…mientras continúa la desvergüenza: el aeropuerto de Huesca tiene 11 pasajeros en dos meses

ELSOPLÓN* : El aeropuerto de Huesca solamente ha tenido 11 pasajeros durante los 2 últimos meses. El porcentaje de viajeros ha caído un 99,5%. Sin embargo, continúa abierto, pese a parecer un aeropuerto fantasma y tras haber costado 45 millones de euros.
Las estadísticas de tráfico de enero y febrero demuestras que el número de pasajeros del aeropuerto de Huesca ha caído en picado, casi en su totalidad. Aún así, a punto de cumplirse cuatro años de su inauguración el mes que viene, aún no se sabe lo que ocurrirá con la infraestructura, su futuro es incierto.

El ministerio de Fomento invirtió 45 millones de euros en este aeropuerto con la finalidad de atraer al turismo de invierno a las pistas de esquí del Pirineo aragonés. Ahora intentan reflotarlo, pero pasa el tiempo y continúa sin aparecer ningún inversor.

Los 11 pasajeros que ha recibido el aeropuerto eran particulares. No hay vuelos comerciales, ya que ninguna compañía aérea opera. Los últimos fueron unos alumnos asiáticos pertenecientes a una escuela de pilotos que hicieron uso de la infraestructura para su formación.


* El Soplón - 15.3.12
Foto: Huesca, aeropuerto - elsoplon

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Barreiros inicia una urbanización paralizada por la Xunta desde 2007

ELPAÍS/Lugo* : El urbanismo ha vuelto a poner al Ayuntamiento de Barreiros en el centro de la diana. El municipio lucense de 2.300 habitantes, que en 2006 concedió licencias para 5.800 viviendas y vio suspendidas sus normas urbanísticas por la Xunta, ha desafiado de nuevo las disposiciones del Gobierno gallego al autorizar la reanudación de una promoción urbanística paralizada por un decreto autonómico de 2007. La advertencia la lanzó ayer la organización ecologista Adega. El alcalde, Alfonso Fuente Parga, del PP, rectificó rápidamente y anunció la apertura de un expediente de paralización de licencia, no sin antes arremeter contra los ecologistas, a los que acusa de actuar por un interés económico.

Fuente no negó las obras, pero aseguró que se limitan al asfaltado de viales e instalación de iluminación pública, y no a la promoción inmobiliaria, consistente en 62 viviendas en una zona muy próxima al mar, distribuidas entre viviendas unifamiliares, adosados, pareados y un edificio de 24 apartamentos. “Esa zona ahora está mucho mejor que antes gracias a la urbanización, pero las viviendas no se harían porque iniciaremos un expediente de paralización de licencias y seguramente acabe en la anulación de la licencia”, anunció el alcalde.

Las obras reanudadas están en una zona donde figura expresamente prohibidas por el decreto de febrero de 2007 de la Consellería de Política Territorial, dirigida entonces por la socialista María José Caride, en el que se suspendió el planeamiento de Barreiros ante la desaforada autorización de licencias municipales para promociones urbanísticas. Pese a ello, y pese al informe en contra de la secretaria municipal —posteriormente suspendida de empleo y sueldo por el alcalde—, en el que se considera “improcedente” la concesión de la licencia, el Ayuntamiento la autorizó. Lo hizo de forma expresa, reconociendo la petición por silencio administrativo formulada por el promotor.

Ante la reanudación de las obras, Adega se ha personado ante el Ministerio Fiscal para presentar la documentación en la que denuncia más supuestas irregularidades. Por ejemplo, “la usurpación de terrenos de titularidad pública” por el promotor, ya que forman parte de un complejo dunar que, según los ecologistas, está parcialmente a nombre del Ayuntamiento. La promoción inmobiliaria afecta además a dominio público hidráulico y a la zona de policía, ya que se realiza encima de un regato que se ha soterrado, sin que, según Adega, se haya presentado solicitud de concesión y de autorización. La denuncia asegura que la parcela no reúne los requisitos para tener la categoría de solar, porque carece de accesos y no tiene asegurados los servicios de agua potable, saneamiento, energía eléctrica y comunicaciones.

El alcalde aseguró ayer que la apertura del expediente de paralización está pendiente “de algunos trámites”, como la notificación al Consello Consultivo y a la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU). “Se hablará con el promotor y se revisará la licencia”, aseguró Fuente Parga. Sin embargo, esa intención de revocar la licencia es solo parcial, ya que el regidor de Barreiros sostiene que una parte de las obras, la de las viviendas unifamiliares y los adosados, no está afectada por el decreto de la Xunta de 2007 y se podrá tramitar con un nuevo expediente. Los ecologistas no solo discrepan con este planteamiento, sino que dudan de la verdadera intención del alcalde de paralizar la licencia y atribuyen sus declaraciones a una reacción a su denuncia ante el fiscal.

También el alcalde atribuye a razones espurias la actitud de los ecologistas, que vincula con una supuesta subvención de 25.000 euros de la Diputación de Lugo, gobernada por socialistas y nacionalistas. “El portavoz del BNG en el Ayuntamiento es vicepresidente de la Diputación. Esto huele mal. ¿Hay una cadena de favores, como se suele decir? Yo no lo sé, no me apetece pensar mal”, afirma Fuente Parga.


* El País - PABLO LÓPEZ Santiago de Compostela 9 ABR 2012
Foto: Imagen de las obras de urbanización, en el lugar de San Bartolo, en Barreiros.- elpais

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Torrevieja.- Imputan al edil de Urbanismo y a un técnico en la investigación sobre la planta ilegal de basuras

LASPROVINCIAS* : La juez Juana López ha imputado por un delito de prevaricación al concejal de Urbanismo de Torrevieja, Francisco Moreno, y a la secretaria municipal del Ayuntamiento, Pilar Vellisca, en una investigación abierta sobre la planta de residuos sólidos de la localidad.
Los dos comparecerán asistidos por sus respectivos abogados defensores ante la magistrada el próximo 25 de abril. Un día antes, la titular del Juzgado de Instrucción 2 torrevejense tomará declaración como testigos a tres técnicos municipales que firmaron en contra de la concesión de licencia de obras y de actividad a la UTE que también gestiona el servicio de recogida de la basura en la ciudad, Acciona-La Generala. Moreno obvió esos informes y firmó un decreto el 12 de octubre de 2010.

El concejal se apoyó en un informe externo, solicitado a la abogada urbanista Begoña Sancho. Según las fuentes consultadas, en el expediente administrativo no consta quién solicitó esa asesoría, el contrato público que lo ampara ni su coste económico.
Un año más tarde, el 21 de octubre de 2011, el propio edil firmó otro decreto que declaraba caducada la licencia por una supuesta inactividad de la empresa. Para entonces, la planta, ubicada en una parcela de suelo no urbanizable de la carretera de La Marquesa llevaba años funcionando de forma ilegal, desde 2004, según las reiteradas denuncias de grupos de la oposición municipal, colectivos ecologistas e incluso el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil. El pasado 28 de noviembre, la concejal socialista Fanny Serrano interpuso una denuncia por estas irregularidades ante la Fiscalía Anticorrupción y la de Medio Ambiente de la Audiencia Provincial. El grupo municipal del PSPV-PSOE había tratado en vano tres días antes, durante un pleno municipal, de saber si el equipo de gobierno del PP iba a «proceder a la clausura inmediata de las instalaciones» e incoar los correspondientes «expedientes sancionadores en materia urbanística y medioambiental».
El decreto que ordenaba ese cierre de la planta fue firmado el pasado 29 de febrero por el concejal Francisco Moreno, aunque entró en vigor el 5 de marzo siguiente.
Al parecer, en ese momento la sección territorial de la Fiscalía de Torrevieja ya había culminado sus diligencias de investigación y concluido que los hechos denunciados por el PSPV revestían indicios de delito. Es más, es posible que la juez Juana López hubiera incoado ya el procedimiento penal.
El auto por el que acuerda la citación de testigos y los dos imputados está fechado el pasado 5 de abril. Los técnicos que deberán explicar por qué se opusieron a la concesión de la licencia de obras y actividad son la arquitecta municipal y jefa del Servicio de Urbanismo, María Gómez Tafalla, y los arquitectos técnicos municipales Daniel Cases y Juan Miguel Pérez, según ha podido saber este diario.
En su denuncia ante la Fiscalía, el grupo municipal socialista de Torrevieja adjuntó unas fotografías tomadas durante una visita a la planta de sus concejales donde se veían a varias máquinas trabajando sobre montones de desperdicios.
Además, los denunciantes destacaban que era la segunda vez que el Consistorio recurría a una asesoría jurídica externa en materia de residuos para sortear los informes contrarios de los técnicos municipales. La primera ocasión fue con motivo de la adjudicación, en el año 2004, del contrato de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria a Necso Entrecanales, una empresa integrada en el grupo Acciona.


* Las Provincias - 11.04.12 - MANRIQUE C.SÁNCHEZ
Foto: Torrevieja (Alicante), vertedero - levante-emv.com

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