El alcalde de Arroyo y el portavoz del PP en la Diputación de Valladolid serán juzgados por prevaricación urbanística

NORTECASTILLA* : El alcalde de Arroyo de la Encomienda, el independiente José Manuel Méndez Freijo, y el concejal del PP en el Ayuntamiento de Valladolid, Jesús García Galván, se sentarán en el banquillo de un Juzgado de lo Penal para responder de varios presuntos delitos contra la Administración pública (prevaricación y cohecho), después de que la Audiencia de Valladolid haya confirmado en un auto el procesamiento del juez de Instrucción nº1 de la capital.
Méndez fue acusado por el magistrado José María Crespo de favorecer con procesos de recalificación a la constructora Mahía, empresa que en el año 2001 le prestó 180.000 euros para poder superar las dificultades de su empresa Recreativos Dema. El regidor, según figura en la Instrucción, habría recibido además como pago de estos presuntos favores un piso de la promotora en Villagarcía de Arosa, cuyo desembolso es cuestionado por la Fiscalía y la acusación popular, representada la Asociación de Vecinos Arroyo Siglo XXI.

En el caso del concejal, Jesús García Galván, también portavoz del PP en la Diputación de Valladolid, la Audiencia mantiene también la imputación por la venta de un chalé construido por Mahía en el ría de Mugardos (La Coruña). La venta la realizó el dueño de la constructora, Ramón López Casal, que también ha sido procesado.
Seis años después de que se iniciasen las diligencias previas, el Tribunal provincial da por finalizada la fase de instrucción y considera que existen suficientes indicios para que respondan de los cargos de haber favorecido a la constructora gallega, con importantes intereses en ese municipio próximo a la capital vallisoletana. Recalificaciones que se realizaron en los sectores SAU 13, declarado ilegal por el TSJ de Castilla y León, y del SAU 9, cuya recalificación para edificar 2984 pisos fue aprobado por Méndez
El auto de los tres magistrados de la Audiencia, al que ha tenido acceso este diario, confirma también el procesamiento del socio de José Manuel Méndez, José Presas, del arquitecto municipal de Arroyo, Buenaventura Conde, y de la María Iluminada Miguel, apoderada de Mahía y antigua empleada en una de las empresas de Méndez.
Por el contrario, los jueces no ven suficientes indicios para acusar al que fuera concejal de Obras de Arroyo, Javier Cruz, quien a pesar de haber comprado dos viviendas a Mahía en el mismo año y tener ingresos superiores a los declarados por importe de 164.906 euros, entre los años 2003 y 2007, no está acreditado el delito fiscal que está establecido por el Código Penal en 120.000 euros.


* El Norte de Castilla - 17.05.12 - JORGE MORENO
Foto: Arroyo de la Encomienda (Valladolid), exceso edificaciones - nortecastilla.es

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El PP entrega el urbanismo de Chiclana al partido de los dueños de viviendas ilegales

ELPAÍS/Cádiz* : El PP de Chiclana (Cádiz) ha firmado un acuerdo de gobernabilidad por el que entrega el área de Urbanismo y el de Vías y Obras a su nuevo socio en el Ayuntamiento, el Partido Vecinal Regionalista (PVRE), nacido en las pasadas elecciones municipales para recoger los intereses de los propietarios de viviendas ilegales de este municipio, cifradas en algo más de 15.000. Entre las cláusulas, el pacto incluye la eliminación de las actuales ordenanzas de regularización de casas y la rebaja de las multas a los que incumplieron la legalidad urbanística.

El PP venció los últimos comicios locales pero no logró la mayoría absoluta, que sí sumaban el PSOE, IU y el PVRE. Este último se estrenó en el Consistorio con dos ediles, todo un éxito electoral teniendo en cuenta su reciente creación. El nuevo partido había recabado respaldo de sus orígenes como plataforma reivindicativa de los derechos de todos los dueños de casas ilegales que proliferaron en este municipio en las tres últimas décadas. Los populares han vivido un año de gobierno en minoría pero han preferido este acuerdo por un triple motivo: el rechazo de la oposición en bloque a su plan de ajuste, las dificultades para consensuar el presupuesto y el reciente acuerdo en la Junta entre PSOE e IU, que hizo suponer al PP que llevaría a buscar similares alianzas municipales.

Con este acuerdo, los populares espantan la posibilidad de la moción de censura pero se juega su imagen al haber pactado y entregado Urbanismo a los que defienden pagar menos por las construcciones ilegales y una reducción de las multas a los incumplidores de la legislación. "Nosotros no somos ilegales. Somos vecinos. No decimos que no tenemos que pagar. Nunca hemos hecho eso. Decimos que no vamos a pagar un dinero que no tenemos", trató de aclarar ayer la portavoz del PVRE y nueva edil de Urbanismo, Marisol Ayala.

El acuerdo, respaldado por la dirección provincial y andaluza del PP, incluye un acuerdo programático de cuatro páginas y uno de gobernabilidad de dos. A grandes rasgos, el pacto tendrá vigencia de tres años y marca compromisos hasta 2015. Entre ellos: la congelación del IBI, la derogación de la ordenanzas que regían el proceso de regularización de viviendas y aplicar "las atenuantes que permita la ley" en la sanciones urbanísticas de suelos urbanizables o no consolidados. "Las zonas donde proliferan estas casas son oportunidades de inversión", sostuvo el alcalde, Ernesto Marín. Niega que este pacto sea "escandaloso" como lo ha definido IU. "El problema de las viviendas ilegales en Chiclana es ya un problema social y hay que resolverlo", resumió. El PSOE aseguró ayer que "respecta" el acuerdo. Su portavoz, José María Román, admitió haber tenido contactos con el PVRE pero nunca en los términos del acuerdo alcanzado con el PP.


* El País - PEDRO ESPINOSA - 19.5.12
Foto: Chiclana zona ilegales - ELPAIS - Roman Ríos

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