El alcalde de Ourense y el de Boqueixón, detenidos en una operación de corrupción

FARODEVIGO* : A un mes de las elecciones autonómicas, dos alcaldes, uno del PSOE y otro del PP, son investigados por la Justicia por un caso de corrupción. El regidor de de Ourense, el socialista Francisco Rodríguez, y el regidor de Boqueixón (A Coruña), el popular Adolfo Gacio, son dos de los trece detenidos en el marco de la Operación Pokemon, en la que se investigan supuestos delitos de blanqueo de capitales y malversación, cohecho, falsedad documental, tráfico de influencias, fraude en exacciones ilegales, violación de secretos y prevaricación. También han sido arrestados Adrián Cordero y Marcos Lerenda, dos de los directivos de Vendex, empresa de servicios que gestiona bajo concesión servicios municipales como la grúa, la ORA o limpieza de edificios. Los contratos de esta empresa con los ayuntamientos de Ourense y Boqueixón pueden ser la clave de esta operación que dirige la titular del juzgado de instrucción número uno de Lugo, Pilar de Lara, también instructora del caso Carioca (supuesta trama de prostitución y corrupción que operaba en Lugo), sostienen fuentes próximas al caso. Se investigan irregularidades en contratos públicos, en concreto concesiones a dedo con entrega de dinero por medio, explican las mismas fuentes. Entre los detenidos, está el expresidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil y exedil socialista en el Ayuntamiento de Lugo, Francisco Fernández Liñares, y que también aparecía en el sumario de la operación Carioca. La lista se completa con cuatro arrestados en Lugo, dos en Madrid, un empresario en Asturias y el último fue detenido en Bueu (Pontevedra). Es Román O.F., que es el jefe de sección del Servicio de Contratación del Ayuntamiento de Santiago. El consistorio compostelano contrató, según pudo saber este diario, a Vendex la limpieza de colegios y campos de fútbol y la gestión de una guardería municipal durante la etapa de Sánchez Bugallo (PSOE). Efectivos del Servicio de Vigilancia Aduanera registraron ayer por la mañana dos despachos en la Confederación Hidrográfica Miño-Sil y dos horas después se llevaron "expedientes de empresas ligadas a personas físicas o jurídicas de obras y servicios", confirmó el actual responsable de este organismo, Francisco Marín. Contratos de obras en las que participaba la Confederación y también el Ayuntamiento podrían estar entre los expedientes requeridos por Vigilancia Aduanera, apuntaban ayer fuentes próximas al caso. Registros Efectivos policiales también requisaron expedientes de contratos en los Ayuntamientos de Ourense, Lugo, Santiago y Boqueixón, y reclamaron documentación al respecto en la Agencia Tributaria de Lugo y Ourense. También registraron las oficinas de Vendex en A Coruña, Santiago y Ourense. En el consistorio ourensano, los informes eran adjudicaciones a la empresa Vendex, confirmaron fuentes del propio ayuntamiento. En el consistorio de Lugo, se llevaron informes de urbanismo. Precisamente Fernández Liñares, uno de los trece detenidos, fue edil de Urbanismo en el anterior periodo de gobierno de la ciudad. La operación Pokémon saltó a la luz pública cuando a las ocho menos cuarto de la mañana tres efectivos de los Servicios de Vigilancia Aduanera se personaban en el domicilio del regidor de Ourense, a punto de salir de su casa, acompañado de su mujer, para llevarlo detenido con orden de incomunicación a la comisaría de la Policía Nacional en Pontevedra, donde pasó la noche, tras declarar ante los agentes, y desde donde hoy está previsto que sea trasladado a Lugo para prestar declaración ante la juez Pilar de Lara. Sorprendió su traslado a la ciudad del Lérez y no a la comisaría de Ourense. La explicación, según fuentes de la investigación, fue que era más conveniente alejarlo de su ciudad, donde es alcalde. Su abogado, Carlos Hernández, defendió ante los periodistas "la inocencia sin ninguna duda" de su cliente y especificó que cohecho, falsedad documental, tráfico de influencias, revelación de secretos, prevaricación, fraude y exacciones ilegales son delitos por los que se ha iniciado esta investigación, en ningún caso cargos que pesen sobre el alcalde. "Nos parece muy bien que los juzgados ejerzan su función pero quizás con un poco más de moderación", añadió el letrado. Alcaldesa en funciones Tras la detención de Francisco Rodríguez, el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Ourense se reunió de urgencia, y acordó que la teniente de alcalde, la nacionalista Isabel Pérez, asuma provisionalmente las funciones de la Alcaldía, gobernada en coalición por PSOE y BNG. Pérez mostró su confianza en "la inocencia" del regidor y como desconocía los motivos de la detención se limitó a declarar que espera que el asunto se "resuelva a la mayor brevedad". La atención mediática se concentró en el regidor de Ourense, una de las siete ciudades de la comunidad y una de los tres urbes regidas por el PSOE en Galicia. Hay sin embargo también un alcalde del PP. Es Adolfo Gacio que rige desde 1991 los destinos de Boqueixón, una villa de algo menos de 4.500 habitantes en la provincia de A Coruña. En las últimas semanas se barajó la posibilidad de que Gacio dejase la alcaldía para ocupar un cargo diplomático en la embajada de España en Venezuela. Gacio fue arrestado ayer a mediodía en el propio consistorio y fuentes de la investigación constatan que este consistorio coruñés también tiene contratados servicios a una empresa del grupo Vende (atención a personas mayores). El presidente de la Xunta y candidato del PP a la reelección, Alberto Núñez Feijóo, se mostró ayer cauto tras conocer la noticia de la detención del regidor de Ourense tras la reunión del Consello de la Xunta, momento en el que todavía no se conocía el arresto del regidor de Boqueixón. "Habrá que esperar a tener información de la Justicia, del Ayuntamiento de Ourense y de posibles personas implicadas", explicó Feijóo, que reclamó "respeto a la decisión de la justicia y a la presunción de inocencia". "Estaba en la reunión del Consello y no tengo información para una valoración definitiva", respondió a preguntas de la prensa antes de lanzar un mensaje al PSdeG. "Respetar la presunción de inocencia debería ser el comportamiento de los responsables políticos siempre", zanjó. El secretario xeral del PSdeG, Pachi Vázquez, se enteró de la detención del regidor de Ourense mientras participaba en un coloquio en Santiago, donde las caras de los dirigentes socialistas delataron la sorpresa por su detención a primera hora de la mañana. Al concluir su intervención, Vázquez se reunió en un cuarto junto a sus asesores y a la salida declaró: "Primero, no sabemos nada; segundo, confiamos plenamente en la Justicia; tercero, confiamos plenamente en nuestro alcalde". "Cuando sepamos claramente de qué estamos hablando podremos decir más cosas", añadió el candidato socialista. Más tarde, la diputada Laura Seara consideró que "no es casual" que la detención se produjese en precampaña electoral. El candidato del BNG a la Xunta, Francisco Jorquera, pidió "responsabilidad política" para "dejar actuar a la justicia" ante las detenciones de ayer y mostró su confianza en que "no haya otro tipo de motivaciones" más que la de "esclarecer si hubo o no hechos delictivos". "Si hay alguien en estos momentos que está haciendo cálculos sobre el impacto de este hecho en la campaña electoral, lo único que haría sería alimentar la sospecha de que en una actuación de este tipo los intereses que hay detrás no son única y exclusivamente judiciales", comentó. Además, recordó que "en un Estado de derecho es fundamental preservar el derecho de la presunción de inocencia" y en que "sería irresponsable" por su parte "especular sobre cómo puede afectar" la detención de Rodríguez a la campaña. * Faro de Vigo - I.BASCOY / V.RODRÍGUEZ/ U.FOCES - 21.9.12 Foto: alcalde Ourense en Comisaría - .Rafa Vázquez

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Peajes a ninguna parte

ELPAÍS* : Iban a ser la solución para desatascar las vías de acceso a Madrid. Pero se han convertido en uno de los negocios más ruinosos del sector. Las autopistas de peaje de entrada a la capital, las radiales, llevan menos de una década en funcionamiento y parecen casi nuevas. La escasez de tráfico, muy inferior al previsto, y el desorbitado sobrecoste de las expropiaciones de terrenos para construir estas vías han llevado a muchas concesionarias a la ruina. La primera en caer ha sido Accesos de Madrid, propietaria de la R-3 (Madrid-Arganda) y la R-5 (Madrid-Navalcarnero), que el 7 de septiembre presentó el preconcurso de acreedores, el paso previo a la suspensión de pagos.
Con una deuda bancaria de 660 millones de euros y 430 millones pendientes de pago por expropiaciones, los accionistas de la concesionaria (Abertis, Sacyr, Bankia y ACS) han tirado la toalla.

El preconcurso es una figura que les proporciona tres meses para negociar con las entidades financieras para intentar evitar el concurso. "Estas autopistas se concibieron como una alternativa a la ampliación de las autovías gratuitas, pero después estas fueron ampliadas con más carriles y los atascos se redujeron", argumenta José Antonio López Casas, director general de Accesos de Madrid.

Sin tanto atasco, la empresa afirma que le resulta muy difícil competir con las vías de uso gratuito. Este factor, la caída del tráfico por la crisis —este año se están viendo desplomes del 20% y el precio de los carburantes tiene que ver—, el sobrecoste por las expropiaciones y los gastos financieros han sido un golpe imposible de esquivar. El viernes pasado también solicitaron concurso de acreedores por motivos similares las dos sociedades que gestionan la R-4 (Madrid-Ocaña), con una deuda de 575 millones, cuyos accionistas son Cintra, Sacyr y Caja Castilla-La Mancha. La AP-41 (Madrid-Toledo) no es una radial, pero también ha suspendido pagos. Otras seis vías de pago, entre ellas la cuarta radial, la R-2, están al borde de la quiebra.

La idea de unas autopistas que descongestionaran el acceso a Madrid (en principio, gratuitas) se empezó a fraguar en la primera mitad de los noventa, con el socialista Josep Borrell como ministro de Obras Públicas, pero el proyecto de la R-3 y la R-5 fue diseñado y ejecutado con José María Aznar en el poder. El contrato de estas autopistas, la alternativa de pago a las autovías de Valencia y Extremadura, salió a concurso en 1999. Rafael Arias-Salgado, entonces titular de Fomento, afirmó que absorberían “al menos un 30%” de los vehículos que accedían a la capital. En 20 años, las empresas rentabilizarían la inversión, mientras los madrileños ahorrarían millones de pesetas en tiempo y gasolina. Además, las adjudicatarias debían hacerse cargo de la construcción y financiación de un tramo de la M-50, el tercer anillo de circunvalación de Madrid, que sería de uso gratuito. Para el Gobierno del PP, todo eran ventajas.

A los pocos meses, un consorcio integrado por siete empresas ganó el contrato: FCC, Zafir, Acesa, Caja Madrid, la Empresa Nacional de Autopistas, Inversiones e Infraestructuras y OHL. Las obras debían acabar en 24 meses y tendrían un coste de 727 millones. Los problemas con las expropiaciones y los cambios en el trazado retrasaron la inauguración a 2004. El coste final se incrementó un 12%.

Era solo la punta del iceberg. El tráfico ha resultado ser un 25% del previsto. La concesionaria calculó en 2004 que las dos radiales absorberían 70.000 de los 200.000 coches que circulan a diario por las autovías de Valencia y Extremadura. Ahora la media en cada una de esas radiales ronda los 10.000 vehículos. Mientras, la aplicación de la Ley del Suelo de 1998, que permitía valorar los terrenos en función de sus expectativas, disparaba el coste de las expropiaciones. “Calculamos que las expropiaciones nos costarían 40 millones y han sido 640”, asegura el director general de Accesos de Madrid, que ha pagado hasta ahora 210 millones.

Para Rafael Simancas, portavoz del PSOE en la Comisión de Fomento del Congreso, la mala gestión y planificación son los causantes de este ruinoso negocio: “Las constructoras tuvieron que realizar a cambio de las radiales un tramo de la M-50; para cuadrar las cuentas Francisco Álvarez-Cascos [sucesor de Arias-Salgado] pronosticó unos tráficos y unos resultados de explotación demasiado optimistas; tampoco previó los efectos de la Ley del Suelo, y el tráfico fue mucho menor porque las carreteras gratuitas se fueron mejorando”. Las cuentas de Accesos de Madrid arrojaron en 2010, último ejercicio disponible en el registro mercantil, unas pérdidas de explotación de 4,42 millones, frente a los 3,76 millones del año anterior.

Fomento ha tenido que salir al rescate de las autopistas en apuros. Fuentes del departamento que dirige Ana Pastor aseguran que se están articulando medidas coyunturales, como la ampliación de 2012 a 2021 de la compensación por la caída del tráfico —un sistema en el que el Estado adelanta el dinero— y los 250 millones en préstamos participativos (con aval del Estado) presupuestados para este año. A largo plazo, Fomento asegura que “se está trabajando en soluciones estructurales que proporcionen un horizonte sostenible al sector”. Según López Casas, su concesionaria tiene pendiente de cobro 80 millones como compensación y créditos participativos.

El PSOE advierte de que se necesita una solución inmediata, mientras la patronal, ASETA, ve una salida clara: que el conductor pague de forma directa por el uso de toda la red de alta capacidad para “redistribuir más racionalmente los tráficos” e “incrementar los ingresos del Estado”.

La lista de perdedores por la crisis de la R-3 y la R-5 es larga: accionistas, acreedores (además de Bankia, el Santander, BBVA, el Sabadell, Caixabank e ING)… pero los ciudadanos también pueden acaban pagando el pato. Si al final la empresa entra en liquidación, alguien tendrá que tapar el agujero y el Estado es el principal candidato. Si la Administración tuviera que rescatar la R-3 y la R-5, López Casas calcula que tendría que asumir como máximo 670 millones, que computarían como déficit público. Eso, más el sobrecoste de las expropiaciones. Del resto deberían hacerse cargo los acreedores.


* El País - CRISTINA GALINDO Madrid 16 SEP 2012
Foto: Radial de peaje R-4 (Madrid-Ocaña). EFE

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