Una sentencia en firme anula la licencia de un edificio habitado en Boiro

LAVOZ/A Coruña* : Una vez más, el urbanismo boirense está en el punto de mira después de hacerse pública una nueva sentencia judicial. En este caso, el fallo, que es firme, anula la reorganización de las fincas sobre las que se levantó un edificio que hoy está habitado, así como la licencia para su construcción, en la avenida de Barraña. El litigio en torno a este asunto se inició pocos meses después de que el gobierno municipal concediese el permiso para la actuación, en el año 2007, y concluyó el pasado mes de marzo con la notificación de la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).
Este último fallo judicial, contra el que no cabe recurso alguno, desestima las alegaciones presentadas tanto por el Concello de Boiro como por la empresa promotora contra una resolución anterior dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº2 de Santiago.

Esa primera sentencia daba la razón a los propietarios que interpusieron el recurso y anulaba los acuerdos de la junta de gobierno local presidida por Xosé Deira en los que se aprobaba el expediente de reorganización de fincas en suelo urbano consolidado y se concedía la licencia urbanística para levantar un inmueble de cuatro plantas en el cruce entre la avenida de Barraña y la calle número 5. Entre las peticiones formuladas en el recurso de apelación, se solicitaba que se declarase «inadmisible o desestimable» el contencioso-administrativo interpuesto, algo que el fallo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia rechaza, aunque difiere en algunos de los razonamientos recogidos en la primera sentencia.
Defectos de procedimiento
Por ejemplo, se alude a los defectos de procedimiento en el expediente de reorganización de las fincas en las que se construyó el edificio que esgrimieron los demandantes, y se desestiman uno a uno utilizando distintos argumentos. Sin embargo, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia sí les da la razón en un asunto primordial que tiene que ver con la «compra forzosa» o «adsorción por compra» de una parte de los terrenos del solar. Y es que, según se recoge en la sentencia, «la solución adoptada en el proyecto de normalización aprobado respecto de la parcela 3 no es conforme a derecho» y, en consecuencia, se confirman los «pronunciamientos anulatorios» recogidos en la primera sentencia, dictada en diciembre del año 2010, «con la consiguiente desestimación del recurso de apelación».


* La Voz de Galicia - MARTA GÓMEZ - 27.5.12
Foto: El edificio está situado en la avenida de Barraña. SIMÓN BALVÍS

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Ibi.- El mecano de la corrupción

ELPAÍS/Alicante* : El Gobierno del PP del municipio juguetero de Ibi (24.000 habitantes) ha escalado hasta la cima de la negra estadística en la provincia de Alicante por supuesta corrupción. En tres años, otros tantos miembros del Ejecutivo local, liderado por la también diputada autonómica Maite Parra, han dimitido tras ser acusados, entre otros delitos, de malversación, cohecho y blanqueo de capitales y prevaricación.
Cada uno de los exediles es la punta de lanza de otras tantas piezas de un mecano de corrupción que los dos juzgados de la localidad tratan de desentrañar. La base de las tres supuestas tramas corruptas es el pago de comisiones a cambio de contratas, obras y planes urbanísticos.

La cainita disputa entre los dos antiguos sectores del PP alicantino, ripollistas y campistas, está en el origen de la investigación. En pleno pulso entre ambos sectores, la alcaldesa expulsó a principios de 2009 del Grupo Popular a la edil ripollista Felicidad Peñalver.

La reacción de Peñalver fue una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos, supuestos tratos de favor a familiares e incrementos desmesurados patrimonio de sus excompañeros. La denuncia de Peñalver situó en el ojo del huracán a la alcaldesa y su hombre fuerte y presidente local del PP, Miguel Ángel Agüera. La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Ibi abrió en 2010 una causa que dos años más tarde aún es secreta.

La cainita disputa entre los dos antiguos sectores del PP alicantino, ripollistas y campistas, está en el origen de la investigación. En pleno pulso entre ambos sectores, la alcaldesa expulsó a principios de 2009 del Grupo Popular a la edil ripollista Felicidad Peñalver.

La reacción de Peñalver fue una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos, supuestos tratos de favor a familiares e incrementos desmesurados patrimonio de sus excompañeros. La denuncia de Peñalver situó en el ojo del huracán a la alcaldesa y su hombre fuerte y presidente local del PP, Miguel Ángel Agüera. La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Ibi abrió en 2010 una causa que dos años más tarde aún es secreta.

Además, de estas tres causas principales, en los dos juzgados de Ibi hay más denuncias (de particulares y de políticos) sobre supuestas irregularidades en la gestión del Ayuntamiento de Ibi. El lapso de tiempo que los jueces están investigando abarca desde 2003 hasta 2010. En ese periodo el Ayuntamiento ha estado en manos de PP, bien en minoría, como en la actualidad, o con mayoría absoluta, entre 2007 y 2011.

Y en ese período el Consistorio ha puesto sobre el tapete tres grandes obras, dos grandes contratas y un macroplan urbanístico. Y en la mayoría de los casos con importantes desvíos sobre el presupuesto inicial.

El mayor programa urbanístico ha sido el PAI del Alamí. El plan, que prevía 1.200 casas, se adjudicó en 2004 a la firma La Generala, la oferta más cara, por 17 millones. Esta empresa se comprometió a construir un pabellón y un vial. Ocho años más tarde, la zona del PAI, 350.000 metros cuadrados, es un erial, y ni hay pabellón ni vial. La adjudicación del PAI motivó la primera denuncia en los tribunales a cargo del promotor local José Gimeno por una supuesta estafa de 12 millones de euros contra la mercantil La Generala.

Una de las obras más importantes ha sido la piscina climatizada, que adjudicó el PSPV en 2002 por 1,8 millones a la firma Electrosur. En 2003, el PP revocó la adjudicación y se la dio a la mercantil Intersa-Levante, por 2,5 millones. La obra ha acabado costando 3,1 millones. Además, la reforma del Teatro Río, adjudicado a la firma Intersa-Levante por 3,9, al final ha costado nueve millones, y el coste del palacio de justicia se elevó de 1,3 a 1,7 millones.

Las dos grandes contratas son la del agua, a la firma Aquagest, por 25 años y un canon de 1,1 millones de euros, y la limpieza y recogida de la basura, pendiente de adjudicar. Hasta ahora estas dos concesiones iban por separado: la primera, en manos de FCC y la segunda, de Urbaser. El nuevo contrato ha salido por 36 millones y 18 años. La mesa de contratación lo adjudicó a la firma Secopsa-Utesa, pero está pendiente de un informe de la junta consultiva de la Generalitat.


* El País - SANTIAGO NAVARRO Alicante 27 MAY 2012
Foto: Ibi (Alicante) - cult.gva.es

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