El Concello de Ourense gasta casi 100.000 euros en 3 meses en informes externos

FARODEVIGO* : "Transformar a contratados en empleados públicos", según las advertencias puestas de relieve por el interventor; "meter a gente afín por la puerta de atrás –personas ajenas a la administración que llegan a usar dependencias municipales– a cambio de informes pagados y a la carta", reprochan desde la oposición política y el ámbito sindical. El Concello de Ourense adjudicó, en la junta de gobierno local celebrada el pasado jueves, una nueva asistencia técnica para el servicio de Urbanismo por importe de 30.000 euros, IVA incluido. Solo se presentó un arquitecto. Desde finales de abril, el gobierno local ha aprobado el pago de casi 100.000 euros para contratar informe externos para cuestiones urbanísticas, un ámbito proceloso en Ourense tras la caída del PXOM 2003 tumbado por el Tribunal Supremo que obligó a redactar una ordenación provisional como solución transitoria al retrotraerse el marco de actuación al plan de 1986. La anulación de licencias suma más quebraderos de cabeza.

El recurso desde Urbanismo a despachos profesionales de abogados y arquitectos –algunos repiten– con la justificación de poder solventar trámites de la ciudad después de la consiguiente pérdida de derechos urbanísticos y el aluvión de reclamaciones –más de 100 millones en global–, supone un método de contratación "irregular" de servicios que el funcionario fiscalizador reprendió en más de un informe, el más reciente revelado por FARO en abril. La consecuencia más grave de este método de actuación es que se incurre en una "cesión ilegal de trabajadores" que llevaría al reconocimiento del contratado como laboral indefinido. En mayo se formalizó el contrato por más de 32.000 euros con un bufete de abogados para "colaborar en la defensa jurídica y el asesoramiento jurídico", pese a existir servicio propio. En abril, una UTE se llevó un contrato de casi 31.000 euros para confeccionar cartografía municipal a escala de zonas del núcleo urbano y el perímetro rural. Todos los procesos se tramitaron por procedimientos negociados sin publicidad.
Desde el gobierno, la edil responsable de Urbanismo, Áurea Soto, defendía ayer la necesidad de externalizar determinados servicios de su concejalía prescindiendo del trabajo de los trabajadores. Soto aprueba las asistencias como "refuerzos jurídicos y técnicos que son necesarios". La concejal se molestó con las críticas de la oposición. "Igual al PP no lo interesa que este Concello intente frenar indemnizaciones por la caída de determinadas recalificaciones", dijo, en alusión al plan anulado, que se aprobó con una planimetría . La edil pone sobre la mesa casos recientes como el de la indemnización aprobada para un constructor "que reclamaba 2,5 millones después de 25 años en los que el ayuntamiento no hizo absolutamente nada".
Según su criterio, la contratación de asistencias permite resolver la problemática urbanísticas de una ciudad inmersa en reclamaciones y a caballo entre un plan general anulado y otro que aún tardará. "Desde este gobierno estamos intentando que el Concello no quiebre dentro de cinco años, que es lo que puede pasar si no resuelven las reclamaciones que ya superan los 100 millones de euros". La concejala resta importancia a las advertencias del interventor poniendo como ejemplo que las contrataciones de asistencias son "práctica habitual de todas las administraciones, incluida la Xunta y Fomento".
Tanto Partido Popular como Democracia Ourensana se posicionan en contra de este tipo de adjudicaciones de servicios. Susana Gómez, de DO, reprocha la actitud "de diosa y de diva" de la edil responsable y reprueba que, a pesar de los reparos del interventor, se pidan "informes a la carta realizados por amigos".
Por su parte, fuentes sindicales reprochan el "menosprecio" a los trabajadores del Concello y recuerdan que el gobierno local se comprometió a reducir y a justificar las asistencias técnicas en el marco de la negociación con la junta de personal.


* Faro de Vigo - J.FRAIZ - 17.7.12
Foto: Ayuntamiento Ourense - spain

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Málaga.- El TSJA anula la licencia de obras que Urbanismo dio a la cementera

LAOPINIÓNMÁLAGA* : La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha estimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Asociación de Vecinos El Candado y ha anulado la licencia de obras concedida por la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga en 2003 para la modificación de las instalaciones de la fábrica de cementos que la sociedad Financiera y Minera tiene en La Araña.

En dicho recurso los vecinos hacían referencia a los incumplimientos del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Málaga, de la obligación de haber sometido la actuación previamente al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, de la obligación de obtener con anterioridad al otorgamiento de la licencia los permisos, concesiones o autorizaciones contenidas en el decreto de 24 de febrero de 1992 de navegación aérea y servidumbre, al contemplar una torre de precalentamiento de 110 metros de altura, y al no haber acreditado la aportación de la licencia de actividad de la actuación de referencia con carácter previo a la licencia de obras.

Según el abogado de la asociación, Gonzalo García Weil, entre estas obras se encontraba la sustitución de los hornos rotatorios por uno nuevo y la ejecución de la citada torre de precalentamiento, actuaciones que consideró «indispensables» para la posterior obtención de la Autorización Ambiental Integrada, que de esta manera «puede quedar en entredicho».

Insistieron en que desde un primer momento, la asociación argumentó que dicha licencia incumplía el PGOU y que debía de someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental para dar cumplimiento al principio de prevención en origen.

Además, resaltaron que el TSJA les da la razón al estimar que dichas obras no debían de haberse autorizado, ya que la cementera urbanísticamente se encontraba fuera de ordenación, no siendo su ubicación la idónea para albergar las obras acometidas, entre otras razones, por su proximidad a varios núcleos de población. En este sentido, Manuel Grund, miembro de la asociación, explicó que por estar fuera de ordenación «lo máximo que podían hacerse eran obras de mantenimiento».

La Sala de lo Contencioso también estima que la torre de 110 metros de la cementera excede la altura máxima permitida en el PGOU de 1998, de 35 metros, según precisó Grund.

Por otro lado, respecto a la actuación de la Delegación Provincial de Medio Ambiente, dirigida entonces por Ignacio Trillo, el TSJA considera, según los vecinos, «improcedente» la exención en la tramitación del procedimiento de evaluación del proyect0 de impacto ambiental, concedida en su día por dicho organismo, improcedencia que radica en que las modificaciones realizadas por la cementera son tenidas en cuenta por el Tribunal, que las ve «sustanciales».

Para el abogado de la asociación, la sentencia abre «un nuevo horizonte jurídico que tendrá indudable trascendencia en el futuro urbanístico de la cementera y en la Autorización Ambiental Integrada concedida el 23 de julio de 2007 por la Delegación Provincial de Medio Ambiente de la Junta que permite la valoración energética de residuos».

García Weil aseveró que no hay ninguna lucha contra nadie, sino «por la defensa del medio ambiente», al tiempo que indicó que «entendemos que la sentencia va a ser difícilmente recurrible, pero no imposible».

Finalmente, el letrado expresó la voluntad de los vecinos de conseguir que las distintas administraciones extremen «al máximo su celo para evitar la contaminación atmosférica del entorno de la cementera» y así proteger la salud de las personas que «ya han padecido durante años escapes, ruidos intolerables y el tránsito incesante de camiones por las calles de la ciudad transportando coque de petróleo (restos del refine del petróleo y derivados que se utiliza como combustible en la fábrica)», concluyó.


* La Opinión Málaga - Blanca Astorga - 19.7.12
Foto: cementera La Araña (Málaga)

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