Bruselas halla indicios de fraude en la Diputación de Ourense

ELPAÍS* : A José Luis Baltar lo persigue su estela. El exbarón jubilado del PP, sucedido por su hijo al frente del partido y de la Diputación de Ourense, no encuentra descanso. Baltar no solo fue el “cacique bueno” que presumió ser. Al rastro de los cientos de enchufados que ha dejado, tras dos décadas de mandato absoluto, en las distintas dependencias de la institución provincial —lo que ha supuesto la apertura de diligencias por la Fiscalía— se suma el de su gestión de los fondos estructurales que ha requerido una investigación de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF). El Parlamento europeo se lo ha confirmado a la diputada del BNG Ana Miranda.

La OLAF tiene “sospechas suficientemente fundadas de que se han cometido actos de fraude, corrupción u otros actos ilegales \[en la gestión de fondos estructurales\] que afectan a los intereses financieros de la Unión Europea”. Miranda sostiene que la investigación de la oficina contra el fraude de la UE parte de la denuncia realizada por un particular en 2002 secundada por diversas iniciativas de nacionalistas y socialistas en Estrasburgo. La oposición lleva años intentando aclarar por la vía política la gestión de algunos de los fondos que están siendo ahora investigados por la UE. En noviembre de 2009, el entonces todopoderoso barón del PP sentenciaba en un pleno de la Diputación que le resultaba “durísimo pensar que hay algo oculto en la elección de las depuradoras”. Salía así al paso de las críticas de PSOE y BNG, que alertaban de lo extraño de la elección de esas plantas incluidas en los planes Daredo y Deputrans considerando el alto coste de su funcionamiento (en torno a 8.000 euros anuales en electricidad) que las localidades —de menos de 500 habitantes— no podían afrontar. Se instalaron, pero en muchos casos las encienden y apagan constantemente para que no se dispare el consumo.

“Voy a seguir de cerca este tema”, dio entonces carpetazo al asunto el primero de los Baltar desde la presidencia del pleno. Antes, se había amparado en el informe técnico de un funcionario y en su convicción de la “honestidad” de su empleado. Los Baltar no dieron pábulo a las denuncias de la oposición. Tampoco a la visita que hicieron técnicos de la UE el pasado febrero a la Diputación. José Manuel Baltar Blanco la tildó entonces de “rutinaria”. Ayer, después de que Miranda informara de que el comisario europeo de Fiscalidad, Auditoría y Lucha contra el Fraude, Algirdas Semeta, le confirmara, en nombre de la Comisión Europea, la apertura de un expediente de investigación a la Diputación de Ourense, Baltar Blanco negó tener conocimiento. “La institución provincial no recibió ninguna nueva comuniación ni notificación”, informó en comunicado de prensa. “Nadie de la OLAF, ni de ningún organismo de la Unión Europea se puso en contacto ni remitió ningún documento a la Diputación de Ourense comunicando ningunha información como la que hizo pública el BNG”, destaca la nota de prensa.

Baltar sostiene que la visita, los días 22 y 23 de febrero, de los técnicos de la OLAF a la Diputación tenía como fin “realizar verificaciones técnicas de los proyectos Daredo y Deputrans y desde entonces no consta ninguna otra comunicación”. Tampoco le constan “novedades al órgano de gestión de los proyectos, en este caso al Ministerio de Hacienda”, sostiene el presidente provincial. De momento, el Ejecutivo comunitario no aporta información adicional ya que “el caso está en curso”. Esperará a que la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude presente sus conclusiones.

La investigación podría no ser más que la punta de un iceberg. Miranda ha pedido a la OLAF el expediente de investigación abierto contra la Diputación de Ourense por este supuesto fraude pero, además, pregunta a la Comisión por el uso que esta institución ha realizado de los fondos comunitarios en otros programas, como el proyecto denominado Estaciones vivas, espacios vivos, de remodelación de estaciones ferroviarias. Mientras tanto, Baltar Blanco pleitea en los tribunales contra una orden del Ministerio de Hacienda que le obliga a descertificar las ayudas de la UE con las que su padre gestionó la construcción de un hipódromo en Xinzo.

Una larga lista de planes en entredicho

Baltar Blanco salió ayer en defensa de su padre y antencesor. La investigación de la UE “servirá una vez más para acreditar el excelente papel procedimental de nuestros servicios”, dijo a La Voz de Galicia. También aseguró hace unas semanas a El País que espera que la Justicia frene la orden del Ministerio de Hacienda que le obligaría a devolver buena parte de los fondos comunitarios con los que financió el hipódromo de Antela, en Xinzo. Hacienda detectó un sinfín de irregularidades en la contratación y ejecución de la obra.
Mientras el nuevo dirigente del PP y de la Diputación de Ourense pelea por impedir la mácula —y el gravamen para las arcas de la institución— del organismo provincial que durante dos décadas presidió su progenitor, la oposición insiste en pedir una comisión de investigación —ya denegada— de la gestión de los fondos comunitarios por Baltar Pumar.Los socialistas no solo se refieren a los proyectos Daredo y Deputrans —que salpica a la Diputación de Pontevedra—, sino también al de las Estaciones, un proyecto transfronterizo acometido a través del Instituto Ourensano de Desarrollo Económico (Inorde) con 6,2 millones de euros de la UE.
Pero si los pequeños municipios de Ourense encienden y apagan las depuradoras contratadas a la empresa SMA (Soluciones Medioambientales y Aguas) para evitar el “gasto elevado” que generan, buena parte de las viejas estaciones de tren en las que se iba a invertir estos fondos “están abandonadas o infrautilizadas”, denunció el PSOE para justificar la comisión de investigación.Este grupo alertó además de otras posibles anomalías en proyectos como los de “Vía Nova”, “Arraianao” “Terras do Avia” y “Delorour”, correspondientes todos ellos a centros de transformación de biomasa.
La investigación de la gestión de los fondos comunitarios realizada durante los mandatos del fundador del baltarismo en la Diputación coincide con la inmediata acusación —también por su gestión de fondos comunitarios— de quien fue su mano derecha en la institución provincial, el exalcalde de Arnoia y actualmente delegado de la Xunta en Ourense, Rogelio Martínez. Éste ya tiene una sentencia firme condenatoria de la Audiencia de Madrid y en unos meses se sentará en el banquillo acusado, como mínimo, de malversación de fondos públicos y falsedad documental.


* El País - CRISTINA HUETE Ourense 23 ABR 2012
Foto: Depuradora de aguas de Os Peares, construida por uno de los planes que investiga la Unión Europea. / N. GÓMEZ

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La Guardia Civil investiga expedientes de infracción urbanística en Los Montesinos

INFORMACIÓN/Alicante* : La Guardia Civil ha solicitado al Ayuntamiento de Los Montesinos documentación en las últimas semanas sobre varios expedientes urbanísticos relacionados con la construcción de naves industriales en suelo protegido. Las edificaciones están situadas en la zona de influencia del parque natural de las lagunas de Torrevieja y La Mata, en el acceso al municipio desde Torrevieja, según ha podido confirmar este diario.
Al mismo tiempo que se iniciaban estas solicitudes de información de los agentes, el funcionario técnico de Administración General responsable del área de Urbanismo ha remitido al alcalde José Manuel Butrón y el secretario varios escritos en los que le hace constar la situación de supuesta irregularidad de edificaciones en el término municipal, como es el caso de una popular discoteca, pero, al parecer, con licencia de apertura del vecino municipio de Torrevieja.

Una ubicación que siempre ha generado confusión puesto que las instalaciones se encuentran a caballo entre ambos términos.
El alcalde, José Manuel Butrón (PSOE), no quiso pronunciarse sobre las diligencias abiertas en el juzgado sobre este asunto. Fuentes cercanas al primer edil indicaron que desconocen a raíz de qué denuncia pueden haberse iniciado estas pesquisas de la Guardia Civil, aunque las advertencias del citado funcionario sobre estos procedimientos podrían estar relacionadas con la investigación judicial. Fuentes municipales añadieron que los expedientes sobre los que se ha solicitado información corresponden a construcciones que se levantaron en ese suelo protegido con licencias concedidas por el municipio de Almoradí antes de que Los Montesinos se segregara en 1990 logrando un término municipal de 15 kilómetros cuadrados.
El suelo del parque natural se protegió por la Generalitat Valenciana en 1989. Las pesquisas policiales tratarían de recabar los detalles de cada uno de los expedientes de infracción y por qué supuestamente su tramitación no habría avanzado una vez abiertos, según pudo saber este diario.

Revuelo
La visita de los agentes de paisano por las dependencias del Ayuntamiento de Los Montesinos para solicitar estos expedientes no ha pasado desapercibida provocando especulaciones de lo más variado en un municipio que apenas rebasa los cinco mil vecinos y que tiene como alcalde desde hace más de dos décadas a José Manuel Butrón (PSOE) -fue elegido 1991- el único que ha tenido el municipio desde su independencia y que mantiene el porcentaje de respaldo electoral a los socialistas más abultado de la comarca. En el mandato anterior el Ayuntamiento comenzó a tramitar el Plan General de Ordenación Urbana.

Juzgan al jefe de Urbanismo por acoso y amenazas al alcalde
Antes de que se iniciara la solicitud de información de la Guardia Civil al Ayuntamiento, el alcalde José Manuel Butrón denunció al funcionario jefe del departamento de Urbanismo por supuestas injurias, acoso y amenazas. Es más, el Juzgado de Instrucción 2 de Torrevieja ha señalado fecha para juicio como consecuencia de esta denuncia. Dicho funcionario, según fuentes municipales, "tiene antecedentes por conductas análogas en otros ayuntamientos donde anteriormente ha prestado servicios, entre los que se encuentra Sant Joan y el municipio castellonense de Alcalà de Xivert". El juicio se ha señalado para el 7 de junio.
Según las mismas fuentes, en 2008, en Alcalá de Xivert (Castellón), el funcionario denunció el cobro supuestamente indebido de varios funcionarios de complementos de productividad, en un asunto que sigue vivo en el Tribunal de Cuentas. El técnico de administración general, con el que este diario no pudo ponerse en contacto ayer, obtuvo su plaza en Los Montesinos por oposición a mediados de 2011. El trasfondo de sacar una plaza especializada para el departamento de Urbanismo, algo que municipios pequeños tienen muy limitado y que sólo pueden obtener compartiendo servicios con otros, respondía precisamente a la necesidad de poner orden en algunos asuntos urbanísticos que el municipio arrastraba desde hace años, además de contar con un funcionario implicado en este área.


* Información - 24.4.12
Foto: Los Montesinos (Alicante), ayuntamiento - google

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Marbella.- El interventor declara que sus reparos no se recogían «nunca» en las actas

SUR/Málaga* : Las sesiones del juicio por el 'caso Malaya' continuaron ayer con la declaración como testigo del que fuera interventor del Ayuntamiento marbellí, Juan Antonio Castro, al que las partes le preguntaron por los informes emitidos sobre convenios, permutas y los reparos que allí expresaba. El funcionario explicó que estos análisis siempre había que hacerlos antes de la aprobación del convenio, pero que en ocasiones se le pasaba el expediente después de ser aprobados.
Así destacó que en sus informes sobre convenios de permuta no entraba en si las valoraciones eran correctas porque no tenía los datos necesarios y porque no era su cometido. «Siempre ha sido el interventor el que ha tenido que dar la cara en cuestión de valoraciones y de muchas cosas, caramba, que son materias que no son mi cometido, estamos hablando de permutas que forman parte de la llevanza del inventario y no me corresponde», aseguró al tribunal.

«Llevar y custodiar el inventario municipal no es competencia del interventor, es de otros funcionarios, si yo informo de estas cosas es por pudor, que no vayan tantos expedientes tan desamparados y que después ante una sala como esta se me eche en cara que no he hecho lo más mínimo», añadió. Asimismo dijo que pedía que le dieran los expedientes para poder verlos antes de informar y reconociendo que presentó los repartos «tardíamente».
«Nunca jamás»
El funcionario municipal aseguró que los informes de reparos se los entregaba al secretario municipal, Leopoldo Barrantes, también acusado en 'Malaya', quien los tenía que adjuntar en el expediente urbanístico correspondiente para llevarlo a la comisión de gobierno, donde se aprobaba «sin discutir»., precisó Castro, quien agregó que hubo ocasiones en las que se aprobaron expedientes con informes negativos y que «nunca jamás» se recogían en las actas los resultados de los informes de reparos.
Juan Antonio Castro explicó que él no era el que tenía que denunciar esas posibles irregularidades. «Quienes tienen que denunciar son los señores concejales, que debieron haber visto el expediente y haberse manifestado al respeto. Lo que no podemos es no ver papeles o no querer ver papeles y después manifestarse de otra manera, hay que ser consecuentes».
El testigo añadió que las actas de las comisiones «no recogían todo lo que se trataba». No obstante, cuestionado por la defensa del exalcalde Julián Muñoz sobre si vio que los entonces ediles, el alcalde o la comisión de gobierno cometían algún acto ilícito o ilegal, insistió en que «sí».
En este punto del interrogatorio, el presidente del tribunal, José Godino, advirtió entonces al letrado de Julián Muñoz de que al testigo no se le está enjuiciando y el abogado pidió entonces que se dedujera testimonio por si existiese un posible delito del interventor municipal por omisión del deber de perseguir delitos.


* Sur - 25.4.12
Foto: Marbella, ayuntamiento - euroresidentes

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