Madrid.- Los peajes en sombra ya cuestan 103,6 millones de dinero del contribuyente

ELPAÍS* : La presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, justifica su intención de cobrar peaje en las autovías madrileñas por su coste de conservación y mantenimiento, que cifra en 30 millones de euros al año. "Tenemos un montón [de autovías]", explica la presidenta en una entrevista publicada hoy en Abc, en la que cita como ejemplos la M-501 o la circunvalación M-45. Según el último presupuesto de la Comunidad, correspondiente a 2012, la reposición y mantenimiento de carreteras supone más del doble de esa cantidad, 65,5 millones de euros. Es un millón y medio más del dinero que se destinó en el presupuesto de 2011. La red principal de carreteras regionales tiene 661,8 kilómetros.

Una de las opciones posibles para cobrar al ciudadano por el tránsito en carretera es cambiar el modelo de peaje en sombra, un sistema de pago de peaje se financia a través de impuestos, que ya se aplica actualmente en la M-407, la M-45, la M-511 y la M-501. Los peajes en sombra suponen 103,6 millones de euros, según las cuentas de 2012.

Con este sistema el Gobierno regional paga a las empresas por los vehículos que circulen por estas carreteras a cambio de que las adjudicatarias las construyan y las gestionen. Una concesionaria construye una carretera y la Administración le abona un canon anual en función del número de vehículos que la transitan. El coste final suele ser superior al que pagaría la Administración si construyera la carretera con medios propios aunque se abona en un plazo más largo. En 2005, por ejemplo, este periódico publicó el coste que tendría el peaje en sombra de la M-45, para la que el presupuesto de 2012 reserva casi 82 millones de euros.

El coste de construcción de esta vía, que une la M-40 con la A-2 por San Fernando de Henares y Leganés, fue de 487 millones. El contrato de concesión administrativa a las distintas concesionarias durante 30 años reflejaba un pago cuatro veces superior: 1.670 millones de euros.

En cuanto al resto de carrteras donde se aplica el modelo, en la M-407 (de Leganés a Griñón, 16 kilómetros) supone 6,4 millones de euros. La M-45 (34,8 kilómetros entre San Fernando de Henares y Leganés, casi 82 millones. La M-501, la polémica carreteras de los pantanos, recorre 72,8 kilómetros por San Martín de Valdeiglesias hasta el límite con la provincia de Ávila. El peaje en sombra de esta vía y de la M-511 (que aparecen juntas en el presupuesto) asciende a algo más de 15 millones de euros.


* El País - PILAR ÁLVAREZ Madrid 3 MAY 2012
Foto: Madrid, obras carretera pantanos - publico.es

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Valencia.- Cotino autorizó el pago de 16,3 millones a Emarsa en 2010 sin el aval técnico

LEVANTE* : El convenio por el que la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), dependiente del Consell, financió más de 120 millones de euros a Emarsa durante los años del saqueo era ilegal, según reveló en la comisión de investigación de las Corts el secretario de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi), José Antonio Martínez. En 2009 la Emshi avisó a la Epsar mediante varios escritos de que no tenía constancia de este convenio de financiación, por lo que sus técnicos no habían acudido a ninguna de las reuniones celebradas desde 2004. Pese a estas reclamaciones, impulsadas por Martínez, que había llegado a finales de 2008 a la entidad metropolitana, el presidente de la Epsar en 2010, el actual presidente de las Corts, Juan Cotino, firmó el pago de 16,3 millones de euros en 2010.

De estos documentos, en poder de los diputados que han investigado la comisión de investigación, se desprende que la Epsar hizo caso omiso a las advertencias de la Emshi, propietaria y responsable de las cuentas de Emarsa, y continuó financiando la depuradora de Pinedo por un convenio ilegal. Este documento fue avalado por cuatro de los ahora imputados y principales acusados por el juez. El exgerente Esteban Cuesta, el expresidente Enrique Crespo y los exaltos cargos de la Epsar, José Juan Morenilla e Ignacio Bernácer.

Pero, ¿Por qué no se dio cuenta la Emshi hasta 2009 de que el convenio de 2004 era ilegal?. De hecho, fue sólo con la llegada de Martínez a la secretaría de la entidad metropolitana que se hizo público que la propietaria de Emarsa desconocía este convenio de financiación.

Este acuerdo ilegal fue el que cuestiona el juez que investiga el saqueo y que fijó el pago de 42 euros por tonelada de lodo tratado, muy por encima del coste real de 18 euros que se abonaba a la empresa que realmente hacía los trabajos. Además, el desconocimiento de este convenio evitó que ningún técnico de la Emshi estuviera en las comisiones de seguimiento.

Así, el 13 de octubre de 2009, el gerente de la Emshi se dirigía a la Epsar para que le aclararan la existencia de un convenio por el que en la época ya se habían transferido más de 100 millones de euros. Pese a ser conocedora de la situación, la Epsar volvió a abonar 16,3 millones de euros que Cotino firmó como presidente y conseller de Medio Ambiente.

Pero no fue la única vez en que la entidad metropolitana advirtió de las anomalías. El 28 de abril de 2010 la Emshi vuelve a recordar a la Epsar que desconocen el convenio de financiación y que no tienen las actas de las comisiones de seguimiento. Un mes después, la Epsar abonó la última remesa a Emarsa antes de su liquidación.

Desde el PSPV denunciaron que estos documentos avalan la petición de nuevas comparecencias. «Es imprescindible que Cotino comparezca en la comisión de investigación. Las responsabilidades penales deben aclararse en el juzgado, pero las políticas deben dirimirse en las Corts. Y estas informaciones requieren alguna explicación», solicitó la diputada socialista, Carmen Martínez.

Las Corts debaten las conclusiones de la comisión
La comisión de investigación de Emarsa en las Corts Valencianes encara la recta final. Los diputados se reunirán hoy para elaborar el dictamen de conclusiones, que se debatirá y votará el próximo viernes día 4 y donde se elegirá el portavoz que las defienda ante la Cámara. El martes 8 finaliza el plazo para presentar votos particulares. El 16 de mayo será el debate y votación en el pleno de las Corts. Difícil va a ser que los cuatro grupos políticos coincidan en las conclusiones, ya que desde PSPV, Compromís y EUPV se ha venido criticando que la comisión ha sido un «paripé» porque no se ha citado a declarar a los verdaderos responsables de la gestión de la depuradora de Pinedo durante los años del saqueo. Como en las comparecencias y en la petición de documentación, se impondrá seguramente la mayoría del PP en la redacción de las conclusiones. La mayoría absoluta del pleno las validará.


* Levante - SERGI PITARCH - 2.5.12
Foto: Valencia, depuradora Pinedo - levante

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Piden 4 años más de cárcel para el exjefe de Urbanismo de Andratx

EUROPAPRESS/Mallorca* : La Fiscalía Anticorrupción solicita cuatro años y medio más de cárcel para el exjefe de Urbanismo del Ayuntamiento de Andratx, Jaume Massot -quien en la actualidad ya cumple condena en la prisión de Palma dentro del caso Andratx-, así como seis meses para el exasesor jurídico Jacobo Rodríguez Miranda, hijo del exministro Santiago Rodríguez Miranda, quienes a partir del próximo lunes volverán al banquillo para ser juzgados junto a otros cinco acusados por la concesión de una licencia urbanística a sabiendas de su ilegalidad.

En concreto, el juicio, fijado hasta el jueves por el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial, está enmarcado en la pieza separada número 6 de este procedimiento judicial, dentro de la cual la acusación particular, ejercida por el Consistorio mallorquín, reclama por su parte diez años de prisión para Massot, sobre quien pesan presuntos delitos de prevaricación urbanística, falsedad y contra la ordenación del territorio, y dos años de privación de libertad para Rodríguez Miranda -prevaricación-.

Se da la circunstancia de que el hijo de quien fue ministro de Trabajo y Seguridad Social durante el último gobierno de UCD, ya fue condenado por este mismo órgano judicial a siete años de inhabilitación y a una multa de 7.200 euros dentro de otro de los flecos de la causa -el número 9-, en el que por el contrario fue absuelto Massot.

Junto a los dos inculpados serán juzgados el excelador de obras del Ayuntamiento, Jaume Gibert, y los cuatro propietarios que adquirieron una parcela ubicada en suelo rústico "con el único fin de especular y a sabiendas de que no iban a tener impedimento alguno para obtener licencia de construcción", a pesar del nivel de protección del terreno, tal y como postulan las acusaciones en sus respectivos escritos de calificación, a los que ha tenido acceso Europa Press.

Tanto la Fiscalía como el Ayuntamiento, representado por los abogados Josep de Luis e Isabel Fluxà, aseveran cómo Francisco R.M, Juana María R.V, Ole Jorgen P.R. y Marianne Y.R. adquirieron el solar de Can Mena -de 887 metros cuadrados-, con el objetivo de construir en él una vivienda unifamiliar de nueva planta pese a ser conscientes de la imposibilidad legal de esta pretensión. Sin embargo, los procesados no se limitaron a ejecutar estas obras sino que a éstas se sumaron terrazas de unos 168 metros cuadrados así como unas dependencias anexas de 33,2 metros, señalan.

Las acusaciones apuntan a que tan sólo cuatro días después de la compraventa, el 16 de julio del año 2000 Gibert emitió un certificado de antigüedad para hacer constar que en el terreno existía ya una casa en ruinas de más de 100 años de antigüedad -a fin de posibilitar su reforma- a pesar de que no existía vivienda alguna. Una actuación que presuntamente llevó a cabo siguiendo "expresas órdenes" de Massot, a fin de que los propietarios pudieran solicitar licencia para la 'rehabilitación de vivienda unifamiliar aislada existente'.

Tras ello, prosiguen, Massot informó favorablemente de la licencia mientras que Rodríguez Miranda emitió asimismo un informe favorable a pesar de conocer "sobradamente la inexistencia de una vivienda que reformar". "Dada su formación en derecho y el área en la que trabajaba era obvio que no podía informar favorablemente, pues no se cumplían los requisitos necesarios ni parámetros urbanísticos previstos por la Ley", indica la acusación particular, aseverando además que el letrado asesor "es la persona encargada de velar por el cumplimiento de la legalidad vigente".

Tras todos estos trámites, la licencia finalmente fue aprobada el 3 de mayo de 2002, si bien tres años después el propio Gibert emitió acta de suspensión de las obras por no ajustarse a la licencia otorgada, según la cual iba a reformarse un inmueble ya construido en la misma zona -y que en realidad no existía- cuando finalmente fue levantada una vivienda de nueva planta.

Cabe recordar que por esta misma causa ya se encuentran en prisión tanto Massot, también exdirector general de Ordenación del Territorio, como Gibert y el exalcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo. Tanto Massot como Hidalgo cumplen condena en la actualidad en el centro penitenciario de Palma por las dos primeras piezas del caso que fueron juzgadas dentro del caso Andratx, cuya complejidad provocó la apertura de un total de 77 piezas separadas.


* El Economista - EP - 3.5.12
Foto: Andratx (Mallorca), costa urbanismo salvaje - elmundo.es

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