Los hilillos de plastilina de la corrupción se han convertido al cabo en marea negra que encenaga las administraciones públicas por toda la Región. De norte a sur y de este a oeste. No ha sido de un día para otro. Probablemente estuvo ahí desde siempre, en mayor o menor medida, pero nunca como ahora se había podido atisbar -con datos objetivos, como son los derivados de los procedimientos judiciales que están en marcha- su auténtica extensión.
Han transcurrido siete años y catorce días desde aquel 13 de enero de 2006 en que Manuel López Bernal asumió el cargo de Fiscal Superior de Murcia con el solemne anuncio -en realidad, una advertencia- de que la corrupción, los delitos económicos de 'cuello blanco' y la delincuencia organizada pasaban a constituir la primera y prioritaria preocupación del Ministerio Público.
El discurso marcó de alguna forma el arranque de un proceso en una Justicia de paquidérmico paso, tan lento como implacable, que desde entonces ha venido instruyendo un gran número de asuntos relacionados con la corrupción, las desviaciones en el ejercicio del poder, el tráfico de influencias... Supuestas ilegalidades vinculadas casi unánimemente con el urbanismo y que tenían al medio ambiente como principal perjudicado.
En la actualidad, según informaciones recabadas por 'La Verdad' en fuentes de toda solvencia, son 35 las causas judiciales en tramitación o ya juzgadas contra cargos públicos y altos funcionarios de la Administración Pública. Si se restan los ya solventados, queda una treintena de procedimientos en fase de instrucción que otros tantos jueces tratan de llevar adelante, con mayor o menor agilidad y acierto, pero que en su mayor parte parecen avanzar de manera inexorable hacia la sala de vistas.
Varias sentencias firmes
Dos de esos asuntos de corrupción, una parte del 'caso Tótem' y el 'caso Limusa', están cerrados con sentencia firme, habiendo dejado tras de sí un buen puñado de condenas y a los dos principales responsables, el exalcalde y exdiputado popular Juan Morales, y el exgerente de la empresa pública de limpieza de Lorca, Francisco Gil Eguino, purgando sus culpas entre rejas. El primero, por haber pedido comisiones de hasta 15 millones de euros por tramitar convenios urbanísticos, y el segundo por convertir las arcas de la empresa pública de limpieza de Lorca en fuente de financiación de todo tipo de asuntos particulares, incluidas juegas con prostitutas.
También está cerrado definitivamente el 'caso de la compra de votos' en Fortuna, que el pasado octubre acabó desalojando al popular Matías Carrillo de la Alcaldía fortunera, en la que se enrocó hasta ser condenado en firme por el Tribunal Supremo.
Cierto es que no todos los asuntos que han llegado a juicio se han cerrado con sentencias condenatorias. El alcalde de Alguazas, José Antonio Fernández Lladó, acusado de prevaricación por autorizar la apertura de un restaurante en la Torre Vieja, un monumento de especial protección arqueológica, resultó absuelto. La sentencia no es firme, ya que se encuentra recurrida.
También en 2008 el alcalde de Mazarrón, Francisco Blaya (PP), salió absuelto del delito de malversación de fondos públicos. El Ministerio Fiscal había sostenido que los supuestos adelantos de sueldo que recibió el concejal independiente Domingo Valera eran «meros regalos con dinero público», a cambio del apoyo del Partido Independiente al PP de Mazarrón. En su fallo exculpatorio, la Audiencia puso el acento «en la ausencia de normativa legal en torno a la entrega de anticipos».
Casi la mitad de municipios
En esos 35 asuntos judicializados -hay varias decenas más en investigación en la Fiscalía, que en buena parte serán archivados de oficio y no llegarán a adoptar la forma de denuncia o querella ante un juzgado- se han visto inmersos 19 alcaldes y exalcaldes (15 del PP y 4 del PSOE), algunos de ellos por partida doble y hasta triple; seis directores generales (todos del PP), tres diputados regionales y nacionales (dos del PP y uno del PSOE), un exsenador socialista y hasta quien fue dos veces consejero del Gobierno Regional (Sanidad y Medio Ambiente) y delegado del Gobierno, Francisco Marqués, imputado por prevaricación, cohecho y blanqueo de capitales por el 'caso Zerrichera'.
Además de varias decenas de concejales, mayoritariamente de Urbanismo, y un buen puñado de altos funcionarios, entre los que sobresalen secretarios y arquitectos municipales y jefes de urbanismo.
Instrucciones ya concluidas
Algunos de esos alcaldes están a un paso de sentarse en el banquillo. De forma más inminente, el ex primer edil totanero del PP José Martínez Andreo, que será juzgado a partir del 4 de febrero y para quien el fiscal solicita penas que suman 8,5 años de cárcel por presuntos delitos de falsedad documental, fraude, infidelidad en la custodia de documentos y omisión del deber de perseguir delitos.
Previsiblemente le seguirán en ese trance el exalcalde y exsenador Manuel Hurtado (PSOE), acusado de falsear un expediente de contratación para justificar las obras de un polideportivo que ya estaba construido e inaugurado; el exalcalde socialista de Campos del Río, Ricardo Valverde, atrapado por el 'caso Trampolín', y los primeros ediles Daniel García Madrid (Torre Pacheco) y María Antonia Conesa (Fuente Álamo), ambos del PP y respectivamente imputados en los casos 'Camelot' y 'Pagamenta'.
También están ya concluidas las investigaciones judiciales sobre el 'caso Puerto Mayor', que conducirá a juicio al ex director general de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado, y el 'caso San Esteban', que arrastrará hasta la sala de vistas al ex director general de Bienes Culturales y actual responsable del Instituto de Turismo, Enrique Ujaldón. Los dos asuntos ya están calificados por el fiscal, por lo que el señalamiento de los juicios parece cuestión de poco tiempo.
Todo apunta así a que los próximos dos o tres años serán un continuo trasiego por el banquillo de cargos públicos. Casi todos ellos, por cierto, en activo. Porque lo evidente es que, al margen del resultado final que puedan tener estos asuntos, nadie o casi nadie está asumiendo hasta ahora responsabilidad política alguna. Si al final se tienen que marchar, lo harán, pero empujados por la Justicia.
* La Verdad - RICARDO FERNÁNDEZ - 27.1.13
Foto: Parlamento Murcia - turismo
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