Una empresa vinculada a Esperanza Aguirre pagó 2 millones en comisiones por temas urbanísticos

ELAGUIJÓN/Madrid* : Once socios del Club la Moraleja Golf S.A. interpusieron ante el Juzgado de Instrucción nº4 de Alcobendas una denuncia por la desaparición de 35 millones de euros en la entidad Golf la Moraleja S.A. que tiene en su junta directiva al tío materno de Esperanza Aguirre, y que tal y como desveló Diario El Aguijón es una de las empresas golfísticas beneficiadas por la política de construcción de estaciones de depuración de aguas (EDAR) instaladas por el Canal de Isabel II. Estos once socios crearon la asociación ProClub, que primero interpuso la denuncia, y después se convirtió en querella.
Los socios acusan en su denuncia a Golf la Moraleja de entregar 2.156.820 millones de euros al ayuntamiento de Algete gobernado desde 2007 por la alcaldesa Inmaculada Juárez Meléndez del Partido Popular en concepto de intermediación por la compra de los terrenos de la finca de Soto de Monzanaque y las de los alrededores donde la empresa construyó un nuevo complejo con varios campos de golf y un lujoso hotel.

En el escrito de denuncia, al que ha tenido acceso nuestro diario, se especifican cantidades no justificadas, pagadas con precios de varias veces el de mercado o comisiones de dudosa legalidad que suman unos 35 millones de euros. Muy cerca de estos terrenos, tal y como desveló Diario El Aguijón el Canal de Isabel II presidida por Ignacio González y mano derecha de Esperanza Aguirre construyó una estación de depuración de aguas desde la que sólo se da servicio a este campo de golf, beneficiándose por ello de un coste de agua inferior al del agua que pagan el resto de los madrileños.

Los pagos por labores de intermediación se repiten, pues otra de las irregularidades que denuncian los socios son los 102.408 euros que se entregaron a la empresa Ferraz 86 SL en concepto de “intermediación”, pese a que la razón social de esta empresa es la “composición de textos” lo que parece no cuadrar con esa actividad.

Compras de terrenos a precios de cuatro veces su valor real

Además, se les acusa de comprar las fincas colindantes a la de Soto del Monzanaque por 850.000 euros cada una, un valor 3’4 veces superior al real. En concreto se refieren a la compra de 136 Hectáreas de terreno de la finca Soto de Mozanaque en Algete: 130Has. a 31.000.000 de euros, más de 24 Euros/m2, cuatro veces su valor, llegando incluso a pagarse por 6Has. 5.100.000 de euros lo que significa más de 85 Euros/m2, es decir catorce veces el precio de unos terrenos colindantes para el mismo destino que ha sido de 6 Euros/m2.

También se les acusa, en este mismo documento, de realizar once supuestas obras por un valor de 1.306.046 euros de las cuales no consta ningún tipo de documentación.

Otra de las acusaciones que rellenan la voluminosa denuncia es el pago de 2.947.560 millones de euros por un Estudio de Impacto Ambiental con un valor de mercado máximo de 60.000 euros.

Ventas de acciones sin documentación y compras de acciones en SICAV.

De igual forma, se les acusa de vender 6 millones en participaciones de un Fondo de Inversión de cuya venta no consta documentación alguna.

Se les piden responsabilidades, también, por la compra de acciones de la empresa Mesa Ermita SICAV S.A., por un total de 11’3 millones de euros de la que tampoco se ha encontrado ninguna documentación.

Otro de los grandes desembolsos que los socios denuncian es el de 250.000 euros en pagos a empresas encargadas de realizar pequeñas reparaciones en la infraestructura y los jardines, desempeño para el que el club cuenta con 55 peones fijos dedicados en exclusiva.

Facturas pagadas a empresas de familiares de miembros de la directiva.

A Parilia Doria SL, una empresa de publicidad cuya única administradora es Begoña Amezaga de Vega, esposa del arquitecto y activo miembro del club de Golf la Moraleja, Alfonso de la Joya, constan pagos por valor de 199.520 euros por una obra realizada, aunque no se especifica cuál, y para la que su objeto social tampoco casa con una obra.

En el mismo orden de negocios con familiares de miembros destacados del club, los socios denuncian un pago de 897.100 euros a la empresa European Golf Services SL, cuyo director general es el hermano de Daniel Asís Boyer, el director deportivo de Golf la Moraleja.

Por último, dentro de las que podríamos denominar “pequeñas irregularidades de contabilidad” dadas las restantes partidas, los socios también hacen constar la compra de 290 carritos eléctrico para llevar los palos de golf a 1.043 euros la unidad cuando tienen un precio de mercado entre los 300 y 400 euros, esto es, aproximadamente un 70% más caros; la adquisición de coches de golf por un importe de 9.000 euros, más del doble de su precio habitual.

Entre los gastos millonarios realizados, presuntamente, con desviaciones presupuestarias, autorizaciones de pagos por personal no facultado, con contrataciones recurrentes con compañías vinculados a socios y miembros de los órganos directivos, etc. se han realizado según dicha asociación, en la remodelación del vestuario de señoras por más de 700.000 euros, el vestuario de caballeros por más de 1.500.000 euros, el salón de juegos por más de 500.000 euros, la cafetería del club por más de 1.200.000 euros, el chalet infantil por más de 1.000.000 euros, el cuarto de palos de golf por más de 1.300.000 euros.

En total, la suma de todas las irregularidades, podría ascender a 35 millones de euros desaparecidos.


* El Aguijón - María Batalla Machuca - 9.10.12
Foto: E.Aguirre jugando al golf - publico

.................................... Leer más...

El exalcalde de Casarabonela, inhabilitado por prevaricación

LAOPINIÓN/Málaga* : El exalcalde de Casarabonela y actual edil Sebastián Gómez (PSOE) ha sido condenado por el Juzgado de lo Penal nº14 de Málaga a nueve años de inhabilitación especial para desempeñar el cargo de alcalde o concejal por un delito continuado de prevaricación urbanística.
Sebastián Gómez también ha sido condenado a una multa de dieciocho meses con una cuota diaria de diez euros, lo que hace un total de 5.400 euros, según la sentencia, a la que ha tenido acceso Efe.
Igualmente se condena a siete años de inhabilitación especial para desempeñar el empleo de arquitecta municipal a C.M.M. y multa de 3.600 euros al considerar el legislador que es autora de un delito de prevaricación urbanística.

En la sentencia, que consta de cincuenta y siete folios, se afirma que el acusado, que fue alcalde desde 1999 a 2011, tuvo la atribución de conceder licencias y la competencia sobre urbanismo y protección del medio ambiente.

Durante su etapa de regidor contrató a la también acusada para desempeñar las funciones de arquitecta municipal, quien prestó sus servicios para dicho ayuntamiento durante 2004 y 2008.

En los expedientes de licencia de obras, la acusada, de acuerdo con el secretario del ayuntamiento en esa época y el alcalde omitió el preceptivo informe con el encabezamiento "informe jurídico-técnico".

Durante el juicio, el fiscal mantuvo que ambos acusados debían ser condenados por un delito de prevaricación urbanística debido a que la arquitecta municipal informó favorablemente la concesión de una serie de licencias y el alcalde las concedió, siendo contrarias a la normativa urbanística y a sabiendas de su injusticia.

En la sentencia se afirma que los informes, al igual que los decretos, donde se concedían las licencias de obras solicitadas y suscritos por el acusado, eran "estereotipados ausentes de motivación y de muy escaso contenido".

Además se destaca que el exregidor eludió "deliberadamente" el procedimiento legalmente establecido y se "garantizó la ausencia de control sobre sus arbitrarias decisiones" y debido a ello se aprobaron expedientes en suelo no urbanizable.

En este sentido, en los fundamentos de derecho se explica que la legislación urbanística, tanto la general como la andaluza, permiten llevar a cabo en el suelo no urbanizable determinadas edificaciones, en general aquellas acordes con el uso natural, no urbano, de los terrenos.

Pero tanto una como otra se remiten a las eventuales limitaciones o prohibiciones que se puedan establecer en la legislación sectorial o en el planeamiento urbanístico.

En este caso, el alcalde "era perfecto conocedor" de la necesidad de tramitación y aprobación del proyecto de actuación y se recuerda que el delito de prevaricación urbanística sanciona informar favorablemente a sabiendas de su injusticia.

Para el magistrado, el alcalde con su actuación hizo "un uso abusivo y arbitrario del poder público que le había sido conferido, en contravención de los deberes de transparencia y legalidad que le eran exigibles".


* La Opinión Málaga - 8.10.12
Foto: Casarabonela (Málaga) - eureka

.................................... Leer más...