Informe del Defensor del Pueblo en materia de urbanismo, vivienda y medio ambiente

INMODIARIO* : En 2011 se recibieron 2.322 quejas relativas a estas materias y la Institución inició 43 investigaciones de oficio. Las quejas más numerosas tuvieron que ver con la vivienda, casi un millar, que se suman a las 220 investigaciones de años anteriores que aún se mantienen abiertas, según recoge el Informe Anual de la Oficina del Defensor del Pueblo, entregado por María Luisa Cava de Llano a los presidentes del Congreso y del Senado, Jesús Posada y Pío García-Escudero, respectivamente.
Ante la restricción presupuestaria, la Oficina del Defensor del Pueblo ha insistido a las administraciones en que es necesario diseñar políticas más eficaces, políticas activas en coordinación con otras administraciones y adecuadas a la demanda real de vivienda, a la necesidad social.

En este contexto, destaca una investigación de oficio con todas las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, ante la existencia de viviendas protegidas que se encuentran desocupadas.

Otro grupo de quejas que ha sido objeto de seguimiento se refiere a las disfunciones en la tramitación de las ayudas al alquiler para jóvenes. Dado el alto número de quejas en los últimos años, se ha articulado con la administración central de vivienda un método de comunicación simplificada, que ha permitido agilizar la contestación a los beneficiarios que presentaron queja por los retrasos en el abono de sus ayudas, aunque ya tienen reconocido plenamente el derecho a ellas.

Asimismo, se investigaron los problemas en la gestión de los contratos celebrados entre propietarios particulares de viviendas y la Sociedad Pública del Alquiler, que ha procedido a modificar unilateralmente, en muchos casos, las condiciones de los acuerdos suscritos dejando sin efecto la garantía de pago de la renta de acuerdo con lo estipulado.

En cuanto a las quejas relacionadas con el Medio Ambiente, un año más, los ciudadanos denunciaron la tendencia existente a romper por vía legislativa el orden de las decisiones administrativas y judiciales y a debilitar el sistema de responsabilidad por daños al entorno. Por otra parte, continuaron las actuaciones sobre la Cañada Real, Valdemingómez, el Catálogo Canario de Especies Protegidas y se abrió una investigación de oficio sobre la conveniencia de realizar una campaña antirruido en 2012.


* Inmodiario - 29-03-2012
Foto: Madrid, Defensor del Pueblo contra urbanismo - elpais.com

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El alcalde de Viveiro pagaba informes a asesores para saltarse los del técnico local

ABC/Lugo* : Sara Martínez, secretaria del Ayuntamiento de Viveiro (Lugo) entre los años 1991 y 2009, declaró el pasado lunes en el juzgado nº2 de Instrucción de esa localidad que el actual alcalde de la misma, Melchor Roel, encargó informes técnicos a asesorías legales externas para valorar licencias urbanísticas que no habían obtenido previamente el visto bueno del ingeneiro municipal.
Estos estudios dieron lugar en el año 2006 a aprobaciones ilegales de expedientes para casi 700 viviendas por la vía de la adquisión tras silencio informativo, que varias instancias judiciales, entre ellas el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, condenaron en 2010. Estas sentencias han prvocado que ahora la justicia estudie en el proceso abierto la posible responsabilidad penal de la corporación local, ya entonces encabezada por el propio Roel, en la adquisición de las licencias.

La exsecretaria, que en los pasados procesos había testificado que los miembros de la corporación bipartita estaban advertidos de la extencia de los informes en contra de la licencias que finalmente aprobaron, apuntó en su declaración al regidor socialista como principal responsable de lo ocurrido. Estas aprobaciones de expedientes por la vía del silencio administrativo cobran especial gravedad si se tiene en cuenta que tuvieron lugar cuando la Xutna de Touriño ya había suspendido por decreto las competencias urbanísticas municipales en Viveiro.
Hasta ahora, a la exsecretaria que también está imputada, le habían echado la culpa tanto el alcalde como los concejales y exconcejales de PSOE y BNG implicados en el caso (hata siete, tras la aplicación de la denuncia inicial del PP local). Todos han pasado por dependencias judiciales, donde uno tras otro aseguraron que era responsabilidad de la secretaria informar a los políticos de la legalidad de las actuaciones solicitadas. Fernández negó ante juez y fiscal este extremo: ella leía los informes sin hurtar información, pero no advertía sobre si eran legales o no.
El lunes, ésta se defendió. Primero, resaltó que las competencias urbanísticas descansan en la junta de gobierno, tras delegar en ella el alcalde, y que éste siempre tenía los informes preceptivos en los expedientes que se votaban. Después, colocó en el centro de la diana al alcalde, al que en varias ocasiones achacó el haber encargado diferentes estudios a varios despachos de abogados externos -alegando una excesiva carga de trabajo de los funcionarios locales- para solventar cuestiones técnicas en expedientes en los que había un informe negativo del funcionario local.
Estos expedientes, añadía, acababan con duplicidades y contradicciones. Los trabajos de la asesoría externa servivirían para dar viso de legalidad a las decisones tomadas por la junta.
Presiones al ingeniero
Martínez acusó además a Roel de presionar e incluso insultar en público al funcionario municipal, un ingeneiro, que se encargaba de realizar los informes previos destinados a marcar la legalidad o ilegalidad de las licencias solicitadas en el Ayuntamiento.
Este funcionario, por estos supuestos malos modos, decidió dejar de ir a las comisiones informativas que precedían a la aprobación de las licencias. Cuando un análisis de este no permitía dar un permiso, se pedía otro, como ocurrió en el caso de la licencia 216/06, contó la exsecretaria.
Además, Martínez explicó que antes de la suspensión del urbanismo local por parte de la Xunta, nunca se habían aprobado licencias por la vía del silencio administrativo (al no haber respuesta oficial, el peticionario se limita a pagar las tasas).
Precedente
Poco después de la presentación de la denuncia penal que ha dado lugar a este caso, y aún con el bipartito en la Xunta, un juzgado de Lugo anuló una licencia para unas 200 viviendas en el entorno de la iglesia parroquial de Covas, un bien histórico inventariado y cuyo entorno de protección se vulneró con la concesión de la licencia.
Entonces, la sentencia rezaba que no podría entenderse nunca que se pudiera adquirir una licencia en contra de la legalidad o el planteamiento urbanístico. En este caso, la sentencia añade que el mecanismo para tapar a posteriori esta ausencia de legalidad por parte del Ayutnamiento fue la contratación ex profeso de un consultor externo para que elaborase un informe a medida con el que conceder el permiso.


* ABC - E. AMADO - 28.3.12
Foto: Viveiro (Lugo) - elcorreogallego.es

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Jerez.- El Turronero niega su amistad con Pacheco cuando se vendió la estación

LAVOZDIGITAL* : Llegó la hora de enfrentarse ante la jueza para José Luis López, alias El Turronero, y su socio, Francisco Chaves López, por un pelotazo urbanístico denunciando por la Fiscalía Anticorrupción en julio de 2010. Una causa que se ha mantenido secreta pero que destapó este periódico días atrás, dando a conocer los detalles de la denuncia más grave a la que se enfrenta Pedro Pacheco, también imputado por haber participado presuntamente en la descapitalización de las arcas municipales mediante la venta de la estación de autobuses. Un bien público que según el Ministerio Público y la Agencia Tributaria -encargada de las pesquisas iniciales-, se vendió a un precio muy inferior al de mercado a una sociedad que controlaba El Turronero, amigo del exalcalde. Ayer le tocaba responder a las preguntas de la jueza instructora y negó su relación de amistad con el exregidor cuando se gestó la desafectación de la estación.

La titular del juzgado nº 4 de Instrucción de Jerez había citado en su despacho a El Turronero y Chaves López. El primero compareció y el segundo no. Según confirmaron fuentes judiciales, el socio de El Turronero presentó un parte médico de su cliente, el cual había sido atendido de madrugada por una gastroenteritis. Las mismas fuentes no se extrañaban de que la dolencia repentina obedeciera a una simple estrategia procesal para conocer antes de declarar qué había testificado su compañero de negocios. Algo similar al movimiento realizado por Diego Torres, el socio de Iñaki Urdangarín en la Fundación Nóos, cuando optó por guardar silencio a la espera de conocer la versión del yerno del Rey en la pieza separada del 'caso Palma Arena', que se investiga en Baleares.
José Luis López sí respondió a todas las preguntas que le formuló la instructora y el fiscal. También estaba presente el letrado de Pedro Pacheco en la comparecencia de ayer. El Turronero negó ante la jueza ser amigo de Pacheco antes de 2006, sino que por esas fechas eran simples conocidos. En abril de 2005, a propuesta del entonces teniente de alcalde y delegado de Urbanismo, el Ayuntamiento se deshacía de la antigua estación que pasaba a manos de la empresa pública de suelo (Emusujesa). A cambio, las arcas municipales recibían 1,7 millones y el compromiso de beneficiarse del 40% de los beneficios que se obtendrían por la explotación del espacio como un centro de ocio. Un proyecto que nunca se ejecutó.
Once meses después de esa primera transmisión patrimonial (1 de marzo de 2006), Emusujesa vendía las instalaciones a una de las tres sociedades que se habían interesado en ese espacio. Según dijo ayer El Turronero, cuando se cerró esa operación no tenía relación de amistad con Pacheco, pero luego sí.
La Agencia Tributaria, durante una inspección rutinaria sobre la facturación de varias empresas, detectó irregularidades en la sociedad Ingeniería Jienense S. L., que fue la que adquirió la antigua estación. Si bien se deshizo de ella, siete meses después, para revenderla a una tercera (Bogaz). En esa operación, Ingeniería Jienense se embolsó un beneficio neto de cerca de 400.000 euros.
Los mismos compradores
Tirando del hilo, el fisco comprobó y así consta en la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, que la desafectación de un bien público, que se vendió a una sociedad privada, se hizo sin convocar concurso alguno ni darle publicidad. Sin embargo, a Emusujesa llegaron tres ofertas antes incluso de que se hiciera con el control de estas instalaciones. El fiscal concluye que detrás de esas tres sociedades estaban las mismas personas, El Turronero y su socio.
La jueza le preguntó ayer a José Luis López qué relación tenía con estas empresas y él negó cualquier vinculación empresarial. Sin embargo, el administrador de la primera compradora de la estación ya ha reconocido que ejerció de testaferro. En cuanto a las otras dos empresas (Híspalis Arrendamientos y Diseño y Construcciones Cervera), una está gestionada por un cuñado suyo y la otra percibe rendimientos del trabajo de dos sociedades participadas o propiedad de El Turronero y Chaves López.
Este periódico se puso en contacto ayer con el abogado de José Luis López, quien declinó a hacer cualquier tipo de valoración.


* la Voz Digital - 28.03.12 - SILVIA TUBIO
Foto: Jerez, antiguo Ayuntamiento - wikanda.cadizpedia.eu

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