La voracidad urbanística se come a bocados la costa española y las mejores playas

20MINUTOS* : El proyecto urbanístico que amenaza la playa virgen de Valdevaqueros, en Tarifa (Cádiz), es el enésimo ataque contra un paraíso natural en España. En el país donde se tuvo que inventar la palabra ladrillazo para denominar los excesos cometidos por los promotores inmobiliarios, no hay arenal protegido ni paraiso natural que frene el avance de las excavadores.El proyecto de Valdevaqueros afecta a 700.000 m2 con una edificabilidad de 84.000 m2, prevé la construcción de un complejo hotelero de 1.450 plazas y 350 viviendas, y está promovido por la empresa GMT, con el arquitecto Juan Muñoz –marido de la periodista Ana Rosa Quintana– a la cabeza. La Comisión Europea está estudiando la denuncia presentada por Verdemar-Ecologistas en Acción por posibles infracciones en la playa de Los Lances y en la duna de Valdevaqueros.

El mismo día que esa playa acaparaba titulares, se conocía la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que anulaba la protección ambiental dada por la Junta de Andalucía en 2008 al paraje del parque natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería) en el que se proyecta la macrourbanización 'Marinas de Aguamarga' con 350 viviendas en parcelas de uso residencial y un hotel con 300 habitaciones.

Pero antes que Valdevaqueros y Aguamarga, hubo otros nombres de playas paradisíacas que se han hecho tristemente famosos por las agresiones o amenazas sufridas. Repasamos algunos de ellos con ayuda del informe que cada año elabora la organización Greenpeace.

Paisajes amenazados

Es trenc. El Gobierno balear ha dado su aval al proyecto de construcción de un complejo hotelero a 150 metros de la playa virgen de Es Trenc. Es un arenal de más de cuatro kilómetros que había sido preservado por la norma estatal de costas. Curiosamente la playa de Es Trenc fue elegida por nuestros lectores como la mejor playa balear de 2011.

Marina de Cope. La Región de Murcia promueve el proyecto turístico e inmobiliario más ambicioso de la comunidad: convertir 21 millones de metros cuadrados de costa virgen en un megacomplejo urbanístico. En el proyecto de Marina de Cope se prevé la construcción de unas 5.000 viviendas y 20.000 plazas hoteleras, así como cinco campos de golf, centros deportivos y de ocio, así como una marina interior para 2.000 embarcaciones.

Jaizkibel. El proyecto de construir un puerto exterior adosado al monte Jaizkibel (Hondarribia) está en stand by después de que un informe ministerial concluyese que alteraba "de forma irre-versible" los LIC –ecosistemas protegidos– de Jaizkibel y Ulía. Euskadi, con 253 kilómetros de costa, tiene protegido "sólo un 14,2% de su litoral,el porcentaje más bajo de todo el Estado", según un informe de Greenpeace y Jaizkibel Bizirik.

Puerto Mayor-Puerto Maestre. En 2005 se paralizaron cautelarmente las obras del puerto deportivo Puerto Mayor, en La Manga (Murcia). Más de la mitad de la superficie que se ganará al mar se dedicará a la creación de un campo de golf y a la construcción de viviendas. Las obras continuaron durante meses a pesar de la petición de paralización del ministerio de Medio Ambiente. En 2008 el TSJ autorizó al promotor a terminar la dársena deportiva, pero no la urbanización.

Paisajes destruidos

Algarrobico. El Supremo falló en marzo que el hotel Azata del Sol en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), viola la Ley de Costas e invade de manera parcial la zona de servidumbre del dominio marítimo-terrestre. La sentencia sentencia desetimaba el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Carboneras contra un fallo anterior de la Audiencia Nacional (AN). Sin embargo, el PP busca ahora la fórmula para sortear la ley.

Marina D'Or. El mega complejo urbanístico de Marina d'Or (Castellón) tenía en 2010 el dudoso honor de superar el índice de 30 pisos sin vender por cada 1.000 habitantes, la media española está en 13,3 por cada 1.000 personas. Contra todo pronóstico, en abril de 2010, la Generalitat aprobó el Proyecto de Actuación Integrada (PAI) para la construcción de 35.000 nuevas viviendas en Marina d'Or Golf (en Cabanes y Oropesa).

Acantilados de Andratx. (Mallorca). "Un desastre urbanístico", según el Tribunal Supremo, que en diciembre de 2009 condenó a sus principales responsables. El alcalde del pueblo, Eugenio Hidalgo, ingresó en prisión después de haber sido condenado a 4 años de cárcel por haber construido un chalé en una zona rústica protegida. El alto tribunal justificó entonces que se acudiera al Derecho Penal "ante la inoperancia administrativa" para frenar la destrucción paisajística.

Urbanización Calafat. Otro ejemplo de saturación urbanística, tan propia de la costa de Tarragona, donde en pocos años, la sobreedificación ha ocasionado una barrera continua. En la primera mitad de la década, la mayor concentración de nuevas construcciones en la costa catalana se ha producido en el entorno del delta del Ebro. Además, en esta zona con escasez de agua, se han producido desarrollos urbanísticos alrededor de campos de golf.

Las cifras de la destrucción
(Según datos de Greenpeace)

El 44% de la población española vive en los municipios costeros, que apenas representan el 7% del territorio.
En los últimos 20 años se ha destruido en la costa española la superficie equivalente a ocho campos de fútbol al día.
En algunas comunidades más del 75% de los terrenos colindantes al mar son urbanos o urbanizables y casi el 25% del litoral es costa artificial.
En la actualidad en España hay suelo recalificado y comprometido para construir cerca de 20 millones de viviendas.
Entre 1990 y 2000 la urbanización en España aumentó un 25,4%, la población, un 5%.
En 2007 los ayuntamientos del litoral proponían la construcción de cerca de 3.000.000 de nuevas viviendas.
En la actualidad hay en España 416 campos de golf. Un campo de golf necesita al año una cantidad de agua equivalente al consumo de una población de 10.000 habitantes.
En 2008 la venta de pisos en la costa descendió un 30%. En 2009 había un millón de viviendas sin vender, casi la mitad en la costa mediterránea.
En 2004, el presupuesto necesario para mantener las infraestructuras turísticas (aeropuertos, puertos, hoteles, playas, etc.) superó en un 25% a los ingresos producidos por el turismo.
Siete de cada diez alcaldes acusados de corrupción fueron reelegidos en las elecciones municipales de 2007.
En 2010, 38 ciudades españolas incumplen la normativa de depuración de aguas, cuyo plazo vencía en diciembre de 2000.


* 20 Minutos - 31.5.12
Foto: Tarifa (Cádiz), playa Valdevaqueros - martindearriba

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Fomento dará 1,2 millones para la red que legalizará viviendas en Barreiros

ELPAÍS/Lugo* : El Estado pondrá dinero en Barreiros. El convenio por el que Xunta, Diputación de Lugo y Ayuntamiento pretenden arreglan el estropicio urbanístico de la villa costera con 14 millones de euros para saneamiento, servicios e infraestructuras viarias contará también con algo más de 1,2 millones que abonará el Ministerio de Fomento al municipio, a cuenta de la cesión de varios tramos de la carretera nacional para su conversión en travesía urbana. Los fondos estatales contribuirían así a la aportación municipal prevista en el convenio, siete millones que hasta ahora se suponía que se iban a obtener de los promotores inmobiliarios con intereses en la zona. Con ello se pretende dar viabilidad al crecimiento inmobiliario autorizado por el alcalde, el popular Alfonso Fuente Parga, que dio licencia para levantar 3.000 edificios, casi tantos como los habitantes del lugar.

La contribución de Fomento se suma a los 5,2 millones que sí han consignado los promotores ante el Ayuntamiento a través de avales, según sostuvo ayer en la comisión de Ordenación Territorial del Parlamento la secretaria general de Urbanismo de la Xunta, Encarnación Rivas, a preguntas del diputado socialista Ismael Rego. Este salió de inmediato al paso. “Van a implicar también al Estado. ¿No quedamos en que el 50% lo ponían los promotores?”, preguntó, para arremeter contra el “ultraje” de que se financie “el gran pelotazo” con impuestos “mientras otros viajan en Mercedes y se desplazan a países exóticos”.

El debate trató también sobre la renuncia de la Xunta a los contenciosos con el Ayuntamiento a cuenta de la manga ancha de este al autorizar licencias, que en algunos casos suscitó también el interés de la fiscalía. Rivas apeló al informe de la asesoría jurídica que supuestamente avala este cambio de postura frente a la beligerancia de la Xunta del bipartito, que llegó a suspender el planeamiento municipal. La modificación de la ley de ordenación del territorio de 2010, que elimina la obligación de los parcelaciones en núcleos rurales, y el propio convenio multilateral fueron motivo para el desistimiento, según argumentó. Rego volvió a reclamar que se entregue tal informe, que la cámara reclama sin éxito desde hace un año.

Los vaivenes doctrinales de los servicios jurídicos de las Administraciones salieron también a colación en el debate previo sobre los núcleos rurales costeros. El nacionalista Bieito Lobeira reclamó que la Xunta pida al Estado que retire el recurso contra la Lei de Vivenda de 2008, aprobada en Galicia por consenso y que trataba de regular la cuestión. El Gobierno de Zapatero recurrió la ley por invasión de competencias y la cuestión sigue pendiente en el Tribunal Constitucional. “Se nos dijo que si el PP gobernaba el recurso se retiraba”, recordó Lobeira, que anticipó una resolución desfavorable del Constitucional. Rivas apuntó que el PP ya recurrió al tomar posesión en la Xunta. Entonces en el Gobierno central estaba el PSOE, pero volver a pedir la retirada ahora que gobierna el PP sería al entender de la secretaria de Urbanismo “trasladar el mal ejemplo de que las decisiones de la Abogacía del Estado son tuteladas por el Gobierno de turno”. Después insistió en que Xunta y Ministerio de Medio Ambiente negocian una solución para los núcleos.

El BNG, por último, quería “exigir” al Gobierno central que en ningún caso la concesión a la fábrica de celulosas de Ence en Pontevedra siga más allá de 2018. Los populares optaron por “instar”, y no hubo acuerdo.


* El País - VÍCTOR HONORATO Pontevedra 31 MAY 2012
Foto: Panorámica de edificios en construcción en Barreiros, donde el Ayuntamiento dio licencia para construir unos 3.000 / ANXO IGLESIAS

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El Supremo invalida el plan de usos de la Albufera a seis meses de caducar

LASPROVINCIAS/Valencia* : Una sentencia del Tribunal Supremo del 10 de mayo anula el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque de la Albufera. Este plan, que está en vigor desde el 19 de noviembre de 2004, caduca este año ya que su plan de vigencia era de ocho años.
Acció Ecologista-Agró interpuso esta demanda en 2005 al considerar que el plan permitía extender el suelo urbano al territorio protegido (sobre todo en terrenos de Pinedo, El Palmar y El Perelló) y al entender jurídicamente que esta norma no podía estar por encima de la del Plan Ordenación de Recursos Naturales (PORN). Las acciones legales comenzaron ese año y en 2008 consiguieron que el Tribunal Superior de Justicia les diera la razón, aspecto que ahora ha ratificado el Supremo, cuatro años más tarde. Sin embargo, la nulidad llega un poco tarde puesto que el PRUG era un plan que nació con la caducidad de ocho años, es decir que este año tiene que actualizarse.

De hecho la Consellería de Medio Ambiente ya ha comenzado la ronda de contactos para cambiar la norma.
Desde d'Acció Ecologista-Agró se recibió ayer la noticia con alegría. El representante de la agrupación en la Junta Rectora del Parc Natural de l'Albufera, Víctor Navarro, explicaba que la sentencia es muy positiva porque «anula todas las autorizaciones que se han hecho sobre la zonificación de la zona. Lo que ha dicho el Supremo es que no cabe extender el suelo urbano al terreno protegido», decía ayer. El miembro de Agro tildaba tanto a la Generalitat como al Ayuntamiento de «temerarios» al haber pensado que el PRUG podía estar por encima de una norma superior como es el PORN. Y expresaba que la sentencia lo dice muy claro al «imponerles el pago de los 6.000 euros que suponen las costas del juicio», que tendrán que repartirse a partes iguales las dos instituciones.
Navarro entiende que desde la Conselleria y el Ayuntamiento se van a tener que revocar ahora algunas de las autorizaciones que se han dado para hacer «algunas casas de aperos, pequeñas casas vallados y, por ejemplo, la licencia de los casas de madera que se hicieron en un camping cercano al Palmar».
Navarro entiende que «los 300 chalets que Valencia quería hacer en la zona de Pinedo ya no se van a poder hacer» y apunta hacia un lugar que tendría mucha más repercusión porque se trata de una obra que ya está terminada: «Habrá que ver si la reforma y ampliación del Parador del Saler es legal o no».
El ecologista lo tiene claro: «Ahora lo que tienen que hacer es anular todas las autorizaciones que han dado desde el 2004 y si no actúan entonces podremos empezar a hablar de prevaricación». «Ahora lo que vamos a hacer nosotros es revisar todas las autorizaciones que se han dado y vamos a priorizarlas dependiendo del daño que ecológico que hayan podido producir».
El Ayuntamiento de Valencia no quiso pronunciarse al no tener constancia aún de la sentencia condenatoria. En los últimos años se han realizado importantes actuaciones como la regeneración de las playas, la demolición de una fábrica y un colegio en la playa y la plantación de árboles y arbustos autóctonos de la Devesa de El Saler.


* Las Provincias - 1.6.12
Foto: Parque Natural de la Albufera - turismo

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