar en el fondo del asunto porque apreció que el expediente sancionador al promotor, Hotel Luna, SA, había prescrito al serle comunicado 19 días después del plazo legal de vigencia de seis meses. El Tribunal Supremo cree que “la notificación realizada el 28.09.2004 debe entenderse válidamente practicada, pues permitió tener constancia de la recepción por el interesado o su representante”.

El TSJ evitó con su resolución que el Ayuntamiento de La Vila cobrara los 12.020.242,09 euros de sanción que le impuso el Consell al promotor en septiembre de 2004 por infracción urbanística grave. El entonces consejero de Urbanismo, Rafael Blasco, la calificó como “la mayor sanción urbanística impuesta nunca en España”.

La sentencia del TS ordena ahora “devolver las actuaciones a la Sala de instancia para que, con retroacción de las mismas al momento anterior al dictado de la sentencia”, dicte nueva sentencia resolviendo lo que proceda sobre “la sanción por infracción urbanística grave por construcción del hotel y galería comercial sin licencia”. El alto tribunal recuerda que todo ello requiere la interpretación y aplicación del derecho autonómico, en este caso la LRAU, que estaba en vigor cuando se tramitó el proyecto, “tanto para determinar si la licencia pudo obtenerse por silencio como para dilucidar si las obras ejecutadas son o no contrarias a las determinaciones del PGOU” de La Vila Joiosa.

Esta decisión es consecuencia del recurso de casación que interpusieron la Generalitat y el Ayuntamiento de La Vila en octubre de 2008, un mes antes de que una moción de censura del PP con un edil tránsfuga descabalgara al Gobierno cuatripartito que encabezó el PSPV. Su exalcalde Gaspar Lloret ha asegurado tras conocer el auto del Supremo que “el PP no lo hubiera recurrido”. “Gracias a esta sentencia, el caso tendrá que reabrirse para salvaguardar el interés general y que La Vila pueda tener la posibilidad de recuperar los 12 millones de la infracción”, añadió Lloret. El PP presupuestó en 2005 esa cantidad como un ingreso que nunca llegó pero sí que fue gastado.

Un primer informe municipal anterior a los accidentes descubrió un exceso de edificabilidad de 88.576 metros, que suponían 11 alturas de más. Tras la inspección posterior al fallecimiento de los obreros, el Consell lo redujo a 53.000, pero un Plan de Reforma Interior y Mejora (PRIM) estipuló en 2005 el derribo de 14.700 metros y una serie de compensaciones al municipio, como la cesión de 21.500 metros de suelo para dotaciones públicas o el pago de 1,5 millones destinados a oficinas públicas en torno al hotel.

La propiedad del hotel siempre ha defendido que las licencias de obras que obtuvo en diciembre de 2006 y mayo de 2007 están en vigor, pero en 2008 el TSJ anuló el PRIM y las dejó sin cobertura legal. Además, un particular ha reclamado en el juzgado su caducidad. La promotora, a través de un comunicado, ha expresado su “plena confianza” en que la sanción impuesta sea anulada por los tribunales. “Se trata de un aspecto meramente formal y muy complejo, en el que confluyen multitud de aspectos jurídicos y técnicos, y que en cualquier caso se acogerá a lo dispuesto en la Ley Urbanística Valenciana, que en su articulado contempla un 95% de bonificación en la sanción para aquellos casos en los que se hayan aplicado las medidas correctoras impuestas para legalizar la obra”, explica la nota.

En la actualidad, el Atrium sigue siendo un esqueleto de hormigón en primera línea de playa. Su promotor se rodeó de políticos (entre ellos la exconsejera de Turismo Belén Juste, y el alcalde de La Vila, Jaime Lloret) en abril de 2011, en plena campaña electoral, para presentar el nuevo diseño del proyecto, que borraba el anterior nombre para llamarse La Vila Resort, un hotel de 1.312 habitaciones (302 de cinco estrellas) y 59 ascensores con Palacio de Congresos con capacidad para 1.800 personas y 800 plazas de aparcamiento. Sin embargo, los 150 millones de financiación que necesita el proyecto son una losa que mantiene la obra como se quedó hace ocho años y medio.


* El País - Artur Balaguer Benidorm 22 MAR 2012
Foto: El hotel Atrium Beach, en una imagen de 2007. / ROSA FUSTER

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