La Eurocámara insta a España a perseguir a responsables de viviendas ilegales en la costa

EUROPAPRESS* : El pleno de la Eurocámara ha instado este miércoles al Gobierno de Mariano Rajoy a perseguir a los responsables de viviendas ilegales en la costa tras recibir numerosas quejas de ciudadanos por esta cuestión.
Los eurodiputados han instado al Gobierno español a "velar por que aquellos cuyas acciones fraudulentas han puesto a numerosos ciudadanos de la UE en una situación intolerable como consecuencia de la pérdida de sus hogares o del riesgo que corren de perderlos, además de haber infligido un daño grave al entorno de las costas y de haber contribuido en gran medida a la crisis financiera y económica, sean perseguidos debidamente y se les obligue a pagar los daños que han causado".

"La Ley de Costas ha tenido un efecto desproporcionado sobre los propietarios de inmuebles y, al mismo tiempo, no ha tenido repercusiones suficientes en los verdaderos causantes de la destrucción de la costa que, en muchos casos, han sido responsables de un desarrollo urbano excesivo a lo largo de la costa, incluidos los centros vacacionales, y que tenían buenos motivos para saber que estaban actuando, siempre, en contra de las disposiciones de esta ley", señalan los eurodiputados.

La petición al Gobierno español llega a través de una enmienda de la eurodiputada danesa de Los Verdes Margrete Auken al informe anual de las actividades de la Comisión de Peticiones de la Eurocámara, que ha recibido numerosas quejas de ciudadanos europeos por la falta de seguridad jurídica de las viviendas en la costa. La enmienda ha sido aprobada con 327 votos a favor, 291 en contra y 15 abstenciones.

La Eurocámara ha recibido 75 denuncias por quejas relacionadas con el derecho a la propiedad, especialmente por la Ley de Costas de 1988 en 2011 y que afectan a todas las regiones costeras del país, según refleja el informe anual de las actividades de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, aprobado este miércoles por el pleno del Parlamento Europeo por amplia mayoría.

Según el informe, la Eurocámara recibió el año pasado 23 quejas procedentes de la Comunidad Valenciana, 11 desde Andalucía, fundamentalmente de Almería, diez de Cataluña relativas a los dos puertos deportivos de Girona, nueve de Baleares, nueve de Canarias, tres de Asturias, otras tres de Cantabria, dos del País Vasco, dos de Galicia, una de Murcia y otras dos quejas generales contra la Ley de Costas.

Los ciudadanos españoles presentaron 51 de las quejas sobre el derecho de propiedad y 19 por ciudadanos de otros países. Además, 31 de los casos permanecen abiertos.

Los españoles remitieron un total de 204 quejas a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo en 2011, lo que les convierte en los segundos que más presentaron, sólo por detrás de alemanes que remitieron por su parte 315 de las 1414 peticiones registradas el año pasado en total por infracciones a la legislación comunitaria.

Las quejas de los ciudadanos españoles se refieren sobre todo a quejas por infracciones de la normativa europea medioambiental, derechos fundamentales y justicia, como en otros años, según pone de relieve el informe.

Los eurodiputados han vuelto a exigir a los Estados miembros que apliquen "correctamente" las normas europeas.


* Europa Press - 21.11.12
Foto: Estrasburgo (Francia), eurocámara - europa

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Imputada la exalcaldesa de Arcos y su Gobierno por prevaricación

LAVOZDIGITAL/Cádiz* : Nuevas imputaciones de presuntos delitos con responsabilidad penal para políticos de la provincia. La lupa de la investigación judicial se ha puesto ahora encima de la gestión llevada a cabo por el PSOE en Arcos. El Gobierno, casi en pleno, que encabezaba la exregidora Josefa Caro es el que ahora se enfrenta a la acusación de la comisión de presuntos delitos de prevaricación, malversación y delito contra la ordenación del territorio. Además de Caro, el auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº1 de la localidad, también imputa al exdelegado de Urbanismo, Joaquín Macías, y a otros concejales que formaban parte de la Junta de Gobierno Local, como Benito Huertas, Fernando Mancheño, Genoveva Medina, Rafael Barrios y Francisca Morales.


Todos ellos han sido citados para dar explicaciones ante el juez instructor y todos lo harán en calidad de imputados, al menos hasta que se determine «la naturaleza y las circunstancias de los hechos», así como «la participación de cada una de estas personas», destaca el auto del juez.


Desde la Delegación Municipal de Urbanismo confirman que la querella contra los concejales del PSOE se ha presentado por parte del propio Ayuntamiento para «esclarecer la responsabilidad penal que pudiera haber». De hecho, el propio delegado, Manuel Erdozain (AiPro), destaca que estas actuaciones se inician como consecuencia de la concesión de licencias de primera ocupación a viviendas que se encontraban en «una zona de especial protección».


Erdozain destaca que el Gobierno local decidió «compensar» a las personas que tenían una parcela ilegal junto al Instituto Guadalpeña del Barrio Bajo «ofreciéndole la licencia y los servicios esenciales, a través de un convenio que firmaron, a cambio de un retranqueo en lo que habían ocupado para hacerle hueco a un nuevo vial que finalmente se construyó». La liebre, destacan desde dicha área, saltó «cuando un vecino vino a pedir licencia de obras en una zona que sabíamos que era ilegal y, sin embargo, aportó documentación de la licencia».


Normalmente, este tipo de documentos se dan directamente en Urbanismo, pero en este caso fue la Junta de Gobierno Local quien la otorgó. Cabe resaltar que el responsable de Urbanismo de entonces no formaba parte de dicha Junta de Gobierno donde se aprobó, aunque también se le ha imputado. Además, el portavoz de AiPro también destacó que «el actual portavoz del PSOE, Isidoro Gambín, estaba en esa Junta de Gobierno como vocal pero sin voto».


Josefa Caro, que será la primera en declarar el 13 de febrero de 2013 a las 11.30 horas, ya no ocupa el cargo de secretaria local de los socialistas pero sí que es la responsable de la Secretaría de Organización de la nueva Ejecutiva provincial. En la misma, Joaquín Macías es uno de los cinco miembros que conforman la Comisión de Ética. Este último declarará el día 14, a las 12.00 horas, y tras él, en días posteriores, se les tomará declaración al resto de imputados.




* La Voz Digital - ANTONIO ROMERO - 16.11.12

Foto: Arcos de la Frontera (Cádiz) - spain


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