Madrid.- Rebelión contra la alcaldesa en Urbanismo por los fallos en los edificios

ELPAÍS* : Empleados públicos denuncian que un edificio que quiere vender Botella no cumple las prescripciones de seguridad que dictan los informes técnicos.
El Ayuntamiento de Madrid no tiene ni un euro. Mejor dicho, debe casi 6.000 millones a los bancos tras los ocho años en la alcaldía del ahora ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. De la necesidad de sacar dinero de debajo de las piedras, explotando al máximo sus activos, nacen casi todos sus problemas. La tragedia del Madrid Arena, el pabellón alquilado a un empresario que está imputado por la fiesta en la que murieron cuatro jóvenes, es un ejemplo, pero no el único.

El Gobierno que dirige Ana Botella (PP) lleva meses tratando de vender el edificio Apot, que pertenece a la empresa municipal Madrid Espacios y Congresos, gestora también del Madrid Arena. En realidad, la operación es más compleja: quiere colocar la actual sede del área de Urbanismo, obtener al menos 65 millones, y trasladar a un millar de empleados públicos al edificio Apot, que vendería luego por unos 30 millones para quedarse de alquiler 10 años.

Estuvo a punto de lograr la segunda parte, pero el comprador, la inmobiliaria Hermanos Revilla, exigió que tuviera licencia. La semana pasada, 482 de esos empleados públicos se rebelaron contra Botella, denunciando que el edificio no solo carece de licencia, sino que tampoco cumple “las prescripciones de seguridad que dictan los informes técnicos”.

“Botella, dimisión”

Precisamente un expediente de Urbanismo, de septiembre de 2011, detalla las medidas correctoras que deberían solventarse para obtener la licencia, entre ellas varias sobre protección contra incendios. “No podrá iniciarse el ejercicio de la actividad hasta que el titular se provea de la licencia de funcionamiento”, explicita.

El edificio Apot lleva años alquilándose a empresas privadas sin contar con esa licencia de funcionamiento. Los técnicos de Urbanismo sí la ven necesaria ahora. El área de Urbanismo insiste además en que no trasladará a los funcionarios hasta que no se adecue urbanísticamente, es decir, esperará a tener licencia y cumplir con todas las condiciones de seguridad reseñadas por los técnicos. Y eso pese a que el edificio seguirá al menos provisionalmente en manos municipales, hasta ser vendido finalmente, si eso es posible.

El líder municipal socialista, Jaime Lissavetzky, muy crítico siempre con la gestión del Ayuntamiento pero más aún en este asunto, exigió ayer la dimisión de Botella.


* El País - BRUNO GARCÍA GALLO - 22 NOV 2012
Foto: Madrid, alcaldesa Botella y exalcalde Gallardón - elpais

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Córdoba aprueba la amnistía de las naves ilegales de Sandokán

ELPAÍS* : La posibilidad de que gran parte de las cuatro hectáreas de los almacenes construidos ilegalmente a las afueras de Córdoba por Rafael Gómez Sandokán siga en pie, es hoy más real que nunca. El pleno del Ayuntamiento aprobó este martes la vía para que puedan regularizarse hasta 25.000 metros cuadrados de esa mole de 40.000 que levantó en 2005 el constructor y joyero y que le ha costado una multa de 24,6 millones de euros que ignora. “No pienso pagar”, asegura.
El empresario es ahora el líder del principal partido de la oposición, Unión Cordobesa, cuyas oficinas están en esas naves. Sandokán debió ausentarse del salón de plenos durante la votación, pero sus dos ediles afines apoyaron el plan. De igual forma lo hicieron el PP (que gobierna con mayoría absoluta), el PSOE e IU. Los dos concejales díscolos de Unión Cordobesa, enfrentados a Gómez, optaron por abstenerse. En todo caso, no hubo ningún debate ni antes ni después. A la votación siguió un receso y el orden del día. El Pleno continuó sin más.

Poco ruido y pocas opiniones para tratar un asunto que ha consumido buena parte de las energías políticas durante más de un lustro. Y un absoluto mutismo a la hora de aprobar un documento que, en esencia, abre la puerta a la amnistía del infractor, pues permite regularizar el 62,5% de lo que un día fueron los cuatro almacenes de Arenal 2000, la empresa constructora de Sandokán.

Las naves se levantaron durante el mandato de la alcaldesa Rosa Aguilar, entonces en Izquierda Unida. Ella dio luz verde a que fuese el mismo Sandokán el que redactase un plan especial que regulase todo el urbanismo de la carretera de palma del Río y, de paso, legalizar sus propias naves. El documento redactado por la empresa infractora fue aprobado en el pleno con los votos a favor de IU y PP. Pero la oposición del PSOE y de la Consejería de Obras Públicas hicieron que el caso llegara a los juzgados. Y una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía tumbó el plan especial en 2008.

Pero solo dos años después, las cosas viraron. Aguilar dejó el cargo de alcaldesa y pasó a ser parte del el nuevo Gobierno autónomo del socialista José Antonio Griñán, ocupando, precisamente, la cartera de Obras Públicas. A partir de entonces, la férrea posición de la Junta se volvió más laxa y favorable a un acuerdo. También el PSOE de Córdoba abrió la mano. Algo que también reactivó luchas políticas internas en la formación, y que terminó costando el puesto a un par de cargos municipales y tambalear el puesto del delegado de Obras Públicas, que se oponía al pacto.

Como resultado, se gestó el actual Plan Especial de la Carretera de Palma que se aprobó este martes definitivamente en el Ayuntamiento de Córdoba. El plan permite que el propietario de las naves, oficialmente, Rafael Gómez, redacte un proyecto de ejecución que derribe 15.000 metros cuadrados de sus naves. ¿Lo hará Gómez? El ya ha advertido que no tirará un ladrillo. Pero teniendo en cuenta lo voluble de sus opiniones y el voto a favor de su partido al Plan Especial, tampoco puede asegurarse lo contrario.


* El País - MANUEL J. ALBERT - 11 DIC 2012
Foto: Rafael Gómez abandona el pleno momentos antes de la votación sobre sus naves ilegales. / DÍA DE CÓRDOBA

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