Sevilla.- Ecologistas augura que el parking de Alameda "acabará como la biblioteca del Prado" y alegará en contra

EUROPAPRESS* : La agrupación de Ecologistas en Acción en Sevilla ha advertido de que la modificación puntual promovida en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), para que dicho documento admita un aparcamiento subterráneo de carácter rotatorio en la Alameda de Hércules, "acabará como la biblioteca del Prado". Se refiere, así a las sentencias que anulan las determinaciones del planeamiento urbano sobre la calificación del frente oriental de los jardines del Prado de San Sebastián como equipamiento de uso educativo para la biblioteca central de la Universidad Hispalense.

Laura Soler, coordinadora de la asamblea local de Ecologistas en Acción, ha explicado que esta modificación puntual del PGOU, cuya aprobación inicial aún debe debatir el pleno, constituye 'un cambio drástico de las políticas de movilidad y contradice el espíritu y la filosofía del propio planeamiento urbano'.
En concreto, la Gerencia de Urbanismo promueve la modificación del artículo 6.5.35 del PGOU de 2006, relativo a los aparcamientos rotatorios en el recinto intramuros del Conjunto Histórico Artístico de la ciudad.

'PALOS DE CIEGO' SEGÚN 'LE PIDEN LOS COMERCIANTES'
Soler ha señalado que, al pretender dar vía libre a la creación de un nuevo aparcamiento rotatorio en el casco histórico, concretamente en el bulevar de la Alameda de Hércules, 'volvemos a políticas de movilidad de hace 20 años. El Ayuntamiento da palos de ciego en función de lo que le piden los comerciantes del centro'.

La dirigente ecologista ha defendido que 'en el centro de Sevilla no faltan plazas rotatorias de aparcamiento', pues 'hay muchos parking subterráneos que, a diario, tienen plazas libres'. 'Nosotros alegaremos contra esta modificación del PGOU y, posiblemente, tendremos que ir a los tribunales si finalmente la Junta la aprueba', ha señalado avisando de que, de prosperar, esta modificación puntual del PGOU 'acabará como la biblioteca del Prado de San Sebastián'.

'ES UNA CHAPUZA JURÍDICA'
'En el plano jurídico, esto es una chapuza, sobre todo después de las sentencias de la biblioteca, que zanjan que el PGOU no puede ser modificado en contra de su propia filosofía', ha indicado Laura Soler, quien espera que la Administración autonómica no respalde este cambio en el planeamiento urbano de Sevilla.


* Terra - EP - 20.4.12
Foto: Sevilla, la Alameda de Hércules - spain

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TSJCyL anula las normas urbanísticas de Zaratán por no haber ejecutado el colector de residuales

EUROPAPRESS/Valladolid* : El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha resuelto anular las Normas Urbanísticas de Zaratán, ya que las mismas se aprobaron condicionando su eficacia a que se implantase un colector de aguas residuales y dicha implantación, que no se ha llevado a efecto, es un elemento esencial de la validez del instrumento de ordenación aprobado.
El fallo de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJCyL, con sede en Valladolid, estima así el recurso interpuesto contra el acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Valladolid de 30 de octubre de 2007, por el que se aprueban definitivamente las Normas Urbanísticas Municipales de Zaratán, anulando dicho acuerdo por no ser ajustado a Derecho, todo ello sin imposición de costas a ninguna de las partes.

La resolución se produce tras constatar que el vertido de aguas residuales se continúa efectuando, sin ningún tratamiento de depuración, a los cauces públicos arroyo Madre y arroyo La Vega, en base a la autorización provisional que se concedió por el organismo de cuenca en los años 1987 y 1990, lo que está generando en la actualidad unos vertidos contrarios al ordenamiento jurídico, como lo demuestran las continuas sanciones impuestas por la Confederación Hidrográfica del Duero, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

VERTIDOS CONTAMINANTES
El informe de la CHD de fecha 6 de julio de 2010 es sumamente ilustrativo de ello, apunta el TS, al indicar que tal vertido está causado la degradación del entorno y del dominio público hidráulico, así como perjuicios a terceros (malos olores, ambiente insalubre al tratarse de aguas residuales urbanas sin depurar)', con altas concentraciones de materia orgánica, DBO5, DQO, Amonio, sólidos en suspensión...etc.

En cualquier caso, el Supremo sí reconoce como acreditado que existen actuaciones tendentes a ejecutar un colector emisario del saneamiento que conecte el vertido de Zaratán hasta el colector de Valladolid, obras autorizadas por la Confederación Hidrográfica del Duero en fecha 18 de junio de 2010, si bien reitera que hasta que tal colector no esté efectivamente ejecutado no puede entenderse que se cumple con el requisito de vertido en la forma impuesta por el ordenamiento jurídico.

Otro motivo de impugnación recogido en el fallo, contra el que cabe recurso de casación, se refiere al incumplimiento por dichas Normas del Pliego de Prescripciones Técnicas generales para tuberías de abastecimiento de aguas, aprobado por Orden del Ministerio de Obras Públicas de 28 de julio de 1974, que fue desarrollado por Orden de 23 de diciembre de 1975.

Al respecto considera que no existe la debida separación entre la conducción para el abastecimiento de aguas respecto a la red de alcantarillado.


* Terra - EP - 20.4.12
Foto: Zaratán (Valladolid) - todopueblos

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El admirable coraje ciudadano y la claudicación de la Generalitat convergente-unionista

SALVADOR LÓPEZ ARNAL/Barcelona* : El caso se remonta a 2003. Fèlix Millet y Jordi Montull obtuvieron en aquel entonces -hace casi diez años de ello- inmuebles sin perfecto estado de revista que eran propiedad del “Instituto de Hermanos de las Escuelas Cristianas”. Pretendían facilitar la construcción de un hotel de lujo-lujísimo al lado del Palau de la Música barcelonés, pegado a la entrada principal. A cambio se comprometían a restaurar una de las escuelas de los Hermanos cristianos, cercana de los inmuebles. Limosna. En medio de todo ello intervino la empresa Olivia Hotels. Con la operación, poco después, entre 2006 2007, Millet y Montull lograron hacerse según parece con unos 900.000 euros. Eran los tiempos del ladrillo y de los nuevos pelotazos.
Durante el proceso, y éste es un punto no menos crucial, dado que la calificación urbanística de los inmuebles no permitía la construcción hotelera (estaban destinados a servicios públicos para un barrio muy necesitado), Millet, Montull y el arquitecto Carles Díaz movieron sus privilegiados hilos. Sabido es: las redes políticas están para eso. Se reunieron, pues, con la ex cúpula de Urbanismo del Ayuntamiento -entonces gobernado por el PSC-PSOE e ICV-EUiA- para lograr el objetivo: cambiar calificaciones. Lo lograron con el apoyo de todos los partidos del consistorio (CiU y PP entusiasmados) menos en el caso de ERC.

En sus planes de actuación, se incluía la necesidad de que Millet tuviera controlados personalmente a todos los partidos políticos durante el proceso. Se puso en ello. No es imposible que algunas financiaciones extras llegaran a estas organizaciones.

Los vecinos de Ciutat Vella, el barrio donde se ubica el Palau barcelonés, que ejercen la acusación en el caso del hotel, consideran que Millet y Montull cometieron un delito continuado de apropiación indebida y solicitan siete años para cada uno [1]. En esta causa, hay otra complementaria por mala gestión del Palau [2], también está imputada la antigua cúpula de la concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento barcelonés. En el escrito presentado ante el Juzgado de Instrucción 10 de Barcelona, el que instruye la causa, la Asociación de Vecinos en Defensa de la Barcelona Vella “solicitan también seis meses de prisión por un delito de tráfico de influencias por funcionario público y siete años de inhabilitación para ex concejal de Urbanismo” -¡y ex cuarto teniente de Alcalde!- Ramon García Bragado, y piden penas de tres años de cárcel para Ramón Massaguer, ex gerente de Urbanismo, y Enric Lambies, ex director jurídico de Urbanismo e Infraestructuras, por falsedad en documento público, y además inhabilitación para un cargo público durante siete años por presunta prevaricación para el primero, al igual que nueve meses para el arquitecto del proyecto Carles Díaz (esta vez por tráfico de influencias).

Según la acusación vecinal, Lambies, Massaguer y Garcia-Bragado conocían muy bien que las resoluciones que se estaban adoptando en el consistorio de “Barcelona la millor botiga del món” ocultaban una operación de lucro privado que “no tenía nada que ver con el interés general”. Nada que ver: los negocios son los negocios y las financiaciones irregulares de partidos institucionales son historia complementaria.

En el escrito de la representación legal de los vecinos, se reclama que Millet y Montull, conjuntamente, devuelvan 900.000 euros en concepto de responsabilidad civil “a la Fundación privada Orfeó Català-Palau de la Música Catalana”. El importe correspondería a las cantidades que ambos ex responsables del Palau se apropiaron de forma indebida. En el escrito se apunta, además, que "esta cantidad deberá ser distribuida con la Generalitat de Cataluña a la vista del resultado de la práctica de las diligencias solicitadas previamente" [3]

Efectivamente, un porcentaje de estos 900.000 euros podría corresponder al gobierno de Cataluña. Sin embargo, ¡ay sin embargo!, el ejecutivo de Mas el soberbio ¡ha renunciado a ejercer la acusación particular para reclamarla!.

Según informa Efe [4], la titular del juzgado de instrucción 10 de Barcelona, Miriam de Rosa Palacio, ha ofrecido a la Generalitat la posibilidad de ejercer acciones en la causa para recuperar un porcentaje -en torno al 37%, unos 333.000 euros-, de los 900.000 euros, los que el promotor del fallido hotel avanzó a los acusados. Los servicios jurídicos de la Generalitat han declinado ese ofrecimiento al considerar que la cantidad pagada por Manuel Valderrama no corresponde al gobierno autonómico, sino en todo caso al Palau de la Música, “sin perjuicio de que la Fiscalía formule las reclamaciones económicas que considere oportunas en nombre del gobierno catalán”. El fututo está abierto y se cierra fácilmente.

Sin embargo, la juez considera que esa cantidad podría pertenecer a la Generalitat y a la Fundación Palau de la Música, a ambos aunque en diferentes proporciones, “en base al convenio que firmaron en marzo de 2006 el Departamento de Economía y la institución dirigida por Millet y Montull para permitir la permuta de fincas que abría la puerta a la construcción del hotel de lujo” [5]. De acuerdo a ese convenio, las acusaciones podrían ahora reclamar a Millet y Montull que devuelvan a la Generalitat los 330.000 euros citados anteriormente y “que reintegren al Palau de la Música los 567.000 euros restantes”.

El razonamiento de la juez tiene más ventanas y más implicaciones y abre la puerta a imputar a los ex responsables del Palau un nuevo delito de malversación de caudales públicos que se castiga “con entre tres y seis años de prisión” (que se sumarían a los de tráfico de influencias, prevaricación, apropiación indebida y falsedad documental, han señalado las mismas fuentes).

Los servicios jurídicos de la Generalitat no están por la labor. Se está hablando de amigos íntimos de la Casa que hicieron grandes favores. Entienden, o dicen entender, que la supuesta comisión pagada por el promotor no pertenece al gobierno catalán. Son así de generosos. ¡Las finanzas públicas van sobradas!

Mientras tanto, eso sí, dos estudiantes barceloneses siguen en prisión punitiva y los señores Millet y Montull siguen tranquilos y confiados en sus casas. Los suyos siguen apoyándoles y mirando hacia otros sectores sociales que no son de su cuerda privilegiada.


Notas:
[1] http://www.lavanguardia.com/politica/20120416/54284827837/vecinos-ciutat-vella-7-anos-carcel-millet-y-montull.html y El País, 17 de abril de 2012, p. 18.
[2] Causa que es distinta de la del saqueo del Palau protagonizado también por sus ex responsables,
[3] Los 900.000 euros corresponden a la comisión que, supuestamente por supuesto, Millet y Montull recibieron del constructor hotelero Manuel Valderrama para favorecer la construcción del hotel.
[4] http://www.lavanguardia.com/economia/20120416/54284516835/generalitat-rechaza-reclamar-millet-y-montull-900-000-euros.html
[5] Dicho convenio establecía que el constructor debería indemnizar a la Generalitat por la pérdida patrimonial derivada de la recalificación en un 37% del valor del suelo donde se iba a levantar el hotel (y en un 67% a la Fundación Palau de la Música).


* Rebelión - Opinión - 19.4.12

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