El Cabanyal.- La desesperación de un barrio

ELPAÍS/Valencia* : “Estoy enamorada del barrio y no me voy ni muerta”, asegura convencida María Luisa, propietaria de una de las 1.651 casas de la zona cero del Cabanyal, carne de excavadora en el plan de prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez que aprobó el gobierno del PP en 2001.
Y viendo lo que rodea a esta madrileña de 57 años, vecina del barrio desde hace 17 años, surge la duda. ¿Por qué quedarse? Tiene la puerta de la entrada agrietada por las patadas, la ha reforzado con una verja exterior y, en el patio interior de su casa, el que comparte con un bajo de propiedad municipal ocupado ilegalmente, ha desplegado una sábana para no ver el desastre del otro lado. La chatarra se apila varios metros sobre el suelo y del mal olor se libra con la ventana siempre cerrada. Su paisaje a diario se compone de tambores de lavadoras desguazados, cuadros de bicicleta y otros desechos.

“De tres o cuatro años a esta parte, ha sido la cuesta abajo. Y como alguien no haga algo, esto irá a más”, augura. Sus antiguos vecinos, una pareja mayor, se marcharon hace años acobardados por el avance de la marginación y la venta de droga.

La degradación se ha extendido como un cáncer por las manzanas afectadas por la prolongación. Desde que Salvem El Cabanyal dio con el expolio como vía de defensa, el Ayuntamiento de Valencia no ha recibido más que reveses judiciales. El último, el de la Audiencia Nacional, que validó la orden ministerial que firmó el Gobierno del PSOE en 2009. Las bolsas de marginación son cada vez mayores y la política de hechos consumados del Consistorio de comprar casas en la zona cero para luego derribarlas, convierte el barrio en un polvorín.

Los asaltos a las casas abandonadas se repiten. El domingo que la selección española ganó la Eurocopa, un grupo desguazaba literalmente el 161 de la calle Josep Benlliure. “La utilizaban como almacén y la vaciaron y se llevaron hasta las rejas de las ventanas”, explica un testigo. Vicent Gallart, vicepresidente de la Asociación de Vecinos, ha denunciado al Consistorio la falta de limpieza y el mal estado de los propiedades municipales.

“¿Qué quién es culpable de todo esto?”, se para una señora de unos 80 años, “pues, de los que un día se fueron a los pisos nuevos de Blasco Ibañez [hace unas décadas], que abandonaron su barrio de toda la vida en busca de algo que creían mejor”, opina con cierta amargura.

Muchos de los que se fueron, están volviendo. Y no solo ellos. El Cabanyal y, en general, los Poblados Marítimos de Valencia, son cada vez más apreciados por parte de jóvenes, extranjeros y también por las terceras generaciones de los antiguos cabanyaleros. David, de 41 años, es uno de ellos. “Han querido convertir este trozo [el afectado por la ampliación] en un gueto. Les molesta [al gobierno local] los vecinos porque somos como un grano en el culo del Ayuntamiento. Llamamos a la policía, avisamos, estamos ahí, diciendo, haciendo”, explica. Desde su balcón nos muestra un solar de los muchos que pueblan el barrio. Ahí estaba el horno de La Estrella, “un palauet” que David recuerda de sus juegos de infancia y que el Consistorio derribó hace más o menos tres años. “Ahora se meten ahí a defecar y a pincharse”.

La relación de Valencia con el mar nunca ha sido fácil. “Desde el centro siempre se ha visto El Cabanyal como un residuo, algo que había que eliminar para que Valencia llegase al mar”, reconoce el arquitecto Tato Herrero. Y el proyecto de prolongación de la avenida es un reflejo de ese tópico.

Una parte del barrio, una minoritaria en palabras del gobierno local, no se resigna al paso de las excavadoras. Un grupo de vecinos, a través de la plataforma Salvem El Cabanyal, lleva 14 años —desde 1998 que presentaron la primera alegación— de lucha contra un plan urbanístico del PP que rompe un núcleo histórico de trama singular. Son muchos años de contienda política, judicial y social. Los que resisten en sus casas, partidarios o contrarios a la prolongación, están cansados del avance de la degradación y la parálisis institucional. El gobierno de Rita Barberá, del PP, ha peleado contra la orden de Ángeles González-Sinde dentro y fuera de los juzgados. La paralización de licencias de actividad y de obras, combinado con la crisis, no se comprende en el barrio.

“Está muy mal”, reconoce Mayte Gallart, miembro de Si volem, asociación partidaria de la prolongación de la avenida. “Yo me he comprometido con el barrio y he comprado una casa. Tengo dos hijos y lucho porque me lo creo”, añade Gallart convencida de que la avenida traería prosperidad a la zona.

En ayuda del barrio han salido fundaciones de defensa del patrimonio histórico como la World Monument Fund o Hispania Nostra. Hasta la universidad ha terciado. Jorge Hermosilla, vicerrector de Participación y Proyección Territorial de la Universitat de València, dirige desde hace unos meses un grupo de trabajo cuyo ánimo es la mediación. Se reunieron con las fuerzas vivas del barrio: la asociación de comercio Acipmar, la Asociación de Vecinos, Salvem el Cabanyal, la Junta Mayor de la Semana Santa, y con todos los grupos políticos con representación municipal, también el PP. Su diagnóstico no admitía dudas: hay que reactivar el barrio, económica y socialmente, para evitar su decadencia y degradación. No tocan el conflicto urbanístico, pero proponen para dinamizar la economía del barrio la implantación de residencias universitarias dispersas en el barrio, una idea que planea sobre el barrio desde el año 2000 por su cercanía de los campus de las dos universidades públicas de Valencia. Hay dos líneas de trabajo que ofrecer al Consistorio, según Hermosilla: la elaboración de un plan integral socioeconómico, y un conjunto de acciones que acompañan al plan, que son autónomas y que se pueden llevar a cabo ya, entre ellas, las residencias para estudiantes.

Valencia acoge cada año unos 3.000 estudiantes del programa Erasmus. “Yo estoy en esto por delegación del rector [Esteban Morcillo]. La Universitat tiene un gran potencial a través de sus investigadores y creemos que podemos aportar ideas en beneficio del barrio”, explica el vicerrector. Ese es el espíritu de una mediación que el vicealcalde Alfonso Grau ha valorado y aceptado.

Como la universidad, otros colectivos ciudadanos se han puesto manos a la obra para combatir la parálisis de la zona con acciones. Viu al Cabanyal es una de esas iniciativas que ya están en marcha. “Sale de un grupo de trabajo de la asamblea de Pobles de la Mar-15M y el planteamiento es sencillo, se trata de poner en contacto a propietarios de casas con inquilinos. Todo sin ánimo de lucro”, cuenta Marimar, una de las promotoras del portal.

Comenzó en octubre del año pasado a través de Facebook y ahora lo hacen a través de una web y de momento han propiciado unos 60 alquileres. Hay muchas casas vacías y el cierre de comercios, agudizado por la crisis, es un auténtico drama para el barrio. “El Cabanyal es muy pueblito, está cerca del mar y eso gusta mucho a la gente. Se trata de recuperar la ilusión y el orgullo de barrio”, prosigue Marimar.

El perfil de los que se interesan por las casas del barrio es de los más variado. Hay mucho estudiante, gente que busca compartir piso y familias que dejaron el barrio y ahora quieren volver. “Si nos esperamos más, se cae todo”, concluye Marimar.

Los comerciantes de Acipmar tienen un plan de dinamización propio pero reclaman al Ayuntamiento más limpieza y seguridad en las calles. “Los comerciantes propusimos un plan para abrir nuevos negocios en las calles peatonales y por falta de licencias resulta imposible ponerlo en marcha”, lamenta el vicepresidente José Óscar.

Al calor de los nuevos residentes están surgiendo iniciativas dirigidas por gente joven. Sandra Miralles, de 31 años, abrió hace unos dos años en la calle del Progreso el Centro Cultural y Gastronómico Vegetariana La Regadera, en El Canyamelar, fuera de la polémica prolongación. Sus padres tienen vínculos con el barrio y cuando ella regresó a Valencia, tras vivir en Barcelona y Suramérica.

Tiene un comedor por el que pasan desde ejecutivos del puerto hasta, turistas extranjeros, abuelos con sus nietos, de todo. Los socios —hay que serlo para entrar al centro— pueden comer y tapear de noche y pagan la voluntad. Son unos 1.500 socios. Es un local amplio, bohemio y muy agradable. Organiza talleres de cocina, costura creativa, charlas y hasta tertulias de idiomas según el día de la semana. “Aquí, a La Regadera, viene siempre gente nueva”, describe la propietaria que augura sin vacilaciones: “En 10 años este barrio va a cambiar”. Se entiende que para bien.


* El País - CRISTINA VÁZQUEZ Valencia 14 JUL 2012
Foto: Vista desde los tejados del tramo de barrio amenazado por la prolongación de la avenida. / MÒNICA TORRES

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Aguirre da el primer paso para fomentar por ley el ladrillazo en suelo rural

DIAGONAL/Madrid* : A pesar de las diferentes voces en contra de su aprobación, el Ejecutivo regional ha dado finalmente luz verde este pasado lunes al anteproyecto de la Ley de Viviendas Rurales Sostenibles, que permitirá la construcción de viviendas en suelo protegido. Su aprobación –será confirmada por la Asamblea durante el presente mes de julio-, da paso a la construcción de viviendas aisladas y de una sola planta en suelo protegido por planeamiento urbanístico. Finalmente, no se aprobó la edificación en suelos protegidos por leyes sectoriales, como sí recogía en un principio un primer informe filtrado el pasado mes de marzo. Desde que se conociera el documento del anteproyecto, diferentes asociaciones ecologistas dieron la voz de alarma ante los posibles efectos que tendría en el medio rural.
El anteproyecto aprobado por el gobierno que preside Esperanza Aguirre abre la veda para levantar chalets y urbanizaciones en suelo rural.

Desde el Gobierno regional se justifica el proyecto como una solución para conciliar la vida de aquellos que trabajan en la ciudad y desean vivir en el campo. Sin embargo, las asociaciones ecologistas apuntan que esto supondrá un desastre ambiental y fomentará los pelotazos urbanísticos.

El documento defiende la promoción por parte de particulares de viviendas sostenibles en suelo rural. Las parcelas podrán tener una planta con una superficie mínima de seis hectáreas, una altura máxima de 3,5 metros y una distancia entre edificaciones de 250 metros para suelos protegidos por el planeamiento. Según la normativa se podrán levantar viviendas de 500 y 1.000 m2. El gobierno de Aguirre proyectaba ampliar también a 10 hectáreas para aquellos suelos protegidos por leyes sectoriales, aunque finalmente se ha desestimado.

La portavoz de Equo Madrid, Inés Sabanés, ha solicitado la retirada de la Ley de Viviendas Rurales Sostenibles al considerar que abriría el campo a una nueva especulación que "está completamente reñida con la sostenibilidad", añadía. En la misma tónica se expresaba el secretario general del Partido Socialista de Madrid (PSM), Tomás Gómez, quien aseguraba esta semana que el anteproyecto "atenta contra el medio ambiente y supone basar el futuro en el ladrillo". Por contra, el Ejecutivo regional se defiende y alega que con la nueva ley, la comunidad madrileña se iguala a la mayoría de comunidades autónomas, que permiten la construcción de viviendas rurales aisladas en suelo no urbanizable sin protección. El Gobierno regional defiende que los requisitos exigidos en el anteproyecto son más rigurosos que los contemplados en otras regiones. Mientras la superficie mínima de parcela exigida en Madrid es de 6 hectáreas, en Cantabria es de 0,5 hectáreas o 2 hectáreas en Murcia y Extremadura; y mientras la altura máxima de la edificación en Madrid son 3,5 metros y una planta, en Cantabria, por ejemplo, se autorizan hasta 8 metros y dos plantas, defienden desde la Comunidad.

Viviendas ‘sostenibles’
Desde el primer momento en que se conocieron las intenciones de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, las protestas por parte de las distintas asociaciones ecologistas no se hicieron esperar. Ecologistas en Acción asegura que la Ley de Viviendas Rurales Sostenibles “es un acto de despotismo injustificable” y critica que se ignore los argumentos de peso aportados por técnicos, académicos y asociaciones de arquitectos y ecologistas. La asociación advierte que esta ley permitirá la construcción de viviendas aisladas y urbanizaciones dentro de grandes fincas en espacios protegidos, montes, embalses, dehesas, etc., con todas las instalaciones necesarias para ser habitables. Este uso del suelo provocaría un urbanismo descontrolado, ampliaciones fraudulentas y una degradación irreversible del territorio explican desde la asociación, que añade que las nuevas viviendas podrían aprobarse con una simple licencia municipal y eludiría el control ambiental y urbanístico requerido por ley, como por ejemplo el impacto paisajístico. Contra esta ley, Ecologistas en Acción puso en marcha la Plataforma antiVIRUS, con las siglas que hacen referencia a lo que la Comunidad llama Viviendas Rurales Sostenibles (VIRUS, según ecologistas). La plataforma aglutina a profesionales arquitectos, geógrafos y grupos ambientales. Para Ecologistas, el anteproyecto supone una clara amenaza para el medio ambiente y denuncia que es un intento de seguir con la política del ladrillazo. La organización pone de ejemplo el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, de 52.796 hectáreas, un 65% de titularidad privada, donde se podría construir urbanizaciones de 3.400 viviendas de 1.000 m2 gracias al nuevo anteproyecto aprobado.

ASA - Asociación, Sostenibilidad y Arquitectura- se opone también a esta ley regional. Su presidenta, María Jesús González Díaz, considera que la ley es incompatible con la legislación ambiental de la propia Comunidad de Madrid y las disposiciones europeas. González critica la falta de rigor a la hora de indicar los riesgos que supondrá la nueva ley y considera inadecuado el uso de la palabra “sostenible”. En la misma línea, la arquitecta y urbanista Teresa Arenillas, presidenta del Club de Debates Urbanos, considera el anteproyecto una burla: “¿Cómo se puede decir en el siglo XXI que el modelo sostenible es vivir en una vivienda aislada en el campo y trabajar en la ciudad?”, se pregunta. Arenilla alerta de los efectos nocivos que acarreará esta medida, como la movilidad, obligatoria, en transporte privado, el consumo de agua, instalaciones eléctricas o el asfaltado necesario para habilitar nuevas urbanizaciones en medio del campo. Además, la asociación ecologista denuncia que el anteproyecto no define qué criterios se usarán para ubicar las viviendas ni cómo éstas se abastecerán de agua y energía o dónde verterán las aguas fecales. Igualmente, protestan por el silencio administrativo desde el Gobierno regional ante las reclamaciones al anteproyecto efectuadas por la asociación. “Es una idea pensada para una minoría con alto poder adquisitivo. Además, sale más barato que edificar en la ciudad”, advierte también Agustín Hernández profesor de Urbanismo de la Escuela de Arquitectos Técnicos de Madrid.

Por su parte, el Colegio de Ingenieros de Montes presentó también en su momento alegaciones al anteproyecto y manifestó el pasado miércoles su satisfacción por las garantías ofrecidas por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio al no autorizarse la construcción de viviendas en bosques y en montes protegidos, así como en cualquier otro territorio o paisaje protegido por una legislación sectorial, como Espacios Protegidos, Red Natura, Lugares de Interés Comunitario y Montes Preservados. Además, se congratula de que se haya modificado finalmente la norma con el fin de exigir un informe ambiental firmado por un técnico competente, que acredite que no existen afecciones significativas del proyecto a los valores ambientales del entorno. La gran mayoría de las asociaciones ecologistas consultadas por DIAGONAL se muestran pesimistas, ya que consideran que el anteproyecto de Ley será finalmente aprobado -probablemente en septiembre próximo– a pesar de las protestas en contra.


* Diagonal - RICARDO VALLANO/ MADRID - 16.7.12
Foto: David Fernandez

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