Mijas se declara ´desbordada´ por la construcción de casas en el campo

LAOPINIÓN/Málaga* : En Mijas siguen haciéndose casas en el campo, y desde el Ayuntamiento están dispuestos a llamar a todas las puertas necesarias para acabar con esta práctica pese a las muchas advertencias realizadas por el actual equipo de gobierno municipal. Ayer se supo que su alcalde, Ángel Nozal, ha solicitado a la Guardia Civil que colabore con la Policía Local para evitar más obras irregulares en el extenso término municipal.
Así lo anunció ayer el concejal de Urbanismo en la institución local, Manuel Navarro, quien lamentó tener que comparecer de nuevo para abordar este asunto. «Se ha consentido durante muchos años, pero este equipo de gobierno no mirará a otro lado, como hicieron otros en su momento. Es importante que todos sepan que toda obra en el campo que se inicie ahora nunca será regularizada», zanjó el edil.

Manuel Navarro añadió que en el Consistorio se sienten «desbordados» por las numerosas acciones irregulares de este tipo llevadas a cabo por algunos vecinos. De ahí que pidan ayuda a otras entidades para que vigilen y controlen esta conducta incívica.

Y es que, en cifras, durante el pasado mes de abril el área de Urbanismo del organismo municipal contabilizó hasta 50 precintos de obras sin licencia, «no sólo en el campo, también en áreas urbanas», como indicó el propio responsable municipal. En este sentido, Navarro llegó a asegurar que dicha cifra supone más precintos de los que el Ayuntamiento de Mijas ha practicado desde la llegada de la democracia.
Las incidencias, según apuntó el concejal, van desde ampliaciones de terraza, cerramientos de balcones, hasta obras de construcción de viviendas nuevas, tres de las cuales se estaban construyendo en zonas rurales.

Entorpece la regularización. Estos datos, que no arrojan un cambio en este fenómeno irregular en el municipio como señaló el edil, vienen a dificultar el proceso de regularización de viviendas iniciado por el presente equipo de gobierno mijeño que, según avanzó el concejal Manuel Navarro, se encuentra ahora en la última fase de catalogación de construcciones irregulares.

Se trata de aquellas casas que se construyeron hace más de cuatro años y que, después de un estudio y de abonar las correspondientes tasas urbanísticas, podrán o no convertirse en legales.


* La Opinión Málaga - JOSÉ LUIS JIMÉNEZ 9.5.12
Foto: Mijas-Calahonda (Málaga) - J.Rojas, elpais.com

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Piden cárcel y nueve años de inhabilitación a exedil de Urbanismo de Zurgena por 67 viviendas

EUROPAPRESS/Almería* : La Fiscalía ha solicitado penas de 21 meses de cárcel y nueve años de inhabilitación para el exedil de Urbanismo de Zurgena, Manuel Tijeras (PA), y el arquitecto municipal Carlos Domingo B.F., por autorizar presuntamente una promoción de 67 viviendas unifamiliares sobre suelo no urbanizable y a sabiendas de que no podían ser susceptibles de autorización de acuerdo a legislación urbanística vigente en la pedanía de La Alfoquía. En el procedimiento, sobre el que el juez instructor ordenó apertura de juicio oral el 30 de abril, se ha formulado, asimismo, acusación contra los administradores de las mercantiles Sumlit SL y López y Silvente SL, promotora y ejecutora de la obra, respectivamente, y contra la arquitecto que elaboró el proyecto para la primera de las empresas por presunta comisión de delitos contra la ordenación del territorio. Todos se enfrentan al pago de 847.227 euros para sufragar el coste del derribo ya que 45 viviendas fueron vendidas antes de que la obra fuese paralizada en 2007 y están habitadas.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Huércal-Overa decretó, sin embargo, a petición del Ministerio Público, el sobreseimiento de las actuaciones contra parte de la corporación que ejerció hasta 2007 y contra el exalcalde y actual concejal de Urbanismo, Cándido Trabalón (PA) y la secretaria municipal, Trinidad L.G., al estimar que de las actuaciones practicadas no se desprende la perpetración de un delito de prevaricación urbanística ya que, al existir un informe favorable a la concesión de la licencia, no se puede apreciar dolo.

Según se recoge en el escrito de calificación fiscal, al que tuvo acceso Europa Press, los acusados Francisco S.G. y José L.A. como administradores de la mercantil Sumlit SL, así como Luis S.D. y José Antonio L.A., administradores mancomunados de López y Silvente SL, construyeron 67 viviendas en la parcela 68 del polígono 16 del término municipal de Zurgena "con conocimiento de que el suelo sobre el que se levantaban era no urbanizable y que no eran autorizables conforme a la legislación urbanística".

Por su parte, Adoración G.F. elaboró el proyecto a petición de Sumlit para la promoción, un proyecto que fue ejecutado en calidad de arquitecto técnico por Carlos Domingo B.F. con el mismo conocimiento, según subraya. En el caso de Carlos Domingo B.F. resalta, además, que en su condición de asesor técnico del Ayuntamiento, emitió dos informes favorables a esta actuación en mayo de 2005 y en marzo de 2005 pese a saber de "su ilegalidad" y manifestando "mendazmente" que el suelo era urbano y que, por tanto, era posible construir.

A partir de ese informe, el exconcejal de Urbanismo zurgenero, "pese a que conocía que el tipo de suelo imposibilitaba la concesión de la licencia", emitió sendos decretos en los que autorizaba la construcción de la promoción y, además, concedió, a partir de julio de 2006, la licencia de primera ocupación para cada una de las 67 viviendas.

El acusado Carlos Domingo B.F. se enfrenta, asimismo, a la pena de 12 meses de multa a razón de 50 euros al día como supuesto autor de un delito de actividades prohibidas a los funcionarios ya que "compatibilizó" el cargo de arquitecto técnico de la ejecución de la obra y sus funciones como asesor técnico del ayuntamiento, "lo que le hizo --ahonda-- perder toda la objetividad a la hora de hacer valoraciones y emitir informes favorables a la obra".

El Ministerio Público exime, sin embargo, de responsabilidad al resto de imputados ya que el informe de la secretaria del Ayuntamiento de Zurgena "no era ni favorable ni desfavorable a la concesión pues se limitaba a señalar que debían ser los servicios técnicos los que determinaran la adecuación del proyecto a la normativa urbanística".

Tijera, junto al exregidor, acumula más de una decena de procedimientos penales abiertos, entre ellos, el derivado de la macrooperación conocida como 'Costurero' que se saldó en el año 2007 con su detención. El juez instructor de esta causa ordenó incoar procedimiento abreviado hace más de un dos y medio contra él y otras 24 personas, entre ellos parte de la corporación local, por presuntos delitos de prevaricación, contra la ordenación del territorio, cohecho y falsedad documental.


* Diario del Derecho - EP - 7.5.12
Foto: Zurgena (Almería) - teleprensa.net

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El juez abre la puerta al procesamiento de Millán y Novoa por el caso Hiconsa en Cartaya

HUELVAINFORMACIÓN* : El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº2 de Ayamonte ha dictado un auto, con fecha 30 de abril de 2012, por el que ordena la continuación de las diligencias del llamado caso Hiconsa de Cartaya y mete de lleno al ex alcalde, Juan Antonio Millán; y a su primer teniente de alcalde, Miguel Novoa, en la senda de un juicio oral en el que se deberá sustanciar y dilucidar si hubo corrupción urbanística en el municipio bajo su mandato.
El auto deja claro el procesamiento, tras el fin de la instrucción judicial, de Millán, Novoa y otras tres personas, implicadas presuntamente en un caso de supuesta prevaricación, negociación prohibida a funcionarios públicos y contra la ordenación del territorio.

Están imputados, además, Juan Márquez (administrador de la empresa constructora), Francisco Benítez (arquitecto que hizo la valoración del convenio urbanístico y que era a su vez arquitecto de Hiconsa y de Miguel Novoa en una obra particular), y María Dolores Contreras (esposa del teniente de alcalde de Urbanismo).

En el auto, se subraya que se dé traslado al Ministerio Fiscal y simultáneamente y por medio de fotocopias a las acusaciones particulares personadas para que en diez días formulen escrito de acusación, solicitando la apertura de juicio oral en forma prescrita por la Ley o bien el sobreseimiento de la causa.

El caso se reabrió en octubre de 2011 porque la sala consideró que lo instruido es "insuficiente" para archivarlo, ya que a su parecer "faltan indagaciones de interés y no puede todavía razonarse que los hechos, algunos cuya existencia no se discute, deban considerarse en todo caso no punibles".

La denuncia del caso Hiconsa fue presentada en abril de 2009 por Izquierda Unida, Independientes por Cartaya, Partido Popular y Partido Andalucista, que están personados como acusación popular.

En la trama del caso estarían implicados Millán, el ex primer teniente de alcalde, un arquitecto; el administrador de Hiconsa y la esposa de Novoa.

A juicio de la oposición, la reapertura del caso Hiconsa permitirá investigar, entre otros aspectos, si era correcta o no la valoración de los terrenos donde la contructora ha edificado un centenar de viviendas en la barriada de El Almendral, junto al centro de la población.

Dicha valoración fue hecha por el arquitecto denunciado y ha sido cuestionada por otra alternativa encargada por la oposición a otro profesional de la arquitectura. Según esta última valoración, el Ayuntamiento de Cartaya habría perdido 3,5 millones de euros en esa operación urbanística.

La operación tuvo su origen en el convenio urbanístico que Hiconsa firmó con el Consistorio en junio de 2005 para la construcción de medio centenar de viviendas en unos terrenos de 21.000 metros cuadrados. El arquitecto autor de las valoraciones de los suelos públicos y privados, Francisco Benítez, reconoció en su día ante el juez que las realizó para que fuese económicamente viable la venta de las viviendas que la empresa pretendía construir.

Para los denunciantes de la operación, en la tramitación del caso ha quedado claro y demostrado que "el arquitecto denunciado trabajaba al mismo tiempo para el Ayuntamiento, Hiconsa y para Novoa", así como que éste dijo que la valoración de los terrenos se hizo para que las viviendas a construir por Hiconsa fuesen competitivas en el mercado.

A juicio de las partes denunciantes, eso quiere decir, subrayaron tras la reapertura del caso por parte de la Audiencia Provincial, que la tasación se hizo "atendiendo a los intereses de la empresa en lugar de a los del Ayuntamiento".

ICAR, PP y PA, que hoy conforman el tripartito que gobierna Cartaya, siempre mantuvieron en las preliminares judiciales del caso que el Gobierno municipal del PSOE otorgó de forma ilegal licencia de obras a Hiconsa para la construcción de las viviendas, pues no estaba aprobado de forma definitiva el planeamiento urbanístico de esa zona, cuyo autor es el arquitecto denunciado.


* Huelva Información - 8.5.12
Foto: Cartaya (Huelva) - todohuelva.com

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