No hay dinero para Fuencarral; sí para el ambulatorio de gestión privada

ELPAÍS/Madrid* : Medio centenar de personas han vuelto esta mañana a la sede de la Consejería de Sanidad madrileña para entregar la segunda tanda de firmas recogidas para pedir la reapertura del centro de especialidades de Fuencarral. Como el pasado 1 de marzo, las asociaciones del distrito madrileño han puesto dinero para contratar un autocar que ha trasladado a los vecinos más perjudicados por el cierre del ambulatorio, es decir, personas mayores con problemas de movilidad que ahora deben trasladarse a otros centros sanitarios para ir a consulta.
Si en la última protesta frente al departamento que dirige Javier Fernández Lasquetty se presentaron 8.000 firmas, esta mañana han sido más de 3.000, según ha explicado María Jesús Vilches, de la asociación de vecinos La Unión de Fuencarral. También en esta ocasión los vecinos han pedido que les reciba el consejero, sin éxito.

La Comunidad de Madrid anunció en febrero pasado que el edificio que acogía el centro de especialidades, de más de 30 años, necesitaba obras estructurales muy caras y que no tenía dinero para acometerlas. Tras el cierre, 66 consultas de médicos especialistas y los pacientes que atendían han tenido que trasladarse al hospital de La Paz, el ambulatorio de Peñagrande, el de Bravo Murillo y el de Colmenar Viejo.

Una decisión que contrasta con lo que está sucediendo en Torrejón de Ardoz. El centro de especialidades de la localidad cerró sus puertas el 31 de octubre pasado. Pero solo de forma temporal. El 2 de noviembre empezaron unas obras de reforma integral. El edificio de tres plantas y más de 4.200 metros cuadrados volverá a abrir sus puertas en julio, pero habrá dejado de ser un centro de gestión pública. La Comunidad de Madrid se lo ha cedido a la concesionaria del nuevo hospital de Torrejón, de gestión privada.

La rehabilitación está costando más de 3,5 millones de euros, algo que ha llamado la atención a la plataforma de asociaciones vecinales que pide la reapertura del centro de Fuencarral. Aseguran que la Comunidad hizo obras en el edificio en 2002 con un coste de un millón y medio de euros. Los arreglos deberían haber continuado, pero el inmueble se quedó como estaba. Los daños estructurales empeoraron por la falta de mantenimiento y la desidia de la Administración, se quejan. Según sus datos, reformar el edificio ahora costaría tres millones de euros. "Una cantidad que la Consejería puede asumir ya que ha invertido tres millones y medio en la reforma de Torrejón de Ardoz", señala la plataforma.

¿Ha pagado o no ha pagado la Consejería de Sanidad esa cantidad? Un portavoz asegura que no, y explica que la reforma entraba dentro del contrato de gestión con Ribera Salud, la concesionaria del hospital de Torrejón. Sin embargo, una nota de prensa emitida por la Comunidad de Madrid asegura: "La Comunidad ha invertido 3.562.530 euros en las obras de adecuación y la dotación del centro". El portavoz no ha precisado si se trata de un error. Una portavoz de Ribera Salud también ha afirmado que esa cantidad la aporta la concesionaria.

Según la misma nota de prensa, del 23 de abril pasado, el ambulatorio privatizado albergará los servicios de Rehabilitación, la Unidad de Salud Mental, la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil y el Hospital de Día Psiquiátrico. También se realizarán pruebas de preoperatorio y radiología convencional, añade. El portavoz del PSOE en Torrejón de Ardoz, Guillermo Fouce, afirma que el Ayuntamiento (PP) se ha negado a responder sus preguntas sobre a qué se va a destinar el centro y quién ha pagado la reforma. "La concesión ha sido opaca y no ha habido información de ningún tipo", critica.

Los trabajadores públicos del centro de especialidades de Torrejón fueron trasladados al hospital de Alcalá de Henares. Según el sindicato MATS, muchos ya han perdido su trabajo. En una primera oleada, 36 empleados (enfermeras, auxiliares, administrativos, fisioterapeutas, etc.) con contrato eventual no fueron renovados el 30 de noviembre, asegura el sindicato. En una segunda tanda, a finales de marzo, los contratos de algunos trabajadores más terminaron y no volvieron a firmarse, asegura Javier Cordón, de MATS.

El cierre del centro de especialidades de Fuencarral ha obligado a sus 70.000 usuarios a trasladarse a otros centros sanitarios, "algunos situados en otros municipios, como Colmenar de Oreja", asegura la plataforma que pide su apertura. Las asociaciones se quejan de que, pese a haberlo solicitado en muchas ocasiones, la Consejería de Sanidad se niega a facilitarles una copia del informe técnico de acuerdo con el que ordenó la clausura del ambulatorio. Este periódico también lo ha pedido. Un portavoz de la Consejería ha asegurado que no lo va a entregar.

El cierre ha traído consigo "la saturación de los centros de Bravo Murillo y de Peñagrande, a donde han sido derivados la mayor parte de los usuarios", según las asociaciones. "Ahora los vecinos tardan una hora y media solo en pedir una cita para el especialista", añaden. El concejal del PSOE Pedro Zerolo ha acompañado a los vecinos en su protesta de esta mañana. El edil considera que el Ayuntamiento de Madrid debe intervenir y exigir a la Comunidad de Madrid la reapertura del centro. "También es responsable del drama por la falta de atención sanitaria" de los vecinos, añade.


* El País - ELENA G. SEVILLANO Madrid 10 MAY 2012
Foto: Vecinos de Fuencarral protestan frente a Sanidad. / CRISTÓBAL MANUEL

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Miles de pisos 'low cost' están en manos de los bancos en Toledo y Guadalajara

20MINUTOS* : Las ofertas low cost han llegado al mercado inmobiliario y, aunque la urbanización "El Quiñón" de Seseña es el caso más paradigmático, el desplome de los precios se generaliza en las miles de viviendas que son propiedad de los bancos en La Sagra (Toledo) y en el Corredor del Henares (Guadalajara).
Es el caso de Illescas (Toledo), a media hora de Madrid, donde un piso de 90 metros cuadrados y 3 habitaciones cuesta 91.500 euros, un 52% menos que cuando se puso en venta por primera vez; y lo mismo ocurre en Azuqueca de Henares (Guadalajara), donde una vivienda de 94 metros cuadrados y 3 habitaciones ha pasado de los 170.000 euros a los 90.400.

En la provincia de Guadalajara, las ofertas van desde un piso de 134 metros cuadrados por 125.000 euros en la capital hasta un dúplex de 106 metros cuadrados por 160.000 euros en Pozo de Guadalajara.

Pero estas gangas también se dan en el mercado de viviendas de segunda mano, con pisos en Talavera de la Reina de 100 metros cuadrados por 30.000 euros e incluso un chalet en Numancia de La Sagra, de 196 metros cuadrados, por 105.000 euros.

Solo son algunos ejemplos que pueden descubrirse entre los más de 3.400 inmuebles de Castilla-La Mancha que las principales inmobiliarias de entidades financieras (Santander, BBVA, Sabadell, La Caixa, Ibercaja y Caja Duero) anuncian en sus páginas web.

El sector inmobiliario, sin embargo, eleva la cifra y calcula que solo en La Sagra, la comarca toledana que limita con la provincia de Madrid, hay entre 6.000 y 7.000 viviendas en manos de los bancos, buena parte de ellas aún en trámites judiciales, y que, según aseguran, irán aflorando progresivamente al mercado inmobiliario.

Ofertas atractivas para vender los pisos

En un recorrido por la oferta inmobiliaria de las zonas castellanomanchegas limítrofes con Madrid, las entidades financieras han descendido los precios de sus viviendas en torno a un 30% de media.

"En pueblos más pequeños las bajadas han sido más importantes; pueden llegar al 40% e incluso en algunos casos al 50", explica Javier Serrano, de la inmobiliaria "Vive", que principalmente ofrece pisos propiedad de entidades financieras.

El vendedor asegura que el ejemplo más drástico del desplome de precios se ha dado en el residencial "El Quiñón", la urbanización construida por Francisco Hernando, "El Pocero", donde alrededor de 2.000 inmuebles están en manos de las entidades financieras, que realizan agresivas campañas de atracción a compradores.

De hecho, un kilómetro antes de llegar a la urbanización numerosos carteles, sujetos en las farolas, exponen atractivos precios de viviendas —desde los 65.000 euros— y mediante indicaciones dirigen a los potenciales compradores a las oficinas inmobiliarias de las entidades financieras.

A día de hoy, el Santander, a través de su inmobiliaria Altamira, comercializa en "El Quiñón" pisos de 65 metros cuadrados por 75.000 euros, con pistas de fútbol y baloncesto, piscina y zonas ajardinadas e infantiles, mientras que otros más espaciosos, de hasta 124 metros cuadrados, están a la venta por 115.000 euros.

Las entidades financieras ofrecen además otros atractivos a los compradores como las condiciones financieras de los préstamos hipotecarios para sus propias viviendas y proporcionan para sus inmuebles un diferencial del 1,25 o 1,30 sobre el euríbor.

Además, ofrecen la posibilidad de financiar el 100% de sus inmuebles, mientras que la financiación no llega al 80 por ciento para viviendas ajenas.

Alquiler

Las entidades financieras también se han propuesto revolucionar el sector del alquiler y es el caso de la Obra Social de La Caixa, que ofrece 823 viviendas en Castilla-La Mancha desde los 85 hasta los 150 euros mensuales.

Con estos datos, el sector inmobiliario ha advertido de que el mercado "no está estabilizado" y no realizan previsiones futuras, si bien Serrano ha apuntado la posibilidad de que los precios de las viviendas en propiedad de los bancos no bajen mucho más, porque "quien no se compra un piso por 65.000 euros porque no puede, tampoco lo hará por 60.000".


* 20 Minutos - EFE - 13.5.12
Foto: Seseña macrourbanización - U.Martín, elpais.com

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Valencia.- La ruta del despilfarro

ELPAÍS* : La idea surgió hace mucho tiempo. Antes de que la actual crisis les estallara a los gobernantes en su propio cuarto y ninguno supiese reaccionar a tiempo. Antes, incluso, de que los eufemismos "reforma", "ajuste" o "esfuerzo" se instalaran en el vocabulario popular y suavizaran conceptos más duros como "recorte" o "privatización". "Nos dimos cuenta de que la corrupción estaba en todos los sitios", apunta Teresa Galindo, una de las organizadoras de la Ruta del Despilfarro Valenciano, "y de que la ciudad es algo más que sus edificios y su historia. También es el día a día que viven sus ciudadanos". Esta periodista, junto al profesor Miguel Ángel Ferrís, ha coordinado una excursión alternativa por las inversiones de la ciudad que se han convertido en una "ruina" para el Ayuntamiento, el Consell y, por tanto, para sus habitantes.

El recorrido comienza en la ampliación de Las Cortes, en la calle de Novellos. De esta cámara es de donde, según explica Ferris con una camiseta en la que se puede leer Rita, ¿el Papa sabe lo tuyo?, procede "el origen de la deuda valenciana": "Corrupción y malas inversiones", una deuda pública "que embargará a la Comunidad Valenciana durante 30 años" y "miles de ejemplos" de una "política de especulación" que solo ha conseguido "aires de modernidad con carcasas vacías". A las 10 de la mañana de este sábado 30 pasajeros realizarán un recorrido, que durará cerca de tres horas, por los puntos calientes de la transformación urbana en la que el Gobierno ha destinado miles de millones y que, según los promotores del trayecto, "no ha generado ni riqueza ni empleo, ya que la Generalitat está por encima del resto del territorio nacional en tasa de desempleo".

Primera parada, la torre dispuesta para la homilía del Papa en 2006: "1.000 baños portátiles, 450 asientos y siete millones y medio para una de las empresas ligadas a la trama Gürtel", señalan. El colegio 103, cuyas aulas son barracones expuestos en el patio delantero, las naves de Cross o El Cabanyal. Aquí, María Villoro, una de las personas que integran la plataforma Salvem El Cabanyal, describe la situación de dejadez en la que permanecen los inmuebles de este barrio de pescadores y narra la historia de la Lonja del Pescado, un edificio rectangular construido a principios del siglo pasado que está incluido en los planes de derribo del Consistorio.

Para amenizar el viaje, nada mejor que un almuerzo a media mañana. La ocasión y los motivos de dicha ruta se prestan a una buena ración de "chorizos al infierno". Desde este extremo de la ciudad hasta la depuradora de Pinedo, gestionada hasta hace unos meses por la empresa pública Emarsa, el barrio de Nazaret, el nuevo hospital de La Fe o el "esqueleto" del Nuevo Mestalla. Un estadio levantado por el club de fútbol Valencia "que debería ser municipal porque está en suelo público", como señala Antonio Marín Segovia, miembro del Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio. Entre los participantes -desde personas anónimas hasta cargos políticos- destaca Fe, una mujer de 82 años que, acompañada de su hija, exclama enfurecida en cada uno de estos "agujeros negros" de la economía valenciana. "Estoy muy cabreada con este robo a mano armada de todos estos años", enfatiza.

Como remate, después de un circuito supervisado en todo momento por un coche de la policía nacional y otro de la local, el autobús para en la sede de Bankia. Allí, todos los asistentes entregan simbólicamente un cheque por valor de 10.000 millones de euros. Una cantidad proveniente, según reza la nota, de los ministerios de educación y sanidad "en concepto de socialización de las pérdidas" para cubrir el "desmantelamiento" en estos servicios públicos. "Y nos hemos saltado muchos sitios", anota Ferris antes de despedirse, "como Sociópolis, el complejo 9 d'Octubre o los amarres vacíos del puerto de la America's Cup", suspira.


* * El País - ALBERTO G. PALOMO Valencia 12 MAY 2012
Foto: Valencia, las Cortes valencianas - urbanity

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