Once años del caso Escalinata, el gran marrón urbanístico de Algeciras

EUROPASUR* : El caso Escalinata se ha convertido en el gran marrón urbanístico de Algeciras. La problemática en torno al aparcamiento declarado ilegal -cuyas obras arrastraron al edificio colindante a la ruina urbanística- dura ya más de once años. El lento discurrir del procedimiento judicial por las salas de lo contencioso-administrativo se acerca a su fin con una nueva sentencia del Tribunal Supremo que está al caer. Asimismo, ocho años después de que los vecinos del edificio Escalinata interpusieran la querella, la vía penal ha tomado impulso con el anuncio de la apertura del juicio oral en una causa en la que hay siete imputados, entre ellos dos exalcaldes. "La Justicia es lenta pero al final llega", señala uno de los principales afectados por esta actuación. Llegados a este punto es conveniente echar la vista atrás para entender cómo se ha llegado a esta situación. Más si cabe porque, al margen de que se depuren las posibles responsabilidades penales en los tribunales, el desenlace de esta historia puede acarrear unas consecuencias devastadoras para las arcas municipales.

El origen está en el Pleno de julio de 2001 en el que el PA y PP aprobaron el proyecto definitivo del parking. Resulta desolador comprobar cómo en aquel debate ya se advirtió por parte de la oposición de las irregularidades que contenía la actuación. De nada sirvió, como tampoco que el edificio Atlántida presentara la denuncia contra la construcción del aparcamiento o que empezaran a aparecer grietas en el edificio Escalinata durante las obras.

La situación dio un vuelco previsible cuando el TSJA declaró ilegal el parking a finales de 2004. Los motivos, los que ya se expusieron años atrás: la ausencia de licencia y que se había hecho pasar de forma "grotesca" por subterráneo al tomar como rasante la Plaza Alta en vez de la avenida Virgen del Carmen.

Pese a este varapalo judicial, el Ayuntamiento autorizó más obras en el parking para que acogiera nuevos usos. El PSOE, que se opuso al parking en la oposición, estando ya en la Alcaldía dio luz verde junto al PA a la construcción de cuatro plantas de oficinas en una de sus fachadas. Los vecinos del edificio Escalinata denunciaron estos hechos, entre otras cosas porque el parking ya había sido declarado ilegal. Sin embargo, el Consistorio había recurrido al Supremo. Una táctica que se ha mantenido desde que empezó el problema con la única intención de posponer la solución final. Desde entonces, todo han sido sentencias ratificando que el aparcamiento y sus oficinas son ilegales. Incluido el rechazo del TSJA al Plan de Movilidad, herramienta que se aprobó en 2007 para regularizarlo y que consiguió retrasar la ejecución de la sentencia sobre el parking. Ahora sólo queda esperar al pronunciamiento final del Supremo. Si desestima el Plan de Movilidad, como ya ha hecho el TSJA, se podrá intentar alargar más el proceso con recursos de súplica; pero el Ayuntamiento tendrá que empezar a afrontar que no hay vuelta atrás. Por ello, si tiene algún as guardado en la manga -en forma de modificación del PGOM para intentar legalizar el aparcamiento a la desesperada- debe ponerla sobre la mesa ya.

La ejecución de la sentencia pasa desde un hipotético derribo del parking -la opción más extrema- hasta dejar fuera de planeamiento urbanístico el edificio, al no poder albergar éste el uso de aparcamiento. En ambos casos el coste económico para el Consistorio será elevado, ya que el aparcamiento se construyó con todos los permisos municipales. Así, todo indica que la empresa Nautagest reclamará una indemnización así como el lucro cesante de la concesión administrativa, que se dio por 50 años. Este mes, además, se ha reactivado la vía penal con el auto del Juzgado de Instrucción número 1 que ordena la apertura del juicio oral por los daños en el edificio Escalinata. Están imputados por prevaricación los ex alcaldes del PSOE Juan Antonio Palacios y Tomás Herrera, el exedil José Ortega (PA), y el arquitecto municipal Arsenio Pacios. Asimismo, están imputados por daños imprudentes el administrador de Nautagest, José María Aycart, el arquitecto Pedro Pérez Blanco y el aparejador Antonio Ayala.


* EuropaSur - R. MONTES - 28.10.12
Foto: Algeciras, caso escalinata - europasur

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El Ayuntamiento de Torrevieja atribuye a exalcalde las instrucciones sobre el informe de contrata de residuos

ELECONOMISTA/Alicante* : La Oficial Mayor del Ayuntamiento de Torrevieja atribuye al exalcalde de la localidad y diputado en las Cortes Valencianas, Pedro Hernández Mateo, las instrucciones para configurar el informe por el que se aprobó adjudicar a una consultora el estudio sobre la contrata de residuos de 2004. En éste, se hacía constar que se había consultado con hasta tres consultoras la oferta para elaborar el informe jurídico, algo que no fue así.
La Oficial, quien inicialmente estuvo imputada en este procedimiento pero finalmente se le eliminó esta condición, ha acudido a declarar como testigo en el segundo día de juicio contra Hernández Mateo, acusado de prevaricación y falsedad documental en la adjudicación en 2004 del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos de la localidad.

Hernández Mateo --quien se enfrenta a penas de hasta cinco años de cárcel y 21 de inhabilitación para cargo público según las distintas acusaciones-- ya declaró ante el tribunal el pasado viernes, y durante el interrogatorio descargó la responsabilidad por la adjudicación en el año 2004 de un contrato de residuos en un aparejador municipal ya fallecido.

Hoy le tocaba el turno a técnicos del consistorio y a responsables de las tres empresas que presuntamente fueron consultadas para elaborar el informe sobre la contrata de basuras. Al respecto, la Oficial --quien lleva 22 años en el ayuntamiento-- ha sido muy contundente: "el alcalde me ordenó por teléfono que figurase en el escrito que se había consultado con tres despachos".

La testigo se refiere al escrito que redactó una de sus auxiliares sobre la consultora adjudicataria del contrato menor --de 12.000 euros-- para redactar un informe sobre las propuestas que habían presentado tres empresas que optaban a una contrata de residuos en 2004. En este escrito, se hacía constar que se había trasladado la oferta a tres consultoras, algo que no era cierto.

Al respecto, el exprimer edil indicó en su declaración que él no intervino en la redacción de este escrito --puesto que de este asunto se hizo cargo un aparejador municipal ya fallecido-- y que lo firmó sin leerlo. Frente a ello, la Oficial Mayor ha asegurado que fue Hernández Mateo quien le llamó y le "ordenó" que figurase en el escrito que se había consultado con tres empresas, pese a que este paso era innecesario --según la ley--. "No tengo ninguna duda", ha sentenciado.

"Me llamó --el exalcalde-- y me dijo redáctame una propuesta por importe de 12.000 euros para un contrato de consultoría y pon que yo he consultado también a otros dos despachos", ha reproducido la Oficial. También ha afirmado que en sus 22 años en el ayuntamiento, nunca había visto que el alcalde solicitara un informe a una consultora externa, aunque también ha asegurado que no recordaba ningún caso en el que la secretaria y el técnico de la mesa de contratación no se hubieran puesto de acuerdo. En este caso, ambos diferían.

La Oficial también ha declarado, preguntada por si piensa que el exalcalde solía firmar documentos sin más, sin leerlos, o si por contra, era "meticuloso", que desde su punto de vista era "meticuloso, inteligente y con muy buena memoria". Por ello, considera que no cree que firmara escritos sin leerlos porque, de hecho, ha puesto como ejemplo que "a veces" hacía correcciones.

A la testigo se le ha interpelado asimismo si era "normal" modificar los miembros de las mesas de contrataciones. En este caso hubo cuatro reuniones de mesa, en las que en las tres primeras fueron los mismos miembros (seis), y en la última, en la que se aprobó la propuesta de la consultora para la contrata, la cifra se aumentó, por decisión del exalcalde, a ocho.

Al respecto, ha comentado que "nunca" antes se había modificado una mesa de contratación. En el consistorio --ha explicado-- "solo existe una mesa y nunca ha variado el número de miembros. Y siempre era la misma". También ha dicho que esta modificación no era ilegal y ha señalado que de no haberse ampliado la mesa, el resultado posiblemente no hubiera variado. Con todo, ha concluido que desde el punto de vista jurídico, el expediente "está bien", pero ha dicho que es el "único" que "lo hace el alcalde, y se me dice que se ponga expresamente que se han hecho tres consultas".

"ME LLAMÓ LA ATENCIÓN"

Por su parte, la auxiliar administrativa del consistorio que se encargó de redactar el informe sobre la consultora, ha corroborado que le llamó la Oficial Mayor y le dijo que "había estado hablando con el alcalde" y que había que redactar una propuesta con los términos que éste le había dicho. "Me llamó la atención porque es un contrato menor en una contratación directa y solo se pone la empresa adjudicataria, y no que se haya consultado a otras empresas", ha añadido sobre este asunto. "Esto no lo he vuelto a ver en mi vida profesional", ha dicho.

También ha asegurado que "nunca el alcalde ha propuesto un contrato menor", al tiempo que ha añadido que el hecho de tener que puntualizar que se había consultado con tres consultoras le extrañó y se lo dijo a la Oficial. "Ella me dijo pónlo así porque me lo ha dicho el alcalde", ha aseverado.

Por otro lado, la secretaria del Ayuntamiento ha declarado que ella emitió un voto particular en el que pedía que se declarase desierto el concurso de adjudicación por no cumplir ninguna de las tres empresas propuestas algunos requisitos básicos, como los relativos a la construcción de instalaciones fijas. Su opinión fue contraria a la del técnico, lo que originó que el exalcalde pidiera informes a una consultora externa. Esta testigo también ha descrito al exprimer edil como una persona "prudente, inteligente y meticuloso".

LOS DESPACHOS DE ABOGADOS

Y por último les ha llegado al turno a los responsables de los despachos de abogados presuntamente consultados. Al respecto, el primero de ellos ha asegurado que en 2004 él no disponía de despacho, puesto que lo creó en 2006, y ha indicado que no sabe ni dónde está el Ayuntamiento de Torrevieja. Así, ha destacado que no tenía informes, ni encargos ni facturaciones al consistorio.

Por su parte, el letrado de la firma adjudicataria del contrato menor ha afirmado que se le comunicó una oferta "por teléfono", cuando le llamó cree que un técnico, aunque ha dicho que también podía tratarse de un político. También ha dicho que no recibió ninguna indicación del exalcalde ni de ninguna otra persona para elaborar su informe, que resultó favorable a la empresa que finalmente resultó adjudicataria.

Sobre esta empresa, ha reconocido que había sido cliente de su despacho, pero ha dicho que este aspecto no generaba "ninguna vinculación" para redactar su informe. Por este motivo ha dicho que no lo hizo constar en su informe, porque no lo consideraba incompatible.


* El Economista - EP - 29.10.12
Foto: Torrevieja (Alicante), ayuntamiento - torrevieja.com

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