Telde.- Anticorrupción solicita cárcel para el diputado Rodríguez por el ´caso Europa´

LAOPINIÓN/Gran Canaria* : La Fiscalía Anticorrupción pide para el diputado regional del Partido Popular (PP), Jorge A. Rodríguez Pérez, una pena de un año y ocho meses de prisión y cinco de inhabilitación para cargo público por su supuesta participación en el denominado caso Europa, una subtrama de la operación Faycán, en el que se ha investigado la presunta connivencia entre la ex edil del PP de Obras Públicas María Antonia Torres (fallecida) y Rodríguez con la empresa Grupo Europa para construir 71 viviendas de protección oficial en La Jardinera, en Gran Canaria, a través de la empresa municipal Urvitel.
En el procedimiento también se encuentran imputados el jefe de Urbanismo de Telde, José Luis Mena; el exresponsable de Patrimonio, Pedro Pablo Santana, el exgerente de la empresa municipal Urvitel, José Luis Saavedra, el administrador único del Grupo Europa, José Manuel Antón Marín, el exdirector de la inmobiliaria en Canarias, Francisco Benítez Cambreleng, y también la esposa de Saavedra, Verónica García.

El delegado de la Fiscalía Anticorrupción en Canarias, Luis del Río, solicita para todos ellos penas de prisión que van desde el año y tres meses al que se enfrenta Cambreleng, denunciante de la trama, hasta ocho años para Mena. Asimismo, las multas ascienden hasta casi los dos millones de euros.

Según el escrito de acusación, Antón Marín, como administrador único del Grupo Europa S.A., inició una serie de movimientos con el "objetivo de conseguir una gran cantidad de las viviendas de protección oficial" y para poder obtenerlas "decide recurrir al pago de comisiones a quien sea necesario".

En este sentido, el Ministerio Público asegura en el escrito remitido a la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que el empresario "pagó a diversos responsables políticos y técnicos pertenecientes al ayuntamiento de Telde" cantidades que ascienden a "240.000 euros".

La persona con la que entró en contacto Antón Marín para llevar a cabo sus planes fue con el parlamentario popular, Rodríguez Pérez "con quien acordó que, a cambio de ciertas cantidades de dinero, influiría en los ayuntamientos que eran gobernados por el partido al que pertenece para que contratase con el Grupo Europa", se asegura en la acusación.

De esta manera, llegó a cobrar "64.010,06 euros" entre los años 2003 y 2005 en una serie de actuaciones que fueron "determinantes" para que Antón Marín "consiguiese obtener la adjudicación del concurso para la gestión de la construcción de viviendas de protección oficial así como para que se tramitarán diversos expedientes en el Ayuntamiento que eran necesarios para que al final se pudiesen construir esas viviendas", resume del Río en su escrito de acusación.

Con este fin, Rodríguez Pérez introdujo a Torres en el círculo de Antón Marín ya que ella "era la persona clave al acumular entre sus funciones los cargos de consejera delegada y vicepresidenta de la empresa municipal Urvitel y la concejala de Obras, Viviendas, Contratación y Solidaridad del Ayuntamiento".

En este punto, del Río desgrana en el escrito la supuesta actuación delictiva y cobro de comisiones por cada uno de los imputados en una trama en la que se dan cita delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, falsedad en documento mercantil y contra el mercado y los consumidores.

Así, la misión de Cambreleng, como director en Canarias del Grupo Europa fue, presuntamente, llevar a las oficinas de Urvitel la oferta realizada por la empresa para adjudicarse las obras de las viviendas de protección oficial o la de Saavedra, como gerente de Urvitel, el presunto cobro de comisiones para favoreciese la adjudicación y ayudase en los trámites.

Sin embargo, es Mena Santana y Santana Marrero quienes, tras adjudicarse el concurso al Grupo Europa, bloquean "la tramitación de los correspondientes expedientes de licencias y de modificación puntual del Plan General de Ordenación (PGO)" para acometer las obras hasta que no reciban, supuestamente, el correspondiente soborno.

Después de los pagos, se desbloqueó el proyecto y, pese a que la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) rechazó la modificación del Plan General de Ordenación, los expedientes de licencia de obra mayor fueron aprobados por unanimidad en Junta de Gobierno local a finales 2005.


* La Opinión Tenerife - BORJA VALCARCE - 6.11.12
Foto: Telde, registro caso Faycán - Teldeactualidad

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