El juez imputa a un dirigente histórico de CiU por recibir dinero del Palau

ELPAÍS/Barcelona* : El juez del caso Palau ha citado a declarar como imputado a Jaume Camps, un histórico dirigente de Convergència i Unió (CiU) que recibió, presuntamente, pagos del Palau de la Música. El nombre de Camps, que fue diputado en el Parlamento catalán hasta 2003, figura en unas notas manuscritas halladas en el coliseo modernista. Los documentos fueron entregados en 2010 al juez y a la comisión parlamentaria que investigó la derivada política del saqueo. CiU y el PSC, sin embargo, se negaron a que Camps compareciese para dar explicaciones.
En una de esas anotaciones está escrito: “Jaume Camps. Pago 105.000. Ferrovial”. Y, justo debajo, aparece la palabra “autopista”.

Los investigadores consideran que las aportaciones en concepto de mecenazgo de la empresa constructora al Palau iban a parar, en realidad, a las arcas de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) como contraprestación por la adjudicación de obras públicas —la línea 9 del metro, la Ciudad de la Justicia, un polideportivo en Sant Cugat...— bajo el Gobierno de Jordi Pujol. El expresidente del Palau Fèlix Millet y su mano derecha, Jordi Montull, ejercían supuestamente como intermediarios de esos pagos y recibían por ello una comisión.

A propuesta del fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled, el juez Josep Maria Pijuan tomará declaración el próximo 19 de febrero a Camps, que está apartado de la política desde hace años y actualmente ejerce como abogado en Barcelona.

Una de las notas que vinculan a Camps con los pagos del Palau.

Otros escritos encontrados en el Palau vinculan a Camps con el cobro de comisiones. Un documento mecanografiado que data del 12 de febrero de 2003 recoge una “propuesta de pago de marzo a octubre de 2003”, con unas cantidades variables mes a mes. La anotación correspondiente a marzo aparece con la expresión pagat [pagado] vinculada a un importe de 10 millones de pesetas [60.000 euros]. De ese dinero, se indica, más de la mitad corresponden a “J. Camps” y el resto, a Carles Torrent, que fue tesorero de Convergència hasta su muerte, en 2005. Le sucedió en el cargo Daniel Osácar, uno de los imputados en el caso por ayudar a desviar el dinero del Palau al partido nacionalista.

El fiscal ha basado su petición, además, en las distintas reuniones que mantuvieron Millet y Camps. Así figura en la agenda personal del expresidente del Palau que, en su día, fue puesta a disposición del juzgado. “Jaume Camps. Lunes 24/3”, aparece en una de esas anotaciones. En la agenda de Millet que corresponde a la semana del 24 al 29 de marzo de 2003 aparece otra cita para las 11.00 del lunes con “J. Camps”.

El exdiputado de CiU fue salpicado en el caso Grand Tibidabo, en 1999, tras haber ingresado 163,4 millones procedentes del Grupo Torras. Su imputación es, probablemente, la última de la instrucción del Palau y estrecha aún más el cerco sobre Convergència, que tiene su sede central de Barcelona embargada como aval para hacer frente a una fianza de 3,2 millones. Según el juez y el fiscal, el partido de Artur Mas se benefició en esa cantidad del saqueo del Palau de la Música perpetrado por Millet y Montull. El dinero llegó a CDC por dos vías: las entregas opacas de dinero en efectivo y las aportaciones a la Fundación Trias Fargas (ahora Catdem), afín a Convergència.

La instrucción del caso toca a su fin. La Intervención General de la Generalitat ha remitido al juzgado su informe definitivo sobre los pagos indebidos del Consorcio del Palau de la Música en la etapa de Millet. Las cantidades pagadas “incorrectamente” dado que “no han estado destinadas a finalidades del Consorcio”, según el informe, ascienden a 3,6 millones de euros. El organismo no ha podido acreditar el destino de la mayor parte de ese dinero (2,8 millones). El resto de cantidades corresponden a la contratación de obras, bienes y servicios para domicilios particulares de Millet (677.000 euros) y Montull (157.000). La cifra global del saqueo de la entidad musical asciende a 23 millones.


* El País - JESÚS GARCÍA - 30 ENE 2013
Foto: Barcelona, dirigentes CIU - elmundo (archivo)

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Los juzgados tramitan treinta causas sobre corrupción en la Región murciana

LAVERDAD* : Diecinueve alcaldes, seis directores generales, cuatro parlamentarios y un consejero se han visto atrapados en los 35 asuntos que están siendo investigados o ya han sido juzgados.
Los hilillos de plastilina de la corrupción se han convertido al cabo en marea negra que encenaga las administraciones públicas por toda la Región. De norte a sur y de este a oeste. No ha sido de un día para otro. Probablemente estuvo ahí desde siempre, en mayor o menor medida, pero nunca como ahora se había podido atisbar -con datos objetivos, como son los derivados de los procedimientos judiciales que están en marcha- su auténtica extensión.

Han transcurrido siete años y catorce días desde aquel 13 de enero de 2006 en que Manuel López Bernal asumió el cargo de Fiscal Superior de Murcia con el solemne anuncio -en realidad, una advertencia- de que la corrupción, los delitos económicos de 'cuello blanco' y la delincuencia organizada pasaban a constituir la primera y prioritaria preocupación del Ministerio Público.
El discurso marcó de alguna forma el arranque de un proceso en una Justicia de paquidérmico paso, tan lento como implacable, que desde entonces ha venido instruyendo un gran número de asuntos relacionados con la corrupción, las desviaciones en el ejercicio del poder, el tráfico de influencias... Supuestas ilegalidades vinculadas casi unánimemente con el urbanismo y que tenían al medio ambiente como principal perjudicado.
En la actualidad, según informaciones recabadas por 'La Verdad' en fuentes de toda solvencia, son 35 las causas judiciales en tramitación o ya juzgadas contra cargos públicos y altos funcionarios de la Administración Pública. Si se restan los ya solventados, queda una treintena de procedimientos en fase de instrucción que otros tantos jueces tratan de llevar adelante, con mayor o menor agilidad y acierto, pero que en su mayor parte parecen avanzar de manera inexorable hacia la sala de vistas.
Varias sentencias firmes
Dos de esos asuntos de corrupción, una parte del 'caso Tótem' y el 'caso Limusa', están cerrados con sentencia firme, habiendo dejado tras de sí un buen puñado de condenas y a los dos principales responsables, el exalcalde y exdiputado popular Juan Morales, y el exgerente de la empresa pública de limpieza de Lorca, Francisco Gil Eguino, purgando sus culpas entre rejas. El primero, por haber pedido comisiones de hasta 15 millones de euros por tramitar convenios urbanísticos, y el segundo por convertir las arcas de la empresa pública de limpieza de Lorca en fuente de financiación de todo tipo de asuntos particulares, incluidas juegas con prostitutas.
También está cerrado definitivamente el 'caso de la compra de votos' en Fortuna, que el pasado octubre acabó desalojando al popular Matías Carrillo de la Alcaldía fortunera, en la que se enrocó hasta ser condenado en firme por el Tribunal Supremo.
Cierto es que no todos los asuntos que han llegado a juicio se han cerrado con sentencias condenatorias. El alcalde de Alguazas, José Antonio Fernández Lladó, acusado de prevaricación por autorizar la apertura de un restaurante en la Torre Vieja, un monumento de especial protección arqueológica, resultó absuelto. La sentencia no es firme, ya que se encuentra recurrida.
También en 2008 el alcalde de Mazarrón, Francisco Blaya (PP), salió absuelto del delito de malversación de fondos públicos. El Ministerio Fiscal había sostenido que los supuestos adelantos de sueldo que recibió el concejal independiente Domingo Valera eran «meros regalos con dinero público», a cambio del apoyo del Partido Independiente al PP de Mazarrón. En su fallo exculpatorio, la Audiencia puso el acento «en la ausencia de normativa legal en torno a la entrega de anticipos».
Casi la mitad de municipios
En esos 35 asuntos judicializados -hay varias decenas más en investigación en la Fiscalía, que en buena parte serán archivados de oficio y no llegarán a adoptar la forma de denuncia o querella ante un juzgado- se han visto inmersos 19 alcaldes y exalcaldes (15 del PP y 4 del PSOE), algunos de ellos por partida doble y hasta triple; seis directores generales (todos del PP), tres diputados regionales y nacionales (dos del PP y uno del PSOE), un exsenador socialista y hasta quien fue dos veces consejero del Gobierno Regional (Sanidad y Medio Ambiente) y delegado del Gobierno, Francisco Marqués, imputado por prevaricación, cohecho y blanqueo de capitales por el 'caso Zerrichera'.
Además de varias decenas de concejales, mayoritariamente de Urbanismo, y un buen puñado de altos funcionarios, entre los que sobresalen secretarios y arquitectos municipales y jefes de urbanismo.
Instrucciones ya concluidas
Algunos de esos alcaldes están a un paso de sentarse en el banquillo. De forma más inminente, el ex primer edil totanero del PP José Martínez Andreo, que será juzgado a partir del 4 de febrero y para quien el fiscal solicita penas que suman 8,5 años de cárcel por presuntos delitos de falsedad documental, fraude, infidelidad en la custodia de documentos y omisión del deber de perseguir delitos.
Previsiblemente le seguirán en ese trance el exalcalde y exsenador Manuel Hurtado (PSOE), acusado de falsear un expediente de contratación para justificar las obras de un polideportivo que ya estaba construido e inaugurado; el exalcalde socialista de Campos del Río, Ricardo Valverde, atrapado por el 'caso Trampolín', y los primeros ediles Daniel García Madrid (Torre Pacheco) y María Antonia Conesa (Fuente Álamo), ambos del PP y respectivamente imputados en los casos 'Camelot' y 'Pagamenta'.
También están ya concluidas las investigaciones judiciales sobre el 'caso Puerto Mayor', que conducirá a juicio al ex director general de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado, y el 'caso San Esteban', que arrastrará hasta la sala de vistas al ex director general de Bienes Culturales y actual responsable del Instituto de Turismo, Enrique Ujaldón. Los dos asuntos ya están calificados por el fiscal, por lo que el señalamiento de los juicios parece cuestión de poco tiempo.
Todo apunta así a que los próximos dos o tres años serán un continuo trasiego por el banquillo de cargos públicos. Casi todos ellos, por cierto, en activo. Porque lo evidente es que, al margen del resultado final que puedan tener estos asuntos, nadie o casi nadie está asumiendo hasta ahora responsabilidad política alguna. Si al final se tienen que marchar, lo harán, pero empujados por la Justicia.


* La Verdad - RICARDO FERNÁNDEZ - 27.1.13
Foto: Parlamento Murcia - turismo

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Detenido el teniente de alcalde de Lloret de Mar, Josep Valls

LAVANGUARDIA/Girona* : Valls también es el presidente del club de fútbol del municipio que habría recibido el patrocinio de la mafia rusa y fue concejal de urbanismo durante la etapa de Crespo.
El teniente de alcalde de Lloret de Mar, Josep Valls, ha sido detenido a primera hora de este martes en el marco de la operación Clotilde contra la mafia rusa que se inició el pasado viernes con la detención de cuatro ciudadanos de nacionalidad rusa y el registro del ayuntamiento del municipio. Además de su cargo en el consistorio, Valls es el presidente del equipo de fútbol de Lloret que, junto al de hockey patines del mismo municipio, habría recibido el patrocinio del empresario Andrey Petrov, cabecilla de la trama.

La detención de Valls también ha sido confirmada por el alcalde del municipio, Romà Codina (CiU), quien ha asegurado en declaraciones a Catalunya Ràdio que tiene constancia de la detención del dirigente consistorial y que está convencido de su inocencia, hasta el punto de que pondría la mano en el fuego por él y por todo su equipo hasta que se demuestre lo contrario.Además de teniente de alcalde de Lloret, Valls fue concejal de urbanismo durante la anterior etapa de Crespo como alcalde.
Fuentes próximas a la investigación han informado de que Valls ha sido detenido a primera hora de la mañana por agentes de la Guardia Civil que han acudido a su domicilio.

Registradas las dependencias del Club de Fútbol de Lloret
Tras ser detenido, los agentes de la Guardia Civil le han trasladado a la Comandancia de la Guardia Civil de Lloret de Mar y después ha sido llevado en un vehículo a las dependencias del Club de Fútbol de Lloret de Mar, donde los agentes han iniciado un registro en las dependencias acompañados por el arrestado.

Cuando el primer teniente de alcalde de Lloret de Mar era trasladado de la Comandancia al vehículo varios vecinos le han insultado llamándole "chorizo" y criticando que se apropiara presuntamente de cantidades de dinero cuando "hay tanto paro".
Ocho detenidos; tres en prisión
Con la detención del teniente de alcalde, la operación anticorrupción iniciada el pasado viernes por la Guardia Civil en Lloret se ha saldado por el momento con ocho detenidos, tres de ellos permanecen en prisión.
El arresto de Valls llega un día después de que el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, dictara este lunes prisión incondicional para Petrov, que afirmó que pagó dos viajes a Rusia al exalcalde Crespo. Velasco tomó declaración a seis detenidos y dictó prisión incondicional para Petrov, para su cuñado y mano derecha, Konstantin Mischanin, y para la arquitecta Pilar Gimeno, que presuntamente sirvió de vínculo entre Petrov y el consistorio.

A Petrov se le imputa pertenencia a organización criminal por sus relaciones con la mafia rusa, blanqueo de capitales en el seno de organización criminal, falsedad en documento mercantil y cohecho, mientras que a los otros dos encarcelados solo los últimos tres delitos. Petrov reconoció durante su comparecencia ante el juez que financió dos viajes a Rusia de Xavier Crespo, uno de ellos en compañía de su familia, según informaron fuentes jurídicas.
Blanqueo de 56 millones de euros
La detención de Valls se une a la del presidente del Club Hoquei Lloret, Joan Lluis Perarnau, que fue apresado el pasado sábado. La empresa de Petrov, Development Diagnostic Company (DDC), era patrocinadora del Club Hoquei Lloret, así como también del club de fútbol de la localidad, y la marca aparecía impresa en las camisetas de los jugadores. La vicepresidenta del Club es Guadalupe Oliva Pujol, la mujer del exalcalde de Lloret, Xavier Crespo.
Como DDC, Petrov había creado una serie de empresas que, contando con la colaboración y asesoramiento de numerosas personas, se habían infiltrado en el tejido económico y social de la zona, realizando múltiples operaciones. Así, el 'empresario' habría blanqueado unos 56 millones de euros
El presunto cabecilla de la organización admitió ante el juez que esponsorizó al Club Hoquei Lloret cuando el ayuntamiento le adjudicó el 35% de la gestión del centro comercial construido en la antigua plaza de toros de la localidad, que incluyó la creación de 400 plazas de garaje; la administración local gestionaba el 65% restante. En concreto, la remodelación corrió a cargo de la empresa , una compañía propiedad de Petrov que tenía un capital social de un millón de euros y se dedicaba a la compraventa de inmuebles e intermediaciones en operaciones inmobiliarias en la comarca de La Selva.


* La Vanguardia - 29/01/2013
Foto: Lloret_de_Mar (Girona) - wikipedia.org

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Segovia.- Los miniapartamentos, ilegales según el TSJ

ELACUEDUCTO* : Los ‘miniapartamentos’ del Eresma son ilegales. Así lo indica el fallo del Tribubal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ), que ha impuesto una multa de 210.000 euros para la empresa promotora de las viviendas, Hontanilla de Santo Domingo Sociedad Anónima, que estaba participada por el popular Manuel González Herrero y de la que es responsable el exconcejal —también popular— Ángel Sancho.
El fallo contempla también una sanción de 122.500 euros para el arquitecto, Tomás Sanz, y otra de 17.500 euros para el arquitecto técnico, Javier Lobo.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia ha fijado en total una multa de 350.000 euros para los promotores de estas dependencias que tenían como finalidad alojar a estudiantes.
Tal y como dio a conocer el alcalde, Pedro Arahuetes, el pasado viernes, el TSJ tipifica la infracción urbanística como “muy grave” al considerar que no hay duda de que la construcción de la ribera del Eresma se realizó en suelo no urbanizable con protección especial.
Para Arahuetes con esta decisión judicial se cierra el círculo sobre estos ‘miniapartamentos’ después de siete años. “La responsabilidad está definida y el asunto tiene ya muy poco recorrido” apuntaba el alcalde.
Arahuetes señaló además que en ella se contempla la intención “perversa y de forma maliciosa de llevar a cabo la ejecución de la obra” de los responsables.
Esta decisión judicial, fechada el 18 de enero, es uno de los tres recursos de apelación que debe resolver el TSJ sobre la sanción que impuso el Ayuntamiento de Segovia por la edificación irregular.
Cabe recordar que en noviembre del pasado año el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Segovia decretó la demolición de los ‘miniapartamentos’ por no estar incluidos en la licencia aprobada y no ser compatibles con el plan urbanístico; aunque calificaba la infracción como “grave”.


* El Acueducto - 28.1.13
Foto: Miniapartamentos - Javier Segovia

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El Consell deja en manos de los ayuntamientos la autorización de obras en zonas monumentales

LEVANTE/Valencia* : La Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2013 que el Consell aprobó a finales de diciembre incluye la enésima modificación de la ley valenciana de Patrimonio Cultural de 1998 que permitirá a los ayuntamientos sortear la hasta ahora preceptiva solicitud de permiso a la Dirección General de Patrimonio para cualquier obra en entornos monumentales.
De haberse aprobado antes esta modificación, el portavoz del PP en el Consell y exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia, Jorge Bellver, no habría tenido que sentarse en el banquillo por un presunto delito de prevarización al autorizar las obras de un aparcamiento junto al jardín monumental de Monforte sin haber recabado la autorización de la Dirección General de Patrimonio. Bellver, como se ha publicado, salió finalmente absuelto.

Sea para evitar o no casos como el de Jorge Bellver y reforzar al mismo tiempo las competencias e independencia de los ayuntamientos en las intervenciones que afecten al patrimonio histórico, el Consell ha aprovechado la ley de Acompañamientos para modificar el artículado de la ley de patrimonio en lo que algunos consideran una relajación de la obligación de la Generalitat de fiscalizar la conservación del patrimonio histórico.

Se ha modificado la ley para que los ayuntamientos que hayan aprobado planes especiales de protección para sus bienes de interés cultural asuman plenas competencias en las intervenciones en los entornos de los bienes de interés cultural. Los ayuntamientos podrán eludir así el siempre incómodo filtro de la Conselleria de Cultura en obras de urbanización de calles, de nueva planta, de demolición, de ampliación de edificios existentes, de reconstrucción, incluidas las cubiertas, las fachadas y los elementos artísticos y ornamentales.

Como la redacción de planes especiales es un proceso largo y técnicamente complejo se ha introducido una situación de excepcionalidad que, entretanto se redactan los planes, establece que aquellos ayuntamientos que cuenten con una comisión técnica en la que exista un representante de la Conselleria de Cultura, podrán solicitar la delegación de las competencias para la concesión de licencia.

El Ayuntamiento de Valencia entra en la excepcionalidad por que ya disponen de una comisión municipal de cultura que se encarga de supervisar las obras que afectan al patrimonio protegido.

49 planes en tramitación
El ayuntamiento del «cap i casal», que aplaude la modificación de la ley de patrimonio porque evita duplicidades, tramita en estos momentos los planes de protección de 49 bienes de interés cultural entre ellos las Torres de Serranos, la Lonja, la Catedral, el Mercado Central, los jardines de Monforte y el Botánico.

En la ley de patrimonio cultural ha habido otras excepciones, siempre polémicas,como la que abrió la puerta para modificar la declaración de bienes de interés cultural, un supuesto que se podría aplicar de llegar el caso al conjunto histórico del barrio del Cabanyal de Valencia, tras el cual hay un enquistado conflicto entre los vecinos y el consistorio que preside Barberá.

La ley de acompañamiento del Consell también modifica la ley de patrimonio para que revisar la protección genérica como bien de relevancia local de los pozos de nieve, las chimeneas industriales anteriores a 1940, los molinos de viento, las barracas tradicionales de la huerta valenciana anteriores al siglo XIX, los calvarios y los paneles cerámicos cuando se acredite que no reúnen valores culturales suficientes.


* Levante - H. GARCÍA - 24.1.13
Foto: El Ayuntamiento de Valencia tramita estos días el plan de protección del entorno de las Torres de Serranos.- Ferran Montenegro

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Granada.- Sólo cinco municipios han adaptado sus planes urbanísticos a la norma andaluza

GRANADAHOY* : La adaptación al Plan de Ordenación Territorial de Andalucía (POTA), que entró en vigor en el año 2005 para reordenar la planificación urbanística de la comunidad, es una asignatura pendiente para la gran mayoría de los municipios de la provincia de Granada. Según la información facilitada por la delegada de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Granada, Sandra García, de los 168 municipios granadinos únicamente cinco han adecuado sus planes generales de ordenación urbana al documento de planificación regional casi ocho años después de que se produjera su aprobación.
Todos los demás -163- se verán afectados de una u otra forma por el decreto ley 5/2012 de medidas urgentes en materia urbanística y para la protección del litoral andaluz, que entró en vigor el 27 de noviembre de 2012 tras su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), por no hacer aprobado aún sus planes de desarrollo urbanísticos.

Los únicos municipios que quedan totalmente exentos de la nueva norma por tener adaptados ya su futura planificación urbanística al POTA, según confirmó la delegada, son Armilla, Alhama de Granada, Baza, Montefrío y Marchal.

Ninguno de estos municipios están en la Costa granadina, por lo que todos los municipios del litoral de la provincia les afecta la suspensión cautelar que el decreto plantea de los proyectos urbanísticos previstos en los terrenos urbanizables de la zona costera hasta que se desarrolle el llamado Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía, que establecerá los objetivos y criterios de protección de los primeros 500 metros de Costa. Este plan se espera tener listo este mes con la intención de que se someta a trámite de información pública sobre junio. A partir de entonces, las medidas cautelares afectarán a los terrenos que no superen ese examen y, en el caso de que el plan se retrase, el decreto ley tiene un plazo de vigencia de dos años.

Sobre la incidencia que la suspensión puede tener sobre los proyectos en la Costa, Sandra García alega que "ahora mismo todos los planes parciales que estén aprobados seguirán su tramitación, los que no lo están tendrán que esperar seis meses, que es el compromiso que tiene la Consejería para hacer el avance del Plan". "A pesar de que no esté terminado ese Plan del Litoral, todos los planeamientos que se presenten tendrán que tener un informe sobre si se adaptan a ese documento inicial y si se adaptan, que es lo más importante, al Plan del Ordenación del Territorio de Andalucía", explica la delegada.

Sobre la finalidad del proyecto de la Junta, García alega que "el Decreto de Protección del Litoral lo que pretende son dos cosas, por un lado hacer un plan de protección del litoral y que todos los ayuntamientos se adapten al POTA, que establece unos límites que afecta no sólo a los municipios de la Costa por lo que hay que hacer una lectura más amplia del decreto".

Ante la preocupación que los planes de la Junta generó entre las entidades locales y el sector empresarial de la Costa, Sandra García explica que ya ha habido reuniones para explicar en profundidad los textos, cuyo objetivo principal "es hacer un modelo de desarrollo más equilibrado".

"Entendemos que hay muchos ayuntamientos que teniendo en sus planeamientos suelos aptos para desarrollar con clasificación de urbanizable han tenido bastante tiempo para desarrollarse y que no lo han hecho", recuerda la delegada, que insiste en que "lo que pretendemos es que los planeamientos de adapten al POTA".


* Granada Hoy - R. GARRIDO / A. ASENSIO - 21.1.13
Foto: Armilla (Granada), ayuntamiento - ser

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El Supremo anula el PAI de Benicàssim que aprobó el TSJ

ELPAÍS/Castellón* : El Tribunal Supremo ha declarado nulo de pleno derecho el acuerdo municipal por el que se aprobó definitivamente del PAI Benicàssim Golf en 2005 al considerar que la decisión se tomó sin el informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) para asegurar los recursos hídricos y porque el desarrollo urbanístico se extendía hasta la zona húmeda denominada Cuadro de Santiago, que debe protegerse. El Supremo deja sin cobertura así al primer proyecto de golf que se presentó en la provincia de Castellón, ya que el fallo no puede ser recurrido. Además, reprende al Tribunal Superior de Justicia valenciano por “infringir” la normativa medioambiental. El plan preveía urbanizar dos millones de metros cuadrados y construir más de 2.000 viviendas.

El Supremo dice en su fallo “no compartir” la decisión del TSJ “para quien el silencio de la CHJ hay que entenderlo favorable a la suficiencia de recursos hídricos” y resuelve que el organismo tenía obligación de emitir un informe al respecto. Por ello estima el recurso presentado por Acció Ecologista-Agró contra la sentencia anterior. “La estimación de este motivo (la falta del informe) sería suficiente para que declaremos nulo el plan”, recoge la sentencia. Sin embargo, el alto tribunal va más allá.

Acció Ecologista denunció que una parte de la superficie sobre la que se extendía el plan es una zona húmeda (el Cuadro de Santiago), por lo que no debía haber sido clasificada como suelo urbanizable, sino como especialmente protegida. Sin embargo, el TSJ lo desestimó con el argumento de que si no estaba incluido en el Catálogo de Zonas Húmedas aprobado por el gobierno valenciano, no requería tal catalogación. “El tribunal, al declarar ajustado a derecho el plan ha infringido lo establecido Ley 4/1989 de Conservación de los Espacios Naturales Protegidos y de la Flora y la Fauna Silvestre, y la Ley de Aguas”, sostiene el Supremo.

Para este tribunal, “el hecho de que una zona húmeda no esté incluida en el Inventario Nacional de Zonas Húmedas o en el Catálogo correspondiente que, al efecto, se apruebe en las Comunidades Autónomas en uso de su potestad para establecer normas adicionales de protección, no puede ser obstáculo para la debida conservación y restauración de dichas zonas húmedas”.

Es en base a este precepto por el que la sala del Supremo concluye que la no presencia en el catálogo “no es razón para dejar de evitar el desarrollo urbanístico en una zona húmeda, como sucede con el Cuadro de Santiago”. Por esta razón, estima el recurso de Acció Ecologísta-Agró y dicta la anulación de pleno derecho del acuerdo plenario.


* El País - LORENA ORTEGA Castellón 18 ENE 2013
Foto: Benicasim (Castellón), ayuntamiento - panoramio.com

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El Rosario.- Tres administraciones se enfrentan a una reclamación de 4,1 millones por el 'caso Varadero'

CANARIASAHORA/Tenerife* : El Ayuntamiento de El Rosario dio vía libre a la construcción de una urbanización turística en un paraje protegido.
El Gobierno de Canarias, el Cabildo tinerfeño y el Ayuntamiento de El Rosario se enfrentan a una reclamación de 4,1 millones de euros por parte de la empresa Amador Díaz Ramos SL a raíz del cambio de calificación del suelo de El Varadero de urbanizable a rústico. En estos momento la juez que instruye el conocido como caso Varadero ha formalizado la acusación contra el alcalde, Macario Benítez; la concejal de Urbanismo, Ana Lupe Mora; la anterior secretaria municipal, María Alonso Martínez, y otros cuatro ediles del grupo de gobierno por un supuesto delito de prevaricación tras el frustrado intento de ejecutar una urbanización en esta bolsa de suelo que abarca 339.000 metros cuadrados en contra de las directrices del Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT) que protegía este enclave.

Con su decisión, la magistrada va más allá de la Fiscalía en contra de los Delitos Medioambientales que centraba sus sospechas sobre el primer edil, la responsable de Urbanismo y la ex secretaria. De esta forma, otros 4 concejales socialistas que en 2002, aprobaron el plan parcial, como son Laurentino Quintana Estévez, María Elba Delgado Martín, Abel Acosta Armas y Andrés Hernández García, han pasado ya a ser acusados formalmente. La Fiscalía en su primer escrito pedía 8 años de inhabilitación para Benítez, Mora y Martínez.

El conocido como caso Varadero tiene su origen en la continuada intención del Ayuntamiento desde el año 2001 de llevar a cabo una urbanización residencial y turística en una ladera del municipio pese a que una y otra vez se le comunicaba desde el Cabildo, Gobierno de Canarias y las diferentes instancias judiciales que este suelo estaba protegido al tratarse de laderas.

En la solicitud de indemnización presentada ya por el promotor se apela a la pérdida de valor de los terrenos adquiridos en su día como suelos urbanizables y que ahora se ha ratificado que solo tienen la categoría de rústicos, lo que ha implicado un perjuicio económico de casi 4 millones de euros. Igualmente, la promotora pide ser resarcida por las comisiones desembolsadas por la compra de solares, las abonadas a terceros como contraprestación a actividades de asesoramiento e intermediación antes de ser desclasificados los terrenos y los derivados de la promoción y desarrollo del sector “que han devenido en inútiles”. En este último capítulo estaría la redacción del Plan Parcial y del proyecto de urbanización o las publicaciones en diarios oficiales. Otras reclamaciones se centran en el pago de impuestos según su anterior categoría como urbanos. Todos estos últimos extremos suman más de medio millón de euros, aunque a la cifra total habría que restarle el valor actual del suelo, con su categoría de rústico, que apenas suma 350.000 euros.

El Ayuntamiento ha solicitado un informe jurídico al Consejo Consultivo de Canarias en cuyas conclusiones se apunta que la responsabilidad por la aprobación del plan parcial a través del silencio administrativo positivo es exclusiva del Ayuntamiento. De esta manera, la Corporación local dio vía libre a un proyecto “manifiestamente ilegal, incurriendo en responsabilidad al amparo de la legalidad urbanística”. Además, se considera que el Pleno del Ayuntamiento fue consciente durante la tramitación del plan de los problemas y dudas que suscitaba su aprobación definitiva por silencio administrativo, constando en la sesión plenaria de tal aprobación intervenciones de los concejales en el sentido de que "tenemos un PIOTF que dice que hay que proteger las laderas" o "no se debe urbanizar toda la costa de El Rosario, debe dejarse en suspenso el Plan Parcial hasta que el Plan General esté resuelto, el Cabildo habla de que es una zona que debe protegerse".

Esta aprobación además se llevó a cabo en contra de la opinión de la institución insular y del Gobierno de Canarias. No obstante, en este último caso se detecta que el Ejecutivo estaba obligado a chequear la legalidad del planeamiento y, si se ajustaba a las determinaciones del Plan Insular, lo que no ocurrió durante el período comprendido entre la aprobación del PIOT y la anulación del Plan General de El Rosario por lo que también tendría que asumir su parte de responsabilidad.

Moratoria turística

Fue en 2001 cuando el promotor de la empresa Amador Díaz Ramos SL presentó un proyecto ante el Ayuntamiento que abarcaba casi 339.000 metros cuadrados de suelo que se sitúan al lado de la autopista del sur y cuatro barrancos en las que se localizan seis cuevas. Sin embargo, la documentación presentada resultó incompleta por lo que poco después el empresario tuvo que aportar más documentos sobre las ordenanzas y un estudio económico, además de completar la memoria de ordenación. El proyecto nunca llegó a ser visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias (Coac). Por aquellas fechas se tramitaba también el Plan General aunque el promotor se acogió a que en este sector los usos permitidos eran residencial turístico y la tipología edificatoria residencial colectiva, unifamiliar aislada, apartamentos, bungalows y hoteles, tal y como contemplaban entonces las normas subsidiarias.

Sin embargo, en el mes de julio de 2001 entró en vigor la conocida como moratoria turística que pretendía contener y controlar el crecimiento de este sector en el Archipiélago y de hecho ordenaba la suspensión de los planes parciales que tuvieran esta finalidad como era el de El Varadero. La Fiscalía por lo tanto sostiene que en este caso concreto la moratoria turística era de plena aplicación. Además, en el PIOT se contemplaba esta zona con la clasificación de Área de Regulación Homogénea (ARH) de Protección Ambiental, que impide que albergue ningún tipo de construcción al situarse en barrancos o laderas y así lo acordó la institución insular a finales de 2001, ratifícándolo también a finales del siguiente ejercicio. Sin embargo, según el escrito de la Fiscalía, el Ayuntamiento se opuso a este criterio de la institución insular de proteger esta franja del territorio y mantuvo sus intenciones de urbanizarlo. Así queda en evidencia tanto en las alegaciones que la Corporación local presentó al planeamiento insular como en las distintas versiones que se llevaron a cabo del PGO de El Rosario, todo ello de una manera que la Fiscalía califica de “arbitraria”.

El Ministerio Público considera probado que el alcalde y la concejal de Urbanismo dieron “órdenes precisas” a la secretaria para que mantuviera el criterio municipal, a lo cual ésta accedió sin poner ningún tipo de traba ni impedimento. En ningún momento consta que se haya dado cumplimiento a los imperativos legales de informar sobre el contenido del plan parcial a Costas, la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias y Cabildo tinerfeño. Tan solo se remitió una copia a la Dirección General de Urbanismo, que fue respondida con la advertencia de que no se estaban cumpliendo con todos los trámites legalmente establecidos. “Los acusados, conscientes de la imposibilidad de tramitar el Plan Parcial por encontrarse suspendido por mandato legal, actuando con el ánimo de eludir o dilatar todo pronunciamiento expreso en tal sentido, no atendieron en esas fechas al mencionado requerimiento”, indica el escrito de la Fiscalía.

En 2002, la arquitecta municipal María Ángeles León Brito advirtió que los usos previstos en el avance del Plan General y los del Plan Insular eran incompatibles y por lo tanto pedía que se prohibiera cualquier tipo de intervención que supusiera “una alteración del relieve original del terreno, de los ecosistemas o degradación de sus valores naturales“. Además, la técnica ya advertía que era necesario contar con el parecer del Colegio de Arquitectos. La Fiscalía considera probado que el alcalde, pese a conocer las indicaciones del PIOT para este ámbito, decidió seguir adelante con el plan parcial.

En el caso de la secretaria se la acusa de haber intentado recurrir a argucias en sus informes para solventar los reparos que se imponían desde el Cabildo de manera que en vez de referirse a los apartamentos y bungalows como de uso turístico hablaba de alojamientos no permanentes. Por ello, la Fiscalía la responsabiliza de no haber hecho valer la legalidad, sino por el contrario dar el visto bueno a este documento pese a conocer los impedimentos que existían sobre el mismo. La arquitecta municipal, por su parte, respondió este informe advirtiendo de las irregularidades que ya habían reflejado en su primer dictamen. Sin embargo, la Fiscalía considera que el alcalde decidió “imponer su voluntad” acogiéndose a los informes elaborados por la secretaria, ahora acusada.

El planeamiento siguió su curso mientras las distintas administraciones le imponían diversos reparos que solo en algunas ocasiones eran solventados pero sin que se llegara nunca a eliminar el uso turístico que ya había quedado expresamente prohibido en el PIOT. No obstante, el alcalde, cuando remitió en 2001 el plan parcial a la Comisión del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac), ya debió sospechar que no iba a salir adelante, por lo que en el último momento solicitó que fuese retirado del orden del día. No consta que el Ayuntamiento realizara ningún otro movimiento para sacar adelante este planeamiento hasta 2004. Mientras el alcalde y su grupo de gobierno decidieron interponer un recurso contencioso administrativo en contra del PIOT que sería luego rechazado.

Nueve días antes de la aprobación definitiva del Plan Insular la promotora pidió que su proyecto fuese aprobado por silencio administrativo. “El alcalde una vez más decidió imponer su voluntad”, indica la fiscal, quien relata que entonces encargó un estudio jurídico al abogado, Francisco Medina Aceytuno, que era favorable a que el promotor se pudiera acoger al silencio administrativo positivo y otro más de la secretaria municipal ahora acusada. Esta funcionaria consideraba que el Plan Parcial se había aprobado antes de que entrara en vigor el PIOT y que los informes emitidos por las distintas administraciones que habían resultado desfavorables se solicitaron de forma correcta pero se emitieron fuera de plazo.

Por lo tanto en el mes de junio de 2004 la comisión informativa de Urbanismo y el pleno decidieron dar vía libre al Plan Parcial de El Varadero. Este pleno fue recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que efectivamente decidió anular el acuerdo. La Fiscalía por lo tanto no deja de llamar la atención sobre “la persistente voluntad” de los acusados de extender la trama urbana hacia el sector adyacente a Tabaiba mediante su calificación de suelo como urbanizable incluso una vez que había entrado en vigor el PIOT. Una actitud que según la fiscal, Inmaculada Violán, “se pone de manifiesto en todas y cada una de las propuestas que fueron recogidas en las distintas versiones del PGO". Una vez remitido el documento a la Cotmac, se decidió proponer la revisión de oficio del planeamiento municipal en relación a El Varadero atendiendo precisamente a la sentencia del TSJC que había anulado el pleno en el que se aprobó el plan parcial. Tres años más tarde la Cotmac dio el visto bueno al PGO pero condicionándolo a que este ámbito se adaptara a lo contenido en el PIOT.


* Canarias Ahora - NOÉ RAMÓN | 18 de enero de 2013
Foto: El Rosario (Tenerife), al fondo, terrenos donde se iba a construir la urbanización. - adelur.org

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La fiscalía abre diligencias penales contra 30 viviendas de la Marjaleria de Castelló

LEVANTE* : La Fiscalía de Castelló ha puesto en su punto de mira las supuestas construcciones levantadas en superficie protegida de la Marjaleria de la capital de la Plana denunciadas por Gecen. Así, ha abierto diligencias penales contra 30 edificaciones de la marjal, según consta en el escrito remitido al grupo ecologista. El proceso acaba de arrancar y, según fuentes de Gecen, en las próximas semanas se ampliará el número de casas a investigar. El colectivo ecologista ha presentado al ministerio fiscal denuncias contra un total de 700 edificaciones. También pide que se actúe contra la Generalitat y el ayuntamiento por una presunta dejación de funciones, aunque por ahora ambas administraciones están excluidas de la causa.
El fiscal ha abierto una investigación penal por un "presunto delito contra la ordenación en el territorio". Atiende la petición de la asociación ecologista, que quiere "impedir el incumplimiento de la legislación urbanística, de la ordenación del territorio y medioambiental en la Marjaleria de Castelló".

La entidad conservacionista ha remitido a la fiscalía más de 700 expedientes de infracciones urbanísticos que el propio ayuntamiento inició entre 2006 y 2012 contra viviendas de la Marjaleria por ocupar suelo no urbanizable. Gecen afirma que el consistorio ha eludido ejecutar dichas sanciones -un centenar de las mismas incluían órdenes de demolición-, de ahí que haya acudido a la fiscalía. "Nuestra denuncia va dirigida contra quién resulte ser el promotor o constructor de las obras y contra aquellos que ostentan responsabilidades en competencias urbanísticas tanto en el ayuntamiento como en la Conselleria de Infraestructuras", adujeron las mismas fuentes.
"Los expedientes de demolición caducan, se archivan, no se ejecutan. Las sanciones son ridículas, pendientes, caducadas o archivadas", añadieron. A juicio de Gecen, "esto no es fruto del azar o de no saber llevar un expediente, sino que responde a una presunta intencionalidad". "No solo existen responsabilidades a nivel urbanístico por parte de los propietarios privados, también de técnicos y políticos del ayuntamiento y conselleria de Urbanismo", remarcaron desde Gecen.

Mulet colaborará con la Justicia
El concejal de Urbanismo y portavoz del grupo municipal del PP, Miguel Ángel Mulet, afirmó en un escueto comunicado que "somos respetuosos con la justicia y colaboraremos en todo lo que nos solicite la fiscalía". Mulet ha negado en ocasiones anteriores las acusaciones de Gecen y ha asegurado que el ayuntamiento ha procedido siempre conforme a la legalidad en la Marjaleria.
Y parece que la investigación no se limitará a 30 viviendas. La asociación tiene constancia de que la fiscalía abrirá en próximas fechas nuevas remesas de diligencias contra más construcciones presuntamente ilegales cuyo número se desconoce en estos momentos.
Cabe recordar que la Generalitat aprobó en 2006 un plan especial en la Marjaleria a fin de regularizar en torno a 2.500 viviendas que se habían erigido en las décadas anteriores en este humedal sin autorización y de dotar, además, al lugar de infraestructuras básicas. La zona suma 785,18 hectáreas, de las que 144,21 corresponden a suelo urbano y 268,21 a urbanizable, mientras 272,76 hectáreas están protegidas.
Y según Gecen, unas 700 casas permanecen en suelo no urbanizable de la Marjaleria.


* Levante - J.MESTRE - 24.1.13
Foto: Panorámica de las decenas de viviendas levantadas en la zona de la Marjaleria de Castelló con los apartamentos al fondo del municipio de Benicàssim. LEVANTE-EMV

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El exalcalde de Librilla (Murcia) declara por corrupción urbanística

EUROPAPRESS/Murcia* : El exalcalde de Librilla, José Martínez García, imputado en un presunto caso de corrupción urbanística en este municipio descubierto en 2008, en el marco de la 'Operación Biblioteca', deberá declarar de nuevo.
La declaración, a puerta cerrada, tendrá lugar en el juzgado de Instrucción nº6 de Murcia, que investiga los hechos, ubicado en la Ciudad de la Justicia. La 'Operación Biblioteca' condujo en 2008 a la detención del que fuera el alcalde de esta localidad, José Martínez García, del Partido Popular, que fue dado de baja como afiliado tras su arresto, así como a su teniente alcalde y concejal de Urbanismo, Pedro Martínez.
Asimismo, el juzgado de Instrucción nº6 de Murcia ordenó aquel año el ingreso en prisión provisional del consejero delegado de Iniciativas para el Desarrollo de Librilla S.L, José Andrés Cortés, y el responsable del Servicio de Asistencia Técnica a Municipios de la Dirección General de Administración Local de la Comunidad Autónoma, en excedencia desde el año 2007, José Luis Cano, que falleció posteriormente en un accidente de tráfico.

El juez titular Andrés Carrillo dictó además libertad con cargos y sin fianza para el ingeniero de caminos Domingo Peñalver, copropietario de la empresa Acadi, adjudicataria de la redacción del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) urbana de Librilla.

En total fueron diez los arrestos que la UCO practicó. Las detenciones se enmarcaron en las investigaciones que estaba realizando el Juzgado de Instrucción número 6 de Murcia, que abrió un procedimiento por cohecho, prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos.

En la primera fase de la operación, se detuvo al responsable del Servicio de Asistencia Técnica a Municipios de la Dirección General de Administración Local de la Comunidad Autónoma, en excedencia desde 2007, José Luis Cano; el ingeniero Domingo Peñalver, propietario de la mercantil Acadi S.L., a la que se le adjudicó el PGOU de Librilla; José Andrés Cortés, consejero delegado de Iniciativas para el Desarrollo de Librilla S.L; María Josefa B., mujer de Cano; y Francisca G., esposa de Cortés.

Mientras, en una segunda fase, se arrestó al alcalde de Librilla, José Martínez; así como al teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Pedro Martínez; y un asesor del Ayuntamiento, el abogado Cesáreo Gil de Pareja.


* Europa Pres - 21.1.13
Foto: Librilla (Murcia), ayuntamiento - librilla.es

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Santa Cruz.- El concejal de Obras declara como imputado en el caso Siliuto

LAOPINIÓN/Tenerife* : La juez del juzgado de instrucción nº1 de Santa Cruz ha llamado a declarar como imputado al concejal de Obras y Servicios del Ayuntamiento, el nacionalista Dámaso Arteaga, por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos en la compra por parte del Consistorio de la Casa Siliuto hace nueve años, en febrero de 2003.
La magistrada Nuria Navarro también ha llamado a declarar en calidad de imputados a los otros ocho miembros del Consejo de Administración de la Gerencia de Urbanismo en el momento en que se produjo la operación, entre ellos un fallecido, el exconcejal de CC Antonio Covas, que murió solo dos meses después de que la Gerencia diera el visto bueno a la adquisición del inmueble, situado en el barrio de El Toscal.

Además de Arteaga y el fallecido Covas, aparecen acusados en el caso Siliuto Norberto Plasencia, concejal en 2003 de Urbanismo; Manuel Parejo, también edil y miembro del Consejo de Administración de la Gerencia de Urbanismo; y los otros concejales que representaban a sus partidos en el Consejo: Basilio Franco (en ese momento edil de CC y ahora inspector de la Policía Nacional), Juan Antonio Rodríguez (CC), María José Gutiérrez (PP), José Luis Martín (PSOE) y David Saenz (CCN).
El pasado mes de julio, la fiscal jefe de la provincia, Carmen Almendral, presentó una denuncia contra los nueve miembros del Consejo de Administración de la Gerencia de Urbanismo por presunta malversación de fondos públicos y prevaricación al entender que aprobaron la compra de la Casa Siliuto a sus propietarios por 188.000 euros más de su valor real, en febrero de 2003.
Según la fiscal, el Ayuntamiento adquirió el inmueble por 612.000 euros y pagó además otros 11.000 por los impuestos que supuso la operación. Fue el precio que pusieron los dueños de la vivienda, Francisco Siliuto y Carmen Rosa Alonso Siliuto. Y pagó esa cantidad pese a que los propios técnicos de Urbanismo habían tasado la propiedad en un precio muy inferior, de 332.500 euros, según Almendral. Pero hubo otra valoración más, la encargada a la empresa Tinsa, la misma que hizo una de las valoraciones de los terrenos de Las Teresitas, que consideró que el Ayuntamiento debía abonar 706.000 euros.
Ninguna de las cantidades se corresponde con la que la Fiscalía considera como el valor real. Según un informe pericial encargado por Carmen Almendral, el inmueble vale 475.000 euros y, además, eran los propietarios los que debían haber pagado los 11.000 euros de plusvalía. Según este informe, el Consistorio pagó 188.000 euros más de lo razonable con cargo a las arcas públicas.
La Casa Siliuto, construida a principios del siglo pasado y actualmente en estado de abandono aún cuando está protegida con la máxima catalogación (Bien de Interés Cultural), fue adquirida por el Consistorio para albergar la Casa de la Juventud, un uso que se mantiene en el Plan Especial de El Toscal que redacta la Concejalía de Urbanismo.
Dámaso Arteaga se enteró ayer por la opinión de tenerife de la imputación y del día y la hora a la que ha sido citado por la juez para declarar: el 5 de marzo a las 10:00 horas en el juzgado de instrucción número 1. "Esto es sorprendente, tanto como que este proceso se haya abierto nueve años después de la compra del inmueble", señaló ayer.
Arteaga recordó que el precio de la compra se hizo en base a los informes de los técnicos municipales, que está "muy tranquilo" por su papel en el proceso y que respeta y acata el procedimiento judicial y todas las decisiones que adopte la juez Nuria Navarro. "Colaboraré para aclarar mi papel en este asunto. No tengo ningún temor porque se hizo lo que aconsejaban los técnicos", concluyó el concejal de Obras y Servicios.


* La Opinión Tenerife - DANIEL MILLET - 18.1.13
Foto: Santa Cruz de Tenerife, casa Siliuto - laopinión.es

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Veinticinco familias ocupan viviendas deshabitadas y crean la corrala Liberación en Alcalá de Guadaíra (Sevilla)



deGuadairaTv

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748.040 firmas por el derecho a la vivienda

DIAGONAL* : Las Plataformas de Afectados por la Hipoteca (PAH) han presentado la mañana del jueves en Madrid 748.040 firmas a favor de la dación en pago retroactiva de las viviendas hipotecadas, la regulación del alquiler social y la moratoria de los desahucios por impago de la vivienda. Son las tres medidas incluidas en la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que han presentado esta mañana en el registro del Congreso de los Diputados después de nueve meses de campaña.
Según ha comunicado la PAH, este recuento marca “una inflexión. Nuestra ILP llega en un momento en el que el número de desahucios y ejecuciones no deja de incrementarse cada trimestre”. Por este motivo, tras el encuentro de 40 plataformas de todo el territorio que se celebró a mediados de enero en Barcelona, las PAH han convocado movilizaciones para el 16 de febrero por el derecho a la vivienda y por la tramitación sin cambios de la ILP.

“Si a pesar de todo lo anterior, el gobierno comete la arrogancia de rechazar las medidas que proponemos, tendremos la suficiente legitimidad para subir el tono de nuestras acciones y protestas”, han asegurado las PAH en un comunicado conjunto. Según las Plataformas, la entrega de la ILP agota “todas las vías que el actual sistema ofrece para modificar una ley” ensayadas por el movimiento: las intermediaciones con bancos, servicios sociales, partidos políticos, ayuntamientos y juzgados que las plataformas, y desde mayo de 2011 el 15M, llevan poniendo en marcha desde hace cuatro años.

Las firmas no incluyen las recogidas por las demás organizaciones que participan en la campaña (las entidades del Tercer Sector, CC OO, UGT y federaciones de asociaciones vecinales), con lo cual la cifra última rondará el millón de signaturas recogidas dado que en septiembre CC OO ya llevaba más de 100.000 firmas reportadas. Según han declarado a DIAGONAL fuentes de la PAH, la entrega definitiva del conjunto de firmas se producirá el 14 de febrero.


* Diagonal - DIEGO SANZ PARATCHA - 24.1.13
Foto: Reprsentantes de las PAH, momentos antes de comenzar la rueda de prensa frente al Congreso / PAH MADRID

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Marbella.- La Fiscalía mantiene su petición de penas para Pantoja, Zaldívar y Muñoz

LAOPINIÓN/Málaga* : El juicio contra Mayte Zaldívar, Isabel Pantoja y Julián Muñoz por blanqueo de capitales llega a su recta final. Esta mañana, la Fiscalía Anticorrupción ha expuesto ante la sala su informe final. En sus conclusiones definitivas, la Fiscalía mantiene sus peticiones de penas para los tres principales acusados en el caso. Para Muñoz, al que acusa de blanqueo y de cohecho pasivo, solicita siete años y medio de cárcel y multa de 7,4 millones; para Pantoja, pide tres años y medio de prisión y multa de 3,7 millones por delito de blanqueo; y para Zaldívar, acusaba del mismo delito, solicita la misma pena, rebajando la multa a 2,6 millones.

Asimismo, la representante del ministerio público también ha mantenido la acusación para el hermano de Zaldívar, para el exempleado de un banco suizo, Fernando de Salinas, y el director de una sucursal bancaria, Benjamín Martínez, aunque elimina el carácter continuado del delito por el que se les acusaba a estos dos últimos. Además, ha añadido un delito de blanqueo de capitales para el empresario José Miguel Villarroya, retirando la acusación que había para los tres hijos de éste.

La representante del ministerio público ha comenzado su informe final ante el Tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia de Málaga, analizando la prueba practicada en el juicio, que se inició el pasado 28 de junio con las cuestiones previas planteadas por las partes. Posteriormente, el 1 de octubre, comenzaron las sesiones con un nuevo trámite de alegaciones previas, tras examinar una documentación, y el día 2 de dicho mes, se iniciaron las declaraciones de los acusados y, luego, de los testigos y los peritos.


* La Opinión Málaga - JAS/EP - 21.1.13
Foto: Marbella, pantoja-muñoz-zaldivar (archivo)- EFE

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El TSJ anula un proyecto urbanístico en Cebreros de 3.500 viviendas

ELECONOMISTA/Ávila* : El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha declarado nulo el acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Ávila que aprobó la modificación puntual de las Normas Urbanísticas Municipales de "Las Dehesillas", en la localidad de Cebreros. La decisión supone la paralización del proyecto urbanístico que contemplaba la construcción de 3.500 viviendas y un campo de golf, entre otros equipamientos.
La sentencia declara también la nulidad del acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Ávila adoptado en junio de 2009, por el que se aprobaban las Normas Urbanísticas Municipales de Cebreros, sólo y únicamente en cuanto a la clasificación como suelo urbanizable no delimitado de "Las Dehesillas", manteniéndose la clasificación de suelo rústico.

El TSJCyL ha estimado así el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 38 propietarios de terrenos afectados por esta actuación urbanística y reconoce que se produce "desviación de poder", por cuanto que se pretende la clasificación de este suelo como suelo urbanizable delimitado, pero como la normativa urbanística no lo permite, lo que se hace es clasificar como suelo urbanizable no delimitado, con la previsión de que se lleve a cabo una Modificación de las Normas Urbanísticas y así considerar "automáticamente este suelo como suelo urbanizable delimitado".

El Tribunal estima también que se está produciendo un fraude de ley, tanto en las Normas, por cuanto que clasifica un suelo urbanizable no delimitado cuando el Ayuntamiento está previendo la inmediata urbanización de este suelo.


* El Economista - Agencias - 22.1.13
Foto: Cebreros (Ávila), las Dehesillas - diariodeavila

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La Ley de Costas vulnera cuatro directivas europeas

ECOTICIAS* : WWF ha denunciado ante la UE la modificación de la Ley de Costas, que se encuentra ahora en trámite parlamentario. La organización ha presentado una queja ante la Comisión Europea porque considera que esta reforma vulnera la normativa europea. De hecho, WWF argumenta que supondría un impacto profundo en nuestro litoral, aumentaría su desprotección y fomentaría la inseguridad jurídica.
WWF ha presentado una queja ante la UE porque considera que la modificación de la ley de costas, aprobada por el Consejo de Ministros a finales del pasado año, va en contra de los pilares básicos defendidos por la UE en materia de medio ambiente. De hecho, la organización denuncia que la reforma de la Ley de Costas podría vulnerar las siguientes Directivas europeas.

· Riesgo de Inundaciones
(Directiva 2007/60/CE)

La modificación incumpliría la legislación relativa al riesgo de inundaciones. WWF insiste en su queja en que la reforma conllevaría la ocupación de zonas susceptibles de inundarse. De hecho, omite lo que se refleja en el Atlas de Áreas Inundables (1) encargado por el propio MAGRAMA. Además, ignora las previsiones realizadas por los expertos sobre los impactos del cambio climático en los próximos 75 años (período ampliado a las concesiones a particulares e industrias en la costa), sobre los bienes e infraestructuras situadas en el litoral. Esto podría dar lugar a daños en “personas y bienes” de los que se derivarían responsabilidades legales para sus promotores.

· Calidad de las aguas
(Directiva 2000/60/CE)

Para WWF, también incumpliría la obligación de garantizar la buena calidad de sus aguas. No en vano, la reforma de la ley fomenta la desprotección de la franja costera, poniendo en riesgo importantes ecosistemas litorales, como salinas, dunas y marismas. Todo ello a pesar de que estos espacios impiden la regresión de playas y aseguran un buen estado de los recursos pesqueros, etc. Asimismo, no se han evaluado las consecuencias que sobre este aspecto tendría también el fomento del urbanismo en la costa y de los usos industriales.

· Tratamiento de aguas residuales urbanas
(Directiva 91/271/CEE)

WWF destaca que tampoco ha respetado lo que refleja la normativa sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas. La organización pide al gobierno que no se plantee generar más residuos. De hecho, sigue sin resolver los problemas que ya existen en esta materia por la insuficiencia de sistemas de depuración. La estacionalidad de la población en la costa y el urbanismo excesivo han supuesto que las infraestructuras estén mal dimensionadas y no sean útiles, especialmente en verano.

· Participación pública y acceso a información
(Directiva 2003/4/CE)

Por último, WWF recuerda que no se ha permitido a las ONG acceder a la cartografía ni a los criterios usados por el Gobierno para la exclusión de los diez núcleos urbanos y Formentera del Dominio Público.

Desde que se presentó, WWF ha alertado de que su aprobación supondría un varapalo para la riqueza de nuestro litoral y fomentaría la inseguridad jurídica. De hecho, el proyecto favorece los intereses privados en detrimento de un bien público y del interés general, reduce la servidumbre de protección y amplía el plazo de concesiones.

Juan Carlos del Olmo, Secretario General de WWF España, ha declarado: “Fomentar la ocupación del litoral es una temeridad que con seguridad dará lugar en el futuro a responsabilidades”. Y añade: “La reforma va en contra de la legislación europea y es de tal calado que resulta urgente que la Comisión Europea y el Parlamento europeo se pronuncien sobre ella antes de su aprobación en el Parlamento español”.


* Ecoticias - 18.1.13
Foto: Benalmádena Costa - J.Rojas (El País)

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35 de los 88 ayuntamientos canarios han sido investigados por corrupción

LAOPINIÓN/Tenerife* : 35 de los 88 municipios del Archipiélago se vieron envueltos en casos de corrupción urbanística entre 2006 y 2010, la época de expansión de la burbuja inmobiliaria y del urbanismo salvaje. Esta cifra representa casi un 40% de los ayuntamientos de las Islas, lo que supone algo más del cuádruple de la media española, situada en un 8,3%. Se trata, por tanto, de la segunda comunidad autónoma que porcentualmente estuvo más afectada por la corrupción, solo superada por Murcia que septuplica la media. Los habitantes de todas las localidades afectadas suponen más de la mitad de la población española (26,3 millones).

Esta evaluación del impacto de la corrupción urbanística, que alcanza a municipios habitados por 26,3 millones de personas (el 56,1% de la población española) está recogida en un estudio de Luis M. Pérez Darías, Víctor O. Martín y Ramón Pérez González, de la Universidad de La Laguna (ULL), titulado Aproximación a una geografía de la corrupción urbanística en España, y se basa en una investigación de más amplio alcance, financiada por el Ministerio de Educación y Ciencia, sobre las características singulares que, debido a la burbuja inmobiliaria y la corrupción, ha adquirido la crisis económica en los países del sur de la eurozona conocidos como PIGS (acrónimo de las iniciales en inglés de Portugal, Irlanda, Grecia y España). El trabajo fue publicado en el número 87 de Ería, revista cuatrienal de geografía de la Universidad de Oviedo.

Dentro del estudio se reflejan datos como que España solo representa el 10% del PIB europeo y a pesar de ello, desde el año 2000 se han construido en el país el 30% de las viviendas de toda la Unión Europea. La mayoría de esos nuevos hogares han sido financiados con dinero que procedía del exterior, por lo que la crisis inmobiliaria española se relaciona estrechamente a la crisis financiera.

Desconocimiento

El estudio también hace referencia al enorme iceberg que supone la corrupción urbanística en España, del que solo se conoce la punta. "Sabemos dónde está, pues hemos localizado su punta, pero se desconoce la dimensión real de ese trozo de hielo flotante que se encuentra mayoritariamente hundido e invisible para el que navega en la superficie de ese mar", explican los autores de la investigación.
"Parece que una gran parte de la expansión económica, del milagro económico español, se entretejió con la telaraña de la corrupción política y urbanística", señala la investigación. "Parece también que esta ligazón entre la economía, la deuda y la corrupción ha sido propia de los países de la periferia de la Unión Europea de la moneda única". Tras estudiar algunos casos en Portugal, Irlanda y Grecia, el estudio hace una búsqueda exhaustiva y pormenorizada de la casuística de la corrupción urbanística en España, algo que elabora a partir de la información extraída de la prensa, blogs y comunicados dado que según aclaran "España no dispone de ninguna estadística oficial que recoja información de este tipo".

El estudio también distingue cinco tipos de municipios en función del sector económico: industrial, urbano, turístico, agrario y mixto. Los autores observaron una destacable actividad inmobiliaria en las capitales provinciales y sus municipios periféricos (21,7%), ya turístico (13,3%), mientras que el resto corresponden a localidades agrarias (42,3%) o industriales (7,7%) que han optado por cambiar de modelo de desarrollo económico, pasando al inmobiliario-urbanístico. Lo que concluye que, en definitiva, la corrupción urbanística afecta, como es lógico, principalmente a aquellos municipios donde se asienta la economía inmobiliaria.

Los posibles motivos que encuentran los autores para que los poderes económicos y políticos trampeen la ley en la planificación urbanística están, por un lado la necesidad económica para elevar la renta diferencial de la tierra al capitalizarla para urbanizarla. El 88% de los casos están relacionados con la transformación del suelo rústico en urbanizable, saltándose la ley y produciendo impactos medioambientales.

En cuanto a cuestiones políticas distinguen entre las administraciones locales y los partidos políticos predispuestas al soborno. La mayoría de los casos se descubrieron por la clasificación del suelo, la transmisión irregular, materia de legislación medioambiental y el fraude fiscal.


* La Opinión Tenerife - J.GONZÁLEZ - 17.1.13
Foto: Santa Cruz de Tenerife, mamotreto de Las Teresitas - laopinion.es

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Marbella.- Acusan a Muñoz y Roca por la operación urbanística de la finca 'El Pinillo'

SUR/Málaga* : La Fiscalía Anticorrupción ha acusado al exalcalde de Marbella Julián Muñoz; al exgerente de Planeamiento 2000, Juan Antonio Roca, y a 19 personas más, entre ellas exediles del Grupo Independiente Liberal (GIL) y empresarios, por la operación urbanística en la finca 'El Pinillo', en Marbella, con la que se permitió la enajenación de patrimonio municipal, supuestamente, en beneficio de los acusados.
Así, en el escrito de conclusiones provisionales, el fiscal acusa en general por los delitos de prevaricación, negociación prohibida, alteración de subasta pública, alteración de precios, fraude, estafa, cohecho, contra la ordenación del territorio y falsedad. Entre los acusados, además de Muñoz y Roca, está el que fuera secretario municipal Leopoldo Barrantes y también el exinterventor Juan Antonio Castro, así como seis exconcejales marbellíes.

También hay acusados tres administradores de empresas y supuestos testaferros de Roca -dos de ellos abogados-, que han sido juzgados en el caso 'Malaya'; la hija de Jesús Gil y empresarios que fueron interviniendo en la operación urbanística. Esta causa, instruida en el Juzgado de Instrucción número 1 marbellí, es una de las abiertas por convenios tras una querella presentada por Anticorrupción a raíz de un informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas.
A Roca se le acusa de los delitos de cohecho, por el que además de prisión solicita seis millones de euros de multa; estafa, fraude, maquinaciones par alterar el precio del bien inmueble, alteración de subasta, negociación prohibida a funcionarios y prevaricación administrativa. La acusación pública pide en sus conclusiones iniciales, al que ha tenido acceso Europa Press, una pena de 15 años de cárcel.
En lo que respecta al exalcalde marbellí, se le acusa de los delitos de prevaricación administrativa con carácter continuado, alteración de subasta pública, maquinaciones para alterar el precio del bien inmueble finalmente adjudicado, fraude, estafa y prevaricación como miembro de un órgano colegiado. Por esto, el ministerio fiscal solicita inicialmente una pena de 11 años de prisión.
La acusación sostiene que desde que llegó el grupo GIL al poder en Marbella «los acusados Julián Muñoz y Juan Antonio Roca, de forma concertada y con propósito de enriquecimiento injusto, gestionaron el patrimonio municipal en su propio beneficio y lucro personal o en el de terceros», en el caso de Muñoz «desde su posición de alcalde accidental y persona de confianza del regidor para firmar decretos, convenios y escrituras públicas indiscriminadamente».
Se precisa que en el caso de Roca este control se hacía «desde la dirección de la sociedad municipal Planeamiento 2000 y su condición de máximo artífice de la revisión del planeamiento del municipio hasta el mes de marzo de 2006». Su posición, señala el fiscal, le permitía «negociar los términos y aspectos relevantes de convenios urbanísticos y destino del patrimonio del suelo municipal, con margen para negociar con empresarios «en beneficio de éstos o de sí mismo».
Promoción inmobiliaria
Concretamente, en 'El Pinillo' se llevó a cabo un proceso de expropiación de la finca, que estaba gravada con un crédito hipotecario, para su integración en el Patrimonio Municipal de Suelo, con vistas a hacer un proyecto urbanístico, que entonces no se concretó, pero que luego se refería a un palacio de congresos, se explica. No obstante, cuando tuvieron el título de inscripción, la actuación municipal, dice el fiscal, estuvo «lejos de promover la utilidad pública».
Así, la Fiscalía Anticorrupción indica que Muñoz, «de común acuerdo con Roca», y con la participación del entonces secretario municipal, «tras desapoderar los legítimos titulares de la finca 'El Pinillo', no solo no promovieron la construcción del palacio de congresos que justificó la expropiación de dicha finca, sino que llevaron a cabo actos encaminados a transmitirla a terceros interesados en realizar una promoción inmobiliaria».


* Sur - EP - 20.1.13
Foto: Marbella, Muñoz y Roca - elmundo

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El Superior anula la licencia de una urbanización de 24 viviendas en Meirás

LAOPINIÓN/Coruña* : El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha ratificado la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº1 de A Coruña que anuló las licencias para la construcción de cuatro edificios plurifamiliares con 24 viviendas en la denominada urbanización La Soleada, en Meirás. El TSXG ha ratificado también la anulación de otras tres licencias concedidas entre marzo y abril de 2005 por el Gobierno local de Sada, presidido por Ramón Rodríguez Ares, para la construcción, en total, de 130 viviendas que, finalmente, no llegaron a ejecutarse porque fueron paralizadas cautelarmente.

El Alto Tribunal ha dado nuevamente la razón al BNG y la Xunta, que en 2005 presentaron sendos recursos contra la resolución de la Junta de Gobierno local de Sada del 14 de julio que desestimaba su reclamación contra la concesión de los permisos a cuatro promotoras para construir edificaciones plurifamiliares en suelo de núcleo rural, clasificado en los proyectos como suelo urbano, con una edificabilidad de 0,70 metros cuadrados por metro cuadrado (a excepción de la de Meirás, de 0,35).

El juzgado de lo Contencioso sí atendió su demanda, y anuló las licencias al considerar que infringían la ley de suelo y la normativa urbanística de Sada. El ahora edil de Obras, Emilio Gómez (PDSP) dirigía por entonces la Concejalía de Urbanismo. En todos casos, los permisos fueron informados favorablemente por el arquitecto municipal Enrique Roel, ahora en Arteixo.

El TSXG ratifica ahora el fallo y desestima el recurso de dos de las cuatro promotoras. En concreto, Ánfora Azul, que obtuvo licencia para ejecutar los cuatro edificios plurifamiliares en Os Tornos, Meirás; y Promociones Urbanísticas Osedo, a la que le fue concedido permiso para dos edificios con un total de 42 viviendas , aparcamientos y trasteros en el lugar de O Tarabelo. Esta urbanización fue paralizada cautelarmente y solo llegó a ejecutarse el sótano.

Las otras dos promotoras desistieron del recurso. La primera, Residencial Portosada, con permiso para ejecutar tres edificios con un total de 77 viviendas en O Tarabelo y que tras el primer fallo presentó inmediatamente una reclamación millonaria que los jueces han desestimado, solo aceptando resarcirla por el coste de la tramitación de los proyectos. La segunda, de Manuel Osorio, para dos bloques de once viviendas en Samoedo. El otorgamiento de este tipo de licencias en suelo de núcleo rural por el Gobierno que encabezaba Ramón Rodríguez Ares fue una de las principales causas de que la Xunta suspendiese el normativa urbanística de Sada en 2005. El Alto Tribunal ratifica ahora la legalidad de los permisos, que en el caso de la urbanización de Meirás conlleva el derribo de lo construido.


* La Opinión A Coruña - 18.1.13
Foto: Urbanización La Soleada, en Meirás. / juan varela

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“En concursos públicos te vas a comer un colín, está todo amañado”

ELPAÍS/Barcelona* : Jordi Soriano, exconcejal del PP en el Ayuntamiento de Sabadell, es el hombre que mueve los hilos del caso Mercurio. El juez levantó ayer en parte el secreto del sumario, lo que ha sacado a la luz más detalles sobre la trama corrupta en la que permanece imputado el alcalde, el socialista Manuel Bustos. Las conversaciones entre los implicados revelan que diversos empresarios pagaron elevadas sumas de dinero a Soriano a cambio de que este ejerciera su influencia en el Consistorio para obtener la adjudicación de obras públicas.
En su auto, el juez Ramón González detalla que Soriano era el “principal responsable y beneficiario” de la trama y que percibió, presuntamente, comisiones en cinco operaciones urbanísticas relacionadas con el Consistorio: las obras de ampliación del cementerio local, las de la Fira de Sabadell y las del centro cívico de Can Llong, además de una recalificación de terrenos y unas licencias para fincas agrícolas.

Los pinchazos telefónicos atestiguan la trascendencia que los implicados dan a la reforma del cementerio. Sabadell cedió la gestión a la empresa Torra con el compromiso de que esta ejecutara trabajos por 8,7 millones. Las obras fueron encargadas a Constrensnius. Rafael Rojas, que según el juez está ligado a esas dos empresas, habla con otro empresario “en teoría rival” sobre lo que se cuece en el Consistorio, según un informe de los Mossos d’Esquadra al que ha tenido acceso este diario: “En licitaciones públicas, a ver, te pueden dar algo, pero te comes un colín, Mikel. Está todo amañado, ya no saben qué obras se van a dar aquí y todo, o sea que es una vergüenza”.

El juez, por su parte, también detalla algunos de los pasajes más significativos tras dos años de escuchas telefónicas. José Ríos, propietario de Excavallès e imputado en la causa, está descontento. Afirma haber pagado más de 300.000 euros a Soriano. Pero la supuesta intermediación del exconcejal no da frutos. Y Ríos amenaza con tirar de la manta. “Me han ofrecido muchas oportunidades de cosas por hablar del tiet y de ti, y jamás he entrado al trapo”, dice en un mensaje de texto enviado al móvil de Soriano. El tiet es el imputado Melquíades Garrido, constructor, presidente del gremio local y tío del alcalde.

En ese mismo mensaje, enviado el 14 de octubre de 2010, Ríos lanza una amenaza velada a Soriano: “Recuerda a quien tú sabes que las municipales llegan pronto y un escándalo antes de que lleguen no sería lo mejor (...) Me echan como a un perro porque no entro en lo del 3%”, protesta el empresario. Según la Fiscalía Anticorrupción, los empresarios abonaban a la trama mordidas de hasta 120.000 euros por acceder con ventajas a una adjudicación público. Ese dinero iba, supuestamente, a un “fondo perdido” que se repartían algunos de los cargos políticos implicados en el caso. Una vez finalizada la obra, el constructor debía añadir otro 3% de comisión ilegal sobre el importe de adjudicación, según la fiscalía.

La causa se mantiene bajo secreto en lo que atañe a Bustos y al resto de políticos implicados. Por ahora se desconoce si los cargos públicos se lucraron con el dinero recaudado por Soriano, o si éste actuaba por su cuenta. Según la denuncia del empresario que reveló la trama, Nicolás Giner, Soriano se quedaba parte del dinero, pero repartía el resto entre los políticos.

Los cerca de 2.000 folios del sumario que se han dado a conocer narran, precisamente, la génesis del caso. Giner era un simple recadero que hacía llegar el dinero de los empresarios a Soriano, quien logró embolsarse casi 800.000 euros en comisiones en solo dos años. Arrepentido, en febrero de 2010 Giner contó lo que sabía a los Mossos d’Esquadra, que iniciaron la investigación. El pinchazo de los teléfonos de Soriano y tres empresarios dio los primeros frutos.

El 22 de marzo de 2010, Rojas recibe una llamada de otro de los empresarios investigados, José Manuel González: “Me intersa mucho el hijo de puta del Soriano (...), necesitamos firmar ya, dependemos de esto”, dice en alusión, según el juez, a las obras del cementerio. El citado informe policial añade que el exconcejal del PP “informaba a Rojas de los movimientos que hacía en Urbanismo”. En una de esas llamadas, Soriano le informa sobre el asunto: “Hemos hablado con el tío de que nos estamos jugando mucho en mayo. Que él se juega mucho, que si el nebot vuelve a salir, tiene continuidad; si no, no. Y que, en definitiva, hemos de hacer un frente común con el nebot, él y yo, para que las cosas vayan por donde tiene que ir”, afirma en alusión a las elecciones municipales que se saldaron con la reelección de Bustos.

Los movimientos de tierras han sido un negocio muy lucrativo en Sabadell y también están bajo la lupa de los investigadores. Según el informe policial, Ríos pide a su madre que hable con Bustos: “Dile: Soriano me ha sacado más de 20 millones de pesetas, mi hijo lo tiene todo grabado y lo puede demostrar. Te podríamos haber montado un escándalo y nos hemos callado”. Las intenciones de Ríos llegaron a oidos de bustos, que el 3 de junio de 2010 organizó un encuentro con tres personas de su confianza, incluido el jefe de la policía local. Según el empresario, fue víctima de una “encerrona”. Bustos afirma, en cambio, que solo quiso conocer las acusaciones para impulsar una investigación interna.

El caso es que el dueño de Excavallès no es el único empresario que, en conversación telefónica, admite haber realizado pagos ilegales para obtener trato de favor del consistorio. Así lo hace González: “¿Y tú soltaste pasta?”, le pregunta su interlocutora. “Joder si solté, viviría muy tranquilo con la pasta que solté (...) Vamos a ver si, de una puta vez, este señor [Soriano] se sienta con quien se tiene que sentar y le dice: basta ya de tonterías, yo como de aquí, con lo cual estos señores tienen que hacer la obra”.

El 27 de noviembre, los Mossos registraron el consistorio y otras dependencias. Por ahora hay unas 40 personas imputadas en la causa. En su auto, el juez levanta el secreto de sumario sobre la trama de los empresarios, pero recuerda que “resta abundante documentación por examinar” sobre la participación de los políticos. Entre otras, la del alcalde, que ayer pidió volver a declarar ante el juez para aclarar puntos de su anterior comparecencia y “dejar clara” su inocencia y la de otros cargos municipales imputados. “Desde el principio manifesté mi intención de colaborar al máximo con la justicia”, dijo. Bustos está imputado por malversación de fondos, tráfico de influencias, delito contra la administración pública y omisión del deber de perseguir delitos.


* El País - JESÚS GARCÍA Barcelona 19 ENE 2013
Foto: Sabadell (Barcelona), ayuntamiento - noticias.es

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Madrid.- El Supremo falla que el campo del golf de Chamberí no es legal

ELPAÍS* : El campo de golf que Esperanza Aguirre estrenó hace cinco años en el Tercer Depósito del Canal de Isabel II, en pleno corazón del barrio de Chamberí, no es legal. No cumple con los requisitos administrativos exigidos para justificar su condición de interés general, la fórmula que la Comunidad ideó para salvar el proyecto cuando el Ayuntamiento, con Alberto Ruiz-Gallardón de alcalde, le denegó la licencia al no cumplir ciertos requerimientos urbanísticos. Así lo entiende el Tribunal Supremo, que ha desestimado el recurso de casación que la Comunidad interpuso a la sentencia de enero de 2010 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que falló con los mismos argumentos.

“Se desprende con meridiana claridad que el excepcional interés público (...) no está motivado en el caso de autos, pues responde al intento de sustraerse a la aplicación de las reglas de autorización y disciplina urbanística que, en materia urbanística, corresponde a los ayuntamientos (...) y no a la existencia de razones excepcionales de interés público que tendrían que haberse puesto convenientemente de manifiesto”, reza a fecha 12 de diciembre de 2012 el texto de la sala quinta de la sección tercera del Supremo, que no admite más recursos y da la razón, como hizo el TSJM, a la Asociación de Vecinos El Organillo de Chamberí, primera en cuestionar que el campo fuera bien de interés general.

“La Comunidad declaró el proyecto bien de interés general para superar el filtro de las licencias, porque no cumplían con los requisitos del Ayuntamiento... Y ni por esas. ¿Y ahora qué? ¿Van a derribarlo y rehacer el parque que había? No les queda más salida”, plantea el abogado José Antonio Jiménez, vecino “de toda la vida” del barrio. “Se refiere más a la forma que al fondo, no significa que haya que derruir las instalaciones”, descartan en el Gobierno regional y en el Canal, donde destacan que en este tiempo el recinto ha tenido 7,5 millones de usuarios (12.000 al mes). Las obras costaron 50 millones de euros.

Las redes, germen de la polémica

La polémica ha perseguido desde sus orígenes al complejo deportivo —dedicado en su mayor parte al golf, también cuenta con pistas de pádel y canchas de fútbol—, que ocupa la mitad de las 12 hectáreas de la superficie del depósito del Canal. La obra fue criticada por vecinos que esperaban que, donde estaba el parque Santander, se construyera un remozado parque público. “El espacio actual dobla la superficie que había”, defiende el Canal. El Ejecutivo autonómico, que obtuvo la primera licencia de obras el 18 de marzo de 2003, optó por incluir un campo de prácticas de golf con 100 puestos de tiro, nueve hoyos y césped artificial. A los lados, unas torres metálicas de 30 metros de altura se suceden sujetando unas redes que evitan que las pelotas de golf salgan de la infraestructura.

Cinco meses antes de la inauguración, el 16 de octubre de 2006, la dirección General de Gestión Urbanística ordenó “la suspensión inmediata” de las obras, dando un plazo de dos meses para que la Comunidad solicitara una “nueva licencia que ampare unas obras ilegales”. Dos meses más tarde el Ayuntamiento emitió un informe “desfavorable” de la solicitud de modificación de licencia. Aunque no mostraba inconveniente en suprimir un helipuerto que había entonces, en modificar el trazado de la zona verde e incrementar el número de pistas en superficie, exigía la tramitación del plan especial y un informe de evaluación ambiental para conceder la licencia de construcción de tres pabellones y sustentar las redes, cuestionando “las afecciones paisajísticas y la valla perimetral”. El Colegio de Arquitectos fue más allá y consideró “inadmisible” el campo de golf “en una zona necesitada de espacios verdes y al amparo de una licencia de obra distinta en naturaleza y uso a la originariamente prevista: un parque público”.

El Consejo de Gobierno salió al paso el 18 de enero de 2007 declarando de interés general el proyecto de obras de restauración y consolidación del depósito, así como las zonas verdes e instalaciones deportivas en su superficie. La Comunidad pensó que así resolvía el problema, que arrastra desde entonces. Voces autorizadas del Gobierno madrileño plantean dos soluciones al entuerto legal. El plan A pasa por justificar la motivación específica de las redes y las plataformas de tiro. El plan B consiste en que el Ayuntamiento haga una modificación puntual del plan general, para lo que depende del visto bueno del Palacio de Cibeles. “Lo que está claro es que eso no se puede tirar, porque la sentencia solo afecta a unas partes muy concretas. Hacerlo sería una locura”, zanjan desde la Comunidad.


* El País - JOSÉ MARCOS Madrid 21 ENE 2013
Foto: El campo de golf desde un depósito del Canal de Isabel II. / RICARDO GUTIÉRREZ

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Ibiza. - El GEN denuncia «la alarmante» desprotección territorial en 2012

DIARIODEIBIZA* : ­El Grup d´Estudis de la Naturalesa (GEN-GOB) lamenta «la alarmante escalada de desprotección territorial» durante 2012 a través de «la modificación masiva de leyes para favorecer la especulación indiscriminada, y también a la carta de intereses bien concretos» por parte del Govern balear.
En su análisis de 2012, el GEN destaca las campañas efectuadas, a veces en combinación con otras entidades, contra la modificación de la Ley de Costas, la Ley del Turismo o contra la Ley de medidas urgentes por la ordenación urbanística sostenible. Con el nombre ´Prou, salvem Ibiza´, el grupo puso en marcha una campaña de denuncia por «la nueva oleada de destrucción a la que se ve destinada la isla de Ibiza, incluidos los espacios naturales más valiosos y supuestamente más protegidos». Precisamente por ello, el GEN otorgó en 2012 el premio Formigó al conseller balear de Medio Ambiente, Gabriel Company.

Los ecologistas también recuerdan sus iniciativas para reclamar la paralización del permiso para que la discoteca DC-10, en la zona periférica del Parque Natural de ses Salines, pueda aumentar su aforo a 1.800 personas, contra la siembra de la planta invasora carpobrotus en Cala Salada, contras las excursiones marítimas que combinan música a gran volumen y alcohol en los espacios naturales más importantes, como es Vedrà y es Vedranell, entre otras actuaciones.

En el ámbito educativo, el año pasado el GEN organizó jornadas divulgativas sobre los incendios forestales y presentó la exposición Ses Feixes en Santa Eulària, entre otras acciones. De cara a 2013, el grupo ecologista continuará con la campaña ´Prou, salvem Ibiza´ y organizará más actividades educativas, entre las que destaca el proyecto ´La nostra mar, un tresor oblidat´ para sensibilizar sobre la importancia de la posidonia.

* Diario de Ibiza - 14.1.13
Foto: Ibiza, bahía - turismo

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Quatre Carreres, otro nuevo sector urbanístico de Valencia atascado

ELPAÍS* : El Plan General de Ordenación Urbana de 1988 planeó la creación de una veintena de nuevos barrios o sectores urbanizables en Valencia. Unos cuantos llegaron a buen puerto como es el caso de los nuevos sectores de Orriols, Campanar o la Avenida de Francia, y otros tuvieron peor suerte.
En el paquete de los fallidos o rezagados aparecen los de Benimaclet Este, el primero en promoverse, en el año 1992, con más de 1.300 viviendas proyectadas y que sigue atascado, el de Patraix, el PAI del Grau, conocido por su delta verde, o el de Sociópolis, en La Torre, surgido a costa de la huerta y empleado como modelo de barrio de vivienda pública. El plan de Malilla, con sus otras 2.000 viviendas proyectadas al lado de la nueva Fe o el sector urbanizable de Quatre Carreres, que cierra la ciudad por el este, acumulan grandes retrasos.

Este último sector no gana para retrasos. Su tramitación ha sido larga. El Ayuntamiento de Valencia adjudicó en el año 2000 a la mercantil Iniciativas Valencianas la urbanización de la primera de las dos unidades de ejecución del sector de Quatre Carreres, con una superficie de 14 hectáreas y unas 1.700 nuevas viviendas. Dos años después se cedió esta condición a Urbanizadora Quatre Carreres, una sociedad por la división inmobiliaria de la Caja de Castilla-La Mancha.

La reparcelación de la primera unidad de ejecución, donde va emplazada la Ciudad del Rugby, salió adelante en 2005. La segunda unidad de ejecución fue reparcelada en 2007 y se la adjudicó también la Urbanizadora Quatre Carreres. Entonces estalló la burbuja inmobiliaria, luego llegó la recesión y lo paró casi todo.

La urbanización no se ha competado, quedan calles por acabar, y de los edificios que aparecen en los planos, han salido adelante un par de promociones pero el resto están paradas.

El Grupo Municipal Socialista de Valencia llevará al pleno municipal de final de mes el futuro de este sector y solicitará a la Concejalía de Urbanismo un informe técnico urgente “que garantice el interés público y evite pérdidas a las arcas municipales”, anuncia el concejal socialista Vicent Sarrià.

“En el PAI de Quatre Carreres se han incumplido numerosos convenios firmados por el agente urbanizador y el Ayuntamiento de Valencia”, sostiene Sarrià. Según el edil, se han abandonado las obras de urbanización, la sociedad urbanizadora está en un proceso concursal desde principios de 2011 y la presencia —a través de su filial inmobiliaria— de la Caja Castilla-La Mancha, entidad intervenida, “añade más incertidumbre sobre la viabilidad del sector”.

Pero lo que más preocupa a los socialistas es quién paga la Ciudad del Rugby, un parque deportivo que el Consistorio modificó y del que no se ha hecho cargo el agente urbanizador, como estaba previsto, si no que se ha cargado al Plan E del Gobierno. “Los 5,3 millones de euros que ha costado no se podrán repercutir a los propietarios del sector, causando una pérdida económica a las arcas municipales”, apunta el edil socialista.

La decisión del gobierno de Rita Barberá de cargar 12.000 metros cuadrados de urbanización del parque deportivo a otro PAI vecino, el de General Urrutia y Hermanos Maristas, le han supuesto al Consistorio dos nuevos varapalos judiciales. Por la primera sentencia, explican los socialistas, se ha tenido que indemnizar con 300.000 euros a los propietarios afectados, pero no se sabe si el segundo fallo será más gravoso para las arcas municipales.

Sarrià exige en la moción de su grupo que se compruebe si la adjudicación de la urbanización ha caducado y, si es así, se busque una salida que garantice la edificación de las viviendas —hay un porcentaje de protegidas— el final de la Ciudad del Rugby y el Ayuntamiento recupere los más de 5 millones de euros que cuesta.

En el sector había otras infraestructuras públicas que han pasado a mejor vida. Es el caso de la nueva Escuela Oficial de Idiomas, que tras un retraso importante, fue descartada por la Consejería de Cultura por falta de presupuesto. “No es una prioridad”, dijo en septiembre del año pasado la consejera María José Catalá, pese a la corta oferta de plazas para estudiar idiomas de la capital.

Presupuestada en siete millones de euros, la escuela añadía plazas para 10.500 nuevos alumnos. El cartel que anuncia la construcción del centro, en la calle del actor Antonio Ferrandis, sigue clavado en la parcela con signos de deterioro.

Y otro proyecto fallido, la Torre de la Música que anunciaron el entonces presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. Esta prevista sobre una parcela municipal de 70.000 metros cuadrados, en pleno PAI de Quatre Carreres. El Consistorio se la cedía en concesión a la Berklee College of Music de Boston para que erigiera la torre.

En enero de 2012, cuatro años después de anunciarse, se descartó su construcción. La impresionante mole de 100 metros de altura y 27 plantas, que iba a costar 95 millones de euros, se anuló por los problemas económicos. Diseñado por Antón García Abril, la gigantesca torre pretendía acoger a 1.000 alumnos y servir de residencia para 250 personas. La Berklee tiene su sede en el Palau de les Arts.


* El País - CRISTINA VÁZQUEZ Valencia 12 ENE 2013
Foto: El cartel que anuncia la descartada Escuela Oficial de Idiomas sigue en la misma parcela. / TANIA CASTRO

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