C.Valenciana.- El Banco Europeo inspecciona 100 obras escolares paralizadas

ELPAÍS* : Una delegación del Banco Europeo de Inversiones (BEI) está inspeccionando desde el lunes el estado de ejecución de las 435 construcciones escolares incluidas en el plan Crea Escola de la Generalitat, para cuya cofinanciación la Unión Europea aportó entre los años 2006 y 2008 créditos por 800 millones de euros, que computan como deuda pública. El Gobierno valenciano debía financiar el resto del programa que supera los 1.600 millones.
De entrada, la delegación que visita esta semana la Comunidad Valenciana se ha interesado especialmente en preguntar por la relación de los más 100 proyectos de reforma integral y nuevas construcciones que todavía no se han ejecutado, pero que figuraban en los convenios firmados entre 2006 y 2008.

El BEI tiene que emitir “un informe de evaluación final del proyecto cuando el mismo haya concluido" y “valorar el impacto global tanto desde el punto de vista económico, técnico, medioambiental y financiero”, según consta en una respuesta por escrito de la división de reclamaciones del banco europeo a una queja de una asociación de padres afectada durante estos años por el retraso en la construcción del nuevo colegio. El BEI se comprometió a dar respuesta antes del 2 julio, justo la fecha en la que la delegación europea ha visitado in situ el colegio afectado.

Se trata del colegio público Ernest Lluch de Nàquera, incluido en el convenio con el BEI, cuyas obras están paradas desde hace dos años, pese a que se licitó el proyecto en 2010. Los padres se preguntan: “¿Cómo una obra licitada con su consiguiente consignación presupuestaria, en la que el BEI participa, puede no haberse ejecutado dos años después por falta de disponibilidad presupuestaria?”.

Este no es el único proyecto sobre el que planean dudas. El colegio público Max Aub de Alboraia es otro de los paralizados en 2010 y que la delegación europea ha visitado, además del nuevo colegio de la Patacona ya en marcha, acompañada por los arquitectos de Ciegsa, la empresa pública de construcciones escolares, que la Generalitat que liquidó ayer.

La visita de la delegación del Banco Europeo de Inversiones (BEI) coincide con la liquidación de Ciegsa, la empresa pública de construcciones escolares creada por la Generalitat hace 11 años. Durante sus años de funcionamiento Ciegsa ha realizado 505 actuaciones (entre reformas y nuevas construcciones) por valor de 2.494 euros. Pero la Generalitat solo ha pagado 766, según el último informe de la empresa.

Aprobado el ERE de Ciegsa

Los 84 empleados de Ciegsa, entre arquitectos, aparejadores, ingenieros y el personal jurídico y administrativo han rechazado el expediente de regulación de empleo (ERE), que ayer se aprobó en asamblea por unanimidad. Dos tercios de los empleados van a la calle. Sólo se quedan 33, según el documento que hoy se entregará a la empresa. La negociación ha permitido salvar 14 puestos de trabajo que iban a la calle.

Ciegsa, no obstante, tiene 335 actuaciones escolares pendientes: 17 obras en ejecución, 137 pendientes de ejecutar, 84 en fase de redacción y otras 115 en fase de gestión del suelo. Eliminada la Dirección de Régimen Económico de la Consejería de Educación en 2011 (de la que dependían los arquitectos de obra escolar) no hay otro departamento que pueda dar continuidad a las obras del plan Crea Escola paralizadas prácticamente, desde 2010, cuando la falta de liquidez y la crisis financiera de la Generalitat empezaron a hacerse patentes.

Ante la falta de dinero de la Generalitat, Ciegsa se ha encargado desde hace años no sólo de las obras escolares, sino también del coste de la implantación de las aulas prefabricadas, y del equipamiento (mesas, sillas, pizarras y material informático).

Uno de los objetivos del convenio del BEI era acabar con las aulas prefabricadas. Pero, lejos de disminuir, el volumen de barracones se ha mantenido prácticamente intacto. Si en 2007, fecha del préstamo, había 1.111 prefabricados, en 2011 según el Informe Anual del Defensor del Pueblo, se mantenían 1.091.

En cada firma de los acuerdos de préstamos de 800 millones con el BEI se ha insistido en la necesidad de acabar con los prefabricados. Así lo expresaron su presidente y vicepresidente, Philippe Maystadt y Carlos Costa, durante firma de 2007. “El programa Crea Escola permitiría la desafección de 386 aularios”. El objetivo se volvió a repetir en la firma del convenio de 2008.

La última visita de una delegación del BEI fue en 2009, según confirma la Consejería de Educación. Desde entonces, “el último crédito del BEI aprobado en 2010 para financiar nuevas obras de los programas Crea Escola y Millora Escola, no ha sido firmado y por tanto no ha sido desembolsado”, confirma la respuesta escrita del BEI a los padres del colegio público Ernest Lluch. Un centro en el que todo el alumnado de infantil estudia en barracones. Los padres se han movilizado durante todo el curso para denunciar esta situación.

Fuentes del banco europeo aseguran que la visita de la delegación técnica "es rutinaria, forma parte del seguimiento que el BEI hace sobre la evolución de los proyectos".


* NEUS CABALLER Valencia 4 JUL 2012
Foto: El Ampa del colegio público Ernest Lluch de Nàquera pidió explicaciones a la Consejería de Educación en marzo pasado.- elpais

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Los ciudadanos pagarán por triplicado los activos tóxicos de los bancos

PERIODISMOHUMANO* : Los ‘pelotazos’ urbanísticos fallidos, en los que participaron la mayor parte de los bancos y cajas españoles, han llevado a la ruina a cientos de empresas y al paro a decenas de miles de ciudadanos, pero dejarán intacto al sistema financiero. Las operaciones especulativas de ayer se han convertido hoy en activos tóxicos, es decir, viviendas y suelos sobrevalorados. El desfase entre su valor real y el expectante que marcaron las tasaciones bancarias será pagada por todos los ciudadanos por triplicado: mediante sus hipotecas, por la reducción de servicios públicos y través de sus impuestos, según coinciden algunos expertos. La otra alternativa, dejar caer a las entidades intoxicadas, como hicieron Estados Unidos o Islandia, no se la plantea nadie en la UE por miedo a que ello propague un “pánico contagioso”.

El rescate europeo a la banca española les facilita un crédito de hasta 100.000 millones de euros para ‘limpiar’ sus activos tóxicos derivados del ladrillo. Si se llegará a utilizar o no todo este dinero, y su reparto entre las distintas entidades bancarias afectadas, es todo un misterio. Dependerá de las auditorias externas que el Gobierno español ha aceptado para nuestro sistema financiero y del seguimiento estrecho de las condiciones del rescate que realizará la troika (Comisión Europea, Fondo Monetario Internacional y Banco Central Europeo), ante el descrédito internacional del Banco de España como regulador. La auditoria realizada por los privados Wyman y Berger estima que como máximo se necesitarán 62.000 millones, sobre todo para sanear las entidades nacionalizadas, que son Bankia, Novacaixagalicia, CatalunyaCaixa y Banco de Valencia, pero es sólo una primera aproximación. Por lo pronto el Gobierno, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha inyectado ya 13.869 millones al sistema financiero.

El problema es que los mercados internacionales, los que prestan el dinero tanto a los bancos como al Gobierno español, creen que la situación está tan deteriorada que las entidades de crédito no serán capaces de devolver el préstamo europeo y, por tanto, buena parte de este dinero se convertirá en deuda pública, puesto que el responsable último de la devolución es el propio Gobierno. De confirmarse esto último, los expertos coinciden en que ésta sería una “década perdida” para España, puesto que la ruina bancaria, resultado de su especulación con valores inflados de productos inmobiliarios, gangrenaría de tal forma la economía española que no sería capaz de comenzar a crear empleo neto hasta al menos 2017, al mismo tiempo que se tendrían que seguir recortando las prestaciones sociales, por lo que las consecuencias de deterioro del nivel de vida de la población ahora mismo son incalculables.

De esta forma, son los ciudadanos los que financian a la banca, y no al revés. Y si las entidades no quiebran, gracias a la financiación pública, podrán ‘hibernar’ sus activos tóxicos, sus viviendas y especialmente sus suelos rústicos altamente sobrevalorados, hasta un momento futuro en que puedan revenderlos a mejor precio que el actual. Así se evitaría que estalle del todo la burbuja inmobiliaria y conservarla en cambio para su reactivación en un futuro relativamente cercano.

Una burbuja que tuvo como elemento clave de origen la Ley estatal del suelo de 1998, en la que se establecía que el valor de un terreno no se debía medir por su propia naturaleza y entorno (protegido, rústico, urbano o urbanizable), sino por el valor “expectante” de mercado. Como consecuencia las empresas de tasación, vinculadas o pagadas por las propias entidades financieras, comenzaron a atribuir a viviendas y suelos valores cada vez más elevados.

Entre 1997 y 2007 el precio de las viviendas aumentó un 288 por ciento, según la Fundación BBVA. A su vez, el 84 por ciento de esta subida se debió a la repercusión del coste del suelo, cuyo precio se quintuplicó en este mismo periodo. Las altas hipotecas que hoy siguen pagando decenas de miles de españoles, y por las que muchos estás siendo desahuciados, proceden de ese proceso. La ley se cambió en 2006, volviendo a la valoración de los suelos por su situación real, pero sucesivas prórrogas en su aplicación a los balances de las empresas han provocado que, a efectos de contabilidad bancaria, nunca se haya revisado en profundidad el valor de los terrenos de su propiedad.
Según explican fuentes cercanas al sector, el procedimiento era sencillo: “Un señor de una empresa inmobiliaria invita a comer al propietario de una finca agrícola. Al terminar el almuerzo, le escribe en la servilleta que pueden hacer en sus suelos 1.000 viviendas, y del beneficio que obtengan sólo tienen que quitar 6.000 euros por vivienda. Así juntan seis millones de euros con los que pueden construir un campo de golf, lo que ya de por sí justificaría la recalificación de los terrenos. Y de paso le compraban el coche de bomberos al alcalde. Adquiere la finca con el valor expectante escrito en la servilleta, pero no la paga en el acto, sino que pacta pagos aplazados. Después va al banco con la misma servilleta y pide hipotecar la finca al valor expectante, y resulta que le conceden el crédito aunque el suelo siga siendo rústico. Así había hasta 200 operaciones en marcha en toda Andalucía, en suelos no urbanizables, lo que suponía que se hubieran construido 200.000 viviendas. Pero al final casi ninguna operación salió, y ahora son activos tóxicos de esos bancos que financiaron, y que vamos a pagar todos al menos por duplicado”, sentencia.

Un ex trabajador de la quebrada inmobiliaria Aifos, que también prefiere guardar el anonimato, confirma esta tesis: “Se hacían operaciones de 100 o 120 millones en base a castillos en el aire, a un mirlo blanco, como decíamos en el sector”. Un ejemplo claro de activo tóxico hibernado, a la espera de que vuelva a hincharse la burbuja, es la zona de Mangueta, en Vejer de la Frontera (Cádiz), una de las últimas playas vírgenes, completamente libre de construcción, del litoral gaditano. La mayor parte de las 270 hectáreas de este paraje fueron compradas en 2004 por una inmobiliaria vinculada a CatalunyaCaixa por unos 30 millones de euros a pesar de que era suelo rústico.

El avance del Plan General de Ordenación Urbanística de Vejer llegó a contemplar en ese lugar la construcción de un máximo de 400 viviendas, 950 plazas hoteleras y un campo de golf. Sin embargo, la recalificación de los suelos nunca llegó a ser autorizada por la Junta de Andalucía. Al final, el Plan de Ordenación del Territorio aprobado por la Administración autonómica para la comarca gaditana de La Janda declara Mangueta como suelo no urbanizable de especial protección, permitiendo solamente la construcción de un hotel fuera de los primeros 500 metros del frente litoral. Ese suelo, a pesar de que nunca fue urbanizable, es por tanto ahora un activo tóxico.

“No sé cómo alguien pudo dar 5.000 millones de las antiguas pesetas por esos suelos, que sólo servían para plantar cebollinos. Para lo único que ha valido es para incrementar el precio de la vivienda en la zona y asfixiar a mucha gente con la hipoteca”, denuncia un dirigente político gaditano relacionado con esta operación. Pero CatalunyaCaixa no renuncia del todo. Según ha manifestado a Periodismo Humano esta entidad financiera, nacionalizada y en proceso de rescate, Mangueta sigue formando parte de su Plan de Gestión de Suelo. “Se trata de un suelo con tutela especial y un grado de maduración urbanística todavía inicial, si bien nuestro objetivo es la consolidación de nuestros derechos urbanísticos”, insisten.

Francisco Luis Benítez, politólogo y experto en redes y estrategias de comunicación relacionadas con el mundo financiero, lo tiene claro: “los suelos tóxicos los tienen en una incubadora, esperando a volver a la burbuja especulativa, sin duda, y en este plan, en diez años volveremos a ese modelo, que es totalmente insostenible”, vaticina.

A su juicio, “todavía no se ha pinchado de verdad la burbuja inmobiliaria, y deberían hacerlo. Hay dos millones de viviendas vacías, y su precio tiene que volver casi a los niveles en que estaban los precios de la vivienda en 1996. Porque si no, pasa lo que ahora, que los ciudadanos pagan ese desfase tres veces. Una por un precio inflado de las viviendas y unas hipotecas desmedidas. Dos, porque la inyección a la banca en forma de créditos participativos resta dinero al Estado y a la economía, porque son 5 puntos de nuestro PIB. Y tres, porque al final habrá que financiarlo vía impuestos, subiendo el IVA hasta el 21 por ciento y otros impuestos indirectos que gravan el consumo”.

Para que esto no sucediera, haría falta, según Benítez, un mayor control democrático del rescate bancario. “Debe crearse una comisión parlamentaria, con participación de todos los grupos políticos, para hacer un seguimiento exhaustivo del rescate a la banca y comprobar que el dinero que se inyecte sirva verdaderamente para refinanciar las entidades, y que no se meta dinero en entidades que no merecen ser salvadas. Hay que dejar caer lastres como Bankia y restructurar sólo lo necesario. En Estados Unidos dejaron caer a Fannie Mae, Freddie Mac, Lehman Brothers y la aseguradora AIG. Si tienen que caer bancos, que caigan, no pasa nada”.

“Los accionistas y los acreedores –continúa Benítez- pierden, pero qué le vamos a hacer, eso es el capitalismo. Y los impositores tendrían garantizados sus depósitos hasta 100.000 euros. Qué le vamos a hacer, ése es el riesgo de los bancos. El Estado no debería responder ante los accionistas, y si ha sido una estafa piramidal, como la de Forum Filatélico, pues que caigan, es lo que tiene la avaricia. Pero parece que aquí los tiros no van por ahí. Parece que lo que se pretende es reactivar el ladrillo y volver a la liberalización del suelo”, lamenta.

En su opinión, las soluciones tienen que venir de la mano de la política, no desde el mundo financiero. “Sin una política de gasto público que haga recuperar la confianza, el rescate no servirá para nada”, advierte. Además, “hay que nacionalizar las comisiones urbanísticas de aprovechamiento, con participación de las tres administraciones públicas, para hacerlas más transparentes y evitar que se muevan entre la alegalidad y la corrupción”. Y en la vertiente europea, “la UE está siendo solidaria con España porque es una economía demasiado grande, no se puede hacer lo mismo que con Grecia o Portugal. O se transforma en una auténtica unión fiscal y monetaria o la UE se dinamita. Si hay un problema coyuntural monetario, que Alemania vuelva temporalmente al marco y los demás nos quedemos en el euro, y así se produce una devaluación automática de la moneda”, aventura como posibles soluciones imaginativas.

La sobreprotección que Europa está brindando al sistema financiero, ahora en concreto el español, se puede deber al cambio de modelo productivo que se produjo a partir de los años ochenta, a partir de las liberalizaciones de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, que repercutieron en todo Occidente con la deslocalización industrial, para trasladar los centros de producción a países en vías de desarrollo, y la fuerte dedicación de las economías desarrolladas al sector financiero, debilitando el resto de su tejido productivo.

La crisis bancaria internacional está poniendo en cuestión ese modelo. “China está creciendo a un 5% anual, y eso para ellos no es crecimiento. Si Europa no les compra, se quedan sin mercados donde vender, donde exportar”, recuerda Benítez. Y a su vez, “tiene que haber vallas para los movimientos financieros especulativos. El Parlamento europeo aprobó una tasa para este tipo de movimiento y todavía no se ha aplicado”, lamenta. Actualmente en el mundo, por cada transacción de economía real se dan novecientas de tipo financiero, en las que la especulación hace multiplicarse el dinero, la rentabilidad, de forma artificiosa, “casi ficticia”. Así, esta nueva fase de desarrollo del capitalismo podría fácilmente denominarse “economía de ficción”.


* Periodismo Humano - 05.07.2012 · José Luis Gordillo
Foto: Viviendas, parcelas suelo rústico - JLG

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