Vecinos, 15-M y miembros de la PAH logran frenar tres desahucios en Vallecas

ELPAÍS/Madrid* : Los desahucios alcanzan un récord durante 2011 con 58.241 expedientes. La comisión judicial aplaza un mes y medio el desalojo de tres familias de inmigrantes.
Willington, Edwin y Oumar. Tres inmigrantes; dos de Ecuador y uno de Mali. Vinieron a España hace una década. Los tres trabajaron en el sector de la construcción, lo que les permitió comprar un piso e hipotecarse. Un sueño cumplido. Hasta la llegada de la crisis, cuando perdieron su empleo. Esta fría mañana los tres se enfrentaban a uno de los peores momentos de su vida: el desahucio. Gracias a la intervención de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y al apoyo de vecinos del barrio de Vallecas, junto a los indignados del 15-M, los tres han respirado tranquilos: la ejecución de los desahucios se ha paralizado, al menos, tres semanas.

“Estoy contento, pero aún queda una larga lucha”. Willington Bayas, un padre de familia ecuatoriano de 38 años, estaba visiblemente emocionado al enterarse de que puede dormir en su casa un mes y medio más. En su piso, de 86 metros cuadrados, conviven 11 inquilinos: Bayas y su mujer, Zoraida, junto a sus cuatro hijas, más el abuelo materno, Luis Felipe. En uno de los cuatro dormitorios duerme Fanny con su bebé recién nacido y Yoconda, con su hijo de ocho años. Las dos madres solteras no pagan el alquiler pero sí comparten los gastos de la comunidad con la familia de Bayas. “No pueden echarnos a todos a la calle. Fanny aún está convaleciente por el parto y no puede levantarse de la cama”, explicaba Bayas, mientras miraba por la ventana cómo la comisión judicial negociaba con uno de los abogados de la PAH el aplazamiento del desalojo en la acera de enfrente, en el distrito de Puente de Vallecas.

Bayas debe a la entidad bancaria Citibank 216.000 euros. Hace siete años pidió un préstamo de 240.000 euros para comprarse el piso del que puede ser desahuciado. En 2010 la empresa de la construcción para la que trabajaba se declaró en suspensión de pagos y él, de la noche a la mañana, dejó de ingresar dinero. Su mujer es ama de casa. Luis Felipe, su suegro, de 72 años cobra una jubilación que ronda los 400 euros. La deuda con el banco fue aumentando. Mes a mes. Este albañil asegura que ya había pagado 72.000 euros. “No le ha valido para nada”, sentencia Deisy Silva, una activista de la PAH que intentaba consolarlos. Una treintena de vecinos e indignados se congregaban desde las siete y media en la puerta principal del edificio para mostrar su apoyo a esta familia.

La misma escena se repetía en el barrio de Entrevías. Oumar Kanate, un maliense de 32 años y su mujer, Nahan, embarazada de cinco meses, se impacientaban al ver cómo se alargaba la negociación de la comisión judicial y los abogados de la PAH. Kanate está agotado; llegó anoche de Huelva donde ha conseguido trabajo temporal en la recogida de la fresa y apenas ha podido dormir. Esta pareja adquirió un piso en 2006. Dos años después, se quedó sin empleo. “Con una letra que subió hasta los 1.280 euros, se vio incapaz de seguir pagando a Banesto, que posteriormente activó en el juzgado el consabido proceso de ejecución hipotecaria y se hizo con la vivienda por un 50% del valor de tasación. Sin un lugar alternativo donde residir, esta familia lucha por mantenerse en su casa con un alquiler social y por la condonación de una deuda que no podrá pagar en la vida”, ha informado la PAH. Finalmente, la presión popular y la intervención de los abogados voluntarios surtió efecto. El desalojo se ha aplazado hasta el 11 de mayo. Mañana vuelve al sur.

Bayas y Kanate no han dudado en sumarse a la concentración para frenar el tercer desahucio, que ha tenido lugar a las once de la mañana también en Puente de Vallecas. Edwin Calvo, un desempleado de 51 años, los miraba por la ventana de su piso sin saber si él iba a correr la misma suerte. Calvo trabajó como mecánico hasta principios de 2011. Desde entonces no ha encontrado trabajo. Compró su vivienda, de 63 metros cuadrados, por 251.000 euros y tenía que pagar, según él, 1.800 euros mensuales por la hipoteca que le concedió el BBVA. Pidió ayuda a la Embajada de Ecuador en España, y le pusieron en contacto con la PAH. Esta mañana esperaba que esos jóvenes lograran ayudarle. Y lo han conseguido.

I.S.G., el cerrajero que acompañaba a la comisión encargada de ejecutar el desahucio de Calvo ha inmortalizado la manifestación con su cámara de fotos. A pesar de haber cambiado las cerraduras de decenas de puertas de viviendas desahuciadas, nunca había asistido a un desalojo con movilización. Tenía un poco de miedo. “Espero que los chicos entiendan que yo estoy con ellos, pero que tengo que hacer mi trabajo”, exclamaba. Mientras la comisión delibera, él reconoce que el negocio va viento en popa con tanto desahucio: “Los cerrajeros somos como los enterradores, vivimos con el mal de los demás, aunque nos pese”.


* El País - MARÍA HERVÁS Madrid 16 ABR 2012
Foto: Omar Kanate, su mujer, embarazada de cinco meses, y su hija, de dos años de edad, en la vivienda de la calle de la Imagen, en pleno barrio de Entrevías. / ULY MARTÍN

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Los españoles reeligieron a 40 de los 69 alcaldes corruptos que compitieron en 2011

ELCONFIDENCIAL* : La clase política se ha convertido en uno de los principales problemas de los españoles, pero no parce que el comportamiento del electorado sea mucho más ético que el de sus representantes. De acuerdo con un estudio de la Fundación Alternativas, 40 de los 69 alcaldes acusados de corrupción que acudieron a los comicios de 2011 fueron reelegidos. Este fenómeno se reproduce al analizar la tasa de reelección de los partidos políticos implicados en tramas corruptas, incluyendo aquellos que cambiaron de candidato. En 63 de los 106 municipios cuyo alcalde se vio envuelto en un escándalo volvió a ganar la misma formación.

El ámbito municipal, ligado a recalificaciones de suelo, adjudicaciones y contratos diversos con escasa fiscalización ha sido uno de los flancos más accesibles para las prácticas corruptas. Por ello, resulta esclarecedor comprobar el grado en que los votantes perdonan o premian a aquellos alcaldes implicados en casos de corrupción. La Fundación Alternativas, en su Informe sobre la democracia en España, ha recopilado una lista de 106 localidades de toda España en las que alcaldes o miembros destacados del gobierno municipal fueron acusados de algún tipo de ilegalidad penal, y en cuya investigación llegó a intervenir un juzgado.

La mayoría pertenecen a PP o PSOE, aunque también se dan casos en partidos locales, regionales o nacionalistas, como el BNG, PAR, Nueva Canarias o Coalición Canaria. El periodo de análisis comprende entre 2007 y 2011, por lo que también se ha tomado en cuenta tramas de gran alcance como la Gürtel. La conclusión es que la corrupción se castiga electoralmente, pero de forma muy tímida, por lo que la mayoría de candidatos y partidos salpicados vuelven a ganar en las urnas. Además, también se favorecen algunas prácticas corruptas que los ciudadanos valoran como positivas.

La sanción de los votantes se aprecia en una ligera caída del número de reelecciones en aquellos municipios donde se detectó corrupción, en comparación con el resto. En 63 de los 106 municipios donde padecieron escándalos optaron por mantener al mismo partido al mando del ayuntamiento. Es decir, en un 59,4% de los casos, frente al 66,4% del resto de localidades, donde hubo continuidad en 5.566 de un total de 8.386 consistorios.

Reelección masiva pese al escándalo

Del mismo modo, 40 de los 69 alcaldes implicados en corrupción que se presentaron a las elecciones fueron reelegidos, mientras que otros 37 ediles tocados optaron por no concurrir. En el resto de ayuntamientos, el 56,7% de los regidores se mantuvo en su cargo, 4.755 de 8.386. Unas cifras que recuerdan a las elecciones de 2007, cuando el 70% de los alcaldes marcados por la corrupción volvió a ganar. En porcentaje de votos, el análisis también refleja un tímido castigo, ya que, de media, los partidos envueltos en escándalos entre 2007 y 2011 perdieron cinco puntos con respecto a los municipios donde no se detectó corrupción.

No obstante, las consecuencias de la corrupción son muy heterogéneas, puesto que en algunas localidades, como El Ejido (Almería) o La Muela (Zaragoza), el castigo superó los 30 puntos; mientras que otros alcaldes salpicados lograron incluso aumentar su número de apoyos. Así sucedió, por ejemplo, en Torrejón de Ardoz (Madrid), donde el PP pasó de obtener un 43,3% a ganar con un 68,5%. La explicación a estas diferencias subyace, entre otras cosas, en el momento en que se dio a conocer la corruptela: curiosamente, si el caso fue desvelado por la prensa antes de 2010, la pérdida de votos llega al 6,7%, pero el efecto se convierte en positivo, si fue revelado en los dos últimos años.

Premio para los corruptos que reparten

Asimismo, cabe destacar que los ciudadanos premian a los políticos que se corrompen, si, de alguna manera, perciben que esa ilegalidad favorece al conjunto de la comunidad. Los resultados indican que el voto al partido del alcalde se incrementó en 4,8 puntos cuando el caso de corrupción se consideró que podía revertir positivamente en el bienestar económico de los ciudadanos. De esta forma, no solo no se castiga el delito, sino que se premia con votos. En cambio, el electorado rechaza los escándalos en los que el alcalde se enriquece personalmente sin generar potenciales beneficios para el pueblo.

Por todo ello, la corrupción permanece como una de las debilidades más importantes de la democracia española, y en los últimos años ha causado una significativa alarma social la implicación, de una forma u otra, de figuras como Iñaki Urdangarin, Francisco Camps, Jaume Matas, José Blanco, Luis Bárcenas, José Bono, así como la profundidad de tramas como Malaya, Gürtel, Brugal, Mercasevilla o los ERE de Andalucía. Un malestar ciudadano que parecía haberse incrementado con la crisis económica, ya que ha potenciando el contraste entre el mal uso del dinero público y los dolorosos recortes, pero que no ha tenido un gran reflejo en las urnas.


* El Confidencial - Alberto Mendoza - 16.4.12
Foto: El alcalde de Torrejón de Ardoz, Pedro Rollán, en un acto con Esperanza Aguirre

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Baleares.- Ladrillo o ecología

ELPAÍS* : En Baleares, la política se dirime en un choque directo entre las distintas maneras de ver el negocio del turismo y su desarrollo, en una naturaleza privilegiada de un territorio muy limitado, la isla. Contra la crisis, se impone la explotación del suelo. El poder regional impulsa por decreto el interés autonómico y la urgencia de la construcción de más hoteles en el litoral. La mecha la prendió el aval dado a un establecimiento gigante (de 1.200 plazas), al lado de la playa protegida por ley de Sa Ràpita, de un kilómetro de largo y 25.000 metros cuadrados de arena, rodeada de un bosque intacto.

La decisión del PP, en mayoría absoluta y con casi un cuarto de la población activa en paro, representa un cambio total. En tiempos de crisis severa de la economía de servicios e inmobiliaria, se ha reabierto con crudeza - con eco internacional- el debate nunca cerrado sobre las fronteras de la protección y el horizonte del crecimiento. El escenario del primer experimento de para mucha batalla: Las playas de Sa Ràpita-Ses Covetes-Es Trenc, desde los años 70, cartel de promoción de la Mallorca sin mellar

La gran franja arenal, el horizonte azul, blanco verde de Es Trenc es ‘una bandera’ ciudadana e internacional, que se salvó de la destrucción programada por la movilización social y política. Lo blindó el consenso de los partidos baleares y una ley autonómica de 1984. En sus alrededores están latentes tres macro proyectos más, parados en su día por la izquierda derrotada en las urnas, un campo de polo, dos golf y dos hoteles dispersos.

El complejo turístico y campo de golf avalado por Bauzá –uno de los cuatro hoteles, diez campos de golf y seis puertos deportivos que el poder aplaude ya en Baleares- estará ubicado en el borde del Área Natural de Es Trenc de 1.500 hectáreas de extensión y más de cuatro kilómetros discontinuos de arena sin muros de cemento. El PP asegura que el hotel estará a cinco kilómetros de Es Trenc.

Alrededor de Es Trenc, en un paisaje marino que la vista alcanza y que se recorre en quince minutos en coche o en dos horas a pie, aparecen las dos orillas de Mallorca, lo preservado sin hollar por las máquinas y lo bestia: las dos moles hoteleras clavadas donde el mar rompe, en la costa de Sa Colònia, en los años 60, más sus urbanizaciones prietas y las aún sin concluir de Sa Ràpita de aquella época sin límites medioambientales.

La memoria del visitante y del nativo se fija, asimismo, en las cinco playas intactas en el litoral público del latifundio, sin urbanizar y con once kilómetros de costa de Sa Vall y Sa Vallet, propiedad de los financieros Juan y Carlos March. Las calas que lindan con la enorme propiedad de los March de 2.800 hectáreas: Es Dolç, es Carbó petit y Es Carbó gran, Cala Tugores, y Es Caragol: suman 2,7 kilómetros de playa. Se hallan avanzando desde Sa Colònia, en el cono sur de Mallorca o entrando por la otra esquina, por las rocas desiertas por Es Cap Salines, ante el archipiélago del parque nacional de Cabrera.Intactas, con un fondo de kilómetros de terrenos de 'garriga' monte bajo y árboles, como en los tiempos de Ulises o el contrabando de tabaco,

Solo una de las playas Es Dolç, de 400 metros de largo, tiene un chiringuito desmontable porque linda con Sa Colònia y es casi urbana. Los banqueros y filántropos, con sus museos y la fundación March, decidieron no sacar réditos inmobiliarios a ésta y otros predios de Mallorca, que un siglo atrás años, su abuelo Juan March Ordinas adquirió a los nobles arruinados. Siendo ministro de Medio Ambiente, en 2000-2003, Jaume Matas programó construir paseo público por el litoral de Sa Vall que no se concretó.

Los contrastes entre el hormigón y la naturaleza -el “paraíso”, una expresión de propaganda inmobiliaria actual cerca de Sa Ràpita-, pueden ser más rotundos. El paisaje libre, salvaje o rural, alterna con zonas turísticas residenciales, más o menos masificadas. Las dos monedas explican a corta distancia el resultado de las dos opciones en debate: crecer en territorios programados de la época desarrollista o reconvertir la planta actual y preservar el paisaje y el medio ambiente, el capital de la industria del ocio.

Hay que crecer y generar empleos de manera respetuosa, asegura el PP, que acusa a sus opositores de "demagogos", de optar por el crecimiento cero. “Salvem Es Trenc”, referencia de los años 70, nuevamente rescatada . El director general balear del Territorio del PP, Juan Mesquida, lanzó una máxima combativa #salvemestrencdementiders (de mentirosos)

El diputado socialista y politólogo, Cosme Bonet, que nació en Ses Salines y cuyo abuelo fue pastor en Sa Vall, destaca “que la opción de los March de no destrozar el entorno de una parte de Mallorca, contrasta con de la postura de otros banqueros locales, menores, los Nigorra de Es Crèdit, que urbanizaron totalmente Santa Ponça de Calvià. Basta ver con qué resultado”. Bonet señala que la familia March “es discreta y mantiene una relación posfeudal con los vecinos, de Ses Salines y Santanyí, a los que dejan pasar por la finca hasta el mar”. La escuela, la iglesia y la depuradora de Sa Colònia (Ses Salines) están en terrenos donados por sus ricos vecinos.

El Gobierno de Baleares de José Ramón Bauzá, los consejos insulares y la gran mayoría de ayuntamientos, ha calentado el ambiente y ha hallado resonancia internacional a sus propuestas de riesgo. El PP afirma que no cambia leyes sino que consolida situaciones urbanísticas anteriores o mal resueltas. Bauzá rechaza que “le den lecciones” de estima a su tierra y su cultura. En el Gobierno conservador se reprocha al PSOE y al PSM, que han gobernado ocho años en legislaturas alternas, de haber sido "los del no" a todo y por sistema, de espantar a los empresarios y congelar en la comisión de Medio Ambiente hasta 800 proyectos.

En tiempos de graves carencias en las economías privadas y las finanzas oficiales, el Gobierno balear anima el desarrollo de método antiguo y más oferta turística nueva, es la propuesta de captar inversiones y crear puestos de trabajo. El objetivo es la construcción de más complejos residenciales y deportivos en zonas delimitadas. A la vez se han legalizado urbanizaciones fallidas o bloqueadas. La oposición y los ecologistas consideran que Baleares regresa a la economía que fracasó, la del cemento y el ladrillo que, suponen, perjudica la oferta turística de calidad.

El presidente balear, José Ramón Bauzá, ha bendecido con reuniones personales, visitas sobre el terreno hasta cuatro proyectos. Con decreto ha reducido a la mitad los trámites a las empresas que anuncian la construcción de cuatro hoteles de lujo de gran tamaño: uno, el más controvertido, al lado del Área Natural de las playas vírgenes de Es Trenc-Salobrar de Campos, en Mallorca; dos más establecimientos se programan en la laguna desecada de la marina de Magaluf, en Calvià, y otro hotel, tan debatido como el de Es Trenc, en Canyamel, en Capdepera, también Mallorca, en los lindes de un área preservada. En Es Trenc cinco empresarios comparten el capital de la primera ficha lograda; en Canyamel se habla de un jeque árabe y de una cadena internacional; en Magaluf invierten los Escarrer de Meliá hotels y Pedro Pascual de Viva hotels.

Un mapa de la dictadura y la corrupción

En litoral del mapa de Baleares se reflejan los desastres de cemento y asfalto nacidos del aparente progreso y las imágenes idílicas de los paisajes y playas preservados. Ambas imágenes han sido fruto de decisiones públicas y privadas. El expansionismo y la explosión turística sin freno surgió de la laxitud de la dictadura y también del descontrol y la corrupción en democracia. A su vez, han pervivido espacios naturales intactos, parajes salvados por decisiones institucionales y compras de fincas, en general bajo impulso progresista. En especial han quedado vírgenes –y protegidos por ley- parajes, costas y arenales enormes, en Mallorca y Menorca, por el deseo de grandes propietarios que renunciaron a su explotación urbanística, en tres generaciones. Ahora la normativa actual blinda esos santuarios.


* El País - ANDREU MANRESA Palma de Mallorca 14 ABR 2012
Foto: Santa Ponça / TOLO RAMÓN

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