Juzgarán al exalcalde de Salou por la compra de una finca

EFE/Tarragona* : El exalcalde de Salou Esteve Ferran Rivera y su hijo y exconcejal de Urbanismo, Esteve Ferran Gombau, serán juzgados los días 30 y 31 de mayo acusados de obtener de manera fraudulenta 500.000 euros de beneficio por la compraventa de una finca en esta localidad, según fuentes judiciales.
La Sección 4ªde la Audiencia de Tarragona ha citado a ambos como imputados por la causa que abrió en enero del 2008 y también están citados a declarar en los dos días que se prevé que dure la vista diversos políticos y funcionarios del consistorio.

El juicio intentará aclarar las circunstancias de la compra y la venta de una finca de 2.850 metros cuadrados (m²) de la familia Montagut, situada en la partida Emprius de Salou, en un zona que posteriormente se revalorizó urbanísticamente y que fue vendida cuando el actual concejal de urbanismo, Marc Montagut, no había accedido aún al cargo.

La familia Montagut decidió vender la finca y pidió al consistorio información sobre su calificación urbanística.

El terreno lo compró Esteve Ferran Gombau por 30.050 euros en septiembre de 1999, en agosto de 2000 se hizo pública la operación y la venta -a dos sociedades, Fran Tarragona y Chalets Nueva Catalunya- se llevó a cabo en octubre de 2004 por 506.445 euros, lo que dejó un beneficio de más de medio millón de euros.

En el momento de la venta, la familia Ferran -el padre fue alcalde de 1991 al 2007- estaba muy cuestionada por cuatro casos urbanísticos distintos y por haber constituido en 2003 la sociedad Casmar XXI, dedicada a la venta de productos para el deporte y las actividades inmobiliarias.

ERC pidió entonces la dimisión de Esteve Ferran Gombau por el caso y su padre le defendió asegurando que la compra la efectuó él mismo con la madre de los Montagut "por la necesidad que tenían de vender", según dijo en ese momento.

Esquerra acudió entonces a la Fiscalía con un dossier sobre las actividades de la familia Ferran.

En el 2007, el juzgado de Instrucción tenía que resolver la denuncia del Fiscal contra el exalcalde y su hijo como "presuntos autores de un delito de prevaricación, tráfico de influencias, de uso de información privilegiada y de un delito de aprovechamiento ilícito de información privilegiada".

"En el momento de la adquisición tenían pleno conocimiento de la existencia de la renovación del POUM y no así el vendedor, siendo que dicha partida afectaba a la finca adquirida, que iba a cambiar de uso, de equipamiento deportivo a residencial", afirmaba la Fiscalía, que en un año había reunido la documentación suficiente para imputar a Esteve Ferran y su hijo como presuntos autores de varios delitos que podrían suponer inhabilitación y penas de cárcel.

Así, la Fiscalía, además de la compraventa de esta finca, analizó la concesión de un solar para una residencia sociosanitaria donde el canon anual era muy bajo; la compra de unas fincas a raíz del desvío del barranco de Barenys por parte de sociedades de un primo del alcalde, y la rapidez con la que se concedieron licencias para edificar en el antiguo espacio de la discoteca Galas.

El juez archivó las diligencias contra el exalcalde y su hijo, pero la Audiencia de Tarragona reabrió el caso en 2010 al aceptar el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía después de que el magistrado del juzgado de instrucción número 4 de Tarragona dictaminara en 2009 que "no existían indicios de que se hubiera perpetrado un delito de uso de información privilegiada".

La Audiencia consideró en 2010 que "sí existen indicios suficientes de responsabilidad criminal de los acusados".


* ABC - EFE - 25.4.12
Foto: Salou (Tarragona), vista - turismo

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Penas mínimas por corrupción en Menorca tras siete años de instrucción

ELPAÍS* : Han sido siete años de instrucción y la dilación indebida del proceso beneficia a los reos. Es una atenuante cualificada. El llamado caso ses rates de Ciutadella de Menorca, un procedimiento penal abreviado por corrupción urbanística municipal, se juzgó y resolvió este lunes de abril de 2012 en la Audiencia de Palma de Mallorca, mediante un pacto de conformidad entre la Fiscalía y los cargos públicos, negociantes y técnicos acusados.
Los hechos giran alrededor de la trama diseñada para la compra pública, amañada, de una parcela urbana con vistas a ulteriores posibles negocios privados de recalificaciones, aparentemente entre políticos y empresarios. El perjuicio para las arcas públicas se calculó en 288.000 euros.

El exlíder del PP de Ciutadella, Avel.li Casasnoves, -exdiputado balear- y responsable local de urbanismo, ha asumido una condena de tres meses por fraude a la administración más 540 euros de multa; se le pedían dos años y medio de prisión. Casasnovas dejó el PP poco antes de ser suspendido de militancia tras ser imputado.

El político localista populista Llorenç Casasnovas –que no es pariente pero sí fue aliado del anterior-, que fue concejal colaborador de Urbanismo desde su Partit Menorquí, ha sido condenado a dos penas que suman un año por fraude y falsedad documental. El fiscal le acusó, inicialmente, por negociaciones prohibidas, fraude, falsedad, malversación de caudales y tráfico de influencias y reclamó para él más de siete años de cárcel. Llorenç Casasnovas tiene antecedentes penales –no computables- por obras ilegales y desobediencia a autoridades y funcionarios. Ninguno de los condenados ingresará en prisión.

La causa se inició en 2005 en un juzgado de Ciutadella por el que han pasado tres jueces instructores distintos y, al menos, dos fiscales, según relató uno de los abogados. Antes del juicio, falleció el denunciante perjudicado, un hombre que tenía 72 años al firmar la venta del solar al hombre de paja de un político. Desde el Ayuntamiento amenazaron al propietario con abrirle un expediente por presencia de roedores y abandono de la parcela, hechos no probados. Le advirtieron de que sería multado con 8.000 euros.

Al conjunto de los seis implicados, dos cargos públicos, el empresario testaferro Antonio Picó y tres técnicos locales, se les reclamó hasta 21 años de cárcel desde la acusación pública y la particular (el PSOE y el nacionalista PSM). Las penas acordadas en el pacto no superan, individualmente, el año y medio. También se diluyen las peticiones de indemnización de cerca de 200.000 euros.

El acuerdo con la Fiscalía, que implica el reconocimiento de un episodio delictivo, se tuteló por los tres magistrados de la sala de la Audiencia de Palma. El tribunal evitó resolver las cuestiones previas y retrasar, otra vez, el juicio. Los procesados evitaron la vista pública y esquivaron la posibilidad de penas con años de reclusión. La Fiscalía optó por el camino de verificar, aún a la baja, sus tesis y no exponerse a un traspié ante los tribunales. Un abogado reclamó que el caso se juzgara en un tribunal con jurado y en otra instancia. Los políticos no estaban de acuerdo con esta estrategia. Tras dos horas de negociaciones entre las partes y redacción del acuerdo el caso quedó cerrado, a la espera de conocer el contenido jurídico técnico del fallo de la Audiencia.


* El País - ANDREU MANRESA - 23 ABR 2012
Foto: Ciutadella (Menorca), vista - balear

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