Avilés.- Urbanismo en entredicho en la ciudad

La precaria situación de la promotora NovacaixaGalicia pone en duda dos operaciones urbanísticas en Avilés (Asturias), con el llamado 'Banco malo' en el centro de la polémica inmobiliaria.
"LNE* : Dos operaciones urbanísticas en Avilés están en entredicho y ambas están gestionadas por la misma empresa: Novacaixagalicia Grupo Inmobiliario, inmerso en la polémica por el cobro de preferentes y por las jubilaciones millonarias de antiguos responsables. Son el proyecto para levantar 320 viviendas en el antiguo solar de la residencia de ingenieros, en pleno centro de la ciudad y el llamado convenio de Cristalería, que incluye otras 350 viviendas".

Éste último, llega a las manos de la promotora gallega tras una subrogación de los derechos adquiridos en su día por Avilés Costa Norte.

Según explicaron fuentes del sector, Novacaixagalicia ha decidido traspasar sus activos inmobiliarios «tóxicos» a la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), más conocido como «banco malo», y entre esos están los avilesinos, aún en proceso de cambio de titularidad. Una vez se complete el cambio, será no obstante la compañía gallega la que siga ofertando el suelo y las viviendas.


La promotora de la urbanización «Jardines del Pedregal», sin embargo, lleva un año buscando socios inversores para que formen parte del proyecto ante «el interés» que se había detectado «por parte de algunas entidades» por la buena ubicación del suelo. La crisis también era una de las razones para abrir el proyecto a la participación de otros inversiones. Según algunos expertos, el suelo, que ya cuenta con licencia municipal para la construcción de cuatro edificios con capacidad para 320 viviendas, ha reducido su valor considerablemente. Estiman que no supera los 10 millones de euros, cuando hace siete años Procupisa lo compró por el triple de dinero.


En el Ayuntamiento de Avilés, no obstante, son ajenos a estas vicisitudes en el seno de la promotora gallega y aseguran que en ningún momento sus responsables les comunicaron los cambios que se estaban produciendo. «La intención de construir es de ellos, fueron los que solicitaron la licencia y los que fueron presentando toda la documentación que se les iba requiriendo», explicó Luis Ramón Fernández Huerga, concejal de Licencias del Ayuntamiento de Avilés.


Esta nueva circunstancia no hace más que ahondar en el «gafe» de ambas operaciones, que ya han pasado por varias manos sin suerte alguna. Y mientras tanto, más de 600 viviendas en el limbo.


* LNE - T. CEMBRANOS - 21.3.13
Foto: El solar de la antigua residencia de ingenieros.- lne

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Vecinos de Madrid piden a Urbanismo que apueste por rehabilitar y el alquiler

La asociaciones vecinales reclaman nuevas medidas para un Urbanismo más humano y sostenible, a la vista del 'desarrollismo' desorbitado que se ha llevado a cabo en la capital en los últimos años.
"EFE* : La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) ha propuesto rehabilitar la ciudad, impulsar el alquiler y garantizar la sostenibilidad como ejes de la revisión del Plan General de Ordenación Urbanística que ha iniciado el Ayuntamiento.
La federación vecinal ha presentado a la Comisión de Urbanismo un documento con sus sugerencias enfocadas a "revertir la expansión desarrollista y construir una ciudad medioambientalmente sostenible".

En este, los vecinos proponen sacar al mercado las viviendas vacías de Madrid e impulsar el alquiler para acabar con el "escenario sembrado de casas sin gente y gentes sin casa".

También piden que los 22 desarrollos urbanísticos de la ciudad que han quedado anulados por una sentencia del Tribunal Supremo se declaren no urbanizables y que ,junto a otras zonas sobre las que el consistorio prevé construir, se conviertan en un "anillo verde exterior".

Respecto a las viviendas de la Cañada Real Galiana, la FRAVM ha sugerido la legalización y cesión de las edificaciones y terrenos en favor de los ocupantes y para los que no sean legalizables, que se realojen a las familias.

La federación de vecinos considera necesario un impulso de la red de dotaciones públicas y conseguir, con una ampliación de la red de transporte, una estructura "polinuclear" de la ciudad que "potencie las áreas periféricas".

En cuanto al ámbito del medio ambiente, solicita el desmantelamiento del cementerio nuclear y el cierre de las instalaciones de investigación con material radioactivo, además del impulso a la lucha contra la contaminación.


* Finanzas - EFE - 20.2.13
Foto: Madrid, polución atmosférica - madridiario



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La Justicia tumba el megacontrato de privatización de Aguas de la Generalitat

La privatización del suministro de aguas es algo que se está haciendo en numerosas ciudades del país y, casi siempre, con concursos amañados para otorgarlo a empresas amigas del gobierno de turno. Este sistema corrupto suele, además, traer como resultado una subida desproporcionada del precio del agua.
"ELCONFIDENCIAL* : El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha confirmado la nulidad de la adjudicación del contrato de privatización del suministro de aguas a la empresa mixta Aguas del Ter-Llobregat a la empresa Acciona. El Alto Tribunal da la razón a un órgano de contratación de la Generalitat que había impugnado la propia adjudicación del Gobierno de Mas, echa para atrás el contrato y da la razón a Aguas de Barcelona".

La Generalitat tiene cinco días para recurrir ante el propio tribunal.

Acciona no podrá ser la gestora del agua que se bebe en el área metropolitana de Barcelona, un contrato que había ganado en un sospechoso concurso el 6 de noviembre, cuando ya el Gobierno que presidía Artur Mas estaba en funciones, es decir, poco antes de las elecciones autonómicas del pasado 25-N. El Tribunal Superior de Cataluña (TSJC) rechazó los recursos de la Generalitat, de Acciona, del Departamento de Territorio y Sostenibilidad y de Aigües de Catalunya, y dio la razón al Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña (OARCC) y, de rebote, a Agbar, que había impugnado el mencionado concurso.

En tres autos notificados este miércoles, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) deniega la petición de la Generalitat y de Acciona de que se suspendiera de forma cautelar la efectividad de la resolución del OARCC, ya que considera que se basó en un "argumento perfectamente sostenible", cuyo acierto deberá ser examinado cuando se analice la causa principal.

La privatización de la compañía pública Aigües Ter-Llobregat (ATLL) era vital para el Ejecutivo de Mas, entre otras cosas porque con esta venta, cifrada en más de 1.000 millones de euros, y con el adelanto que el pool encabezado por Acciona tenía que pagar 300 millones de euros, esperaba pagar las nóminas del mes de diciembre. Además, con la privatización redondeaba las cuentas del ejercicio contable 2012.

Pero las prisas no son nunca buenas. El primer jarro de agua fría lo recibió el Gobierno catalán de sus propias filas: el OARCC dictaminó que Acciona debería quedar excluida del concurso porque incumplía las condiciones establecidas en los pliegos del mismo. Además, no preveía ninguna inversión ni gastos de mantenimiento durante los 50 años de gestión. Eso, decía el dictamen, distorsionaba la oferta económica, que era ligeramente inferior a la de Agbar.

El organismo de la Generalitat señalaba que las irregularidades detectadas afectaban al resultado económico final. Y ordenaba “retrotraer las actuaciones al momento anterior en que se produjo el vicio”, es decir, anular la venta. Ante este duro revés, el Gobierno catalán no tuvo más remedio que presentar un recurso contra la resolución de un órgano de ese mismo Gobierno, una situación casi kafkiana.

Los argumentos del TSJC

Ahora, el TSJC le da la razón al OARCC y rechaza los recursos tanto de la Generalitat como de las empresas que habían pujado en el concurso. “La Administración de la Generalitat sostiene que el OARCC ha dispuesto la exclusión de la oferta que finalmente obtuvo la adjudicación en base al incumplimiento del programa de ejecución de determinadas obras y actuaciones, cuando el anexo 9 del pliego de condiciones que establece dicho programa tiene un carácter meramente orientativo y, en todo caso, se respeta el límite máximo de 10 años, que es el único que tiene carácter vinculante. Se señala que la adjudicataria [Acciona] obtuvo cero puntos por este capítulo, al no ofrecer ninguna reducción del indicado plazo máximo, en tanto que la otra oferta obtuvo 3 puntos sobre un total de 4”, dice el texto de la interlocutoria del TSJC.

La Generalitat aducía también que Acciona ya había iniciado la gestión de ATLL y la compañía pública ha desaparecido, además de existir un “interés público” en mantener el contrato. También argumenta menoscabos para el personal de ATLL en el caso de que se anulase la venta, que se producirá un incremento de la tarifa del servicio y que se derivarán “perjuicios irreparables para la Hacienda de la Generalitat, que ya ha percibido un primer pago de unos 298 millones de euros en concepto de canon, en tanto que ha contabilizado la totalidad del mismo en el ejercicio presupuestario de 2012”.

El tribunal, no obstante, subraya que el Gobierno catalán formalizó el contrato antes de que el OARCC emitiera su resolución, por lo que “asumió voluntariamente el riesgo de que esta dejara sin efecto el acuerdo de adjudicación”. Y en cuanto al resto de las alegaciones, señala que la Administración tiene la potestad incluso de hacer que continúe la gestión de Acciona “durante un periodo transitorio”. No observa, sin embargo, que los trabajadores puedan verse afectados y rechaza también el argumento de que, si ATLL siguiera en manos públicas, tendría que realizar un aumento tarifario cifrado en unos 30 millones de euros al año.

Precisamente, este mismo miércoles comparecían en el Parlamento catalán los consejeros de Economía, Andreu Mas-Colell, y de Territorio, Santi Vila, para explicar la privatización de ATLL. Fue antes de conocerse la decisión del TSJC, pero sus argumentos fueron precisamente los de que la situación económica de ATLL era insostenible y que, de no haberse privatizado, se habrían tenido que acometer importantes incrementos del recibo del agua a los ciudadanos.


* El Confidencial - A. Fernández / M. Lamelas - 27/03/2013
Foto: Barcelona, Generalitat - wikiwak.com



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Un millón de viajeros sufrirán la supresión de líneas de tren

La desastrosa política de infraestructuras que se ha seguido en este país, al menos desde los tiempos de Aznar, ha traído como consecuencia el abandono de estaciones y trenes regionales que hacían un servicio indispensable para muchos municipios del interior. Todavía continúan los recortes.
"ELPAÍS* : Cerca de un millón de viajeros se verán afectados por los recortes del mapa ferroviario, según un documento interno remitido a los sindicatos. La reordenación de las rutas de media distancia que prepara el ministerio de Ana Pastor implicará la supresión de 779 trenes semanales, un 23,1% del total, a menos que las comunidades autónomas decidan hacerse cargo de la financiación de aquellos tramos que resultan deficitarios. Además, 172 estaciones, aquellas que cuentan con menos de un viajero al día de media, dejarán de tener parada de tren".

Estas son algunas de las cifras que se manejan en el plan de trabajo con el que Fomento espera ahorrarse 51 millones de euros. El programa contempla la supresión de 30 rutas, un 25% del total, que dejarán de ser subvencionadas por el Estado y que las comunidades autónomas, inmersas en plena fase de negociaciones, tienen la posibilidad de rescatar de la quema.

La reducción de trenes regionales del documento, elaborado a partir de datos de Renfe y Adif, refleja un notable impacto en Extremadura, donde el porcentaje de reducción de trenes regionales con respecto a la situación actual podría alcanzar el 60%.

La propuesta forma parte del plan que el ministerio debe tener ejecutado antes del 30 de junio. El 1 de julio comienza la fase de liberalización del sector ferroviario en España.

“En realidad va a afectar a mucho más de un millón de personas”, señala Manuel Taguas, secretario general del sector ferroviario del sindicato Comisiones Obreras. “Solo en el triángulo Granada-Almería-Jaén habrá más de 800.000 personas afectadas”.

Los recortes previstos en los trenes regionales afectarán en un 44% a Asturias y en un 33% a Cantabria, a falta de que se dilucide la intervención de los Ejecutivos autónomos. El ministerio contempla que los servicios de media distancia sean sustituidos con trenes de larga distancia con más paradas y autobuses.


* El País - JOSEBA ELOLA - 22.3.13
Foto: Trenes regionales, nueva reducción - elpais

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La PAH actúa para parar los desahucios ilegales tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE

El Tribunal Europeo confirmó hace poco la ilegalidad del procedimiento español de ejecución hipotecaria desde hace veinte años, concluyendo que se vulnera de forma clara los derechos fundamentales de las personas afectadas y concretamente el derecho a la defensa y, por tanto, los procedimientos de ejecución hipotecaria en curso deben ser paralizados de oficio y de forma inmediata.
"PLATAFORMAAFECTADOSHIPOTECA* : Ante la emergencia social causada por las ejecuciones hipotecarias masivas y ante el varapalo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dado a la ley española, el equipo jurídico de la PAH ha preparado un escrito para que todas las personas afectadas que tienen los procedimientos de ejecución hipotecaria en marcha los presenten en su Juzgado, en una acción colectiva por parte de las PAHs".

El escrito se basa en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del pasado 14 de marzo que declara que el procedimiento español de ejecución hipotecaria es ilegal. Por ello se solicita a los juzgados que declaren la nulidad de los procedimientos de ejecución hipotecaria que se están tramitando en estos momentos por ser ilegales, por basarse en una ley contraria al derecho comunitario, y por tanto ilegal. Debe finalizar la violación sistemática del derecho humano a una vivienda digna y adecuada, promovido por un procedimiento basado en la indefensión de las personas afectadas, que provoca desalojos forzosos sin alternativa habitacional y genera una condena perpetua al pago de la deuda hipotecaria.

Solicitamos que se anulen todos los procedimientos que se están tramitando, y que en cualquier caso, se suspendan todos los procedimientos para que no se realice ninguna actuación más en los Juzgados en base a una normativa ilegal. Debe esperarse en todo caso a que se reforme esta normativa ilegal. Precisamente en estos momentos se está tramitando en el Parlamento la Iniciativa Legislativa Popular promovida por la PAH por la que un millón y medio de personas han puesto encima de la mesa de los diputados una propuesta en positivo para reformar la normativa y dar respuesta a esta situación de emergencia, reclamando unas medidas de mínimos como son la dación en pago retroactiva, la paralización de los desahucios, y el alquiler social de las viviendas vacías en manos de los bancos.

Hacemos un llamamiento a las personas afectadas para que reclamen ante los Juzgados que se respeten sus derechos y para ello ponemos a su disposición este escrito. Y extendemos el llamamiento a todos los operadores jurídicos para que den la máxima difusión al escrito a fin de que llegue al máximo número de personas afectadas por los procedimientos ilegales, y faciliten el respeto a sus derechos fundamentales.

Estaremos a las puertas de los Juzgados mañana martes 26 de marzo, a las 11h de la mañana para facilitar el escrito a las personas afectadas y proceder a la presentación masiva del escrito, aunque también se podrá presentar más adelante. El escrito lo presentarán las personas afectadas que tienen los procedimientos de ejecución hipotecaria en marcha, que no se hayan archivado.

Para los procedimientos de ejecución hipotecaria ya archivados, la PAH va a enviar un escrito dirigido a las entidades financieras a fin de que ante el nuevo escenario después de la sentencia, que sitúa los procedimientos de ejecución hipotecaria fuera de la ley. En este escrito se va a reclamar que se tomen medidas de forma inmediata a fin de reparar el daño causado a las personas afectadas en los últimos años, como el cese de las reclamación de deudas, la recuperación de las viviendas, el retorno de las cantidades embargadas, y la indemnización por los daños y perjuicios causados a las víctimas de una ley ilegal. En función de la respuesta de las entidades financieras, el equipo jurídico de la PAH estudiará el ejercicio de las acciones judiciales pertinentes para defender los derechos de las personas afectadas.


* PAH - 25.3.13
Foto: Hipotecas, protesta PAH - efe



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S.Vicente.- La empresa municipal de Urbanismo carece de actividad 3 años después de constituirse

La empresa municipal de Urbanismo de San Vicente del Raspeig (Alicante) se crea para nada, ya que carece de actividad. Otro ejemplo más del despilfarro municipal (y autonómico), que ha sido una de las causas de esta crisis-estafa que padecemos.
"INFORMACIÓN* : La Empresa Municipal de Gestión Urbanística que se constituyó en San Vicente en 2010 todavía no ha desarrollado ninguna actividad. La mercantil se creó para desarrollar la ampliación del polígono Canastell con el plan Els Petits, pero la crisis ha paralizado el proyecto y hasta ahora el equipo de Gobierno ha rechazado propuestas de la oposición para destinar este organismo a otros fines alegando que se activará en cuanto se necesite suelo industrial "ya que no genera más gastos" que los de su junta de gobierno, que se suele convocar una vez al año".

Ayer precisamente se reunió el consejo de administración y el portavoz del PSOE, Rufino Selva, lamentó que el equipo de Luisa Pastor "no haya aceptado en tres años ninguna de nuestras propuestas para dotarla de contenido con fines sociales como la construcción de VPO". Mientras, apuntó, "las cuentas sólo arrojan pérdidas y se mantienen inmovilizados más de 60.000 euros" que el Ayuntamiento inyectó para constituir la sociedad.

Mariló Jordá, portavoz de Esquerra Unida, fue más allá y reclamó la liquidación de la empresa "si la mayoría en el consejo de administración, formada por el PP, no piensa darle utilidad y que su capital vuelva al Ayuntamiento". Hasta ahora, indicó, su única actividad "consiste en pagar las dietas por asistencia al consejo que no dura más de un cuarto de hora, lo cual nos parece ética y moralmente inaceptable, ya que están utilizando la empresa en beneficio propio con la finalidad de aumentar sus salarios". El consejo lo forman la alcaldesa, los concejales de Hacienda e Infraestructuras, los portavoces del PSOE y EU, el secretario, un técnico y el administrador. Pese a carecer de actividad, en 2012 tuvo unos gastos de 3.532 e que, según Jordá, se distribuyeron en pagar al administrador 1.582 euros mientras que los 1.950 restantes se repartieron entre los siete consejeros por dietas del año 2011. Al responder la alcaldesa que los consejeros pueden renunciar libremente a sus dietas, Jordá indicó que su grupo destinará lo que perciba a una asociación de ánimo de lucro. También propuso involucrar a la empresa en el desarollo del nuevo Plan General.

Desde el equipo de Gobierno explicaron ayer que el objetivo de la la sociedad "es gestionar actuaciones de interés municipal que no sean asumibles por empresas privadas, como la ampliación del polígono Canastell", pero agregaron ahora no hace falta porque queda suelo en el propio polígono y en la zona de Rodalet. En cuanto a por qué se creó si quedaba este suelo, señalan que "en ese momento la previsión era que a corto y medio plazo haría falta, pero ahora está todo paralizado".


* Información - C. R. Forner - 16.3.13
Foto: Polígono Canestell - informacion

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La nueva Ley de Montes abre la puerta a la recalificación urbana de bosques quemados

La legislación española actual prohíbe taxativamente el cambio de uso de los espacios quemados en el plazo de 30 años, pero los intereses inconfesables del gobierno pretenden volver a la antigua norma que causó estragos en el territorio desde los años sesenta y fomentó descaradamente la especulación urbanística.
"ELCONFIDENCIAL* : El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, presentó hace una semana a varias ONG ecologistas el cuarto borrador de la futura Ley de Montes. Un texto que contempla la posibilidad de recalificar montes arrasados por el fuego. 'Con carácter excepcional las comunidades autónomas podrán acordar cambio de uso forestal cuando concurra un interés general prevalente el cual deberá ser apreciado mediante ley, siempre que se trate de terrenos de titularidad pública y que se adopten las medidas compensatorias necesarias que permitan recuperar una superficie forestal equivalente a la quemada'."

Tales medidas compensatorias deberán identificarse con anterioridad al cambio de uso, reza el borrador de la futura ley.

Aunque el texto todavía no es definitivo, Greenpeace alerta de que este nuevo párrafo (añadido ahora sobre el texto originario de la Ley 43/2003 de 21 de noviembre) abre la puerta a posibles recalificaciones de montes quemados para convertirlos en urbanizables. “Durante la reunión, el ministro Arias Cañete nos aseguró que esto solo se aplicaría en casos excepcionales, pero tenemos el razonable temor de que, como ocurre tantas veces, la excepcionalidad se pueda convertir en norma”, explica a El Confidencial Mario Rodríguez, director de Greenpeace en España.

Para evitar que la avaricia especulativa inspirara a propietarios de montes y constructores a arrasar con fuego espacios naturales para su posterior recalificación, como ocurrió de forma reiterada desde los años 70 en España coincidiendo con el boom inmobiliario, la legislación española prohíbe taxativamente el cambio de uso de los espacios quemados en el plazo de 30 años. Es decir, si un monte arde su recuperación está protegida por la prohibición de “cambio de uso forestal al menos durante 30 años” y por la imposibilidad de realizar en ese espacio “toda actividad incompatible con la regeneración de la cubierta vegetal, durante el periodo que determine la legislación autonómica”.

El parque carbonizado donde se asienta Terra Mítica

Caso emblemático de sospecha sobre la quema de montes para su recalificación en España son los terrenos sobre los que se asienta Terra Mítica, parque temático situado en Benidorm (Alicante). Terra Mítica se construyó sobre 450 hectáreas de terreno no urbanizable de especial protección forestal. De hecho, estaba prevista la creación en ese entorno de un gran parque forestal, que se hubiera convertido en uno de los grandes referentes ecológicos de Europa. Pero, el 11 de agosto de 1992, un incendio provocado arrasó esos terrenos. A medida que los equipos de extinción intentaban detener las llamas, varios focos simultáneos las iban reavivando desde los lugares más insospechados. Como si se tratara de una campaña orquestada. Esta situación se prolongó durante varios días. Mientras bomberos y retenes se concentraban para detener los frentes de fuego, nuevos focos renacían desde zonas desprotegidas.

Desapareció así uno de los más bellos pulmones forestales de España. Y la comarca alicantina de la Marina Baixa se convirtió en un páramo de carbón negro. El alcalde de Benidorm era entonces Eduardo Zaplana, que culpó a la Consellería de Medio Ambiente, del gobierno del socialista Joan Lerma, de “descoordinación y lentitud en las tareas de extinción”. Ningún plan de reforestación se aplicó en los años siguientes para recuperar los bosques quemados.

Cuatro años más tarde, en 1996, recién elegido Zaplana presidente de la Comunidad Valenciana, se creó la sociedad Parque Temático de Alicante, que ese mismo año se beneficiaba de la expropiación de los terrenos arrasados y otorgaba a Terra Mítica SA la concesión del suelo para construir una enorme zona hotelera (2.500 plazas), dos campos de golf y el Parque de la Naturaleza.

Cuando se redactó la ley que cercenó en 2003 la posibilidad de recalificar bosques quemados también Zaplana estaba allí. Era el portavoz de Gobierno de José María Aznar desde mes y medio antes.

Ahora el ministerio de Arias Cañete pretende retocar aquel restrictivo artículo 50 de la ley de 2003 y abrir la puerta a excepciones. Una propuesta que Greenpeace califica como “un peligroso paso atrás”.


* El Confidencial - Aníbal Malvar - 23.3.13
Foto: Benidorm (Alicante), vistaTerra Mítica - elconfidencial



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El Tribunal Superior anula las 6.600 viviendas previstas por las normas urbanísticas de Mucientes

Al igual que sucedió con la sentencia que el pasado mes de febrero anuló la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid, el Tribunal Superior considera que las Normas Urbanísticas de Mucientes (Valladolid) no justifican de manera mínimamente suficiente el incremento de viviendas.
"ELDÍA* : La Sala de lo Contencioso - Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León, con sede en Valladolid, ha anulado las Normas Urbanísticas Municipales de Mucientes, aprobadas por Acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Valladolid de 18 de septiembre de 2009, y que contemplaban la construcción de 6.600 viviendas."

La sentencia, tal y como asegura Ecologistas en Acción a través de un comunicado recogido por Europa Press, considera que "en el instrumento de planeamiento de que aquí se trata se contemplan nueve sectores de suelo urbanizable residencial con una superficie bruta de más de 240 hectáreas y una previsión de viviendas de más de 6.600.

Tal incremento "no se considera justificado de manera mínimamente suficiente, pues no vale desde luego la simple referencia que se hace al fomento de un crecimiento compacto o la mención a la existencia de propuestas realizadas por promotores con experiencia y solvencia, capaces de llevar a buen fin la urbanización, dato éste que en sí mismo nada informa sobre las necesidades del municipio y de su población, que es el objetivo al que ha de atender la ordenación urbanística".

Al igual que sucedió con la sentencia que el pasado mes de febrero anuló la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valladolid en el Área Homogénea 5, donde se preveía la construcción de 4.600 viviendas, en aplicación de la Ley estatal de Suelo y la Ley de Urbanismo de Castilla y León, la Sala entiende que "la desproporcionada cantidad de suelo urbano y urbanizable" y "la previsión de crecimiento del suelo residencial en absoluto se justifica por las necesidades del municipio y sus circunstancias urbanísticas".

La localidad de Mucientes, situada trece kilómetros al Noreste de Valladolid, cuenta en la actualidad con 743 habitantes y 432 viviendas, a las que se pretendían añadir 6.781 nuevas viviendas con capacidad para más de 20.000 nuevos habitantes.

Con la anulación de las Normas Urbanísticas Municipales de Mucientes se desmorona así, según denuncia EA, uno de los últimos exponentes del urbanismo del "ladrillazo" en el entorno de la ciudad de Valladolid, "que durante la última década ha alimentado la burbuja inmobiliaria que nos ha llevado a la actual crisis económica y a niveles insoportables de corrupción y deterioro ambiental".

Por ello, EA se felicita de que las resoluciones judiciales impidan el "despropósito" aprobado por el Ayuntamiento de Mucientes y la Comisión Territorial de Urbanismo de Valladolid, "al dictado de los intereses inmobiliarios, como pone de manifiesto la sentencia".

Al tiempo, los ecologistas recuerdan que los nuevos planes urbanísticos en tramitación en Cabezón de Pisuerga, Castronuevo de Esgueva, Cigales o Villanubla, todos aprobados inicialmente por sus respectivos ayuntamientos, pretenden clasificar 1.250 hectáreas de suelo urbanizable para construir 21.000 nuevas viviendas, con capacidad para 60.000 personas, seis veces más que la población actual de estos municipios. Al tiempo, la ciudad de Valladolid está revisando su PGOU, en la que todas las Áreas Homogéneas deberían pasar a suelo rústico.

Dado lo "disparatado" de estas previsiones, los ecologistas piden a la Junta de Castilla y León mayor rigor en la aprobación de los nuevos planes urbanísticos de Valladolid y los municipios de su entorno, aprobando sólo el suelo urbanizable para las viviendas y las industrias que se justifiquen por las necesidades propias de cada municipio, tal y como establece la nueva legislación de urbanismo y suelo, pasando página de la desastrosa política urbanística practicada durante la última década.


* El Día - Europa Press - 22 de marzo de 2013
Foto: Mucientes (Valladolid) - codigopostal



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Campaña de arquitectos y vecinos contra el complejo de lujo en edificios históricos de Madrid

Parece que el 'fachadismo' ilegal continúa en pleno centro de Madrid, y el interior de edificios protegidos como La Equitativa o el Banco Central Hispano será destruido para construir un hotel de lujo. Todo ello con el permiso 'ciego' de las autoridades competentes en Patrimonio de la Comunidad y el visto bueno del Colegio de Arquitectos.
"ELDIARIO* : Diversos colectivos y asociaciones promueven una recogida de firmas y presentan alegaciones a la modificación de la Dirección de Patrimonio que quita protección a dos edificios considerados Bienes de Interés Cultural, y que formarán parte de un centro de lujo promovido por el Grupo Villar Mir."

"Salvemos Canalejas de la voracidad del ladrillo". Parece un eslogan antiguo, extemporáneo, de la España anterior a la crisis. Pero es reciente y es noticia porque alude a la mayor operación inmobiliaria de estos tiempos post burbuja: la de la manzana de Canalejas, en Madrid. La iniciativa de www.change.org ya suma más de 280 firmas para pedir al Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid que devuelvan la máxima protección a dos edificios considerados Bien de Interés Cultural (BIC): la sede del Banco Central Hispano y La Equitativa. Estos palacios, dos de los más singulares de la capital, forman parte de un proyecto del Grupo Villar Mir, que vaciará siete edificios para convertirlos en un megaespacio en el que cabrán un hotel cinco estrellas de 26.000 m2, un centro comercial de 16.000 m2, 35 viviendas de lujo y 500 plazas de parking. Para permitirlo, la Comunidad ha rebajado su protección, que ahora se limita a poco más que la fachada.

"Los edificios tienen sentido y valor como entidad, no a trozos. Y proteger sólo el exterior es caer en el llamado fachadismo", señala una de las alegaciones que se han presentado contra esta decisión. Incluso la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, con voto en la Junta General de Patrimonio, argumenta que no hay razón (como podría ser un error en la calificación anterior o una situación ruinosa del edificio) para rebajar el blindaje. El proyecto, sin embargo, tiene el visto bueno del Colegio de Arquitectos.

Un precedente nefasto

"Revocar una protección para facilitar el camino a una constructora sienta un precedente nefasto, porque abrirá la puerta a más casos", señala la arquitecta Amparo Berlinches. Tanto es así que la Comunidad de Madrid quiere cambiar la ley para "facilitar" el aprovechamiento económico del patrimonio.

"Los políticos carecen de imaginación. ¿Que hay paro? Entonces busquemos un titular que diga que creamos empleos. Pero se crean los mismos puestos de trabajo haciendo las cosas bien que haciéndolas mal. Miran sólo el debe y el haber. Y a veces el arte pierde en esa dicotomía económica”, reflexiona José Miguel Gastón de Iriarte, arquitecto especialista en rehabilitaciones.

El Banco Hispanoamericano (Canalejas, 1), de 1905, es obra de Eduardo Adaro (autor también del Banco de España) y José López Salaberry. Por su riqueza arquitectónica fue declarado BIC en 1999. "Y ahora deciden que le quitan esa catalogación sin una justificación", se queja Vicente Patón, presidente de la asociación Madrid, Ciudadanía y Patrimonio. Se argumenta que el edificio ha cambiado mucho. "Pero las remodelaciones muchas veces suman valor en lugar de restarlo", objeta Patón. El del patio de operaciones, de los años cuarenta, con sus vidrieras y sus columnas de capiteles de latón, es uno de esos casos.

La Equitativa (Alcalá, 14) es obra de José Grases Riera, un discípulo de Gaudí que también diseñó la modernista sede de la SGAE. Inaugurado en 1891, es uno de los edificios más especiales de la ciudad. Con la nueva catalogación muchas de sus decoraciones originales quedan desprotegidas. Y también su lucernario, una verdadera joya incorporada en 1945, con una imponente cristalera de Maumejan, el vidriero más famoso de la época. "Ahora si quieren pueden tirarlo todo", se lamenta Patón.

Los críticos con la resolución de la Comunidad de Madrid apostaban por una rehabilitación individual de los edificios, como establecía el Plan Municipal de Protección Integral, aprobado en 2007. Ahora hay que esperar que se resuelvan estas alegaciones, y hay casi un mes para alegar también el cambio en el PGOU que les quita la protección municipal. Pero las asociaciones se quejan de falta de información.

Se podría hacer un hotel más pequeño con una gran personalidad arquitectónica”, afirma Gastón de Iriarte. "Pero se ve que no se conforman con un negocio normal. Quieren un meganegocio", remata Patón.

“Para entender la importancia de lo que ocurre hay que pensar con perspectiva”, explica Gastón de Iriarte. Y concluye con una anécdota y una pregunta: "En los años 70 el Gran Hospital San Carlos iba a ser demolido para construir viviendas, pero en 1977 lo salvamos al lograr que se declarara Monumento Histórico-Artístico. Ahora es el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. ¿Hoy alguien podría creer que iban a tirar el Reina Sofía?”.


* El Diario - Natalia Chientaroli - 21.3.13
Foto: Vestíbulo del Banco Central Hispano en Canalejas, en enero de 2007. / RICARDO GUTIÉRREZ

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Procesan al exalcalde de Aljaraque y a su concejal de Urbanismo

El procesamiento del exalcalde de Aljaraque (Huelva) y su concejal de Urbanismo se produce 5 años después de acusar a ambos del presunto cobro de comisiones ilegales a cambio de licencias de obra y convenios urbanísticos.
"HUELVAINFORMACIÓN* : El Juzgado de Instrucción nº3 de Huelva ha ordenado el procesamiento del ex alcalde de Aljaraque, Juan Manuel Orta (PP), por un delito de blanqueo de capitales y otro contra la Hacienda Pública. Junto a Orta también están imputados y serán procesados el que fuera su concejal de Urbanismo, Casto Pino, y otras dos personas de las que no han trascendido más detalles, imputándoseles a todos ellos los delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública."

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) señalaron a Efe que el auto ha sido recurrido por las defensas ante la Audiencia Provincial de Huelva estando pendiente de resolución.

El procesamiento se conoce cinco años después de que saliera a la luz la presunta trama fiscal que encabezaban presuntamente los que fueron máximos responsables del Ayuntamiento de Aljaraque, detenidos a comienzos de abril de 2008 por orden judicial.

El procesamiento se produce a raíz de una denuncia que presentó ante la Fiscalía Anticorrupción, en enero de 2007, el promotor inmobiliario y ex militante del Partido Popular Rafael Barroso, en la que aparecía los nombres de los dos ediles aljaraqueños imputados. En aquel momento, el ex alcalde respondió a Barroso con una querella por injurias, calumnias y denuncias falsas.

Después de que Anticorrupción trasladara el caso a Huelva, el Juzgado de Instrucción número 3 se hizo cargo del asunto. El empresario Barroso acusó al ex regidor aljaraqueño de un presunto delito de enriquecimiento de su patrimonio personal en los doce años que estuvo al frente del Ayuntamiento, así como del presunto cobro de comisiones ilegales; denuncia que además hizo extensible al concejal de Urbanismo, Casto Pino.

Se acusó a ambos del presunto cobro de comisiones ilegales a cambio de licencias de obra y convenios urbanísticos, apuntando que a él mismo se le habían solicitado 300.000 euros para poder obtener una de esas licencias municipales de obras.

Además señalaba que las cantidades cobradas en las comisiones ilegales podrían calcularse "estableciendo el número de convenios urbanísticos, la valoración económica de los mismos, las cantidades que se establecen por convenio y los porcentajes estipulados que son abonados directamente en metálico a los señores Orta y Pino".

En la denuncia que en su día presentó ante la Fiscalía Anticorrupción, el empresario detallaba que se cobraban comisiones ilegales por la firma de convenios con hasta siete empresas inmobiliarias y hasta legaba a detallar los supuestos delitos cometidos por los ahora detenidos (contra la ordenación del territorio, falsedad documental, prevaricación, malversación, cohecho y fraude fiscal).

El denunciante llegaba incluso a establecer un cálculo del patrimonio del ex alcalde y de su principal colaborador, que cifró en unos 60 millones de euros.

En la documentación que el empresario presentó a las instancias judiciales afirmaba además que el cobro de las comisiones ilegales era invertido "en bienes de distinta naturaleza", como inmuebles, fincas urbanas, rústicas, acciones, fondos de inversión, y participaciones en sociedades; y que "evidentemente" era para "la compra de artículos y bienes de lujo".


* Huelva Información - 23.3.13
Foto: Aljaraque (Huelva) - juntadeandalucia.es



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La Vila Joiosa.- Una urbanización de pesadilla

Continúan las consecuencias nefastas de la época del 'boom inmobiliario', ya sea en esqueletos de edificios son acabar o en urbanizaciones sin infraestructuras indispensables, como en este caso de La Vila Joiosa (Alicante).
"ELPAÍS* : Decenas de familias compraron hace años sus nuevas casas ilusionados y convencidos de que vivirían en una exclusiva urbanización de lujo con vistas al mar. Sin embargo, pasan los años y ese sueño se ha convertido en pesadilla. En la urbanización Montiboli, de La Vila Joiosa, nada mejora y todo empeora. Cerca de un hotel de lujo, que lleva el nombre de esta urbanización, hay calles sin asfaltar, sin alcantarillado, tampoco tienen fibra óptica y el suministro de agua y de luz, en algunas viviendas, sigue siendo provisional. “Esto de lujo no tiene nada”, asegura resignado uno de los afectados que está indignado porque lleva doce años viviendo con luz y agua de obra, con socavones en el camino que llega a su casa y con constantes molestias que genera esta zona sin urbanizar."

El Ayuntamiento se lava las manos, y la empresa urbanizadora Rancallosa ha desaparecido y dejó de pagar, lo que generó todo un rosario de problemas para los propietarios. Así que los recibos del contador general de agua a la empresa Aquagest acumula una deuda de varios meses, y la firma ha empezado a amenazar a algunos vecinos con cortarles el suministro si no cobra. “Pero nosotros aun queriendo no podemos pagar”, se queja el vecino, que prefiere mantenerse en el anonimato. La única solución pasa por instalar contadores individuales y provisionales cuyo precio es de 140 euros. Pero los afectados tienen otro problema: Aquagest les exige firmar un contrato para unas viviendas con licencia de primera ocupación, una licencia de la que carecen ya que no se han acabado las obras de urbanización y el Ayuntamiento no ha certificado el final de la obra. Fuentes municipales responsabilizan a Rancallosa de todas estas deficiencias y admiten que con la actual coyuntura económica el Ayuntamiento no puede acometer todas las obras pendientes.

Con la luz pasa algo similar. Hace un año la empresa urbanizadora dejó de pagar a Iberdrola y se cortó el suministro. Los vecinos se reunieron y cambiaron el nombre del titular a uno de ellos que paga la factura de todos. “A primeros de mes pasa este vecinos holandés y nos dice a cada uno más o menos cuánto pagamos, y si no abonas, los propios vecinos te multan con 50 euros”, explica otro.

Los vecinos denuncian que tienen tendidos de media tensión en sus parcelas, fosas sépticas que provocan olores, los escasos contenedores de basura son el paraíso para ratas y las aceras están sin terminar. Por si faltaba algo más, hay dos edificios a medio construir del que han robado material de obra y empieza a ser cobijo de ocupas.

El concejal de Urbanismo de La Vila Joiosa, Jerónimo Lloret, admite que esta urbanización es “un desastre” pero recuerda que el Ayuntamiento está buscando soluciones y achaca todos los problemas a “los constructores que han ido desapareciendo”. El edil cifra el coste de la urbanización en cuatro millones de euros (asfalto, alcantarillado, luces y aceras…). Una partida que admite que el Ayuntamiento no puede asumir en solitario, por eso ahora han planteado a los vecinos pagar unas contribuciones especiales (entre 18.000 y 20.000 euros cada uno) y el Consistorio pagaría un 25% de presupuesto (un millón de euros). “Esperamos poder empezar las obras en 2013, tenemos medio millón para licitar el proyecto del que estamos subsanando algunos errores”, admite.

El edil recuerda que la Confederación Hidrográfica del Júcar ha presentado dos denuncias contra el Ayuntamiento por los vertidos de las fosas sépticas, y cada lunes un coche-cuba vacía las fosas para evitar que las aguas fecales afloren. “Tenemos la obligación moral como Ayuntamiento de ayudarles, pero hay muchos vecinos que no pagan ni la luz, ni el agua, ni los impuestos", se queja el edil del PP.

Quejas al Síndic

E.M.
El Síndic de Greuges, José Cholbi, recibió en noviembre de 2011 una queja de vecinos de la urbanización Montiboli que denunciaban que se había cortado a la luz a seis viviendas de la primera fase y en breve ocurrirá lo mismo con otras 75, al igual que con el agua potable. También advertían que una de las fosas sépticas de la urbanización estaba rebosando por los desagües de las casas, esparciendo aguas residuales y provocando una situación de insalubridad. El Síndic abrió una queja y emplazó al Ayuntamiento de La Vila a que en un plazo de 15 días remitiera la información suficiente sobre la situación de esta urbanización.
El Ayuntamiento contestó que los vecinos que ocupan estas viviendas “lo están haciendo a sabiendas de que la zona no cuenta con los servicios urbanísticos mínimos y que sus viviendas no tienen licencia de ocupación municipal”. El Ayuntamiento aseguró que dedicaba "esfuerzos y recursos" para solventar el problema de falta de urbanización de la zona pero “la actual situación económica” no es fácil disponer de un millón de euros que “únicamente beneficiarán a los afectados de ese sector”. El Ayuntamiento achacaba el corte de suministro de luz y agua a “la falta de pago” de algunos vecinos.
En febrero de 2012 el Síndic vuelve a reclamar al Ayuntamiento información sobre las medidas que se han adoptado para subsanar todos estos problemas, y el consistorio contestó que había actuado como “coordinador” para evitar cortes en los suministros de luz y agua, y que las obras de urbanización estaban pendientes de la "obtención de los recursos económicos necesarios". Una tarea "complicada debido a la actual situación económica", no obstante se comprometía a buscar la financiación adecuada. El Síndic acordó cerrar el expediente “a la vista de las actuaciones municipales que están realizando para solucionar el problema denunciado”.


* El País - EZEQUIEL MOLTÓ Alicante 17 MAR 2013
Foto: Estado de la calle en la zona residencial de Montiboli. / PEPE OLIVARES

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Madrid.- El estadio Vallehermoso pasa de joya olímpica a gimnasio privado con spa

Ahora que desde el gobierno de Madrid se quiere impulsar el 2020 Olímpico, bueno es saber qué ha ocurrido con algunas instalaciones de la candidatura 2012. Así, el famoso estadio de Vallehermoso lleva cerrado desde 2007 y abrirá el próximo año como gimnasio privado.
"ELDIARIO* : Era un mito del atletismo. El escenario de grandes gestas deportivas. En su pista el imbatible corredor Edwin Moses perdió en 1987 por primera vez después de nueve años, nueve meses y nueve días. La noticia, y la foto del estadio Vallehermoso, recorrieron el mundo. Tan mítico era que iba a convertirse en el símbolo del Madrid olímpico que soñó el entonces alcalde Alberto Ruiz-Gallardón para 2012. Este lunes el COI comenzó su visita para decidir si el tercer intento de la capital de acoger unos Juegos tiene alguna chance. Vallehermoso no está en el itinerario, claro. El polideportivo, que cerró en 2007 envuelto en promesas de gloria internacional, las reabrirá a principios de 2014 reconvertido en gimnasio y spa."

Tras ordenar su desmantelamiento, el Ayuntamiento de Madrid licitó su ambicioso proyecto para que una empresa privada hiciera la inversión y el estadio renaciera en menos de dos años. La crisis detuvo el cronómetro. El atletismo puede acuñar leyendas pero no es lo que se dice un negocio boyante, así que el concurso quedó desierto.

La adjudicación se concretó, por fin, en 2011. Pero ya sin la pista de atletismo. Y en términos mucho más convenientes: cesión del suelo y de la explotación comercial por 40 años sin pagar ningún tipo de canon. A cambio, la empresa se encarga de la inversión inicial, más de 20.140.000 euros. La única condición: que los precios sean más económicos que los de mercado.

El nuevo Vallehermoso será parte de la cadena GOfit, y tendrá pistas de paddle, un gimnasio de 1.500 metros cuadrados, dos piscinas, una de ellas cubierta, solarium y spa, explica la empresa concesionaria, Ingesport. La compañía ya gestiona el centro madrileño de Montecarmelo y tiene concesiones en varios municipios españoles: Córdoba, Granada, Torrejón de Ardoz, Ciudad Real o Málaga. En 2012 facturó unos 20 millones de euros. Y en 2013, con la apertura de establecimientos en Santander, Valladolid y Lisboa piensa duplicar esa cifra.

Fuera de la red pública

Vallehermoso, el único polideportivo de un distrito en el que viven más de 150.000 personas, fue durante casi 50 años un referente de instalación pública en el barrio y en la ciudad: tenis, baloncesto, piscina y también sede de escuelas de atletismo. El nuevo tendrá capacidad para 12.000 abonados. Para apuntarse no hará falta estar empadronado ni habrá prioridad para los vecinos. El precio de los abonos se establecerá en base a las exigencias del Ayuntamiento y a lo que cobre la competencia en la zona, explican en Ingesport. La Dirección de Deportes asegura que los precios de los servicios básicos deberán ser idénticos a los municipales.

Con el de Vallehermoso, la ciudad de Madrid tendrá 9 de sus 69 polideportivos privatizados. Estos centros no admiten el uso de los abonos municipales (para las actividades físicas, el uso de instalaciones deportivas o las piscinas). Para acceder a ellas hay que ser socios de ese club en particular. De modo que quien practica deporte en un complejo municipal pero quiere acceder a la piscina en éste o alguno de los otros centros privatizados tiene que pagarlo aparte, aunque formen parte de la oferta pública de instalaciones deportivas. “Estos centros funcionan como complemento de la red de polideportivos municipales”, afirma el Ayuntamiento.

Y es cierto que la 'colaboración público-privada' no es una desconocida para Madrid. De hecho, el ex estadio se encuentra junto al parque Santander, una de las más polémicas privatizaciones de los últimos años. En enero el Tribunal Supremo anuló la declaración de Interés General que sirvió a la Comunidad de Madrid para instalar en ese terreno –en el que estaba planificado un parque público- un campo de golf, un restaurante y canchas de fútbol y paddle gestionadas por una empresa privada, ligada a la familia del ahora presidente regional, Ignacio González.

El estadio Vallehermoso ya no figura, por supuesto, en la propuesta de Madrid 2020 que visitará el COI. El estadio mítico que iba a ser el símbolo del atletismo español deberá conformarse con ser –seguramente para siempre- sólo eso: un mito.


* El Diario - Natalia Chientaroli - 18.3.13
Foto: Imagen de cómo quedará el nuevo gimnasio donde estaba el estadio Vallehermoso - eldiario



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El TSJB aparta al alcalde de Campos como responsable de demoler Ses Covetes

EUROPAPRESS/Mallorca* : El Tribunal de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) ha decretado el cese del alcalde de Campos, Sebastián Sagreras, como responsable de la ejecución de la sentencia que obliga a demoler las viviendas de Ses Covetes y ha designado a un comisario para llevar a cabo esta actuación, que será Mauricio Rovira, en su condición de presidente de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística y Territorial de Mallorca.
En un auto judicial, el Tribunal ordena a Rovira que disponga lo necesario para que la empresa Tragsa inicie de manera inmediata las obras de demolición de las citadas casas, procediéndose seguidamente a la restitución de los terrenos a su estado natural, todo ello de acuerdo con el proyecto elaborado por técnicos de la Dirección General de Arquitectura del Govern y presentado a la Sala del TSJB por el Ayuntamiento de Campos el 26 de febrero de 2013.

Asimismo, señala que la dirección facultativa de las obras contempladas en el proyecto corran a cargo de la arquitecta superior Yolanda Garví, quien pasa a depender funcionalmente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJB.

Por otro lado, la Sala señala que, pese a que el Govern va a asumir las tres cuartas partes del coste de la demolición y restitución de las tierras, "el coste real de la operación corre a cargo del Ayuntamiento de Campos, lo que ha de tenerse muy presente por si acaso superase el coste presupuestado de la citada operación".

Cabe recordar que este lunes, el conseller de Urbanismo y Territorio del Consell de Mallorca, Mauricio Rovira, y el alcalde de Campos firmaron el convenio de colaboración que autoriza a la Agencia de la Protección de la Legalidad Urbanística y Territorial de Mallorca a ejecutar la demolición de las edificaciones de Ses Covetes, ordenada por el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB) y que tendrá un coste de 452.060 euros.

Así, el Consistorio de Campos ha ingresado en el momento de la firma del convenio el citado importe, que corresponde a la totalidad de los gastos derivados de la ejecución de las obras de demolición y restitución.

El acuerdo, que ha sido aprobado antes de la firma por el Consejo de Dirección de la Agencia de la Legalidad Urbanística, articula que este organismo autónomo del Consell de Mallorca hará efectivo el derribo y la restitución de los terrenos de Ses Covetes a su estado original.

Por su parte, el protocolo contemplaba que el Consistorio de Campos tramitará y aprobará, sin coste para la Agencia, el proyecto de demolición y restitución de las viviendas, así como sus posibles modificaciones y lo pondrá en conocimiento de los órganos sectoriales competentes, para que, si procede, puedan formular alegaciones ante el Tribunal Superior de Justicia.

También señalaba que deberá solicitar a la Sala Contenciosa Administrativa del TSJB autorización para que la ejecución de la sentencia del 29 de mayo de 2007 pueda llevarse a cabo mediante este convenio.


* El Mundo - EP - 19.3.13
Foto: Campos (Mallorca), edificios a demoler playa Es Trenc - elpais



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Hipotecados a la europea

GABRIELA CAÑAS* : Es evidente que la crisis y las políticas económicas europeas están fomentando la desafección de los ciudadanos. Y, sin embargo, al menos para los españoles, ¡menos mal que existe la Unión Europea! Para sonrojo de todos los políticos que han pasado por los sucesivos gobiernos de España desde 1993, tanto del PP como del PSOE, han tenido que ser unos jueces del Tribunal de Justicia de la Unión Europea los que hayan puesto las cosas en su sitio respecto a los abusos que las entidades financieras españolas están cometiendo en el mercado hipotecario español.
El caso que el juez español llevó al tribunal, con sede en Luxemburgo, evidencia cuál es la situación. Lo recoge con precisión la propia sentencia europea.

Mohamed Aziz pide en 2007 un crédito a Catalunyacaixa de 138.000 euros para comprarse un piso. La entidad se lo concede y Aziz, mediante contrato, se compromete a amortizar el préstamo con intereses durante 33 años. El hombre se queda sin trabajo al cabo de un año y deja de pagar, momento en el cual Catalunyacaixa aplica de manera automática las cláusulas del contrato. Le aplica intereses de demora anuales del 18,75% y, además, le exige a su cliente el pago del capital prestado de manera inmediata. El resultado es que Aziz fue expulsado de su casa (tasada en la mitad de precio, por cierto) y la entidad le reclama 139.674 euros en concepto principal, 90 euros por intereses vencidos y 41.902 por costas: total, 181.666 euros.

Este podría ser un caso más de los miles que se han producido en España durante décadas con la diferencia de que Aziz dio a parar con un abogado, Dionisio Moreno, y un juez, José María Fernández Seijo, que han tenido la imaginación, la honradez y la perseverancia suficiente como para llevar el caso a instancias superiores, dado que en España la alianza gubernamental con el mundo financiero ha permitido y permite este engendro. ¿Cómo es posible que a día de hoy España no disponga de una legislación que impida estos desmanes? ¿Cómo es posible que el Gobierno español —entonces en manos de Felipe González— aprobara con sus socios europeos una directiva que prohibía las cláusulas abusivas en los contratos y todavía no se haya traspuesto la norma a nuestro marco legal?

La sentencia del Tribunal de Justicia de la UE es un monumento a la sensatez. El juez Fernández Seijo pedía aclaraciones sobre cuándo deben considerarse abusivas las cláusulas de un contrato y con una literatura jurídica no muy alambicada, los jueces vienen a responder que hay abuso cuando estas producen en el consumidor (frente al profesional, la entidad financiera) “un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes”. En otra parte de la sentencia se especifica que una cláusula es abusiva cuando en la negociación individual un consumidor de buena fe jamás la habría aceptado. Son razonamientos, en fin, de sentido común. Como aquella otra sentencia reciente, también europea, en la que indicaba que los intereses de demora no pueden tener una gran desproporción con el precio habitual del dinero.

Lo perverso de todo este asunto es que al tiempo que la crisis arreciaba, al tiempo que se sucedían llamadas de atención por parte de los jueces y de los movimientos ciudadanos, al tiempo que se conocían las escandalosas cifras de ejecuciones hipotecarias y se producían algunos suicidios por parte de algunos afectados, el Gobierno de turno, en este caso del PP, ha actuado con una lentitud desesperante. Hasta el punto de que han tenido que venir desde la Unión Europea a recordar a nuestras autoridades que los consumidores españoles no disponen de la misma protección que el resto de los europeos porque sus políticos no han hecho su trabajo y que España, tan europeísta y tan presta siempre a hacerse la foto en Bruselas, firma una cosa allí y hace otra distinta aquí.

Desde el jueves pasado, muchos de los que se estén pasando al euroescepticismo tienen una buena razón para reconsiderar su posición y otra buena razón para comprender que Europa no es un ente ajeno y alejado. El Tribunal de Justicia de la UE es una de las instituciones que más ha hecho por los europeos, pero está obligado a aplicar las normas que deciden los políticos. Si las que ahora se toman no nos gustan, basta con cambiarlos. En un año tenemos la oportunidad de hacerlo, por cierto.


* El País - Opinión - 18.3.13
Foto: Barcelona, CatalunyaCaixa - orange



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Más de 60 colectivos denuncian la privatización del agua en Madrid

LAMAREA* : Varios representantes de la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II han registrado este martes en la sede del gobierno regional de la Comunidad de Madrid más de medio centenar de escritos contra la opacidad del ejecutivo autonómico en el proceso de privatización del Canal de Isabel II, responsable de la gestión del agua.
En total, 67 organizaciones sociales, asociaciones de vecinos y colectivos ecologistas firman estos textos en los que piden, sobre todo, transparencia. Francisco Caño, representante de la plataforma, denuncia que el proceso de privatización tiene detrás un componente clave de corrupción, en el que se “regalan recursos públicos a amigos de políticos”. “El agua es un derecho humano fundamental, pero es uno de los recursos clave a los que le han echado el ojo los grandes mercados”, ha asegurado Caño. Los activistas alertan de que el 40% del agua pública del país ha sido privatizada y hasta el 70% está en proceso.

La plataforma lamenta que la Comunidad no les hace “ni caso”. “Ni siquiera hace un año, cuando 180.000 personas votaron en una consulta popular contra la privatización del agua en Madrid, tuvieron el gesto de contestarnos”, ha señalado Caño. “Nos gustaría que al menos nos mandaran a hacer puñetas, pero en todo caso nuestra intención es no dejar tranquilo a nadie”, ha advertido.

La luz es el ejemplo que ponen los activistas para demostrar que la gestión de los recursos básicos por entes privados encarece el servicio. “Es mentira el argumento de la eficiencia privada que esgrimen desde la Comunidad. Sólo hay que mirar lo que está pasando con la sanidad, la educación, o la luz, que ya fue privatizada en su momento. ¿Es la gestión de la luz más eficiente y barata ahora? No. Y con el agua va a ocurrir lo mismo”, ha razonado Caños.

La marea azul, integrada entre otras asociaciones por la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II, continuará sus movilizaciones a lo largo de los próximos meses, aunque ahora están centrados en la “batalla jurídica”.

“Estamos estudiando los fallos que han cometido. De hecho, ya hemos presentado denuncia por la firma de los convenios en los ayuntamientos de Madrid, Getafe, Majadahonda y Alcorcón, que se ha realizado con opacidad, sin igualdad de oportunidades y renunciando a la obligación de suministro y saneamiento de agua a toda la ciudadanía, cediendo a un ente privado los recursos que pertenecen a toda la Comunidad”, ha zanjado.


* La Marea - EDUARDO MURIEL - 19/03/2013
Foto: Madrid, Canal oficinas - madrid



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El Parlamento Europeo llega a España para investigar la Ley de Costas

ELPAÍS* : El malestar con la normativa española de costas ha llegado al Parlamento Europeo. Una delegación de la Eurocámara aterriza en Madrid para investigar las 76 quejas que ha recibido por la aplicación de esta ley. Los diputados se reunirán con el Gobierno, con organizaciones medioambientales y con los afectados para dilucidar si la ley española vulnera los tratados de la UE.
Las denuncias recibidas en Bruselas sobre la anterior Ley de Costas —el Congreso de los Diputados ha aprobado ya una reforma, pendiente de ratificación— son variadas. Una buena parte proviene de propietarios de viviendas en el litoral que ven amenazados sus bienes porque la normativa no garantiza su supervivencia o su protección medioambiental. Antes de la reforma, más de 10.000 viviendas estaban abocadas al derribo porque expiraba la concesión otorgada a esas construcciones antes de 1988. Ahora el problema está parcialmente resuelto porque se van a conceder otros 75 años de moratoria.

El malestar con la normativa española de costas ha llegado al Parlamento Europeo. Una delegación de la Eurocámara aterriza mañana en Madrid para investigar las 76 quejas que ha recibido por la aplicación de esta ley. Los diputados se reunirán con el Gobierno, con organizaciones medioambientales y con los afectados para dilucidar si la ley española vulnera los tratados de la UE.

Las denuncias recibidas en Bruselas sobre la anterior Ley de Costas —el Congreso de los Diputados ha aprobado ya una reforma, pendiente de ratificación— son variadas. Una buena parte proviene de propietarios de viviendas en el litoral que ven amenazados sus bienes porque la normativa no garantiza su supervivencia o su protección medioambiental. Antes de la reforma, más de 10.000 viviendas estaban abocadas al derribo porque expiraba la concesión otorgada a esas construcciones antes de 1988. Ahora el problema está parcialmente resuelto porque se van a conceder otros 75 años de moratoria.


* El País - LUCÍA ABELLÁN Bruselas 20 MAR 2013
Foto: Empuriabrava (Girona), viviendas y canales - elpais



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Piden siete años a exalcalde de Garrucha por presunta prevaricación y extorsión a una constructora

ELDIARIO/Almería* : Un juez ha ordenado la apertura de juicio oral contra el exalcalde socialista de Garrucha, Andrés Segura, por presunta comisión de delitos de prevaricación, extorsión, coacciones continuadas y exacciones ilegales con respecto al convenio urbanístico suscrito con la empresa 'Promociones e Inversiones Hermanos Muñoz SL' para construir 138 viviendas en la unidad de ejecución UE-6 del termino municipal.
Segura, que será enjuiciado junto a otras cinco personas, se enfrenta a penas que suman siete años de prisión, así como 47 años y seis meses de inhabilitación para empleo o cargo público que solicita la acusación particular ejercida por la mercantil querellante Hermanos Muñoz. La misma pena de cárcel interesa para el exedil de Urbanismo Martín López, y el abogado J.M.L.H. mientras que el secretario municipal J.L.P.T., y los también procesados M.J.P.F. y J.M.E.R., arquitecto y técnico municipales, se enfrentan a penas de doce meses de prisión e inhabilitación por un periodo que oscila entre los 28 y los siete años.

La Fiscalía resolvió no formular acusación en este caso y solicitó en un informe emitido en julio de 2012 el sobreseimiento de las actuaciones al no apreciar indicios de delito en los hechos relatados en la querella y al entender que el convenio urbanístico objeto del litigio es "conforme a derecho y revestido de los elementos necesarios de consentimiento, objeto y causa" tal y como se recogía en una sentencia de los contencioso-administrativo.

El auto de apertura de juicio oral, al que ha tenido acceso Europa Press, fija una fianza de 2,4 millones de euros al Ayuntamiento de Garrucha y a la Diputación Provincial de Almería en concepto de responsables civiles subsidiarios y ordena traslado del procedimiento a los juzgados de lo Penal. La administración ha alegado contra la caución.

El escrito de acusación de 40 páginas recoge que la mercantil adquirió en 2003 por más de seis millones de euros una finca conocida como UE-6. Dicha unidad de ejecución, según los querellantes, tenía 26.692 metros cuadrados de extensión de acuerdo a la ficha urbanística aunque "los planos de ordenación" de las Normas Subsidiarias (NNSS) recogían una superficie de solo 21.000 metros cuadrados urbanizables por motivos que califican de "desconocidos".

En septiembre de ese año, el Ayuntamiento otorgó licencia de obras para la construcción de 134 viviendas en esa unidad de ejecución aunque, en 2004, continúa relatando, "saltó a la luz pública el error material antes referido y los medios de comunicación locales llegaron a calificar lo sucedido como el mayor pelotazo urbanístico de la historia del municipio".

Según la acusación, esto provocó que el Consistorio iniciase la revisión de oficio de la licencia, lo que derivó en la suspensión y paralización de la obra, "pese a que el exalcalde, López Peña y, por supuesto, el secretario municipal tenían plena conciencia --sostiene-- de la plena ilegalidad" de la citada revisión "ya que la ficha urbanística de la UE-6 reflejaba y refleja una superficie de 26.692 metros cuadrados".

En marzo de 2005, el pleno levantó la suspensión de la construcción de las 134 viviendas tras un informe preceptivo del Consejo Consultivo de Andalucía, que señalaba que resultaba "incuestionable que la licencia se había otorgado con plena sujeción a legalidad vigente". A partir de este punto, siempre según la mercantil querellante, "comenzó una campaña de acoso y amenazas a sus representantes para tratar de obtener nuevas contraprestaciones económicas, justificadas en supuesto aprovechamiento de la edificabilidad".

"PRECIO POLÍTICO"

Así, en el transcurso de una reunión que se habría celebrado en junio de 2005, el abogado J.M.L.H. demandó presuntamente a los administradores de Hermanos Muñoz "firmar un convenio urbanístico nuevo con el Ayuntamiento de Garrucha en el que entregase a este tres millones de euros en contraprestación al pretendido aumento de aprovechamiento de edificabilidad por la diferencia de metros existente entre la ficha y el plano de la UE-6".

Les habría advertido, además, supuestamente, "de que, en caso contrario, no sería concedida la oportuna licencia de primera ocupación ni siquiera respecto a las 106 viviendas no problemáticas correspondientes los indiscutidos 21.000 metros cuadrados y presentarían una denuncia contra el arquitecto de la compañía por delitos de falsedad en el estudio detalle, y de estafa" que, finalmente se presentó y se inadmitió, según indica.

El escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, detalla que, en marzo de 2006, "en plena connivencia", los acusados se habrían servido de "informes que daban pretendido amparo legal" para promover la revisión de oficio del convenio urbanístico de la finca objeto de litigio por "estar afectado de un error respecto a la superficie real de la unidad de ejecución" y "pese a la flagrante y clamorosa ilegalidad del acuerdo que pretendía tomarse".

A partir de este momento, según los querellantes, Segura, López Peña y J.M.L.H., habrían "continuado presionando para obtener 'precio político' a cambio de solucionar la situación creada y conceder la licencia de ocupación" a los administradores de Hermanos Muñoz, quienes --resalta-- "se volvieron a resistir a aceptar el chantaje pese a que los compradores de los pisos habían empezado a rescindir contratos por retrasos en la entrega de llaves y otros realizaban insistentes y continuos requerimientos".

La acusación particular asegura que los acusados actuaron desde la administración para "dilatar el proceso de obtención de la licencia de primera ocupación" con el fin de que "la situación de la empresa fuera casa día más insostenible tanto financieramente, como con sus compradores" y precisa que, en este proceso, "sus administradores se convencieron de que nunca se iba a otorgar si, previamente, no se pasaba por caja".

"CHANTAJE"

Así, para "poder obtener la licencia que fraudulenta y coercitivamente se les estaba negando", habrían concertado una reunión con el exalcalde, el exconcejal de Urbanismo, el secretario municipal, el arquitecto y el abogado, quienes "en primera persona, manifestaron que para solucionar el problema existente y que se les concediera licencia de primera ocupación, Hermanos Muñoz debería pagar al Ayuntamiento una cantidad en torno a dos millones de euros", condición --ahonda-- "que no tuvieron más remedio que aceptar ante la insostenible situación a la que se habían visto abocados".

La "fórmula" por la que se "plasmo el acuerdo" fue, según indica, la firma de un "nuevo convenio urbanístico". Una concedida la licencia de primera ocupación para las 106 viviendas "sin discusión", los querellantes "debían pagar a cuenta 150.000 euros" . "El resto del precio, una vez deducida esta cuantía, se pagaría una vez publicada en el BOP la aprobación definitiva de la modificación del ámbito de la UE-6 y del estudio detalle", afirma.

"A continuación de la firma del convenio urbanístico, y en ese mismo día 11 de agosto en que se vio obligada a pagar el 'precio político', el 'chantaje' al que había sido sometida por los acusados, el alcalde acordó la concesión de la licencia de primera ocupación a las 106 viviendas aunque denegó de forma claramente injusta e ilegal el permiso sobre otras 28 viviendas".


* El Diario - EP - 19.3.13
Foto: Garrucha (Almería), ayuntamiento - ideal



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Los esqueletos del despilfarro

ELPAÍS/Valencia* : Decenas de residencias, polideportivos y auditorios permanecen cerrados por la crisis.
Unos se concibieron durante la bonanza, alentados por la fiesta megalómana de la construcción y la contrarreloj electoral. Otros, en plena tormenta económica, con los dos planes E del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero —1.408 millones— y Confianza de la Generalitat. La orgía de la inversión ha transformado la Comunidad en un solar salpicado de cadáveres arquitectónicos. Residencias, polideportivos y auditorios fantasma. La mayoría de obras se terminaron e inauguraron —algunas hasta tres veces— pero nadie cayó en su mantenimiento. Y ahora los municipios, atenazados por el control del déficit, pagan la factura de la pólvora de rey. Estas son las consecuencias de la resaca.

El centro de día para mayores de Mislata desafía al horizonte. Simbolizó en 2009 el sueño del exalcalde popular Manuel Corredera, que captó una inversión de cinco millones de euros del Plan E. La mole de 3.500 metros y tres plantas permanece cerrada desde hace dos años. No hay dinero para mantenerla. El Ayuntamiento que pilota ahora el socialista Carlos González Bielsa arrastra una deuda de 40 millones y desconoce cuándo podrá equipar el singular legado. El presupuesto municipal incluye este año una partida de 150.000 euros que no resulta suficiente. “Igual para final de año…”, confía un portavoz.

El centro de día de Moncada encarna otro ejemplo de arquitectura espectral. Fue planeado para atender a mayores y enfermos de alzhéimer. Se inauguró dos meses antes de las elecciones autonómicas de 2011 y se cerró. Hasta hoy. No hay dinero. Dispone de completas (y vacías) salas para rehabilitación, curas y tratamientos. La Generalitat invirtió más de 360.000 euros en esta iniciativa que el Ayuntamiento del PP pretende ahora reconvertir en un espacio para desarrollar un programa de “economía culinaria”.

En Alaquàs tampoco saben cuándo abrirá el centro de innovación del polígono de Els Mollons, que se ideó sobre una parcela de 8.400 metros para divulgar la reutilización de materiales y formar a desempleados. El edificio costó 840.000 euros pero no ha reciclado ni un solo cartón porque no funciona.

La incertidumbre planea sobre la ambiciosa escuela de teatro José Sancho en Manises, que se eterniza desde que se proyectó, en 2006. El exconsejero de Educación Alejandro Font de Mora aseguró que la obra estaría acabada el pasado año. El Ayuntamiento del PP desconoce ahora cuándo concluirá este complejo de nueve millones que algún día acogerá a 800 espectadores. Los socialistas denuncian que las máquinas enmudecieron en verano porque la empresa no cobró de la Generalitat. “En muchos casos las obras se planean como cajas vacías”, explica el sociólogo experto en urbanismo José Miguel Iribas, que relata que un Ayuntamiento le propuso diseñar un auditorio de 1.500 plazas para acoger una vez al año la proclamación de la reina de las fiestas.

La casa de la música de Alberic se cocina a fuego lento. El Ayuntamiento del PP planeó desarrollar el edificio con recursos propios y ahora sufre las consecuencias. La obra comenzó en marzo de 2009 pero la renuncia de la empresa y la escasez económica se han convertido en un lastre. Se han invertido 1,1 millones. No hay fecha para la llegada de los instrumentos.

La biblioteca de Vila-real se inauguró en junio de 2011 sin libros. Y hoy solo funciona la sección infantil, una cuarta parte. El resto continúa sin libros. El concejal socialista Xus Sempere pertenece al cuatripartito de gobierno y atribuye el contrasentido al legado del anterior equipo del PP, las trabas para contratar y los impagos del Consell, que ha desembolsado el 5% de sus 2,7 millones comprometidos. “El edificio es un transatlántico, se hizo a lo bestia”, se queja el edil.

Alicante tiene terminada y cerrada desde hace 20 meses la piscina pública Vía Parque. El Plan E del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero destinó 3,2 millones a esta infraestructura deportiva que se deteriora por falta de uso, según el PSPV. El Ayuntamiento de Sonia Castedo, del PP, tampoco ha desbloqueado el complejo deportivo Villafranqueza, que incluía el primer velódromo ciclista de la provincia en su planteamiento inicial. Desde que en 2010 culminó la primera de sus tres fases (780.000 euros), se desconoce cuándo podrán exprimir la instalación los deportistas. El Consistorio descarta ahora el velódromo por “austeridad”, según un portavoz. Los centros sociales de Alicante de los barrios de Tómbola (1,2 millones) y Urbanova (1,2) también sufren la asfixia municipal. Se encuentran acabados pero cerrados. “Se prima el continente y no el contenido”, lamenta el portavoz de Compromís, Enric Morera.

Petrer acoge varios esqueletos de la crisis. El centro de día para discapacitados psíquicos lleva más de un año cerrado. Se construyó con 1,5 millones del segundo Plan E y se vendió como la infraestructura idónea para atender a cerca de un centenar de personas dependientes —autistas y afectados por parálisis cerebrales—. Se abre ocasionalmente para impartir conferencias. La obra conocida como manzana cultural, que conecta la casa de la cultura y el teatro de Petrer, no ha corrido más suerte. Se encuentra parada desde hace un año. La empresa adjudicataria se negó a continuar hasta cobrar de la Generalitat, que se comprometió a pagar 1,4 millones, según el PSPV.

Los socialistas atribuyen los retrasos al “fiasco” del Plan Confianza del Consell. “No se han desarrollado ni la mitad de las obras prometidas”, señala David Cerdán, secretario general del PSPV de Alicante y concejal en Aspe. En esta población, un esqueleto de hormigón evoca la parálisis de la biblioteca de tres millones prometida por el Consell. Como en otros casos, la constructora abandonó la obra porque no cobró de la Generalitat. Y ahora, ninguna empresa quiere retomar el proyecto, según Cerdán.

En Crevillent, donde el PP gobierna con mayoría absoluta, también se amontonan las instalaciones fantasma. El centro de recuperación para el tratamiento de niños con deficiencias cognitivas está amueblado pero no funciona. Carece de personal. El Ayuntamiento “trabaja” para ponerlo en marcha y adjudicar su gestión, según una portavoz, que no da fechas. Tampoco hay fecha para la apertura del centro de rehabilitación para discapacitados mentales, que se terminó a finales de 2011 con el segundo Plan E (1,2 millones).

Las obras del Museo Arqueológico de Crevillent concluyeron en 2010 pero el Consistorio admite que ahora queda la “implantación museográfica”, que significa llenar el museo con exposiciones. En Elche tampoco saben cuándo abrirá el nuevo edificio del Instituto Tecnológico de la Palmera (2,2 millones) que defendió el exalcalde socialista Alejandro Soler para “investigar la palmera típica ilicitana”.


* El País - JOAQUÍN GIL Valencia 10 MAR 2013
Foto: Centro de día para mayores de Mislata, que captó cinco millones del Plan E, cerrado desde hace dos años. / JOSÉ JORDÁN

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Córdoba.- El temporal abre el debate sobre el riesgo de las parcelaciones

DIARIOCÓRDOBA* : El debate sobre las parcelaciones ubicadas en zonas inundables entre Alcolea y el aeropuerto de Córdoba se ha vuelto a reabrir tras el gran riesgo en el que se emplazan algunas viviendas ante las crecidas del río Guadalquivir cuando se registran temporales y los embalses se encuentran en niveles altos, como ha sucedido en los últimos días. Desde la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir se ha advertido durante los últimos días de que la gestión de la cuenca ha estado marcada por la ubicación cercana al río de algunas viviendas en el término de Córdoba, lo que ha provocado que no se pudiera desembalsar a un mayor ritmo y llevó los pantanos a niveles máximos. Los últimos tres días se ha priorizado la rebaja en las presas de Jaén, que se llenaron por las abundantes lluvias que se registraron en la vecina provincia.
El alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto, afirmó esta semana en un acto celebrado en Sevilla que el Ayuntamiento no descarta adoptar medidas drásticas, aunque "sean impopulares". Nieto instó a la Junta de Andalucía a sentarse y dialogar para encontrar soluciones a la situación de las parcelas que están en zonas inundables. "Si hay que tomar medidas que sean impopulares nosotros las vamos a asumir y si encontramos una solución que evite desalojar, derribar o tomar una medida más dura, encantado de buscarla, pero tenemos que hacerlo de la mano de la Junta cuanto antes", dijo Nieto. Ayer, el alcalde volvió a demandar la colaboración de la Junta de Andalucía y sugirió dos alternativas. Por un lado, planteó la posibilidad de canalizar el río, aunque supondría un coste "elevadísimo", o buscar una solución puntual para la zona de mayor riesgo, consensuada entre la Junta, el Ayuntamiento y los propietarios.

En el documento presentado esta semana por la Gerencia de Urbanismo se recoge la existencia de 1.318 viviendas localizadas en terrenos con riesgo de inundación, lo que supone el 31% de los edificios situados en zonas de riesgo en la capital. El mayor número se encuentra en el entorno del aeropuerto. En el reciente temporal se volvieron a ver afectadas viviendas de Guadalvalle, aunque hay otros emplazamientos que en otras ocasiones han sufrido daños como la calle La Barca (Alcolea), La Altea, Majaneque, El Alcalde o Fontanar de Quintos. El Ayuntamiento ha localizado 24 núcleos en zonas inundables.

El reciente episodio de lluvias aumentó el nivel de los embalses cordobeses en los últimos siete días en 164 hectómetros cúbicos, llegando ayer a almacenar 3.307 (96,97%). El máximo histórico se registró el jueves, cuando se alcanzó el 97,12%.


* Diario Córdoba - F. EXPOSITO 16/03/2013
Foto: Córdoba, inundaciones casas - cordoba



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Madrid.- El Defensor del Pueblo amonesta a Ignacio González por la opacidad de Eurovegas

ELCONFIDENCIAL* : La información que la Comunidad de Madrid ofrece sobre Eurovegas es escasa, prácticamente nula. Así lo considera el Defensor del Pueblo y así se lo ha hecho llegar a Ignacio González, presidente de la región en la que Sheldon Adelson invertirá 17.000 millones de euros para construir el mayor centro de convenciones del sur de Europa. La Comunidad de Madrid se ha escudado siempre en que no puede informar sobre lo que es “una mera expectativa de un proyecto de carácter privado” y, para echar balones fuera, siempre ha respondido que la única que tiene potestad para informar a los ciudadanos es la entidad promotora del proyecto, Las Vegas Sands.
El Defensor del Pueblo opina, sin embargo, que la Comunidad de Madrid ha dado respuestas muy incompletas cuando ha sido preguntada por el macroproyecto. En concreto, destaca que hay “un desequilibrio entre la falta de respuesta a una solicitud legítima formulada por los ciudadanos y la respuesta en forma de ley ante una mera expectativa de implantación de un macroproyecto de ocio y turismo”.

Con este informe, la institución ha querido dar continuidad a la queja presentada por la Plataforma Eurovegas No el 8 de noviembre ante esta institución. Desde hace un año, las preguntas que ha cursado dicha plataforma en registro oficial y a través de tuderechoasaber.es exigían información sobre cualquier estudio o investigación realizado o encargado por la Comunidad de Madrid sobre Eurovegas, los costes reales del proyecto para el contribuyente y los posibles impactos medioambientales y sociales que este puede tener. También solicitaban las cartas y comunicaciones realizadas entre Las Vegas Sands, cuestiones, todas ellas, que siempre fueron rechazadas.

El organismo dirigido por Soledad Becerril recuerda a la Comunidad de Madrid que hay varias leyes que respaldan el acceso de los ciudadanos a la información pública “como expresión de la transparencia en la actividad de los poderes públicos, de la buena fe y de la confianza legítima que estos han de respetar en su actuación”. Por ello, reclama a la Comunidad de Madrid que comunique la información que disponga de los solicitantes o, si no lo hace, exponga los motivos para no hacerlo. Asimismo, la institución continuará con la investigación y solicita al Ejecutivo de Ignacio González información sobre si Las Vegas Sands ha presentado alguna solicitud para la aprobación como centro integrado de desarrollo de un proyecto de juego, ocio y turismo de grandes dimensiones.

Declaración de viabilidad

También quiere saber si la empresa ha presentado una solicitud de declaración de viabilidad y si habría sido resuelta por el consejero competente en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo. “La opinión del Defensor del Pueblo demuestra el vínculo entre la transparencia y el derecho fundamental de la libertad de expresión: sin información es imposible tener un debate público sobre un tema de gran interés público como es Eurovegas”, apunta Helen Darbishire, directora de Access Info Europe, uno de los miembros de la Plataforma Eurovegas No.

La plataforma, tras recibir el respaldo del Defensor del Pueblo, advierte de que va a continuar con su campaña por una mayor transparencia en la tramitación y las decisiones sobre Eurovegas para poder esclarecer las condiciones y las consecuencias de la construcción de este macroproyecto “del que se sabe tan poco”, y continuará denunciando públicamente todas y cada una “de las irregularidades de este, hasta ahora, oscuro proceso de negociación”.


* El Confidencial - Ana I. Gracia - 13.3.13
Foto: Eurovegas, terrenos Alcorcón - elmundo



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Casas vacías en la comunidad del ladrillo

DIAGONAL/Valencia* : Desde la PAH Alicante denuncian que la Generalitat está empezando a desahuciar a las familias que viven en las viviendas sociales del Instituto de Vivienda de Valencia.
La Comunitat Valenciana fue el pasado año la región en la que se presentaron en los juzgados más procedimientos de desahucios, con 12.464 hasta septiembre de 2012, según el informe del Consejo General del Poder Judicial. “En Alicante llegan unos 20 o 30 casos nuevos de desahucios cada domingo; la mayoría son casos de multipropiedad o de gente con ingresos altos pero con unas hipotecas enormes. Casos de primera necesidad hay un 15% o 20%, en los que hay que tomar medidas inmediatas. Es una suerte que hayamos llegado a acuerdo, porque no se puede contar con apoyo para estos casos por parte de la Administración”, explica Jesús Bustos, de PAH Alicante.

Con un modelo de política de vivienda basado en la construcción a través de promotoras privadas de bloques destinados mayoritariamente a la venta con cierto grado de protección oficial, la Generalitat Valenciana, a través del Instituto de Vivienda de Valencia (IVVSA), tiene dedicadas al alquiler social unas 60 viviendas en Alicante, que se suman a otras 20 propiedad del Patronato Municipal de Vivienda, según afirma Bustos. En la ciudad de Valencia, con cerca de 800.000 habitantes, las cifras no son muy distintas: sólo hay 94 viviendas destinadas a alquiler social, de las que 11 están pendientes de rehabilitación; o en Castellón, donde, según explica Walter González, miembro de PAH Castellón, las viviendas de alquiler social son prácticamente inexistentes.

Al escaso número de viviendas se le añade el largo proceso para optar a este recurso, para el que, según explica Jesús Bustos, hay que pasar por Servicios Sociales. “Reciben a diez personas al día, puedes pasar dos años en lista de espera antes de que te reciban”. Éste fue el caso de Encarni y Francisco, un matrimonio de Elda que llevaba cinco años esperando a que se les adjudicara una vivienda de alquiler social hasta que hace tres meses, empujados por la enfermedad crónica que sufre uno de sus hijos, decidieron okupar una de las viviendas vacías que el IVVSA tiene en la localidad y ahora se enfrentan a un juicio por usurpación. “Esta vivienda llevaba más de un año vacía; ahora el IVVSA se excusa diciendo que la iban a reformar”, afirma Neus Pineda, de PAH Elda-Petrer, quien recalca que sólo en ese mismo bloque se cuentan seis viviendas vacías del Instituto de Vivienda valenciano.

Con un parque de alrededor de 16.000 viviendas, la consejera de Infraestructuras valenciana, Isabel Bonig, admitió a finales del pasado año que se contaban 605 viviendas vacías propiedad del IVVSA, una cifra que posiblemente se quede corta cuando sólo en Paterna, según denuncia la Coalició Compromís, se cuentan más de 200 viviendas vacías de la institución regional, otras varias decenas en Sagunto, o un bloque entero de viviendas en Alfafar.

Desahucios en el IVVSA

Mientras, la empresa pública de vivienda ha contado ya más de 500 casos de desahucios de sus viviendas sociales desde 2008. “El objetivo del Ayuntamiento y de la Generalitat con esas viviendas es sacar algo de dinero. Si no pueden sacar de la gente que hay ahora, los echarán para meter a gente que pueda pagar aunque sea poco, como las familias que vienen de desahucios”, explica Bustos en relación al caso de Alicante, tras añadir que, aunque el Ayuntamiento alicantino afirmó en un Pleno que no se ejecutarían desahucios de viviendas sociales por motivos económicos, a la PAH ya han llegado un par de casos en los que se “buscan otras excusas”, como el de una mujer con un hijo con la enfermedad de huesos de cristal con derecho a recibir la ayuda de la Ley de Dependencia, que, al no recibirla, se vio obligada a menudear con droga para poder comprar las medicinas de su hijo, o el de un hombre de 55 años con problemas de salud que dedicaba 250 de los 300 euros mensuales que gana a comprar medicinas, y al que el Patronato de Vivienda intentó desahuciar mientras estaba ingresado en el hospital.

El IVVSA dedicó mayormente su actividad hasta hace poco a la promoción de vivienda nueva de la mano de grandes constructoras valencianas vinculadas al Partido Popular con las que creó empresas mixtas, como Tarea Promociones Valencianas de Vivienda, creada en 2005 junto a Enrique Ortiz, actualmente imputado en la Gürtel y en la Brugal, de la que el instituto valenciano de vivienda maneja un 49% (el 51% restante está en manos del constructor alicantino). Tarea Promociones ha llevado proyectos como el del PAI de Nou Manises, de 9.634 viviendas, de las que 5.775 eran de protección oficial, el Bulevar del Plá, en Alicante, o el Plan Rabassa, que supondrá la construcción de más de 13.500 casas en la periferia de Alicante y cuya tramitación estuvo salpicada de polémicas por posibles irregularidades en el Plan General de Ordenación Urbana del municipio.

El pasado año, el Gobierno valenciano decidió dar un vuelco a la gestión del IVVSA, y centrar su actividad en la gestión de viviendas sociales destinadas a colectivos en riesgo de exclusión. El cambio de actividad de la empresa pública fue acompañado en julio de 2012 por un ERE que dejó sin trabajo al 60% de la plantilla, 212 trabajadores, aunque dejó intacto el equipo directivo, y cuyo coste, estimado en siete millones de euros, se dedujo del presupuesto destinado al plan de vivienda.

“Todo lo que el Estado no asume de sus responsabilidades lo está asumiendo la sociedad civil”, afirma Jesús Bustos. Según explican desde la PAH Alicante, en la provincia ya hay particulares que están poniendo en alquiler viviendas por 50 euros e incluso algunos las ceden gratuitamente. “Hay muchos vecinos que cuando ven que una vivienda en su edificio está vacía contactan con nosotros y nos ofrecen que la ocupemos para dársela a una familia desahuciada”, explican desde la plataforma, desde la que añaden que incluso la policía no está poniendo pegas a las okupaciones en las que se estén cuidando los edificios.

“En la Comunidad Valenciana sólo hay proyectos parados en los cajones. Los servicios sociales no hacen nada, los bancos hacen poco y los ciudadanos son los que están moviéndose y consiguiendo cosas”, concluye Bustos.

Casi cuatro años sin pagar el cheque vivienda

“Nos han vendido pisos que supuestamente eran de protección, pero llevamos años sin recibir las ayudas”, explica Felipe Pérez, de la Plataforma de Afectados Ayudas a la Vivienda de la Comunitat Valenciana. Desde la plataforma denuncian que cerca de 50.000 personas a las que se les ha aprobado el cheque de acceso a la vivienda, que supone una ayuda para la compra de la primera vivienda de entre 4.000 y 17.000 euros, siguen a la espera de que la Generalitat les pague la ayuda.

“Ahora están empezando a pagar a gente que pidió anticipos a los bancos, saltándose el orden de resolución de las ayudas por la presión de los bancos”, señala Felipe Pérez, que lleva ya cerca de cuatro años esperando recibir los 11.000 euros que le debe la Generalitat, y quien añade que el Gobierno valenciano está haciendo una propaganda populista intentando dar imagen de preocupación por las familias desahuciadas mientras deben 250 millones de euros a otras 50.000 familias, de las que muchas están también en riesgo de desahucio.


* Diagonal - TER GARCÍA . Redacción - 05/03/13
Foto: La Comunitat está a la cabeza en construcción de segunda vivienda. / DAVID FERNÁNDEZ

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