Alicante.- El TSJ imputa a Castedo y a Alperi por hacer el PGOU a medida de Ortiz

ELPAÍS* : El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha imputado a los dos alcaldes del PP de Alicante, la actual regidora Sonia Castedo y su antecesor Luis Díaz Alperi, por los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y uso privilegiado de información derivados del amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad en favor de los intereses del promotor Enrique Ortiz.
El magistrado del alto tribunal Juan Climent, que instruye esta causa (una de las tres piezas clave del sumario de caso Brugal), ha citado a ambos altos cargos del PP para interrogarles el próximo día 19. Climent, en una providencia firmada este lunes, ha asumido los argumentos del primer instructor de esta causa, Manrique Tejada, titular del Juzgado número 5 de Alicante. Tejada observó indicios de delito en la conducta de Castedo y Alperi en el trámite de PGOU y remitió el pasado mes de julio el sumario al TSJ dada la condición de aforados de Castedo y Alperi. Ambos son diputados autonómicos.

La policía, el fiscal anticorrupción y el instructor mantienen que Castedo y Díaz Alperi redactaron el PGOU siguiendo los “deseos” del constructor Ortiz y a cambio de dádivas. En el caso de Alperi, un viaje en un jet privado a Creta; y en el de Castedo, unas vacaciones en Andorra y un coche de la marca Mini. En su escrito de motivación razonada enviado al TSJ, el juez Tejada aseguró: “Indiciariamente resulta la percepción y/o solicitud de dádivas por parte de los aforados [Castedo y Alperi] por la comisión de un acto cuando menos injusto, pues merced a las mismas, los aforados facilitaron información que no debía ser pública relativa al Plan General de Ordenación Urbana de Alicante e incluso procedieron a modificar el mismo en atención a los deseos manifestados por un particular [Ortiz], prescindiendo de los intereses generales y atendiendo exclusivamente al interés particular”.

Según el juez, Castedo y Alperi adaptaron seis PAIS a los intereses de Ortiz. Y destaca que, sobre la base de información secreta, Ortiz acaparó suelo protegido para permutarlo por urbano. La policía cifró este pelotazo en 120 millones.

El sumario de Brugal está plagado de conversaciones entre Ortiz, Castedo y Alperi que demuestran la cercanía entre ellos el supuesto trasvase de información secreta. En una de esas conversaciones, Castedo dice a Ortiz: “Te hemos apañado también lo que hay en el APA 9, Lomas del Garbinet, y también lo del Rico Pérez”.

En este sumario había ya 16 imputados, entre ellos, el propio promotor Ortiz, el redactor del PGOU, Jesús Quesada, el abogado urbanista, José Luis Castedo, hermano de la regidora, y tres exdirectivos de Bancaja y CAM.

Castedo encajó la imputación con aparente satisfacción: “Es la única manera que tengo para defenderme”, dijo, al tiempo que agradeció la diligencia del TSJ en llamarla a declarar.

Castedo y Alperi se mantienen en sus cargos de momento, aunque la regidora sí ha anunciado que dejará el acta de diputada. El PP se limitó a asegurar que les abrirá un expediente informativo. Los tres grupos de oposición (PSPV, EU y UPyD) exigieron la dimisión urgente de ambos cargos del PP.

La oposición exige la marcha de Castedo

Los tres partidos en la oposición en el Ayuntamiento de Alicante han exigido su dimisión tras conocerse la imputación de la alcaldesa, Sonia Castedo. "Mantenerse en el cargo es arrastrar por el fango la imagen de la ciudad. La gestión del PP al frente de Alicante desde el año 95 está bajo sospecha con una alcaldesa imputada y un exalcalde en la misma situación", ha esgrimido el secretario general de la agrupación socialista, Gabriel Echávarri. EU, por su parte, ha solicitado la dimisión "inmediata y fulminante" de Castedo y de Alperi. La formación considera que el presidente del Consell, Alberto Fabra, "debe pedirles hoy mismo su dimisión como diputados en las Cortes Valencianas si quiere tener alguna credibilidad en la lucha contra la corrupción". EU ha solicitado la dimisión de Castedo en los últimos plenos municipales. Unión Progreso y Democracia, finalmente, también ha insistido en que la alcaldesa debe dejar su cargo. La formación considera necesario convocar un pleno extraordinario para votar un nuevo alcalde entre los 29 concejales restantes de la corporación municipal.


* El País - SANTIAGO NAVARRO / ROSA BIOT - 1.10.12
Foto: Sonia Castedo recibe la felicitación de su predecesor, Luis Díaz Alperi, tras tomar posesión como alcaldesa de Alicante. / PEPE OLIVARES

.................................... Leer más...

Inhabilitados cuatro exconcejales de Pontedeume por prevaricar en 2002

ELPAÍS/A Coruña* : Autorizar un chalé en suelo protegido a sabiendas de que era ilegal les ha supuesto una multa de 1.080 euros y la inhabilitación para cargo público a cuatro exediles de Pontedeume (dos del PSOE y dos del BNG), ya retirados de la política local. La condena por prevaricación urbanística les llega diez años después de participar en la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Pontedeume que el 30 de mayo del 2002 autorizó a un vecino de esta localidad coruñesa a levantar una casa unifamiliar en una finca de 2.500 metros cuadrados el lugar de Casquido, en la parroquia eumesa de Nogueirosa.

Unos meses antes, la secretaria municipal había advertido en un informe jurídico fechado el 26 de diciembre de 2001 que la vivienda invadía una “zona de protección costera” e informaba desfavorablemente a la licencia. Aún así, los cuatro ediles de la comisión de gobierno votaron a favor. Su argumento para justificar un delito urbanístico fue que se estaban levantando otras construcciones en la misma zona —en suelo clasificado en el planeamiento municipal como no urbanizable— y que denegarle la vivienda a este vecino sería “un agravio comparativo”, en palabras de Manuel Rei, del BNG, y uno de los cuatro exediles condenados.

Por medio, se cruzó la Axencia Galega de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) de la Xunta, adscrita a la Consellería de Política Territorial, que en 2003 envió al Seprona a constatar la existencia de “varias casas en fase de ejecución en suelo protegido” y formalizó la denuncia. La vivienda en cuestión tampoco se ajustó al proyecto técnico ya que superaba “ampliamente” las dimensiones y altura permitida. De la instrucción se ocupó un juzgado de Betanzos que tardó años en remitir la causa al tribunal coruñés. Diez años después, y con la casa en pie, el juzgado de lo penal número 1 de A Coruña ha condenado a Julio Yáñez Bengoa, Manuel Allegue Curbeira, Manuel Rei Romeu y Emilio Salorio Fraga por un delito contra la ordenación del territorio y el urbanismo. Al juez no le cabe duda de que los exconcejales “votaron a favor de la licencia a sabiendas de su ilegalidad, injusticia y arbitrariedad” y desoyendo “con absoluto desprecio” las advertencias de la secretaria que “claramente les expuso que era contrario a derecho” para dar luz verde a una construcción “al margen de la legalidad”.

El magistrado Javier Clemente Lázaro les impone a los cuatro exediles una sanción de seis euros diarios durante seis meses para cada uno además de inhabilitarlos para cualquier cargo “de naturaleza electiva y ámbito local” por un periodo que no se concreta en el fallo. El nacionalista Manuel Rei ejerció de alcalde accidental en la comisión de gobierno que les ha costado la condena a él y a Salorio, su compañero de filas, junto a los socialistas Allegue y Yáñez. Entre los imputados también figuraba el arquitecto técnico municipal, Manuel Ignacio Valiente García, que redactó un informe favorable a construir una casa en una zona de protección litoral. El juez condena a los cuatro políticos pero absuelve al perito en una sentencia de 14 páginas fechada el 16 de julio y que ya ha sido recurrida por los cuatro exconcejales ante la Audiencia Provincial de A Coruña. El retraso de la justicia en dictar sentencia tras un procedimiento de “tramitación relativamente sencilla” han funcionado como atenuante.

El letrado de los concejales, José Luis Arangurén, explica que el mismo atestado de la Guardia Civil que motivó la denuncia figuraban otras tres construcciones unifamiliares similares a la de Casquido que los tribunales no ha encontrado irregulares. "Tres fueron sobreseídas y esta es condenatoria", expone. Opina que estos problemas urbanísticos derivan de una modificación de la Lei do Solo que provocó "un maremágnum de normas irreconciliables e interpretables que invitaban a la confusión". En la misma zona de Pontedeume, en terrenos próximos a la desembocadura del río Eume, fueron denunciadas siete viviendas y una ampliación de tejado por presuntas irregularidades urbanísticas.


* El País - LORENA BUSTABAD - 29.9.12
Foto: La casa ilegal en Pontedeume que ha provocado la inhabilitación de los exconcejales. / GABRIEL TIZÓN

.................................... Leer más...