Detenido el exalcalde de Casares en otro golpe a la corrupción urbanística

SUR/Málaga* : La Costa del Sol amaneció ayer con una imagen ya conocida. Una localidad tomada por los furgones policiales, el ayuntamiento cerrado a cal y canto para ser registrado, algún político detenido y los vecinos preguntándose qué ha pasado. Y el urbanismo como telón de fondo.
Ayer, Casares se unió a la extensa lista de consistorios salpicados por la sombra de la corrupción tras el arresto de su exalcalde y expresidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol, Juan Sánchez, la esposa de éste, un abogado con despacho en Estepona, y una mujer supuestamente vinculada a un grupo organizado de Europa del Este. Se les considera presuntos responsables de delitos de prevaricación urbanística, cohecho, blanqueo de capitales y organización criminal, según informó ayer el Ministerio del Interior.


Las detenciones son el resultado de una investigación conjunta del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, bautizada como 'Majestic', que ha permitido destapar una supuesta trama de lavado de dinero procedente del crimen organizado. La operación toma su nombre de una de las promociones investigadas, situada en Casares costa.
Las pesquisas, dirigidas por el Juzgado de Instrucción número 2 de Estepona y coordinadas por la Fiscalía Anticorrupción, comenzaron a finales del año 2010 y giran en torno a las inversiones inmobiliarias que una serie de personas presuntamente vinculadas a un grupo mafioso de origen ucraniano habría realizado en la Costa del Sol.
Según explicaron a este periódico fuentes próximas a la investigación, se trata de determinar si en esas incursiones para blanquear fondos se habrían llevado a cabo actos de corrupción administrativa con fines urbanísticos.
Inmuebles bloqueados
Como consecuencia de dicha investigación, se han bloqueado 236 inmuebles -algunas de gran valor-, 19 vehículos y 165 cuentas bancarias abiertas en 19 entidades financieras diferentes. Los agentes aún trabajan en la valoración de las propiedades inmovilizadas.
Aunque la operación se ha desarrollado de forma conjunta, ambos cuerpos de seguridad empezaron a trabajar por separado. Agentes de las secciones de Crimen Organizado y Blanqueo de la Udyco-Costa del Sol emprendieron una línea de trabajo que, en un momento determinado, coincidió con la que llevaba a cabo el Equipo de Delitos Urbanísticos de la Policía Judicial de la Guardia Civil. Al detectarse esa situación, se decidió compartir toda la información. Existía un precedente en Casares. En 2003 y 2004, el Seprona detectó dos construcciones sin licencia y en suelo no urbanizable y denunció a Sánchez y al edil de Urbanismo por supuestos delitos contra la ordenación del territorio.
Un centenar de efectivos
La investigación desembocó ayer en una redada que comenzó a primera hora de la mañana y en la que participó cerca de un centenar de efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. La operación se simultaneó en ocho puntos diferentes de la Costa del Sol. A las 8.00 horas, agentes de ambos cuerpos, acompañados en cada caso por un secretario judicial, comenzaron de forma sincronizada los registros en el Ayuntamiento de Casares, en el despacho en Estepona del abogado detenido y en varios domicilios particulares, entre ellos el del exalcalde y una vivienda situada en la localidad de Benalmádena. Al final de la jornada se habían inspeccionado un total de 14 inmuebles.
Los agentes registraron estas dependencias en busca de documentación en soporte papel o informático relacionada con la trama. En un comunicado, la alcaldesa de Casares, Antonia Morera, indicó que todos los expedientes que la Policía Judicial les había solicitado están relacionados con el proyecto urbanístico Majestic. Asimismo, se han intervenido actas de plenos y archivos informáticos.
La regidora quiso mandar un mensaje de tranquilidad a los vecinos del municipio y precisó que no se ha tomado declaración a ningún miembro del equipo de gobierno ni a técnicos del consistorio, como tampoco se han intervenido cuentas o vehículos municipales. Asimismo, mostró su total disposición a colaborar con la justicia.
El registro en el despacho del letrado se prolongó durante buena parte de la mañana. En él estuvo presente un miembro del Colegio de Abogados, según informó el decano, Manuel Camas, con la finalidad de garantizar que se respete el «secreto profesional» de todos aquellos clientes que están afectados por el asunto en cuestión. El representante de los letrados mostró el «máximo respeto» por la investigación y las decisiones judiciales, aunque reclamó que se huya de la «espectacularidad» de las operaciones para que se haga el menor daño posible a las personas detenidas.
Los primeros arrestados comenzaron a pasar ayer mismo a disposición del juzgado que instruye las diligencias de 'Majestic'. El primero en testificar fue Juan Sánchez, que llegó a los juzgados a las cinco de la tarde y prestó declaración durante aproximadamente dos horas. Después hizo lo propio su mujer. En su caso, el interrogatorio se prolongó una hora.
En el juzgado
Sobre las dos de la madrugada, el juez dictaminó prisión provisional para Juan Sánchez, eludible bajo fianza de 200.000 euros, e imputado por los delitos de cohecho, prevaricación, delitos contra la ordenación del territorio y blanqueo de capitales, mientras que su esposa, quedó en libertad, aunque con la obligación de comparecer ante el juez, según declaró anoche el abogado de la defensa Juan José Simón. El exalcalde salió por la puerta trasera de los juzgados después de ocho horas de declaración.


* SUR - 15.05.12 - A. FRÍAS / J. CANO / L. M.
Foto: Casares (Málaga), ayuntamiento policía - google

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La Justicia ordena demoler la escuela de hostelería de Castilleja de Guzmán

ELMUNDO/Sevilla* : Ha costado tres millones de euros de dinero público, está sin estrenar, emplazada "en un lugar privilegiado, con vistas a Sevilla", según reza la propaganda oficial… pero hay que derribarla. La escuela de hostelería de Castilleja de Guzmán es ilegal porque se construyó sobre zona verde, así que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) le ha dado la razón a los 22 vecinos que emprendieron una batalla contra el edificio.
La Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA, con sede en Sevilla, dictó el 3 de mayo una sentencia por la que estima el recurso presentado por 21 vecinos –más la abogada Lourdes Caraballo- que ya en 2008, cuando se iniciaron las obras, pidieron su paralización al considerarla ilegal. Los magistrados declaran nula de pleno derecho la legalización del edificio, aprobada en última instancia por la Junta de Andalucía, y ordenan derribarlo.

Los jueces definen como "evidente ilegalidad" la construcción de un edificio de 2.000 metros cuadrados en una parcela de 15.420 destinada mayoritariamente a espacios libres y jardines de los que sólo 238 metros podían destinarse a construir instalaciones complementarias relacionadas con ese tipo de suelo. A modo de ejemplo, el fallo cita «quioscos, bares, equipamientos culturales».

Infracción 'manifiesta y notoria'

Por ello, la construcción de un edificio de 2.000 metros cuadrados, una escuela de hostelería impulsada por la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán y la Mancomunidad del Aljarafe, constituía una infracción "manifiesta, por ser patente, notoria y apreciable".

Las obras siguieron adelante... y las denuncias de los vecinos también. A raíz de ello, la Consejería de Obras Públicas y Transportes inició una investigación que acabó en junio de 2009 con una orden al Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán de iniciar un expediente de revisión de oficio de la licencia de obras concedida en su día.

En lugar de revocar la licencia, el Consistorio modificó el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) y legalizó el edificio cambiando la calificación de la parcela, que dejó de ser zona verde. De manera sorprendente, la misma Consejería que ordenó anular la licencia –aunque otro departamento– bendijo esta operación y aprobó la modificación del PGOU.

Los vecinos recurrieron esa resolución de la Junta, que ahora el TSJA declara nula. Los jueces se afirman que el cambio del PGOU "no obedeció a la búsqueda y satisfacción de intereses generales, sino a intentar enmendar una actuación de ilegalidad». «La finalidad de la modificación –señala el fallo– ha sido espuria".

Decisión judicial acertada

La propia sentencia califica de "acertada" la decisión inicial de la inspección urbanística de la Junta de Andalucía, al ordenar la revisión de la licencia de obras, y recuerda que la Administración local ha de servir "con objetividad los intereses generales, no los intereses de uno o de unos propietarios, ni tan siquiera los intereses de la propia Corporación municipal".

El interés general es, por tanto, el límite de la discrecionalidad de la que gozan los ayuntamientos a la hora de diseñar la planificación urbanística. Así, el fallo recuerda que para modificar la calificación de una zona verde con el objeto de legalizar una obra se necesita "una motivación excepcional y debe acreditarse y justificarse que la elección de la construcción en una zona verde no admitía alternativa alguna".

En este sentido, el fallo del TSJA recoge un extracto de la sentencia del Tribunal Supremo que declaró ilegal la biblioteca que la Universidad de Sevilla construía en el Prado de San Sebastián y que está a la espera de ser demolida. La Junta de Andalucía anunció recientemente que la escuela de hostelería de Castilleja de Guzmán comenzaría a funcionar en el curso 2013-2014 formando a 90 parados cada año. De los tres millones que se llevan invertidos en el edificio, dos los ha aportado la Consejería de Empleo, según la información difundida en enero.

La Fiscalía de Sevilla llegó a denunciar en el año 2009 al alcalde de Castilleja de Guzmán, el socialista Carmelo Ceba, al arquitecto municipal y al autor del proyecto de obras por la construcción ilegal del edificio, pero meses más tarde el juez archivó la causa penal, precisamente a petición del propio fiscal.


* El Mundo - Sebastián Torres - 15.5.12
Foto: Estado en que se encuentra la escuela de hostelería de Castilleja del Guzmán. | EM

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Dos técnicos de la CHJ ratifican al juez que el mercadillo de Finestrat era ilegal

ELPAÍS/Alicante* : El comisario de Aguas, Manuel Ignacio Alcalde Sánchez, y la jefa del Servicio de Control y Vigilancia del Dominio Público Hidráulico (DPH), Alicia Manzanaro Marhuenda, ambos técnicos de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), confirmaron que el cauce del barranco de Finestrat donde se produjo la riada que arrambló con más de 100 puestos de venta de un mercadillo ambulante y provocó la muerte por ahogamiento de un matrimonio británico de 70 y 72 años tenía un abierto un expediente sancionador porque el Ayuntamiento decidió asfaltar su cauce.

En su declaración como testigos en el juzgado de instrucción número 4 de Benidorm que instruye la causa en la que falleció la pareja inglesa y otro jubilado de 88 años resultó herido grave el pasado 21 de octubre, ambos coincidieron en que en el supuesto caso de que el Consistorio hubiera solicitado autorización para cubrir el fondo del barranco, “no hubiera sido concedida porque nunca se autoriza asfaltar lechos de cauces”. “Cuando se impermeabiliza un cauce se disminuye el umbral de escorrentía, se acorta el tiempo de concentración de la lluvia y se traduce en mayor velocidad del agua”, dijo Manzanaro, quien añadió que el expediente únicamente se incoó por la realización de las obras y no por la ocupación del mercadillo ambulante.

Sin embargo, el comisario de Aguas confesó que “asfaltar un cauce es un disparate” y consideró que, a su entender, “la ocupación por el mercadillo va ligada al asfaltado”, aunque solo se denunciaron las obras “porque es una instalación permanente”. También aseguró que recibió avisos verbales de lo que estaba ocurriendo por parte del guarda fluvial de la CHJ en la zona, a quien el propio Alcalde Sánchez instó a presentar la denuncia tras haberle confesado que no le hacían caso.

Aunque se celebra desde hace casi tres décadas, el mercadillo de Finestrat se adjudicó a por primera vez el 3 de enero de 2005 por un canon de 40.000 euros anuales a Santiago Temprado Blanco. La descripción del objeto del contrato, según publicó el BOP de Alicante el 19 de febrero de ese año, especificaba que era para el “aprovechamiento especial del dominio público de las vías anejas al Barranco de la Cala y de la avenida Marina Baixa de Finestrat mediante instalación de mercadillo”. En ningún caso se autorizó la ocupación del cauce. Sin embargo, el adjudicatario lo instaló allí desde el primer momento con la aquiescencia del Gobierno local, entonces del PSPV.

Dos años después de ganar en 2007 las elecciones locales, el PP, que sigue dirigiendo el municipio con mayoría absoluta, decidió rescatar la concesión para convertir el mercadillo en municipal y conseguir más ingresos. Desde septiembre de 2009 es de gestión pública, aunque seis meses antes la CHJ ya había abierto un expediente sancionador por la ocupación del barranco y en julio de 2010 la entonces ministra de Medio Ambiente, Elena Salgado, firmara su resolución, cuyo tenor literal decía: "Imponer al Ayuntamiento de Finestrat la obligación de abstenerse de ocupar el dominio público hidráulico del barranco de La Cala con el mercadillo municipal, en tanto no cuente en su caso con autorización del organismo de cuenca [la Confederación Hidrográfica del Júcar]".

El juzgado de Benidorm que se ocupa de la causa mantiene imputados al alcalde de Finestrat, Honorato Algado, y al concejal de Seguridad Ciudadana y Policía, Tomás Gaspar Sellés Llorca.


* El País - ARTUR BALAGUER - 13 MAY 2012
Foto: Finestrat (Alicante), mercadillo_arrasado_agua (archivo) - elpais

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