El fiscal pide 10 años para Millet y 4 para la cúpula de Urbanismo de Barcelona

ELPAÍS* : El caso de las presuntas irregularidades en la tramitación de un hotel de lujo junto al Palau de la Música va a llegar a juicio antes que el saqueo de la entidad perpetrado por Fèlix Millet y Jordi Montull, que asciende a 35 millones de euros. La fiscalía ha pedido duras penas de prisión (diez años y dos meses) para Millet y quien fue su mano derecha por apropiación indebida y falsedad documental. En esa misma causa —una de las derivadas de la investigación sobre el expolio del Palau— el fiscal también acusa a la antigua cúpula socialista de Urbanismo en el Ayuntamiento de Barcelona.
En su escrito de acusación, el fiscal pide cuatro años y siete meses de cárcel para el ex teniente de alcalde de Urbanismo de Barcelona Ramon García Bragado; para el exgerente de esa misma área Ramon Massagué; y para el ex director jurídico Enric Lambies. Todos ellos están acusados de prevaricación y falsedad documental. El fiscal exige que sean condenados a 13 años y medio de inhabilitación para desempeñar cargos públicos y a pagar una multa de 12.000 euros.

Los máximos responsables de Urbanismo en el Consistorio durante la etapa del alcalde socialista Jordi Hereu sucumbieron al poder de influencia de Millet y le facilitaron la tramitación del fallido hotel del Palau, un proyecto que jamás vio la luz por la decidida oposición de los vecinos, que llevaron el caso a los tribunales. García Bragado y Massaguer “ocultaron” que la operación beneficiaba a un particular —el hotelero Manuel Valderrama— para no desvirtuar la apariencia de interés público que tenía el proyecto, según la fiscalía.

El caso tiene su origen en 2003, cuando Millet y Montull lograron para el Palau la titularidad de unas fincas cercanas al recinto. El objetivo era, supuestamente, construir un hotel para dar mayor proyección al auditorio modernista. En realidad, buscaban “un importante beneficio personal”. Pero tenían un problema: la calificación urbanística de la zona no permitía, en el casco antiguo de Barcelona, el uso hotelero. De modo que intentaron a toda costa cambiar esa circunstancia.

Los saqueadores confesos de la institución musical aprovecharon “las relaciones personales” con los responsables de la Generalitat y del Ayuntamiento “para conseguir que colaboraran en la realización de aquella operación urbanística, firmando convenios, haciendo informes, agilizando trámites, dando información interesada o dictando resoluciones varias”.

En concreto, Millet y Montull “aprovecharon su relación de confianza y amistad” con García Bragado, entonces secretario de Presidencia con el Gobierno tripartito, para que encontrase un solar de la Generalitat que permitiera hacer la necesaria permuta urbanística. Todos ellos, junto al arquitecto Carles Díaz —que también afronta la pena de cuatro años y siete meses— acordaron impulsar dos convenios para que la operación urbanística prosperase. Los acuerdos se aprobaron sin el informe jurídico preceptivo y sin ningún tipo de estudio técnico, “debido a la supuesta urgencia para su firma que hábilmente supieron provocar y simular Millet y Montull”.

El convenio fijaba una indemnización de 3,6 millones para el Palau y dejaba en manos de Millet y del promotor hotelero la cantidad que este debía pagar a la Generalitat. El grupo socialista del Ayuntamiento de Barcelona no quiso polemizar con el escrito del fiscal y apeló al “más absoluto respeto por la labor que hace la judicatura”. Los socialistas se ciñeron al guion clásico al recordar que la presunción de inocencia es un derecho, pero matizaron que están convencidos de la “inocencia y honorabilidad” del antiguo equipo de Urbanismo.


* El País - JESÚS GARCÍA / BLANCA CIA Barcelona 8 JUN 2012
Foto: Barcelona, Millet y Montull imputados caso Palau - elpais.com

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El TSJA ordena la demolición total de la biblioteca de Zaha Hadid en Sevilla

ELPAÍS* : Ni la estructura integrada en los jardines ni el aparcamiento subterráneo. La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ordenado la demolición total de la biblioteca diseñada por la arquitecta iraquí Zaha Hadid que la Universidad de Sevilla construía en el Prado de San Sebastián. Los jueces instan a la Universidad derribar todo lo que se había levantado, en subterráneo y sobre rasante, y a devolver a los jardines el aspecto que tenían antes de que empezaran las obras, en agosto de 2008.

El TSJA no admite ninguna de las dos propuestas de ejecución de sentencia que presentó la Universidad, que pasaban por integrar en los jardines lo ya construido o reponer la zona verde, pero mantener el aparcamiento, con capacidad para 80 coches. “No tiene ningún sentido jurídico el mantenimiento de los aparcamientos subterráneos, pues son tan ilegales como la parte construida sobre rasante”, sostienen los jueces.

La US se había agarrado a la posibilidad de no tener que demoler todo porque, a pesar de que este final parecía inevitable después de que el TSJA y el Supremo vetaran la biblioteca, los jueces no habían dado orden de derribar el edificio. Hasta hoy.

Lo que anuló el TSJA en junio de 2009 fueron las determinaciones sobre el parque del Prado de San Sebastián recogidas en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobado en 2006, que reservaba un extremo de este espacio para equipamiento de uso educativo, pensando ya en la biblioteca. Los jueces aclaran ahora que la nulidad de la parte del PGOU que permitía el proyecto de Hadid “determina a su vez la nulidad de la licencia de obras y por ende la demolición de lo construido a su amparo”.

La licencia de obras la dio el Ayuntamiento de Sevilla por lo que, en teoría, es el responsable de que allí se empezara a construir. Pero la Universidad estaba tan convencida de que el proyecto saldría adelante, a pesar de la oposición de algunos vecinos, que firmó una cláusula por la que renunciaba a reclamar cualquier tipo de indemnización si alguno de los recursos interpuestos prosperaba. Así que ahora, en el peor momento económico, la US tiene que afrontar en solitario el derribo, que aunque no está cuantificado se prevé costosa debido a la complejidad del proyecto diseñado por Zaha Hadid. Antes, la Universidad tendrá que diseñar un plan de demolición y obtener la licencia.

El auto dictado por el TSJA admite recurso, pero un portavoz de la US señaló este miércoles que no van a recurrir. “Se acatará de forma inmediata y se procederá a la restitución de todo lo que había, de común acuerdo con el Ayuntamiento”. El TSJA da un mes para que informe tanto sobre el calendario con el que se pretende acometer la ejecución de la sentencia como sobre la identificación “de la autoridad o funcionario” responsable de la misma. Si el derribo se hace este año, la institución académica tendrá que descontar el dinero de otra partida porque los presupuestos para 2012 no contemplan la demolición de la obra. Antes de su paralización, la US había invertido ya más de cuatro millones en el proyecto, a los que hay que sumar más 100.000 euros al año en vigilancia y mantenimiento desde que se detuvieron los trabajos y la indemnización que, posiblemente, reclamará la empresa Ferrovial, que el rector de la US, Antonio Ramírez Arellano, llegó a cifrar entre tres y seis millones de euros.


* El País - REYES RINCÓN Sevilla 6 JUN 2012
Foto: Sevilla, obras paralizadas biblioteca el Prado - elpais

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