El Defensor Pueblo investiga la "pasividad" municipal en materia de urbanismo

EFE* : La oficina del Defensor del Pueblo considera que "numerosos" ayuntamientos se escudan en la falta de medios económicos como excusa de su "pasividad" a la hora de velar por el buen orden del uso del suelo, por lo que mantiene abiertas "numerosas investigaciones" al respecto. En su último boletín, la Defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano, asegura que la crisis económica ha podido paralizar la actividad urbanística nueva, pero "no puede suponer una suspensión de las obligaciones de administraciones y promotores".
En opinión de Cava de Llano, el urbanismo es una función pública, esté en manos de empresas particulares o de las administraciones.

La institución cita como una de las situaciones "más injustas" la de las urbanizaciones incompletas, que no tienen servicios básicos tales como el saneamiento y depuración de aguas.

Las investigaciones del Defensor muestran, según el boletín, que en "muchos casos" la denuncia de estas deficiencias, que persisten durante años, no bastan para que los ayuntamientos solucionen la situación y obliguen a cumplir sus compromisos al responsable, "generalmente una empresa urbanizadora que, a veces, ha dejado de existir".

Como ejemplo, indica la urbanización Esquinzo/Marabu, en Pájara (Fuerteventura), que vierte las aguas residuales al río, y así fue ya advertido por un técnico municipal en 2008.

El arquitecto del consistorio de este municipio fue requerido por la alcaldía hace dos años para que informara al respecto, "sin resultado", además sigue a la espera del dictamen del funcionario, al que, según el Defensor, volvió a requerir el pasado 24 de enero.

"Los municipios escudan su pasividad en la falta de medios económicos", afirma la institución, que destaca también el caso del Ayuntamiento de Cáceres porque lleva cerca de quince años de retraso en la elaboración del plan especial de protección arqueológica.

La oficina del Defensor "no comparte" que el consistorio cacereño señale a la crisis como la culpable de esta situación y "sospecha" que el motivo del retraso "es más bien el desinterés municipal en actuaciones poco rentables, electoral o económicamente".


* Expansión - EFE - 4.4.12
Foto: Sede Defensor del Pueblo (Madrid) - google

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Barcelona.- Solà compró un piso en Cadaqués con el dinero que obtuvo de la ACM

ELPAÍS* : Xavier Solà, secretario general de Cultura, compró un piso en Cadaqués (Alt Empordà) con los 193.853 euros —167.115 euros más IVA— que facturó en un mismo día a la Asociación Catalana de Municipios (ACM) por trabajos relacionados con el catálogo de masías, un proyecto que él mismo impulsó desde la entidad municipalista cuando era su jefe de servicios jurídicos. Solà comparece hoy en el Parlament a petición de todos los grupos de la Cámara para dar explicaciones de las irregularidades cometidas en la ACM y que han sido publicadas en las últimas semanas por EL PAÍS.

La compra del inmueble al antiguo propietario, un ciudadano de nacionalidad alemana que llevaba tiempo residiendo en Cadaqués, tuvo lugar el 29 de marzo de 2010, tres meses exactos después de la emisión de las facturas. La compra del piso se realizó a través de la empresa EiL Sau y el coste de la operación rondaría los 150.000 euros. La compra del inmueble —la parte superior de una casa dividida en dos por su anterior propietario— tuvo lugar al contado, pues no existe constancia alguna de hipoteca sobre el inmueble.

El piso del matrimonio Solà no aparece en el Registro de la Propiedad, algo inhabitual pues, a pesar de que este no es un trámite obligatorio —excepto cuando hay una hipoteca sobre el mismo,— por la seguridad jurídica que implica y porque es el único título de propiedad válido frente a terceros. Los expertos consultados apuntan que no inscribir un inmueble supone asumir unos riesgos, incluso para un abogado como Solà, que podrían explicarse por el deseo de ocultar la propiedad.

La adquisición del piso de Cadaqués es la culminación de una serie de irregularidades que empiezan con una batería de facturas que Solà emitió a la ACM el 29 de diciembre de 2009 por la redacción de las normativas del catálogo de masías y casas rurales. Su trabajo en este proyecto se circunscribía al periodo comprendido entre 2004 y 2007, pues en este último año dejó su cargo en la ACM para presentarse a las elecciones municipales de Vic.

Tras la victoria de CiU, Solà fue nombrado primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo y Cultura. Así, dos años y medio después de dejar su cargo en la ACM y de desvincularse del catálogo de masías, Solà facturó a la entidad municipalista 193.853 euros en 65 facturas, una por cada catálogo realizado desde la entidad.

Las facturas en cuestión eran por los “trabajos de redacción normativa, revisión general del catálogo y revisión estilística y de contenido”, conceptos muy parecidos al de las facturas emitidas un año antes por el diseñador Lluís Tresserres Matas, primo de Josep Maria Matas, el exsecretario general de la ACM al que investiga la fiscalía por las irregularidades cometidas cuando estaba al frente de la entidad municipalista.

El importe de las facturas de Solà y Tresserres era el mismo: 2.982 euros. Solà aseguró a EL PAÍS que no sabía nada de las facturas de Tresserres. Además, las normativas de los catálogos de masías por las que Solà facturó aquella cantidad de dinero son muy parecidas unas y otras, y algunas son iguales en el 97%, pues se trata de un texto base en el que se introducen una serie de cambios.

Sin embargo, Solà —a quien este periódico ayer no consiguió localizar— no emitió las facturas a su nombre, sino de EiL Sau, una empresa de Vic (Osona) dedicada a actividades lúdicas que llevaba cinco años inactiva y que el entonces primer teniente de alcalde de Vic y su esposa, la arquitecta Meritxell Inaraja, habían adquirido dos semanas antes, el 14 de diciembre, para girar las facturas a la ACM. Solà reconoció haber tramitado las facturas a través de una empresa por temas fiscales. Así, en lugar de tributar el 43% correspondiente a sus ingresos como persona física, solo pagó un máximo del 30% que corresponde a una sociedad.

La prueba de que Solà solo utilizó EiL Sau como empresa pantalla es que nunca más ha realizado operación alguna con la misma. En el ejercicio del 2010 esta sociedad no ingresó ni un solo euro y actualmente está inactiva. En 2010 EiL Sau puso todo su activo (180.000 euros) en inversiones inmobiliarias. Además, tras hacerse con la empresa, Solà y su esposa habían cambiado el objeto social por el de arrendamiento y gestión de fincas urbanas.

Así pues, la inversión en cuestión se concretó con la compra del piso de Cadaqués, que está situado en una urbanización a las afueras del pueblo, en la península de Caials, un lugar tranquilo ubicado a pocos metros de la costa. Al comprar el inmueble a través de la empresa, Solà y su esposa se ahorraron tener que pagar el impuesto de sociedades. Además, al no repartir beneficios en la empresa —pues todo el activo estaba como inversión inmobiliaria— tampoco tuvieron que pagar los impuestos correspondientes.

La compra del piso en Cadaqués precedió en el tiempo a la adquisición de otro inmueble en la Costa Brava que también se pagó dinero procedente de la ACM. En este caso, el piso se encontraba a 43 kilómetros de allí, concretamente en L’Escala. El 21 de julio de 2011 Josep Maria Matas, amigo de Solà y excoordinador de la Diputación de Barcelona —que cesó de este cargo tras conocerse las irregularidades que cometió en su etapa de secretario general de la entidad municipalista— adquirió un piso en esta población costera. Matas también lo hizo a través de una empresa de Vic, —Parés i Solé SL— que, al igual que EiL Sau, tan solo tenía sentido para facturar a la ACM.

Cobrado, pagado y comprado

Impulsa el proyecto.
Entre 2004 y 2007 Solà impulsó desde la ACM el Catálogo de masías y casas rurales por el que el Gobierno pagó a la ACM entre 2004 y 2007 un total de 1,2 millones de euros.
Adquiere EiL Sau.
El 14 de diciembre de 2009, dos años y medio después de desvincularse del proyecto y de la ACM, Solà y su esposa compran una empresa de Vic que llevaba cinco años inactiva.
Factura a la ACM.
A los 15 días, el 29 de diciembre, a punto de cerrarse el ejercicio anual, emite 65 facturas iguales que ascienden a 193.853 (IVA incluido) por su trabajo de redacción de las normativas de los catálogos.
Compra el piso.
El 29 de marzo de 2010, tres meses exactos después de la emisión de las facturas, Solà compra el piso a las afueras de Cadaqués a través de EiL Sau.


* El País - JORDI ROVIRA Barcelona 4 ABR 2012
Foto: El piso de Cadaqués —en la parte superior de la casa de la derecha— fue comprado en 2010. / PERE DURAN

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El TSJ tumba un PAI de Ortiz en Benidorm con 23 rascacielos

ELPAÍS/Alicante* : El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana revocó ayer la adjudicación del PAI Armanello de Benidorm, un plan parcial aprobado y concedido definitivamente a Enrique Ortiz e Hijos, SA, por el Ayuntamiento benidormense el 29 de octubre de 2002. Este plan parcial contemplaba la construcción de 23 rascacielos de 29 alturas.
Según la sentencia del tribunal, se estima el recurso presentado contra el acuerdo que aprobó la alternativa técnica y adjudicación del PAI del sector PAU 1 Armanello, por el que “se dispuso que la cesión del 34% del aprovechamiento de este sector se hiciera en dinero y no en suelo, alcanzando la cantidad de 1.425.847.698 pesetas”, una sentencia que, según el TSJ, se basa “en la medida en que en ellos se obliga a los propietarios a ceder aprovechamiento que excede del 10% del aprovechamiento del sector”, el máximo al que obliga la legislación.

La sentencia del TSJ conduce “a la anulación total del programa impugnado, pues la asignación de un nuevo porcentaje de cesión obligatoria implica, siempre y necesariamente, la modificación del plan parcial del sector por la necesidad de repercutir los nuevos aprovechamientos entre todos los propietarios”.

Este plan parcial se anula a instancias de diferentes propietarios porque introdujo “modificaciones sustanciales posteriores al acto de aprobación sin seguir el procedimiento necesario, ni dar audiencia a los interesados”· Según el TSJ, el PAI mutó desde su aprobación inicial para conseguir una edificabilidad superior a la originaria, hasta alcanzar 0,7 metros de techo por metro cuadrado de suelo, al margen de otras irregularidades que el juez considera para tumbar el proyecto de Ortiz. De hecho, los demandantes actuaron contra el Ayuntamiento de Benidorm (entonces presidido por el popular Vicente Pérez Devesa) el adjudicatario y la mercantil Coricam Mediterránea, SL, que fue codemandada.

El juez considera que “los afectados no saben cuál va a ser el coste de las cargas de urbanización ni la retribución al urbanizador, aprobándose y adjudicándose por tanto el PAI sin conocer estos datos, con la consiguiente inseguridad jurídica que ello comporta”.


* El País - ARTUR BALAGUER Benidorm 3 ABR 2012
Foto: benidorm - EFE

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