La 'trama' del Palacio de Hielo será enjuiciada por el juzgado penal de Granada

GRANADAHOY* : El Juzgado de lo Penal nº6 de la capital será el órgano encargado de enjuiciar al exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada Luis Gerardo García-Royo (PP) y al resto de los acusados por, presuntamente, haber cometido un delito de prevaricación urbanística en la tramitación del Plan Parcial del Cerrillo de Maracena, donde estaba prevista la construcción del Palacio de Hielo, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
El expediente de la presunta trama del Palacio de Hielo ha sido remitido a este órgano de la capital para su enjuiciamiento después de que la jueza que ha investigado el caso, la magistrada de Instrucción 3, haya decretado la apertura de juicio oral. De este modo, ahora, el juzgado penal, cuyo titular es Ernesto Carlos Manzano, habrá de señalar la fecha en la que los encausados, que se enfrentan a penas de inhabilitación de 8 años, tengan que dar las explicaciones oportunas ante la Justicia.

En su escrito de conclusiones provisionales, la Fiscalía de Granada ha solicitado ocho años de inhabilitación tanto para García-Royo, edil de Urbanismo en el primer mandato de Torres Hurtado, como para el entonces responsable de la Gerencia, Manuel Lorente.

También acusa a tres técnicos municipales, y pide la misma pena para algunos de los principales promotores urbanísticos de la ciudad (José Julián Romero y Manuel José Rodríguez Acosta), a quienes ve "coautores" del supuesto delito de prevaricación. El Ministerio Público ha solicitado también que se declare la nulidad del parcial del plan y la nulidad total del plan de reparcelación subsiguiente.

Según la Fiscalía, el Ayuntamiento habría llevado a cabo esta operación urbanística supuestamente irregular "con la finalidad de obtener cuantiosos ingresos para las arcas municipales y con la aquiescencia de las empresas propietarias de los terrenos del plan parcial", que eran JJ Consulting, Promociones Arcomarex y Caja Rural de Granada. Dichas empresas, según el fiscal, también "obtendrían beneficio de dicha operación al aumentar la edificabilidad de los terrenos".

Así, en marzo de 2005, se dictó por el concejal de Urbanismo García-Royo "a instancias del Servicio de Gestión y Patrimonio Municipal, visado por el gerente de Urbanismo, Manuel Lorente, "una aprobación inicial de convenio para el planeamiento y gestión urbanística del sector".

En junio de ese año, los propietarios de los terrenos anunciaron su voluntad de suscribir dicho convenio y "adquirir los excesos de titularidad municipal de terrenos situados en sistemas generales y excesos de aprovechamientos no atribuibles a otros propietarios". En septiembre, la Junta de Gobierno Local dio el visto bueno y días después se firmó el acuerdo entre el Ayuntamiento y los representantes legales de las empresas promotoras.

"Siguiendo el objetivo trazado -continúa el relato del fiscal- se contenía en el convenio la previsión del compromiso de la Administración municipal de transmitir a la Junta de Compensación, a cambio de su pago en metálico, el aprovechamiento excedentario de titularidad municipal proveniente de los terrenos propiedad del Ayuntamiento en los sistemas generales adscritos, así como los excesos de aprovechamiento no atribuidos a otros propietarios". Todo ello fue siguiendo su trámite administrativo.

Mientras tanto, se constituyó la Junta de Compensación, y "pese a la constancia de que en el sector se hallaban incluidos terrenos propiedad del Ministerio de Fomento y de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir", ambas partes no fueron convocadas. Por tanto, se incluyeron en el sector "para el cómputo de las unidades de aprovechamiento a cobrar por el Ayuntamiento y pagar por las empresas interesadas, con el consiguiente aumento irregular de edificabilidad, terrenos que no son propiedad del Ayuntamiento o no generan aprovechamiento al no estar desafectadas del uso público". En total, calcula el fiscal, fueron 33.497, 2 metros.

En su calificación provisional, el fiscal pide además que se archive la causa contra dos de los imputados: Federico Hita -responsable en aquel entonces de Caja Rural de Granada- y un arquitecto. En el procedimiento también es parte acusadora la Abogacía del Estado por la presunta ocupación irregular de suelo público.


* Granada Hoy - 18.6.12
Foto: El plan parcial pretendía desarrollar esta zona de la ciudad.- granadahoy

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Condenan a 4 años de inhabilitación a exalcalde de Castilblanco por las casas ilegales de Las Minas

LAINFORMACIÓN/Sevilla* : El Juzgado de lo Penal nº8 de Sevilla ha condenado a cuatro años y tres meses de inhabilitación al exalcalde de Castilblanco de los Arroyos durante 28 años, el independiente Manuel Ruiz Lucas, por un delito de prevaricación administrativa al "consentir" de manera "tácita" la construcción "indiscriminada" en la zona de Las Minas de 900 casas ilegales, haciendo pues "una dejación deliberada de la aplicación de la disciplina urbanística" y permitiendo que se construya "mucho y mal".
En la sentencia, a la que ha tenido acceso EP, la juez considera que el acusado "hizo dejación de sus funciones de garante de la legalidad de forma deliberada y consciente, permitiendo la construcción indiscriminada en zona no urbanizable, con todas las consecuencias que ello conlleva, omitiendo su obligación de actuar, bien incoando expedientes sancionadores tras los decretos de paralización, bien poniendo los hechos en conocimiento de la autoridad judicial o del fiscal".

Todo ello se ha llevado a cabo "a vista y paciencia" del actual concejal en el Ayuntamiento de Castilblanco, añadiendo que "hasta 2001 no existe ninguna actuación del acusado reveladora de la intención de restablecer la legalidad urbanística, pese a ser plenamente conocedor de la misma, no en vano llevaba ya casi 20 años en el cargo". Así, en 2001 dictó un decreto de paralización de una construcción ilegal, al igual que en 2002, mientras que en 2003 dictó 30, en 2004 un total de 35, 43 en 2005 y 21 en 2006.

En estos decretos, el entonces alcalde ordenada suspender las obras y restablecer su situación originaria, con apercibimiento de que en caso contrario se procedería a la incoación del expediente sancionador por parte del Ayuntamiento, aunque la juez considera que el imputado actuó así "para crear una aparente legalidad toda vez que no consta incoado ni un solo expediente sancionador o de demolición, pese a que le constaba el incumplimiento de los decretos de paralización, haciendo pues dejación deliberada de la aplicación de la disciplina urbanística".

"PROPAGANDA ELECTORALISTA"

La juez añade que, en el año 2005 y con ocasión de la elaboración de un Plan General de Ordenación Urbana, aún en trámite, "la especulación en la zona se dispara ante la expectativa de que toda la zona de Las Minas se recalifique como suelo urbanizable, también en parte propiciada por la propaganda electoralista del acusado", y agrega que "prueba de ello es el número de decretos de paralización a partir de aquel año, que crece sensiblemente".

A pesar de que fue requerido por la Junta para que adoptara medidas de restauración del orden urbanístico perturbado, el imputado, que como alcalde tenía delegadas las competencias en materia de Urbanismo, "continua con los decretos de paralización sin ninguna medida efectiva sancionadora y ejemplarizante", prosigue la magistrada, que señala que la construcción de estas casas ilegales comenzó en el año 1976, cuando un particular compró una extensión de 254 hectáreas en Las Minas y comenzó a segregar el terreno formando parcelas de 1.000 metros cuadrados.

Tras ello, procedió a su venta como fincas rústicas y, entre 1976 y 2004, vendió unas 900 parcelas que "no contaban apenas con servicios de agua y luz, existiendo un tendido eléctrico subterráneo en 1979 al que se engancharon varios vecinos que ya habían construido en la zona", e indica que, durante todo este tiempo, "se han venido construyendo numerosas edificaciones de toda índole, sin que se llegue a conocer exactamente su número, desde pequeños chamizos hechos con tablas y caravanas colocadas en una parcela hasta chalets de lujo".

ANTENAS DE TELEVISIÓN, LÍNEAS DE TELÉFONO Y VALLADOS

De manera paralela, "ha crecido de forma similar el número de infraestructuras necesaria para dar servicio a las mismas, tales como líneas de teléfono, eléctricas, vallados y cercas, caminos y antenas de televisión", mientras que, dentro del paraje, la zona que "ha sufrido un mayor grado de degradación es la mal llamada urbanización Las Minas, en donde no se ha mantenido nada de la naturaleza forestal del terreno al estar totalmente urbanizada, pese a ser suelo rústico, y por lo tanto suelo no urbanizable".

Todo esto "ha producido la falta de regeneración del arbolado existente, el secado paulatino de las encinas y alcornoques y la limitación de la fauna", mientras que hay zonas "en las que la basura se encuentra amontonada dentro de las mismas parcelas o en los caminos, con el peligro de propagación de enfermedades infecciosas debido a la presencia de ratas", a lo que se suma además el alto peligro de incendio existente y la difícil evacuación de los vecinos.

Igualmente, "la gran mayoría" de las parcelas edificadas "han realizado sondeos en las mismas para conseguir agua, existiendo numerosos pozos negros donde van a parar las aguas residuales de las viviendas, con el peligro de sobreexplotación de los recursos hídricos", y además existen líneas eléctricas y telefónicas y pozos que no cuentan con la autorización pertinente, así como vertederos "incontrolados".

"SE HA CONSTRUIDO MUCHO Y MAL"

"Se ha construido mucho y mal, toda vez que la distribución urbanística se ha realizado de forma anárquica", concluye la magistrada, que argumenta que, si como alegó el imputado, cuando llegó a la Alcaldía ya existían la gran mayoría de construcciones ilegales, "debió actuar nada más ser nombrado". No obstante, considera que estas construcciones "se han venido realizando desde hace más de 25 años hasta aproximadamente 2006", y que fue gracias a la Guardia Civil "cuando se frenó de manera brusca y considerable el ritmo frenético constructivo en la zona".

Durante su mandado, el acusado "no ha adoptado ninguna medida efectiva para intentar frenar la situación, que ha provocado graves consecuencias medioambientales en la zona y económicas, penales y psicológicas a los habitantes de la misma", pues hay que recordar que por estas construcciones ilegales han sido condenados decenas de propietarios de Las Minas a penas de cárcel "al creer, aún sabiendo que era ilegal, que no pasaría nada y que todo se iba a solucionar".

La juez lo condena a cuatro años y tres meses de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito continuado de prevaricación administrativa, con la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, mientras que lo absuelve de los delitos de omisión del deber de perseguir delitos y de exacciones ilegales que le imputaba el fiscal.


* La Información - Europa Press - 21.6.12
Foto: Castilblanco de los Arroyos (Sevilla), urbanización Las Minas - elcorreoweb.es

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