El alcalde de Íscar será juzgado hoy por prevaricación urbanística

20MINUTOS/Valladolid* : El Juzgado de lo Penal nº4 de Valladolid sienta este lunes en el banquillo al alcalde de Íscar, Alejandro García Sanz, por un presunto delito de prevaricación urbanística que se remonta a 2006 con motivo del permiso otorgado para la construcción de una nave industrial con exceso de edificabilidad y que invadía suelo público.
Además del diputado de Juventud y Deportes, el banquillo lo ocuparán igualmente el arquitecto municipal, José Luis Pérez de Fruto; el segundo teniente de alcalde, Juan Carlos Lázaro; el concejal Luis Antonio Sánchez Cuéllar, y el secretario municipal, Fernando Rodil, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Los cinco fueron imputados por el Juzgado de Instrucción número 6 de Valladolid, encargado de investigar el presunto caso de prevaricación urbanística en Íscar, después de que la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia de Valladolid se pronunciara en el mismo sentido.

Y es que el 13 de octubre de 2011 la referida sección de la Audiencia vallisoletana no sólo desestimó el recurso de apelación del único imputado hasta el momento, el arquitecto José Luis Pérez de Frutos, sino que estimó el presentado por la Fiscalía para que fueran incluidos también, en los mismos términos, el resto de acusados.

Con anterioridad, el 5 de julio de 2011 la juez instructora del caso había acordado la tramitación de las presentes diligencias previas por los trámites del procedimiento abreviado contra el arquitecto José Luis Pérez de Frutos por si los hechos pudieran ser constitutivos de un delito de prevaricación urbanística del artículo 320 del Código Penal, y por contra sobreseyó las relativas al alcalde, dos concejales y el secretario del Consistorio Iscariense, que ahora, mediante último auto, han sido finalmente incluidos en este caso de presunta prevaricación urbanística.

Entonces, la justificación para excluir del proceso a los cuatro citados era que no se consideraba acreditado que los miembros de la corporación municipal que otorgaron la licencia lo hicieran "a sabiendas" de que era contraria a la normativa urbanística, ni que el secretario conociese dicha circunstancia.

Contra el planeamiento urbanístico

Los hechos que investiga el juzgado derivan de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en la que se ordenó el derribo de una nave industrial que fue autorizada por el Ayuntamiento de Íscar. El fallo determinaba que las obras de desescombro, demolición parcial y reconstrucción de la nave eran contrarias al planeamiento urbanístico.

Los metros construidos superaron los derribados y además invadía más de 400 metros de una calle y algo más de 600 de otra, a lo que el TJSCyL sumó el hecho de que el Ayuntamiento de Íscar autorizase las obras el 27 de febrero de 2006, mientras que el informe del arquitecto municipal sobre el proyecto era de un día después.


* 20 Minutos - EUROPA PRESS. 17.12.2012
Foto: Íscar (Valladolid) - temadictos.com

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La Fiscalía de Cádiz critica la escasa ejecución de los derribos de casas ilegales

ELPAÍS* : La Fiscalía de Cádiz prepara un inventario de sentencias con órdenes de derribo de viviendas ilegales en la provincia gaditana que no se han ejecutado. En los últimos meses, el ministerio público ha recibido con satisfacción fallos judiciales que, acordes con su criterio, han establecido estas demoliciones como la regla general y no como una excepción.
Pero la mayoría de estas casas siguen levantadas. Continúan así porque la actual maraña judicial lo permite y porque el propietario y condenado no se hace cargo. Los Ayuntamientos, que deben asumir esta operación con carácter subsidiario, tampoco lo cumplen, para lo que argumentan razones económicas.

El inventario auspiciado por la fiscal jefe de Cádiz, Ángeles Ayuso, pretende ser un toque de atención a un problema no resuelto. Y lo va a intentar hacer con datos concretos porque, conociendo la dimensión del problema, se pueden encontrar mejor las soluciones. En una aproximación, la fiscal jefe de Cádiz considera que podría haber más de 70 órdenes de derribo sin ejecutar. Las victorias judiciales contra el urbanismo ilegal chocan con la realidad.

A muchas de las sentencias firmes contra viviendas ilegales —que proliferan en municipios como Chiclana o El Puerto de Santa María— les sigue una petición de indulto al Ministerio de Justicia. La fiscalía, por regla general, se opone a esta figura como medida de garantía porque, según Ángeles Ayuso, la demolición no es una pena como lo son las condenas de cárcel o las indemnizaciones económicas, sino que son un intento de restablecimiento del daño causado. La fiscal jefe de Cádiz llama la atención de que, en muchos de los expedientes de estos indultos, los Ayuntamientos aparezcan como perjudicados cuando han sido ellos los que han permitido esas construcciones ilegales durante años. Ayuso también protesta por el hecho de que los Consistorios se muestren muchas veces a favor de esos indultos para que lo construido siga en pie.

La tramitación del indulto retrasa todo el proceso y, aunque finalmente no se concedan, las demoliciones no llegan a ejecutarse. El propietario muy raras veces ha asumido el derribo por su cuenta. Así que son los Ayuntamientos los que deben proceder a la demolición con carácter subsidiario. Las posturas de unos y otros ante esta situación son variadas. En algunos casos, los jueces aplazan los derribos porque el gobierno municipal anuncia planes de legalización de esas zonas. La fiscalía gaditana no considera que este sea un argumento serio porque, en su opinión, los dirigentes políticos mantienen en el tiempo anuncios de mejoras en los planeamientos urbanos.

Cuando ya se agotan las razones urbanísticas, los Ayuntamientos aducen motivos económicos. Si el propietario no derriba, es el Consistorio el que lo tiene que ordenar. “A veces, dicen que no encuentran una empresa dispuesta a hacer ese trabajo y otras veces que no cuenta con una partida presupuestaria suficiente para asumir estos costes”, lamenta Ayuso.

El ministerio público espera tener terminado el inventario de sentencias sin ejecutar para febrero o marzo. La fiscalía cree que al denunciar el estado del problema con datos concretos, se podía llamar la atención al Poder Judicial sobre lo difícil para hacer frente al urbanismo ilegal.


* El País - PEDRO ESPINOSA - 13.12.12
Foto: Derribo de viviendas ilegales en la calle Reina Isabel de Portugal de Chiclana. / EDUARDO RUIZ

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