AVE, aeropuertos, autovías, TV... Razones por las que Merkel no pasa ni una a España

ELCONFIDENCIAL* : Por muchas reformas que Mariano Rajoy haya puesto encima de la mesa, el Gobierno español no transmite confianza fuera de nuestras fronteras. Más allá de la gestión del caso Bankia, la reforma financiera y la laboral, la Unión Europa echa en cara a España que acumule en sus cuentas millones de euros invertidos en un sinfín de proyectos que han resultado ser un fracaso: miles de kilómetros de líneas de alta velocidad, autopistas, autovías, aeropuertos, tranvías... Inversiones millonarias de dudosa rentabilidad que Europa no está dispuesta a pagar.
Con 47 millones de habitantes y 17 autonomías divididas en 50 provincias, sin contar Ceuta y Melilla, España tiene a su disposición 52 aeropuertos, de los que solo ocho son oficialmente rentables; más de una veintena de provincias dispone de otro aeropuerto a menos de una hora por carretera. Alemania, con casi el doble de población que la española (81 millones de habitantes), no necesita más de 39 aeropuertos.

Si el Gobierno español hubiera incrementado el gasto en la misma proporción que el Ejecutivo alemán entre 2002 y 2008 (es decir, un 2,8% y no un 50%), en 2009 España apenas hubiese tenido un déficit público del 1% del PIB (unos 10.000 millones de euros) frente al 11,1% (más de 100.000 millones de euros) que arrojó.

Europa critica el derroche de los países del Sur mientras aplaude la capacidad de ahorrar de los alemanes, con un salario bruto anual (40.914 euros) casi el doble que el español (21.500). La austeridad de la que presume Alemania se traduce, por ejemplo, en que solo necesita 10 canales televisivos autonómicos, mientras que en España existen trece operadores públicos de titularidad autonómica que emiten en 26 canales. Solo la televisión valenciana acumula una deuda de unos 1.200 millones de euros, la mayor de todas las autonómicas. Sin subvenciones de las autonomías ni tasas, entre todas arrastran una deuda de más de 2.100 millones de euros.

Que España sea el país europeo con más posibilidades de ser rescatado se achaca a la irresponsabilidad de sus políticos, que no aprovecharon la fase expansiva para ahorrar o reducir impuestos. De hecho, un estudio interno elaborado por asesores de la Presidencia del Gobierno desvela que España es el país europeo con mayor número de políticos (445.568) con cargos públicos por habitante de toda Europa. Unos trabajadores que se dedican a la función pública, 300.000 más que en Alemania, que copan todos los niveles de la administración (senadores, alcaldes, diputados, concejales, organismos internacionales, consorcios, mancomunidades…).

Más kilómetros de AVE que EEUU

Este año, la Alta Velocidad Española (AVE) celebró sus veinte años, y lo hizo como líder mundial por su puntualidad y la longitud de su red, fruto de la inversión de 39.500 millones de euros que ha copado durante las dos décadas. La primera línea española fue la que une Madrid y Sevilla. Desde entonces, España es el segundo país del mundo en longitud de líneas de alta velocidad, solo superado por China (con una población treinta veces mayor), y con muchos más kilómetros que Francia y Alemania. Un ejemplo: en 2010, España contaba con 3.744 kilómetros de AVE; en Alemania, apenas superaban los 1.400 kilómetros.

En una visita a España en mayo de 2009, invitado por el Ministerio de Fomento, el secretario de transportes norteamericano, Ray LaHood, se sorprendió de la capacidad económica de un país con un PIB 15 veces inferior al estadounidense, y al despedirse congratuló al ministro del ramo. EEUU no se podía permitir los costes de inversión y mantenimiento de las líneas de AVE. En julio de 2011, Fomento cerró la línea directa Toledo-Cuenca-Albacete, en la cual perdían 18.000 euros al día por transportar una media de nueve pasajeros diarios. Ninguna línea en España, ni siquiera la de Madrid-Barcelona, es rentable.

Tanto el Tesoro como el Fondo Monetario Internacional presionan a Alemania para que acepte un giro en la política europea de austeridad y ayude a los países con problemas como España. Pero Merkel insiste en que España ha gastado mucho más de lo que ha ingresado y aún tiene que apretarse más el cinturón. Otro ejemplo del derroche: a fecha de 31 de diciembre de 2007, España tenía 14.689 kilómetros entre autopistas y autovías, convirtiéndose en el tercer país del mundo por longitud de vías de alta capacidad, solo superado por Estados Unidos y China. Como ocurre con los aeropuertos y las líneas de Alta Velocidad, España vuelve a superar con creces a Alemania, Francia e Inglaterra.

En su defensa, los políticos españoles justificarán los números rojos ante Europa con el aumento del paro y la caída de la actividad inesperada. En ningún momento han reconocido que su mala planificación contribuyó a hundir un poco más las finanzas públicas. Más ejemplos: la autopista de peaje que une Cartagena con Vera (Almería), se diseñó para una media de 7.000 vehículos al día, y todavía no ha alcanzado los 2.000. En ella se invirtieron 650 millones de euros. Las autopistas radiales de entrada y salida de Madrid, conocidas como R2, R3, R4 y R5 tienen un tráfico medio diario que no llega ni al 30% del tráfico que hace rentable esas infraestructuras, por lo que suponen una verdadera ruina. La inversión de estas carreteras, “imprescindibles” para el Gobierno que las inauguró, fue de 2.552 millones de euros.

Más de 400 millones se comió la AP-41, autopista de peaje que une Madrid con Toledo, con un tráfico 79% inferior al previsto; la misma cantidad que se destinó a la autopista de la segunda circunvalación de Alicante, por la que estaba previsto que circularan 30.000 vehículos al día y la media no llega ni a los 10.000… En 2006, Alemania disponía de 152 kilómetros de autopista por millón de habitantes. España, con un salario mínimo interprofesional de 641 euros, contaba con 276.


* El Confidencial - Ana I. Gracia - 3.6.12
Foto: Ciudad Real, aeropuerto fantasma - EFE

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Cádiz.- Decenas de órdenes de demolición de viviendas ilegales sin ejecutar

LAVOZDIGITAL* : La reciente filtración a la prensa de una posible amnistía que estudia el Gobierno central para sacar de la ilegalidad una bolsa de cientos de miles de viviendas que salpican el territorio nacional de norte a sur; el decreto ya aprobado por la Junta para regularizar 250.000 inmuebles en la Comunidad -unas 40.000 solo en la provincia gaditana- que se levantaron incumpliendo los planeamientos urbanísticos; o bajando un peldaño más en las administraciones públicas, las actualizaciones de los planes locales de ordenación, que van todos encaminados a ampliar la superficie urbana e incluir en esos espacios terrenos que antes estaban vetados a la construcción. Una limitación que sin embargo no fue óbice para que surgieran como setas casas y más casas que fueron constituyendo en algunos casos auténticos núcleos de población que crecieron al margen de la ley y las normas. Todo este conjunto de medidas, algunas en proyecto y otras adoptadas por administraciones de distinto color político, están teniendo una influencia directa en la lucha que desde hace años se libra en los juzgados para perseguir y castigar los atentados contra el suelo.

Pese a las numerosas sentencias firmes que ordenan la demolición de viviendas ilegales, no se están ejecutando. O lo que es lo mismo, ante las previsibles regularizaciones masivas que se están ya produciendo a nivel local, regional y ahora se especula con medidas de carácter nacional, los jueces están echando el freno y suspendiendo las ejecuciones. La Justicia se queda a medio camino, dictando condenas que no se cumplen de forma escrupulosa. Si esto ocurriera con otro tipo de delitos, que generan mayor alarma social, el escándalo sería mayúsculo.
Al frente de esta batalla en contra de las viviendas ilegales se sitúa el Ministerio Fiscal y colectivos ecologistas, que son los únicos impulsores de las denuncias contra las construcciones fuera de la ley. En el caso de Cádiz, la Fiscalía de Medio Ambiente ha sido uno de las más activas a nivel nacional en la persecución de estos delitos. El anterior fiscal delegado en esta materia, Ángel Núñez, fue muy crítico durante el periodo que ejerció esa responsabilidad con los ayuntamientos, a los que culpó de su desidia para frenar el desarrollo urbanístico al margen de las normas.
Su sucesora, Patricia Navarro, mantiene esa misma línea de combate y una de sus reciente iniciativas ha sido elevar al Tribunal Supremo un recurso para que se posicione sobre la ejecución de los derribos como parte de la condena a la que se enfrentan los procesados. El movimiento de la Fiscalía es tratar de buscar una suerte de jurisprudencia que sirva para unificar criterios ante las sentencias dispares que se están produciendo, con jueces que ordenan esta medida y otros que la consideran excesiva. La propia Navarro, que se encontraba estos últimos días en unas jornadas sobre esta materia en Segovia, confirmó a este medio que aún no ha habido pronunciamiento. Sería la primera vez que el Supremo se posicione.
Mientras llega esta decisión, la realidad es tozuda e indica que las órdenes de demolición se han paralizado en la práctica. En febrero, un pleno de la Audiencia Provincial acordaba dejar en suspenso esa medida en aquellos supuestos en los que la vivienda hubiera sido regularizada gracias a la aprobación definitiva del planeamiento urbano que le afecta. Solo cuando haya una aprobación y no una previsión, se suspenderá la medida. Una decisión que librará de la pica a miles de viviendas que serán legalizadas gracias a nuevos PGOUs como el de El Puerto o el POTA de la Costa Noroeste.
En estos momentos, la Fiscalía de Medio Ambiente tiene un registro de medio centenar de sentencias firmes sin ejecutar, en las que se ordena al procesado que tire el inmueble que levantó incurriendo en un delito contra la ordenación del territorio. Algunos de esos fallos, en los que no cabe recurso alguno, fueron dictados antes de 2008. Es decir, hay edificaciones en esta provincia sobre las que pesa una orden de demolición desde hace cinco o más años que siguen en pie, generando una «sensación de total impunidad», como subraya una y otra vez la fiscal delegada Patricia Navarro cuando se le pregunta por este asunto.
Desde noviembre de 2010
La última vez que actuó la pica por orden judicial se produjo en noviembre de 2010. Y fue un derribo parcial de una edificación levantada en Grazalema, en pleno Parque Natural, que desvió el cauce del río Guadalete. Un atentado ecológico que comenzó a fraguarse en 2005 y que generó un chorreo de denuncias de colectivos como Ecologistas en Acción. Un año después de arrancar los trabajos, la Justicia anulaba la licencia que otorgó la alcaldesa socialista María José Lara, que terminaría imputada en la operación que inició la Guardia Civil ('caso Pinsapar') junto a su tío, Antonio Mateos y predecesor suyo en el cargo. Una investigación que destapó una trama de cobro de comisiones, que llevó al exarquitecto municipal a la cárcel. Este profesional recibió en abril pasado la ratificación definitiva por vía contenciosa que debía tirar su casa, que había construido en suelo protegido. Un ejemplo de cómo gestores públicos han incumplido alegremente con las normas urbanísticas. Esta orden de demolición se suma a la carpeta de pendientes de ejecución y sin fecha de materialización.
Si a la ya crónica falta de diligencia en estos asuntos que han demostrado los ayuntamientos, que durante años han permitido que fuera creciendo un parque inmobiliario ilegal en sus municipios, la crisis también se cuela con sus efectos en este problema. Una vez más, la actual situación económica está siendo determinante o sirve de perfecta excusa para no acometer las órdenes de demolición que la Justicia dicta.
La Ley establece que si el propietario del inmueble no ejecuta esa medida, debe ser la Administración quien la lleve a cabo de manera subsidiaria. «La respuesta que estamos recibiendo es que no hay dinero para afrontar esos trabajos y se dejan sin hacer», reconoce la fiscal de Medio Ambiente. También se suma, como apuntan desde los ayuntamientos, que no hay ofertas por parte de empresas especializadas para hacerse cargo de esos trabajos «porque socialmente están mal vistos».
La presión ejercida por los dueños de viviendas ilegales, que han llegado a constituir hasta formaciones políticas con capacidad de decisión (el caso del Partido Vecinal de Chiclana que se ha hecho cargo de las carteras de Urbanismo y Obras en virtud del pacto de gobierno sellado con el PP) se está traduciendo en más influencia. Algo que viene advirtiendo la Fiscalía de Cádiz, que ha denunciado en reiteradas ocasiones como estos colectivos son 'lobbies' de poder.
Pero la provincia de Cádiz no es ni mucho menos una excepción; si bien, dada su situación geográfica con uno de los litorales más apreciados del país está sometida a más ataques contra el suelo que cualquier provincia del interior. Aunque también en los lugares sin costa, los desmanes urbanísticos se siguen dando. Así, en la última memoria hecha pública por la Fiscalía Superior de Justicia de Andalucía, el responsable del Ministerio Público en Córdoba, denunciaba la permanencia de las construcciones ilegales, de lo que responsabilizaba a «la escasez de órdenes de demolición y el generalizado incumplimiento de las que se acaban dictando. Para que la persecución de estos ilícitos y su sanción puedan tener alguna efectividad, es imprescindible eliminar el ilícito beneficio que produce el delito urbanístico».
Tal y como se está aplicando la ley en estos momentos, los fiscales reconocen que los condenados por edificaciones ilegales «terminan consiguiendo sus propósitos» porque en la práctica solo están afrontando el pago de una multa, las condenas de cárcel no se ejecutan porque en la mayoría de los casos los procesados no tienen antecedentes; mientras que observan cómo sus viviendas se libran de la pica y solo tienen que esperar la llegada de algún proceso regularizador que incluya su propiedad entre las zonas urbanizables.


* La Voz Digital - SILVIA TUBIO - 3.6.12
Foto: El Puerto de Santa María (Cádiz). viviendas 'ilegales' carretera Sanlúcar - diariodecadiz.com

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El urbanismo de Boadilla, bajo sospecha

ELPAÍS/Madrid* : Casi todo el urbanismo de Boadilla del Monte está bajo sospecha. En total, la suma de las adjudicaciones de las que podría haberse beneficiado la trama del caso Gürtel podría alcanzar los cien millones de euros. El magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que instruye el caso Gürtel, ha acordado que la empresa municipal del suelo de este municipio madrileño (EMSV) envíe toda la documentación referida a las adjudicaciones de las que fueron beneficiarias tres empresas que aparecen en el sumario de la red corrupta: Teconsa, Ortiz y el Grupo Rafael.
El juez quiere cotejar, entre otros, el expediente municipal de la adjudicación del Auditorio Escuela de Música de Boadillla del Monte. El Ayuntamiento de Boadilla, con el imputado en el caso Arturo González Panero de alcalde, otorgó esta obra, según el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, a la sociedad Ortiz, por un valor de 5,35 millones de euros.

Pero el magistrado ha ido un poco más allá al requerir a la Unidad de Auxilio Judicial de la Intervención General del Estado (IGAE) para que emita un informe que determine el grado de cumplimiento de los contratos otorgados a la empresa Tecnologías de la Construcción (Teconsa), por un montante que supera los 25 millones de euros.

La petición de Ruz siembra ahora la sospecha sobre otras adjudicaciones que, hasta el momento, no estaban incluidas en el sumario. Se trata de la construcción de una piscina municipal cubierta en el Polígono de Las Eras, por un importe de 2,94 millones de euros; la adjudicación de dos colegios, uno de primaria y otro de secundaria, por un valor de 3,97 millones de euros; y tres promociones de viviendas de protección pública, de 96, 80 y 57 viviendas cada una, y más del doble de plazas de garaje. Solo esta última, las 57 viviendas, superan los 8 millones de euros. En total, y según estimaciones del caso, Ruz pone el foco en las adjudicaciones de Teconsa y Ortiz, que suponen una inversión superior a los 30 millones de euros procedentes del Consistorio, que entonces gobernaba Arturo González Panero, alias El albondiguilla, con Juan Siguero como número dos. Ambos están imputados en la causa.

Además, y fuera del urbanismo, el magistrado reclama a la empresa municipal del suelo de Boadilla toda la documentación referida a la adjudicación, facturación y pago de 16 eventos que supuestamente beneficiaron a la red de Correa. Ruz investiga si Correa se benefició también de la organización de estos 16 actos públicos realizados por sus empresas. Según un auto del pasado 17 de mayo se trata de tres campañas sobre la Ora; dos sobre la implantación del SER en Boadilla; dos promociones publicitarias sobre el ahorro de agua; cuatro publicidades sobre viviendas públicas; dos campañas del festival Summercase 2006; otras dos sobre la celebración de una gala en una televisión privada; así como la inauguración de la sede del PP de Boadilla del Monte el 19 de julio de 2006. Este acto contó con la presencia e Arturo González Panero, pero también de quien entonces era secretario general del PP madrileño Francisco Granados, de la actual delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, y de la alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, Paloma Adrados.

Esta decisión judicial constituye un paso firme e importante, pues hasta el momento las adjudicaciones bajo sospecha en Boadilla del Monte se limitaban a la edificación de un polideportivo por parte de la sociedad Constructora Hispánica (30 millones de euros), la pavimentación de varias calles del centro de Boadilla, también a Hispánica (500.000 euros); la adjudicación de una parcela por 27 millones a la firma UFC, de José Luis Ulibarri, así como la adjudicación directa a Easy Concept, una de las empresas del presunto cerebro de la red, Francisco Correa, de la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC), que superaba los 7,2 millones de euros. Otra de las adjudicaciones de las que se benefició la red corrupta, más de un centenar de locales comerciales y plazas de garaje en la promoción Residencial Siglo XXI está valorada en 6 millones de euros. Todo por un montante muy superior a los más de 60 millones de euros.

A ello hay que añadir que el exjuez Baltasar Garzón logró abortar una operación de la trama Gürtel en la urbanización Prado del Espino (Boadilla) por la que el Ayuntamiento de este municipio perdía un mínimo de 13 millones de euros, según un informe de la policía.

Si a los últimos 30 millones de Teconsa y Ortiz se suman los más de 60 millones sospechosos que se habían detectado hasta el momento, el beneficio de la red podría haber superado ampliamente los 90 millones de euros, según las valoraciones de las adjudicaciones municipales. Incluyendo actos e ingresos que se dejaron obtener, la red Gürtel pudo tener un beneficio cercano a los 100 millones de euros,

Los informes que forman parte de las diligencias judiciales apuntan también al ingreso en las cuentas de la trama de 1,8 millones de euros que posteriormente se repartieron tanto Correa como Pablo Crespo, su número dos. La policía apunta que se trata de "una cantidad muy elevada para vincularla a un solo pago, y más teniendo en cuenta que en otras actuaciones realizadas con Teconsa el pago de la comisión correspondía a un porcentaje de un 3% sobre el precio de adjudicación de la obra". Por ello considera que el importe "no se correspondería con el pago de una comisión, sino que aglutinaría varias adjudicaciones de las que ha sido beneficiaria Teconsa en Boadilla del Monte [Madrid]". Estas adjudicaciones son las que está investigando ya Ruz, que también trata de determinar la participación de Teconsa en la organización de la visita del Papa a Valencia.


* El País - TONO CALLEJA Madrid 3 JUN 2012
Foto: Boadilla del Monte (Madrid), sede_Ayuntamiento - elpais

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