Casares.- Majestic: urbanismo, seguridad privada y caballos en la Costa

MÁLAGAHOY* : La promotora Majestic Group, epicentro de la investigación desarrollada en Casares contra el crimen organizado, es sólo un brazo de un cóctel de intereses que entrelazan los negocios inmobiliarios con la seguridad privada y hasta la gestión del hipódromo de Mijas. Majestic Construction and Development Group está vinculada a Anne Chahbazian, una septuagenaria detenida el lunes en la operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil que al cierre de esta edición declaraba ante el juez instructor de Estepona. Anne ha sido durante años la cara visible de esta empresa, si bien su administrador único es Robert Gaspar, que no ha sido detenido aunque sí ha sido objeto de un registro en Marbella. Además, la promotora cuenta con un apoderado, Robert Mani.

Conocida en esa zona como La Rusa, aunque es de nacionalidad ucraniana, se instaló en Casares a comienzos de la década pasada. Algunas fuentes sitúan su llegada en el periodo en el que gobernó el GIL en el municipio (1995-2000). Los vecinos la recuerdan tanto a ella como a sus hijos, Robert y Frank. Eran los que habitualmente acudían a Casares para ocuparse de los asuntos de la promotora.

Majestic Development Group se constituyó en 2002 con un capital social de 3.000 euros. Poco después de un año desembolsó más de 8 millones de euros en una ampliación de capital y comenzó a levantar la promoción de viviendas de lujo, que llegaron a comercializarse hasta por 1 millón de euros, en la zona próxima al litoral que por aquellos años todavía estaba virgen. Para reunir todos los suelos que necesitaba para la urbanización, la promotora se fijó en un par de parcelas colindantes que eran propiedad del Ayuntamiento de Casares.

A finales de 2004 firmó con el alcalde, Juan Sánchez (IU), un convenio urbanístico que contemplaba la cesión de los suelos a cambio de que la empresa construyera un aparcamiento municipal en el casco urbano. Desde la oposición, el grupo socialista llevó el asunto a la Fiscalía Anticorrupción en 2007. Entendía que se habían valorado a la baja los terrenos y que el municipio perdía. Nunca se supo más del asunto. Lo cierto es que los suelos se entregaron y Majestic comenzó a construir un parking, aunque nunca lo terminó las obras. Actualmente este aparcamiento público está en estructura y cerrado al público.

Al mismo tiempo que la urbanización tomaba cuerpo, los negocios vinculados a los responsables de Majestic comenzaron a expandirse y diversificarse. El 18 de noviembre de 2003 , sólo ocho días antes de que se sacara a concurso la gestión del hipódromo de Mijas, se constituyó la sociedad Carrera Entertaintment Corporation, presidida por Robert Mani. El entonces alcalde de Mijas, Agustín Moreno (PSOE), le adjudicó la explotación del complejo hípico, una aventura que acabó como el rosario de la aurora. En 2008, cuando el Ayuntamiento retomó la gestión, se publicó que la sociedad adeudaba 687.000 euros a la seguridad social y 1,3 millones a Hacienda, además de varias nóminas a los trabajador.

La seguridad privada fue el otro campo que captó el interés de este grupo. En marzo de 2004 Robert Mani formalizó la compra de una empresa de seguridad que rebautizó como Majestic de Seguridad. Fue administrador único hasta que en 2006 la sustituyó como socia única de la entidad Anne Chahbazian.


* Málaga Hoy - E. MALDONADO · M. VIDAL - 16.05.2012
Foto: Casares (Málaga), costa - casares

.................................... Leer más...

Cantabria.- Arca cree que el concurso eólico "encubre" un plan de ordenación

EUROPAPRESS* : La asociación ecologista Arca cree que el concurso eólico "encubre" en realidad un instrumento de ordenación urbanística del territorio y un auténtico plan eólico que hubiera requerido un proceso de evaluación ambiental.
Además, denuncian que el concurso cántabro vulnera normativas de mayor rango y excede las previsiones energéticas ya fijadas, que, advierten, son una competencia del Estado y no de las comunidades autónomas. Así lo argumentan en las conclusiones que han presentado ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), dentro del recurso que presentaron contra el concurso de asignación de potencia eólica, resuelto en junio de 2009.

En ese documento, al que ha tenido acceso Europa Press, se advierte de que las empresas adjudicatarias del concurso cuentan con tener derechos "consolidados" por el resultado, lo que unido a los gastos ya realizados antes de la construcción de los parques, lleva a los ecologistas a pronosticar que el Gobierno tendrá que conceder "importantísimas indemnizaciones" con la anulación del concurso, que dan por hecho.

Además, avisan de que la modificación de las previsiones eólicas que recoge el nuevo Plan Energético no servirá para legalizar la "masacre" eólica del "desproporcionado, descabellado e ilegal" concurso.

Los ecologistas descartan que el nuevo Plenercan pudiera legalizar las "radicales ilegalidades" del concurso "desaparecen" cuando este propone una potencia de 707,2 MW, "tan minuciosamente concreta" que "invita al sonrojo" por ser "sintomática" de "acuerdos previos", pero que no sirve para dar amparo legal a los 1.400 bajo los que se convocó.

El trámite de las conclusiones es uno de los pasos previos a la culminación del procedimiento judicial.

Arca, como demandante, tras las fases que se han seguido después de su demanda (toma de declaraciones, pruebas y examen de documentación), es la primera que debe hacerlo, y luego lo tendrán que seguir las codemandadas, que son las empresas y el Gobierno de Cantabria.

A la vista de esos informes, el TSJC decidirá si anula o no el concurso eólico.

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Para Arca, el plan trata de "encubrir" de forma "maliciosa" un instrumento de planificación, programación y ordenación del territorio.

El informe se remite a la documentación que se ha analizado para concluir que afecta a cuestiones relacionadas con la ordenación del territorio.

tendría que ser un Plan Especial, multiplica las zonas, superficie mayor exceden con mucho lo estrictamente necesario para adjudicar mediante un concurso una potencia, convirtiendo "de facto" el concurso público en un "ilícito y encubierto" instrumento de planificación y ordenación.

Bajo la resolución que convoca el concurso, Arca percibe "claras estrategias, directrices y propuestas" para "ordenar y zonificar el territorio", lo que sobrepasa las características de un concurso que, de esta forma adquiere la condición de plan o programa.

Es decir, pese a que se eludiera esa denominación, en realidad lo ven como un plan "encubierto", con lo que cual debería someterse a evaluación ambiental.

Es un plan al que se ha "intentado dotar de apariencia legal" por el "falso e insuficiente paraguas" de "aparentar" un "simple concurso" con el que se pretende "escapar" de la evaluación ambiental.

COMPETENCIAS

Los ecologistas perciben que podría haber indicios delictivos en este concurso, que siendo una forma de aplicar una norma de carácter general "incumple" otra norma general (la Ley de Procedimiento Administrativo), por lo que lleva a viciar de nulidad "de pleno derecho" todo el proceso, así como el decreto para la instalación de parques eólicos.

Un decreto, recuerdan, que se remitía para su desarrollo al Plan Energético y, por tanto, a las previsiones expresas a las que establecía su "sumisión", superadas en el concurso.

INFORMACIÓN Y PROCEDIMIENTO

Arca cuestiona la propia denominación del concurso, y la metodología, como el "supuesto" trámite de audiencia, que no se cumplió "en modo alguno" y que, en cualquier caso, "carece de cualquier eficacia legal".

El escrito enumera los obstáculos a la hora de acceder a la información (desde enlaces a Webs que no se abrían hasta documentos que no se les facilitaban).

Arca advierte de que parece "de fácil y razonable acreditación" el hecho de que a ellos se les estuviese negando el acceso a la información "a la que tenía derecho" y paralelamente si lo estuvieran teniendo las empresas interesadas en la actividad, a cuyo "favor" se tramitaron expedientes administrativos

COMPETENCIAS

También se remite a un informe solicitado por Cantabria a la Comisión Nacional de Energía en la que se advertía de que la asignación de cuotas de potencia de parques por concurso es algo que no se ajusta a derecho, pues supone pasar de la autorización a casi una concesión, para lo que la comunidad no tiene competencias.

Los ecologistas enumeran, además, que el concurso excede los límites fijados en el Plenercan, el Plan de Energías Renovables de España y la Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas.

DEMANDA DE ENERGÍA

Las conclusiones de Arca cuestionan el argumento sobre la necesidad de satisfacer la demanda de energía eléctrica de Cantabria que llevó a aumentar la potencia, ironizando con que es una meta con "tan poca relevancia jurídica" como si se hablara de la producción de "naranjas, automóviles, material ferroviario o barcos pesqueros".

El déficit energético "no se corresponde con la realidad" y se limita a reproducir "lugares comunes y leyendas urbanas", tan "inciertas" como "no acreditadas", en una idea que tacha de "absurda y pueblerina" pues, entre otros motivos, el sistema eléctrico "no es cántabro, ni madrileño, ni vasco ni catalán, sino español".

Asimismo, apunta que se da ya un exceso de potencia que no se ajusta al consumo, "en muchos casos por simple interés económico", lo que lleva a concluir que la construcción de los parques no tendría beneficio para los ciudadanos, sino que, al contrario, el beneficio es "exclusivo" para las "poderosas" empresas privadas adjudicatarias.

Estas persiguen un "negocio" que se basaba en el cobro de las "cuantiosas" primas que se esperaba cobrar de la Administración.

Además, señala que la línea eléctrica Soto de la Ribera-Penagos ("muy ilegal e innecesaria") dejaría "sin justificación" el "sobredimensionado" concurso eólico.


* Europa Press - 15.5.12
Foto: Parque eólico - wikipedia

.................................... Leer más...

Alicante.- La Ciudad de la Luz, de fábrica de sueños a pesadilla económica

ELPAÍS* : La historia del complejo cinematográfico Ciudad de la Luz de Alicante es un calco del ideario de su impulsor, la Generalitat Valenciana. Los exjefes del Consell Eduardo Zaplana y Francisco Camps, al cobijo del auge económico de finales de los 90, embarcaron a las arcas públicas valencianas en los denominados Grandes Eventos, léase Terra Mítica, Ciudad de las Ciencias y las Artes o los propios platós alicantinos, entre otros.
El denominador común de todas estas obras fue su megalomanía, sin reparar en si respondían a la realidad y demandas de los sectores económicos autóctonos, y un elevado coste. Al final esta apuesta por la desmesura los ha acabado engullendo, sobre todo por sus galopantes pérdidas, y ha forzado a la Generalitat valenciana a devolverlos a la iniciativa privada.

Pero la privatización de los inmensos platós de Agua Amarga está ahora mediatizada por una resolución de la Comisión Europea (CE). El comisario de la Competencia, el español Joaquín Almunia, acaba de firma una disposición que da un plazo de cuatro meses a la Ciudad de la Luz para devolver las ayudas que, por valor de 265 millones, recibió del Consell, a través de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana (SPTCV).

La CE argumenta la decisión porque la Generalitat vulneró las directivas europeas que regulan la inversión pública en proyectos de esas características y, en paralelo, la libre competencia. Luis Berenguer, expresidente de la Comisión Nacional de la Competencia y ahora asesor del comisario Almunia, asegura que la CE no veta todo tipo de ayudas. “Pero es inflexible con las inversiones públicas que vulneran el principio del inversor privado, algo que en el caso de la Ciudad de la Luz sí parece que ocurrió”, explica.

La alerta saltó en los estudios ingleses de Pinewood cuando supieron que Ciudad de la Luz utilizaba dinero público para subvencionar los rodajes en los estudios de Alicante. La respuesta desde Inglaterra fue doble: Aumentaron hasta un 20% los incentivos para que a las productoras, especialmente las norteamericanas, ni se les ocurriera acercarse al Mediterráneo y, en compañía de otra empresa europea del sector, presentaron una denuncia ante la CE por competencia desleal de los estudios de Alicante. La respuesta de Bruselas ha sido declarar nulas las ayudas otorgadas por el Consell. El complejo está ahora abocado a devolver el dinero y al mismo tiempo afrontar una deuda de 190 millones de euros y un aluvión de pleitos.

La Ciudad de Luz, a tenor de la opinión de los sectores implicados, fue un buen proyecto que estuvo mal resuelto. “Fue una buena iniciativa, pero no respondió a las necesidades de la industria del cine valenciano ni español ni incluso europeo”, resume Gerardo Herrero, uno de los productores que más rodajes ha realizado en el complejo.

Los responsables de la Ciudad de la Luz abrieron los platós en 2005 dispuestos a ganarse el mercado americano de las superproducciones. Y para ello recurrieron al cebo de las ayudas a los rodajes, un total de 12,5 millones de euros hasta 2008, todas de manera discrecional. Una producción, Asterix en los juegos olímpicos, recibió 4,7 millones. La política de subvenciones llevó también al Consell a pagar medio millón al director Francis Ford Coppola por ofrecer, en septiembre de 2008, una conferencia y una rueda de prensa y autorizar su difusión en la web del complejo. El pago al director de El Padrino no fue tanto por sus palabras, como una contribución encubierta.

A partir de 2009, las ayudas empezaron a canalizarse a través del Instituto Valenciano del Audiovisual y la Cinematografía (IVAC). El organismo pagaba el 16% del gasto que las productoras realizarán en la Comunidad Valenciana. El monto de las ayudas previstas hasta 2011 para todas las producciones supera los ocho millones.

Alicante recibió con los brazos abiertos la puesta en marcha de la Ciudad de la Luz. Los inicios del complejo fueron prometedores. Los hoteleros recuerdan, de hecho, que las instalaciones tuvieron un impacto hotelero importante durante los dos primeros años de funcionamiento. En 2006, se superaron las 20.00 pernoctaciones en los establecimientos hoteleros de Alicante y de su área de influencia. Los rodajes de La dama boba, El camino de los ingleses, Astérix en los Juegos Olímpicos o Manolete llenaron los hoteles. Cinco años después los titulares que genera la Ciudad de la Luz apenas tienen que ver con los rodajes que alberga. Y su reflejo en el negocio hotelero revela la crisis de los estudios. “En 2010 y 2011 solo los dos hoteles más próximos se han beneficiado de la actividad del complejo”, explica Vicente Marhuenda, gerente de la patronal hotelera de Alicante. La serie Crematorio fue la única que animó un poco las pernoctaciones. “No sabemos a qué es debido pero la caída es brutal. Creemos que se debe revisar el modelo de gestión y también que debería abrirse más a la ciudad”, esgrime Marhuenda. “Las instalaciones son magníficas”, resalta.

El sector audiovisual opina que el complejo cinematográfico es una oportunidad desaprovechada a la que Bruselas le ha infligido una herida de muerte. Fernando Montano, coordinador de la Muestra de Cortos, asegura que las instalaciones se crearon “básicamente para proyectos de fuera de Alicante, a nivel nacional e internacional, que traen sus propios equipos”. El realizador alicantino asegura que los rodajes solo buscan en la provincia figurantes y mano de obra local especializada, como pueden ser carpinteros. Lo demás, agrega, lo traen puesto. El resultado es que “el movimiento cinematográfico” de la provincia, como lo llama Montano, ha tenido que trabajar y evolucionar al margen de los grandes platós. “Ciudad de la Luz no conoce lo que hay aquí”, subraya.

En la práctica, los platós de Ciudad de la Luz no han estado abiertos a todo tipo de rodajes. Los proyectos alicantinos apenas han logrado cruzar la entrada, con alguna excepción muy puntual. El IVAC admite que las producciones que terminan acogiéndose a la línea de ayudas pública son principalmente producciones de cierta envergadura y de vocación comercial. El realizador alicantino considera que varios estudios podrían dedicarse “a lo que se hace aquí”.

Más contundente se muestra Ximo Pérez, productor y presidente de la asociación Productors Audiovisuals Valencians. Pérez recuerda que todos los estudios que existen en otros puntos del planeta tratan de atraer a los productores con ventajas que, en países como Colombia o República Dominicana, llegan suponer el reintegro del 40% de la inversión hecha allí. “Creo que no se ha hecho lo suficiente para atraer a un número importante de producciones”, dice Pérez en referencia a Ciudad de la Luz. Un problema añadido, asegura el productor, fue la creación de una infraestructura en un lugar donde no había industria cinematográfica.

Pérez defiende las instalaciones a las que califica de “hecho diferencial maravilloso” pero reconoce que los pocos productores de Valencia nunca acabaron de creerse la Ciudad de la Luz: “Por la lejanía o porque las ayudas eran insuficientes”. Considera, sin embargo, que sería “un desastre” que la Ciudad de la Luz no siguiera funcionando. “Pondría en peligro muchos empleos y su zona de influencia”, dice. El responsable del sector apuesta por una “gestión nueva” que reactive las instalaciones.

El tortuoso camino hacia la privatización

La Ciudad de la Luz de Alicante comenzó su andadura en 2000. Pese a ser un proyecto netamente público, desde el inicio la Generalitat Valenciana intentó dar cobijo la a iniciativa privada. El primer paso fue externalizar la gestión. Sin embargo, todos los pasos dados en este terreno han estado envueltos en la polémica y han acabado en los tribunales.
El paradigma de este fallido intento de privatización ha sido la externalización de la gestión, concesión otorgada a la firma Aguamarga de Gestión de Estudios, primero en calidad de asesor y a partir de 2004 como gestor.
Siete años después, la mercantil Aguamarga entró en concurso de acreedores el 16 de diciembre de 2011. La sociedad justifica el expediente por los impagos del canon del Consell y reclama cuatro millones por facturas pendientes desde agosto de 2009. El Consell rebaja la cifra a 2,5 millones.
Estos impagos han dado origen a un cruce de denuncias en los juzgados, aún no sustanciadas, entre el gestor privado y la empresa pública. La Ciudad de la Luz llegó incluso a solicitar el desalojo de Aguamarga de Gestión del complejo, extremo que el juez rechazó al considerar que la sociedad estaba cumpliendo con sus funciones.
El litigio con la firma Aguamarga no es el único que ha ha tenido que afrontar la Ciudad de la Luz. Un proveedor, la empresa Valoriza, presentó una demanda contra la dirección del complejo reclamando el impago de 1,5 millones de euros por el sobrecoste de una obra. El juez admitió la demanda y cautelarmente decretó el embargo de las cuentas de Ciudad de la Luz. La resolución no se llegó a ejecutar.
Junto a esta demanda, Ciudad de la Luz tiene que hacer frente a otras cinco causas más de otros tantos proveedores, que reclaman unos 15 millones.
La Ciudad de la luz tiene pendiente otro litigio, en este caso vinculado su génesis: la expropiación de los terrenos (2.356.965 metros cuadros, al sur de Alicante). Los 70 dueños discrepan de la valoración del suelo y han acudido a los tribunales. El Tribunal Supremo declaró nula la expropiación por no estar motivado el uso del suelo. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia elevó valor hasta los 290 millones. El Consell pagó a 21 euros el metro.
En medio de esta maraña judicial el Consell mantiene su apuesta por la privatización de los platós (venta o alquiler). Una consultora sondea ya el mercado y ha constatado el interés de seis firmas, todas para alquilar. El comprador, si lo hubiera, tendría que pagar como mínimo 265 millones para saldar la deuda del complejo con la Generalitat y acatar la resolución de la Comisión Europea.


* El País - ROSA BIOT / SANTIAGO NAVARRO Alicante 12 MAY 2012
Foto: Instalaciones de la Ciudad de la Luz, situadas en la zona de Aguamarga en Alicante. / OLIVARES NAVARRO

.................................... Leer más...