Valladolid.- TSJCyL anula el tercer proyecto del Ayuntamiento para legalizar el edificio Caja Duero y le da dos meses de plazo

LAINFORMACIÓN* : La sala de lo Contencioso-Administrativa del TSJCyL ha anulado el acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid del 8 de abril de 2011 por el que se aprobó el tercer proyecto para restablecer la legalidad en el edificio Caja Duero de la plaza Zorrilla, donde una sentencia de 2008 anuló la licencia de obras porque la actuación llevada a cabo en este céntrico inmueble infringió el PGOU. En el Auto, al que ha tenido acceso EP, se condena además al Ayuntamiento de Valladolid al pago de las costas y se requiere al alcalde, Javier León de la Riva, quien posee una vivienda en el edificio objeto de este litigio, a que bajo su "directa y personal responsabilidad" proceda a ejecutar la sentencia y ponga en conocimiento de la sala, en un plazo máximo de dos meses, el inicio de las obras para restaurar la legalidad.

Este tercer proyecto, que sigue a los que se presentaron en octubre de 2009 y octubre de 2010 por parte del Consistorio y que también fueron rechazados, no ha sido aceptado ya que el Plan Especial del Casco Histórico prohíbe que en las obras de reestructuración de un edificio catalogado se incremente el volumen y altura como así ocurre en este caso ya que la planta octava--trasteros y demás construcciones-- tienen una altura mayor que la que tenían antes de las obras realizadas al amparo de la licencia concedida en 2000 y que fue anulada.

Además, la sala considera que se ha ejecutado algo distinto a lo proyectado y se ha elevado "aún más" la altura de dicha planta -entre 0,53 y un metro-, según los informes de los peritos judiciales.

Asimismo, la sala recuerda que en el proyecto de 1946 todas las plantas tenían en la fachada interior a la calle María de Molina una terraza-corredor y en el proyecto examinado no hay terraza-corredor en la planta séptima, que ha sido cerrada y se ha integrando en la superficie de la vivienda, por lo que se ha alterado la fachada interior y se ha incrementado la edificabilidad tanto de la séptima como de la octava planta.

Por otro lado, se considera que en este proceso no se ha oído a los propietarios afectados por lo que se pide al Consistorio que les de audiencia.

Fue en abril de 2008 cuando una sentencia anuló el acuerdo de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid de junio de 2000 por el que se concedió la licencia de obras para la restauración del edificio Caja Duero de la plaza Zorrilla. La licencia se anuló porque las obras no respetaban las limitaciones de la normativa urbanística, además de que se había alterado la cubierta y las fachadas tanto interiores como exteriores, y no se respetó el porcentaje mínimo del 50 por ciento de superficie construida destinado al uso básico de vivienda, por lo que se infringió el PGOU.

En junio de 2009 un auto requirió al alcalde de la ciudad, para que, "bajo su personal y directa responsabilidad", procediera a ejecutar la sentencia y se demolieran las obras anuladas, tras lo que el Consistorio presentó dos proyectos de restauración de la legalidad que fueron rechazados, al igual que ha ocurrido ahora con el tercer proyecto presentado que también ha sido anulado.


* La Información - EP - 30.3.12
Foto: Valladolid, edificio CajaDuero - elmundo

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Marbella.- El juicio por el caso Malaya para hasta después de Semana Santa

MÁLAGAHOY* : La Policía resalta que Roca escondió sus negocios poniéndolos a nombre de otros.
El tribunal del caso Malaya suspendió ayer el juicio hasta el próximo 9 de abril, para permitir a las partes un descanso motivado por la Semana Santa. Malaya cumple hoy seis años de historia. La operación contra la corrupción político urbanística en Marbella comenzó el 29 de marzo de 2006, cuando fueron detenidos la alcaldesa de la localidad, Marisol Yagüe, gran parte de su equipo de gobierno y Juan Antonio Roca, el poderoso asesor de urbanismo que había asistido a los sucesivos equipos del GIL.

Este no es el único aniversario ha cumplido este asunto. El pasado martes, además, se cumplieron 18 meses desde que comenzó el que es uno de los juicios más largos de la historia de España con más acusados en el banquillo. Precisamente el martes concluyó la declaración de todos los procesados y comenzaron a declarar los testigos del último bloque en el que se analizan posibles cohechos de promotores inmobiliarios a Juan Antonio Roca y de este a los concejales.

Ayer declaró como perito el jefe de la unidad de blanqueo y delitos fiscales de la Comisaría General que subrayó cómo Juan Antonio Roca se ocupó de ocultar que la poderosa red de sociedades que había creado para gestionar importantes negocios inmobiliarios, la mayoría de ellos ubicados en el municipio donde él era gerente de la sociedad que se encargaba de revisar el plan general de ordenación urbana. Estas sociedades eran formalmente gestionadas por administradores fiduciarios.


* Málaga Hoy - 29.3.12
Foto: Marbella, policía gerencia urbanismo - sur

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Ourense.- Las reclamaciones al Concello por anularse el PXOM alcanzan los 110 millones de euros

FARODEVIGO* : Las reclamaciones derivadas por la anulación del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Ourense de 2003 por el Tribunal Supremo, no paran de llegar al Concello. Así, a las 17 que ya se venían tramitando, se les tienen que sumar ahora otras 16 que se presentaron, lo que hacen un total de 33 expedientes administrativos abiertos, y que alcanzan una cuantía económica total de 110 millones de euros.
Para dar trámite a los expedientes en el caso de reclamaciones patrimoniales, la legislación vigente exige que sean vistos por el Concello de Ourense, que comprueba que se dan los requisitos y condiciones para iniciar la tramitación de los expedientes administrativos, tal y como hizo en su reunión de ayer la Junta de Gobierno Local.

Tanto particulares y empresas exigen al Concello cantidades económicas que van desde los 20.000 euros hasta los 40 millones de euros, en virtud del procedimiento recogido en el artículo 6 del real Decreto 429/93 de 26 de marzo, por el que se regula el procedimiento de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial, como es el caso.

Nuevas reclamaciones
En estos momentos el área municipal de Urbanismo tiene recibidas un total de 33 reclamaciones de responsabilidad patrimonial por un importe total de 109.298.882,38 euros, cantidad que es susceptible de sufrir un incremento en fase de prueba del procedimiento administrativo, según advierte el gobierno bipartito.
Una posibilidad sobre la que ya avisó la concejala de Urbanismo, Áurea Soto, en el momento en que daba a conocer un avance, en el que las reclamaciones presentadas eran en total 16 y la cuantía económica que se reclamaba sumaban 53 millones de euros.
Responsabilidad solidaria
El bipartito señala la existencia de "solidaridad entre Administraciones" en la responsabilidad por las alteraciones por cambios de ordenación urbanística o por la nulidad de instrumentos de planteamiento –en este caso un Plan Xeral de Ordenación–, y que es reiterada por la jurisprudencia existente, como así lo concretan las sentencias del Tribunal Supremo de 18 de marzo de 1999 y la del 11 de diciembre de 2002.
Compensación económica por el perjuicio sufrido, la justificación
Los reclamantes justifican la petición que formalizaron de la correspondiente compensación económica, en el perjuicio sufrido por la anulación del PXOM de 2003 con varias consecuencias: en primer lugar, porque la nulidad del planeamiento altera las condiciones urbanísticas debido al cambio de ordenación territorial y urbanística.
Por otro lado, dicha alteración implica la imposibilidad de ejercer la facultad de participar en actuaciones de la nueva urbanización, y por último motiva su reclamaración en los gastos derivados de la actividad empresarial, como el coste y financiación realizadas para iniciar y promocionar las actuaciones de ubanización, que quedan sin efecto al anularse el plan.
Los daños y perjuicios surgen de actos y actuaciones adoptados en "virtud de la confianza legítima en la validez del PXOM de 2003 y de su contenido", con el fin de desarrollar y urbanizar los terrenos adquiridos en base a la calificación urbanística que ostentaban en el momento de su adquisición.
Es por eso que, una vez anulado definitivamente el Plan Xeral de Ourense por el Tribunal Supremo, la imposibilidad de urbanizar ocasiona daños que particulares y empresas reclaman ahora del Concello, por su responsabilidad solidaria en esta materia, por un importe millonario. Al amparo del Reglamento de la Ley del suelo, acreditan que es indemnizable la pérdida de facultad de participar en los desarrollos urbanísticos con que contaban.


* Faro de Vigo - V. RODRÍGUEZ - 31.3.12
Foto: La anulación del PXOM afectó a todos los ámbitos urbanísticos de la ciudad. // Jesús Regal

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