La ONU condena duramente la política de vivienda del Estado español

REBELIÓN* : El pasado jueves se hizo público, a través de la web del Alto Comisionado de Naciones Unidas, el informe anual de la Relatora Especial sobre el Derecho a una Vivienda Adecuada de Naciones Unidas, Raquel Rolnik. Este año la Relatora ha centrado su informe en el análisis del impacto que la financiarización de la vivienda está teniendo sobre el derecho a una vivienda adecuada. El informe se presentará oficialmente en la Asamblea Anual de la ONU que se realizará el próximo 29 de octubre en Nueva York.
El informe es demoledor, y concluye que las políticas de los últimos años que han priorizado el acceso a la vivienda en régimen de propiedad a través de hipotecas se han demostrado un absoluto fracaso y han llevado a la vulneración sistemática del derecho a una vivienda adecuada. En particular, el informe destaca al estado español como ejemplo negativo de esa política fallida, que ha llevado a la ruina a cientos de miles de personas, a través de 400.000 ejecuciones hipotecarias desde 2007. Así, el informe señala que "El paradigma que consideraba la propiedad de la vivienda como la forma de tenencia más segura ha resultado ser falso, dado que uno de los principales resultados de las crisis recientes ha sido el aumento de las ejecuciones hipotecarias, como en España".

Entre otras cosas, el informe también denuncia con contundencia las políticas de austeridad que están perjudicando al conjunto de la población y vulnerando aún más el derecho a una vivienda digna, a la vez que "se asignan enormes cantidades de recursos públicos para el rescate de instituciones financieras" (pág. 12).

El análisis de la Relatora concluye con algunas recomendaciones, pidiendo que "se modifique el paradigma, pasando de las políticas basadas en la financiarización de la vivienda a un enfoque de estas políticas centrado en los derechos humanos" (pág. 24). Para ello "los estados deben promover alternativas a la política de vivienda basada en el crédito privado y la propiedad" a través de "viviendas sociales de alquiler y otras formas de tenencia colectiva e individual", así como "promover una combinación de sistemas de tenencia, incluidos un sector inmobiliario público que no se rija por los mercados liberalizados y sistemas de alquiler con rentabilidad limitada o alquileres regulados, para prevenir la exclusión y segregación social" (pág. 25). También "deben crearse marcos jurídicos e institucionales para garantizar la seguridad de la tenencia en sus distintas formas, incluido el alquiler".

Vamos, lo contrario de lo que ahora mismo está haciendo el gobierno español que insiste en querer reanimar el modelo de la burbuja inmobiliaria, a través de políticas tan nefastas como el banco malo, la reforma del alquiler para hacerlo aún más inseguro y la agilización de los desahucios.

Recordamos que en marzo de 2012 la Relatora Raquel Rolnik visitó Barcelona, invitada por el Observatori DESC, y tuvo ocasión de encontrarse con decenas de familias afectadas por la hipoteca de distintas PAH's (ver video).

Tras ese encuentro, también se le hizo entrega del libro de la PAH, Vidas Hipotecadas, que la Relatora cita en su informe en más de una ocasión. De hecho, la Relatora agradeció la información proporcionada por la PAH y lamentó los pocos datos oficiales disponibles en el estado español respecto a la problemática.

Podéis descargar el informe completo al final del siguiente enlace :

http://afectadosporlahipoteca.wordpress.com/2012/10/18/naciones-unidas-recoge-las-denuncias-de-la-pah-y-condena-duramente-la-politica-de-vivienda-del-estado-espanol/


* Rebelión - PAH - 18.10.12
Foto: ONU, sede Nueva York - nacionesunidas.org

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Alicante.- Pelotazo de 120 millones y seis apaños no menores

ELPAÍS* : El presunto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante a favor de Enrique Ortiz habría alcanzado en el mercado 120 millones. Este sería el beneficio del empresario en concepto de plusvalías con el trasvase de la edificabilidad asignada a zonas calificadas como parques naturales a áreas urbanas, según el sumario de Brugal. A este macropelotazo verde, el promotor pretendía sumar la recalificación y apaños no menores en otras seis áreas de la ciudad donde posee suelo. Las más destacadas son el estadio Rico Pérez, donde juega el Hércules CF (el equipo y el campo son suyos) y la modificación del Plan Rabassa para instalar Ikea.
El instructor de esta causa, Manrique Tejada, en su escrito enviado al TSJ destaca que Ortiz hizo valer su “influencia y amistad” con los dos alcaldes del PP y diputados autonómicos, Sonia Castedo, y Luis Díaz Alperi, para lograr datos secretos del PGOU en los que tenía interés.

Tejada alude al afán de Ortiz por acaparar suelo protegido y dice: “Respecto al beneficio económico de la revisión del planeamiento el mismo se podía obtener no solo por la posible compra de suelo no urbanizable reclasificado en urbanizable, sino también por la adquisición de suelo no urbanizable reclasificado como parque natural y su adscripción a una u otra zona de suelo urbanizable”.

El supuesto trato de favor de Castedo y Díaz Alperi a Ortiz se fraguó en la recta final del trámite del PGOU, a partir de marzo de 2008 y antes de la primera aprobación provisional del documento por parte del Ayuntamiento, en mayo de 2010. El planeamiento aún no ha sido validado por el Consell.

El informe de la policía asegura que a partir de marzo de 2008 Ortiz puso en funcionamiento a todos sus técnicos y asesores para acaparar suelo protegido en distintas zonas de la ciudad, pero especialmente en la partida de Fontcalent y en el humedal de Agua Amarga. “Es un disparate. Nos estamos jugando 20.000 millones de pesetas (120 millones)”, comentó Ortiz en una escucha.

La policía sostiene que la edificabilidad de esos parques la trasvasaría al sector de Torres de la Huerta, donde es el propietario hegemónico del suelo urbano a través de la firma Deproinmed, participada por Ortiz y Bancaja. En esta zona el PGOU prevé 16.000 viviendas. La policía concluye que Ortiz pretendía adscribir los aprovechamientos urbanísticos de 700.000 metros cuadrados del humedal a Torres de la Huerta. La segunda zona donde Ortiz puso los ojos fue en la sierra de Fontcalent, donde compró 1,7 millones de metros.

En la operación de acumulación de suelo verde, la policía mantiene que Ortiz, además de los datos secretos que le facilitaban Castedo y Díaz Alperi, contó con el valioso concurso del despacho Salvetti Abogados, propiedad de los abogados urbanistas José Luis Castedo (hermano de la regidora) y el exedil del PSOE Javier Gutiérrez. Ambos abogados están imputados.

En paralelo a la compra de suelo protegido, el fiscal Anticorrupción —en una tesis también asumida por el juez— acusa a la alcaldesa de “diseñar y resolver” a la medida de Ortiz aspectos relevantes del PGOU. Briones destaca el “apaño” de los planes de Lomas de Garbinet, APA-9, PAU 3, la recalificación de tres pacerlas propiedad del promotor y, sobre todo, la reforma del estadio Rico Pérez. De esas operaciones, la de mayor calado y más polémica fue el intento de recalificar el suelo del Rico Pérez. El fiscal habla de un “pacto velado” entre la alcaldesa y Ortiz para reformar el campo en beneficio de los intereses del empresario. El promotor había recomprado el campo al Ayuntamiento en 2007 por 7,2 ante la expectativa de una futura recalificación, según la policía.

Las conversaciones grabadas por la policía entre Ortiz y Castedo rebosan alusiones directas a trasvases de planos y datos del PGOU, y comentarios sobre el desarrollo de los proyectos que afectaban al promotor, como “Tú mandas”, “Te llevo los planos”, o “Te ha apañado del APA 9 y también lo del Rico Pérez”.

El sumario, por último, recoge numerosas grabaciones sobre un supuesto trasvase de información privilegiada para ubicar Ikea en el plan Rabassa. El programa prevé la construcción de 13.000 casas y fue adjudicado a Ortiz. Las obras para las viviendas siguen sin comenzar tres años después, pero los trámites para ubicar Ikea, impulsado por la alcaldesa, sí avanzan.

Castedo ha negado desde el primer momento que Ortiz se haya beneficiado con el nuevo PGOU y esgrime que con el nuevo PGOU el empresario pasa de controlar el 70% del suelo de la ciudad al 30%.

Enrique Ortiz es el primer empresario de Alicante. Es con la llegada de Díaz Alperi a la alcaldía en 1995 cuando comienza el irresistible auge de su imperio. Desde el escaparate de la presidencia del Hércules siguió añadiendo metros y metros a su bolsa de suelo, y se convirtió en el primer contratista del Ayuntamiento.


* El País - SANTIAGO NAVARRO Alicante 22 OCT 2012
Foto: Alicante, empresario E.Ortiz y alcaldesa S.Castedo - elpais

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