Tarragona.- Nueve imputados por pelotazo urbanístico en el caso Parc Central

DIARIDETARRAGONA* : Después de quince años de investigación y un sumario que contiene más de 30.000 folios, la juez que investiga el caso del supuesto ‘pelotazo’ por valor de unos 4,8 millones de euros –802 millones de las antiguas pesetas– en la compraventa de los terrenos de la antigua Gas Tarraconense –donde posteriormente se levantó el complejo comercial Parc Central–, ha finalizado la instrucción del caso. En la resolución judicial mantiene la imputación contra las nueve personas que ya lo estaban en las diligencias previas –otras dos personas imputadas han fallecido durante la tramitación del asunto–. Los delitos que se les imputan son tráfico de influencias, prevaricación y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos.

Durante estos quince años de investigación han caído de la lista de imputados una decena de personas, aproximadamente.
La magistrada que estaba al frente del Juzgado de Primera Instancia número 6 de Tarragona –cesó en el cargo el pasado viernes y actualmente ya hay otra juez sustituta–, Ainhoa Sagardia, comunicó ayer a las partes su resolución mediante un auto, de doce folios. En el escrito se recoge la correlación de hechos, con datos y fechas precisos, de todo lo investigado y que ha determinado que las personas que ya estaban imputadas en la causa sigan en la lista –ver recuadro adjunto–.
Las investigaciones
Los hechos investigados se remontan a principios de los años 90, por la venta de los terrenos de la antigua Gas Tarraconense por un valor total de 535 millones de las antiguas pesetas y su posterior venta a Erosmer –ahora Eroski– por 1.337 millones, lo que implica una plusvalía de 802 millones.
Entre medio hay un entramado de diversas sociedades, algunas en paraísos fiscales, lo que ha complicado aún más la instrucción de la causa. Durante estos quince años de investigaciones se han solicitado cuatro comisiones rogatorias a Suiza, tres a Holanda, una a Liechtenstein y otra a Andorra, todos ellos paraísos fiscales. Además, cada vez que se mandaba una comisión, alguna de las partes presentaba un recurso ante el correspondiente tribunal federal, que retrasaba todavía más la de por sí complicada tramitación del asunto.
El entramado
Mundobrokers SA era la entidad constituida en 1987 que inicialmente tenía que haber llevado a cabo la adquisición de los terrenos de los depósitos de la antigua Gas Tarraconense. Sin embargo, antes de ejecutar la opción de compra de los mismos, la cedió a la entidad Metspor S L. Ésta fue creada el 12 de julio de 1990 por un economista y dos empleadas de su despacho. Dicha entidad no tenía ninguna actividad ya que su único fin era, según el juez, poder ser transmitida a algún cliente.
El 24 de abril de 1991, todas las acciones de Metspor SL fueron vendidas al difunto Lluís Carbonell y a un familiar. Justo al día siguiente, la empresa compró a Gas Tarraconense la finca donde estaban los depósitos por 160 millones de pesetas. Igualmente, Metspor SL adquirió, el 10 de junio, varias fincas colindantes –de propiedad particular– por 375 millones de pesetas. En total una adquisición por 535 millones de pesetas. El 20 de diciembre de 1991, Metspor efectuó una ampliación de capital, siendo suscritas todas las participaciones por Carbonell Figueras SA, Colas Ricart SA y la entidad Tarántula Beheers.
Tarántula Beheers tenía su domicilio en Amsterdam. Había sido constituida solamente diez días antes. Su único accionista era la Cia Willowby Corporation, con domicilio social en Curaçao. El 23 de agosto de 1991, se presentó un escrito en el Ayuntamiento en el que solicitaba que se iniciaran los trámites para la modificación de la norma urbanística que afectada al terreno con el fin de permitir la construcción de un centro comercial. A principios del año 1993, Metspor firmó un contrato de compraventa con Erosmer.
Continúa en página 4 r
nViene de la página 3
Inicialmente, pero, se había hecho llegar a la firma Continente una opción de compra para que levantase un hipermercado en los terrenos. La propuesta no fue aprobada por la Comissió d’Equipaments Comercials.
El 23 de marzo de 1993, Erosmer y el Ayuntamiento de Tarragona rubricaron el convenio urbanístico.
Finalmente, Erosmer compró las fincas por 1.337.880.000 pesetas, 802 millones más de lo que habían costado. Se estableció el pago en tres plazos. Antes de satisfacer el tercero, dos de los accionistas de Metspor vendieron sus acciones a la otra empresa, Tarántula Beheers. Según la denuncia realizada por la Fiscalía, parte de los beneficios de dicha operación fueron transferidos a la cuenta que Tarántula tenía en un banco de Holanda, que a su vez los transfirió a la cuenta que Willowby tenía en Suiza.
En medio de la venta se encuentra la empresa Las Pieles de España SA, quien habría efectuado de mediadora en la operación, de la que habría obtenido más de un millón de euros de comisión.
Sin delito fiscal
A pesar del entramado de empresas en paraísos fiscales, en el auto de la juez no se recoge el delito fiscal. Al parecer, al cabo de una semana de la presentación de la denuncia inicial, una de las empresas abonó al fisco 400 millones de pesetas correspondientes al IVA y al impuesto de sociedades. El dinero, al parecer, procedía de una de las cuentas suizas.
Tras la resolución judicial conocida ayer, todo parece indicar que las partes presentarán recurso de reforma –ante el mismo Juzgado y que significaría la paralización de la causa hasta que no se resuelva el asunto– o de apelación ante la Audiencia Provincial.
De una forma u otra, el asunto tardará todavía meses –por no decir años– en llegar a juicio. Tampoco se descarta que de la lista de imputados pueda caer algún nombre.


* Diari de Tarragona - ÀNGEL JUANPERE | 04/09/2012
Foto: LLUÍS MILIÁN

.................................... Leer más...