Vejer.- La playa de El Palmar: de botín urbanístico a activo tóxico

El caso especial de El Palmar, con la joya de la playa kilométrica virgen, en el municipio gaditano de Vejer, lleva mucho tiempo en los medios, como consecuencia de los intentos por urbanizar la zona protegida por parte de diferentes empresarios y políticos. Hasta el día de hoy sigue intacta gracias a la intensa actividad de la Plataforma 'Salvar el Palmar'. Pero, ¿hasta cuándo?
"ELDIARIO* : De paraje idílico junto al mar a terreno de especulación inmobiliaria. Y de joya urbanística a activo tóxico a precio de saldo. La mitad de la parcela hotelera de la playa de El Palmar (Vejer, Cádiz), en la que está autorizada la construcción de un complejo turístico, está incluida entre los activos que Bankia ha traspasado a la Sareb, el conocido popularmente como banco malo, y está ahora en condiciones de volver al mercado a un precio muy ventajoso, tal y como han confirmado fuentes de la Sareb".

Estas fuentes oficiales explicaron que aún no se ha estudiado cuál será el valor de traspaso de estos suelos en la costa gaditana pero sí señalaron que el precio de los terrenos urbanizables que han llegado al banco malo procedentes de entidades bancarias es alrededor de un 50% inferior al que estaban tasados en sus entidades de origen. Ese porcentaje marcará la devaluación de los activos cuando retornen al mercado. "La sociedad está abierta a escuchar ofertas por estos terrenos", anunciaron las mismas fuentes.

El Palmar Gran Resort

En El Palmar se contempla la construcción de un hotel de unas 270 habitaciones hoteleras a 400 metros de la playa, en una primera fase, con una inversión estimada de más de 50 millones de euros. El proyecto se denomina El Palmar Gran Resort. Se presentó en 2001 y cuenta con la aprobación de la Junta de Andalucía desde 2007, pero desde entonces está bloqueado como consecuencia de la crisis inmobiliaria y crediticia. La plataforma Salvar El Palmar, con más de 62.000 adhesiones en redes sociales, se opone a la construcción de un hotel en este paraje simbólico de la Costa de la Luz.

La propiedad de las 30 hectáreas reclasificadas como urbanizables junto al arroyo de Malcucaña, en el extremo de El Palmar que linda con el término municipal de Conil, ha sufrido un verdadero periplo entre promotoras y entidades bancarias en el último decenio. Tras la retirada del promotor original, Esteban Riera Marsá, en 2009, la parcela quedó dividida entre dos de sus acreedores: la promotora andaluza Grupo Tarje y CajaMadrid. A principios de 2011, CajaMadrid y otras seis cajas en dificultades se integraron en Bankia. A esta entidad única también llegó gran parte de sus activos inmobiliarios, entre ellos, el suelo de El Palmar.

A principios de este año, la propiedad de estos terrenos aún dio un nuevo giro, cuando Bankia la depositó en el llamado banco malo, el cajón en el que han acabado los activos tóxicos de los bancos y las cajas que han recibido ayudas públicas con el objetivo de sanear sus balances. La Sareb, que hoy es la mayor inmobiliaria del país con alrededor de 100.000 activos en cartera, tiene un plazo de 15 años para aliviar estas propiedades inmobiliarias devaluados.

Los suelos hoteleros de El Palmar, uno de los enclaves privilegiados de la Costa de la Luz y en los que Riera Marsá preveía una inversión original de hasta 88 millones de euros, volverán de esta forma al mercado pero a precio de saldo, en el montón de propiedades en liquidación que están en manos de la Sareb.

El alcalde de Vejer, José Ortiz (PP), informó de que Grupo Tarje, que ya tiene la mitad de la propiedad de la parcela de Malcucaña, es la empresa mejor posicionada para comprar el resto de estos suelos a la Sareb a precio de saldo. Al estar ya constituida la junta de compensación para la urbanización de los suelos, la promotora tiene derecho de tanteo sobre la parcela, según explicó el regidor. "El proyecto está muy vivo y hay empresas interesadas en invertir", subrayó Ortiz, a pesar de que los avances del proyecto en los últimos años han sido poco significativos.

El promotor sevillano Juan Muñoz Tamara, propietario de Tarje, ha preferido no atender a la petición de información de este medio sobre el futuro del proyecto hotelero de El Palmar. Muñoz Tamara también lidera la urbanización de la playa de Valdevaqueros, en Tarifa.

La opacidad de la promotora se explica por la relevante oposición social que los hoteles de Malcucaña han generado en el país. La plataforma Salvar El Palmar, que nació a finales de 2009 y recogió apoyos de todas las regiones gracias a la fama de esta playa gaditana, no está dispuesta a que se urbanice la zona. Hoy suma más de 62.000 adhesiones en la red social Facebook y tiene capacidad de movilización, una cuestión que espanta a inversores y firmas hoteleras en un momento en el que ningún promotor está dispuesto a poner ladrillo sobre ladrillo en el país.

La opción de "comprar" El Palmar

El portavoz de la plataforma Salvar El Palmar, Antonio Nabu, ha apuntado el interés de este colectivo en los terrenos que han acabado en manos de la Sareb y no descarta la opción de tantear su adquisición a través de una recaudación entre las miles de personas que quieren proteger esta playa gaditana. "Nos reuniremos y lo estudiaremos", ha declarado Nabu.

La parcela, desde el punto de vista de la tramitación urbanística, está preparada para construir, tal y como admite la portavoz de Ecologistas en Acción-Andalucía, Lola Yllescas. Como última opción contra la urbanización, el colectivo ha presentado un recurso ante la Junta de Andalucía al entender que la Agencia Andaluza del Agua declaró en 2010 Malcucaña zona inundable y que esa decisión no es compatible con ninguna construcción. "Para nosotros, es un hecho sobrevenido. La propia Junta dice que las zonas inundables no son urbanizables. Durante este invierno la zona ha sido intransitable, no puede caminar ni una vaca del barro que hay", defendió Yllescas en una entrevista publicada por eldiario.es/andalucia hace una semana. Ahora, esta puntualización normativa y la crisis económica son los únicos obstáculos para el proyecto hotelero de la playa.

Cronología

2001: El origen del proyecto

El Ayuntamiento de Vejer, con el socialista Antonio Verdú como alcalde, y el promotor mallorquín Esteban Riera Marsá presentan un plan para construir un macrocomplejo hotelero en Malcucaña, en la playa de El Palmar. Se proyectan 1.300 plazas junto al mar con una inversión de 88 millones de euros.

2002 a 2007: Cinco años de burocracia

La previsión era solventar la gestión administrativa del plan en dos años pero ese plazo es pronto una utopía. Ambos chocan con una complejísima tramitación en la Junta de Andalucía. El documento urbanístico sufre modificaciones y retrasos burocráticos.

2007: La Junta aprueba el plan

El 1 de junio de 2007, la Junta de Andalucía aprueba el proyecto hotelero. La crisis del ladrillo está a punto de estallar y el promotor mallorquín encuentra enormes dificultades para acceder a financiación bancaria.

Mayo de 2009: Riera Marsá abandona

El promotor Esteban Riera Marsá anuncia que abandona el plan para construir hoteles en El Palmar. La sociedad que lidera el proyecto, Pinar Costa Atlántica, formada por un grupo de empresarios mallorquines con Riera Marsá al frente, se declara en concurso de acreedores al no poder hacer frente a sus deudas.

2009: Nuevos promotores

A través de este concurso de acreedores, la promotora Chival Promociones Inmobiliarias, perteneciente al andaluz Grupo Tarje (filial de GTM) y liderada por el empresario Juan Leocadio Muñoz, y Caja Madrid, se hacen con el proyecto a finales de 2009. Tarje era una de las empresas asociadas a Riera Marsá.

2009-2011: Búsqueda de socios

Tarje busca una cadena hotelera que se encargue de la explotación del negocio. El proyecto sufre ahora una notable oposición social a través de la plataforma Salvar El Palmar, que capta adhesiones a través de las redes sociales y organiza varias manifestaciones.

2011: Nuevo alcalde

José Ortiz (PP), se hace con la Alcaldía y hereda el proyecto para seguir trabajando en su desarrollo, aunque la crisis mantiene la inversión paralizada. El alcalde asegura que hay empresas interesadas en el tramo costero pero no se formaliza ninguna adhesión.


* El Diario - Jorge Garret - 25.4.13
Foto: A la derecha, la torre de Castilnovo, que se sitúa a unos 500m de la parcela hotelera de El Palmar, en el término municipal de Vejer - Borja Benjumeda

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Sevilla.- La justicia reinicia el ‘caso Boliden’ 15 años después de la catástrofe ecológica

Parece propio de un país tercermundista, pero así es la realidad: el grave caso de la contaminación, por la empresa minera Boliden, del agua en el entorno del parque nacional de Doñana lleva camino de eternizarse por culpa de una justicia apática y poco preparada para los delitos medioambientales. Han pasado 15 largos años y se está, lamentablemente, como al principio.
"ELPAÍS* : Determinar el culpable de la rotura de la balsa en la mina de Aznalcóllar (Sevilla), una catástrofe medioambiental que supuso el vertido de seis millones de metros cúbicos de lodos tóxicos en el entorno de Doñana, parece una tarea imposible. Esta semana se han cumplido 15 años del desastre ecológico, y la justicia fue incapaz de señalar culpables por la vía penal —este cauce se cerró con 21 técnicos imputados absueltos— pero tampoco ha resuelto aún la vía civil, en la que se dirime el abono de la abultada factura de la limpieza de residuos.

Porque el laberinto judicial ha regresado al inicio, al mismo juzgado que estudió en 2002 la petición de la Junta de Andalucía para que la empresa minera sueca Boliden pagara los 89 millones que costó la reparación de los graves daños ecológicos. El Juzgado de Primera Instancia 11 de Sevilla instruirá el caso después de inhibirse al comienzo. Ha terminado por asumir la investigación después de que el Tribunal Supremo se lo ordenara hace un año. La lentitud de la justicia es patente en esta batalla, y el escenario abierto ahora augura al menos otros siete años hasta su resolución final, ya que es previsible que el caso vuelva al alto tribunal.

“El indeseable peregrinaje sufrido”. Así definió la Sala de Conflictos de Competencia del Supremo esta historia judicial antes de devolver el caso al juzgado sevillano. El pasado otoño la empresa matriz sueca recurrió ante el juez de primera instancia, Francisco Berjano, para que se inhibiera en favor del juzgado mercantil que instruía el concurso de acreedores de su filial española Boliden Apirsa SL. Ante esta maniobra judicial y tras pronunciarse en contra la fiscalía y la Junta, el juzgado ha desestimado la demanda de la firma minera. En un auto, el juzgado aclara que “el proceso se interpuso antes de que Boliden Apirsa, en liquidación, fuera declarada en concurso”.

La empresa sueca ha vuelto a recurrir la decisión judicial, esta vez ante el propio magistrado Berjano. Y este ha preguntado a los administradores concursales para que se pronuncien al respecto, así que en las próximas semanas este ratificará su asunción de competencia inicial. Es previsible que el magistrado asuma definitivamente el caso, dado que el auto contiene una extensa argumentación jurídica.

Y es que la paradoja es excepcional: la demanda de la Junta andaluza para el pago de la factura presentada en 2002 ni siquiera ha sido admitida a trámite, dado que hasta ahora no existía un juez competente. Es decir, ahora se abre la vía para que por fin el juez analice la causa y determine el justo pagador.

Mientras, dado que la Junta andaluza dirigió su demanda contra Boliden Apirsa y sus matrices sueca y holandesa, para así asegurarse que estas últimas paguen tras la liquidación de la filial española, el juez le ordenó que tradujera las ocho cajas de documentos del caso. La Junta se resiste de momento a traducir los 5.000 folios al inglés, una factura que estima en 234.000 euros y que pretende derivar a los tribunales.

En su última memoria anual, la compañía sueca indica que sus abogados en España no prevén “sufrir ningún daño económico como resultado del proceso legal, por lo que no ha hecho provisiones monetarias”.

El colmo del absurdo llegó después de que la empresa decidiera cerrar la mina tras el desastre. Mientras que la Junta iniciaba la petición del dinero empleado en la limpieza, la firma presentó un ERE para prejubilar a 275 extrabajadores que costó 58,6 millones. Dos terceras partes lo abonó la propia Junta gracias al fondo de los ERE.

Cronología del laberinto judicial

2002. Cuatro años tras el desastre ecológico de Aznalcóllar, se cierra en falso la vía penal y la Junta andaluza demanda a Boliden para recuperar los 89 millones invertidos en la limpieza de residuos. El Juzgado de Primera Instancia 11 de Sevilla se declara incompetente.
2003. La Audiencia de Sevilla respalda la inhibición del juez e insta a resolver el caso por la vía administrativa.
2007. El Tribunal Superior de Justicia (TSJA) apoya a Boliden y la Junta recurre al Tribunal Supremo.
2012. El Supremo ordena que el caso regrese al mismo juzgado sevillano de primera instancia que se inhibió una década antes.
2013. El juzgado asume la competencia e inicia la vía para determinar el pagador de la limpieza de lodos que afectaron a 4.634 hectáreas.


* El País - JAVIER MARTÍN-ARROYO - 27.4.13
Foto: Vista aérea de la fractura de la presa de la minera Boliden en Aznalcóllar (Sevilla). / TAPA

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México.- Proyectos urbanos en el país, solo responden a lógicas financieras

En México, como en otros muchos países latinoamericanos, la planificación urbana brilla por su ausencia, a pesar de algunos notables ejemplos que son reconocidos internacionalmente. Los grandes proyectos son decididos, normalmente, por grupos de financieros asociados a los políticos. Esto lleva a una situación caótica donde priman los intereses económicos, por encima de los humanistas.
"KIOSCOMAYOR* : El desarrollo urbano, como disciplina, debe tomar las riendas del proceso de transformación de las ciudades mexicanas y buscar revertir las políticas que responden a lógicas meramente financieras, tales como la de vivienda e inversión en infraestructura, de los últimos dos sexenios, señaló el arquitecto Santiago Antón García, experto en urbanismo.

Al sustentar la conferencia magistral del 9° Seminario Urbanismo internacional, organizado por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el ex subsecretario de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio de la Sedesol en la administración de Vicente Fox, dijo que los proyectos que se realizan actualmente en torno a las ciudades del país responden a una política de lógica financiera y no de desarrollo urbano, cuyos resultados “no han sido positivos”.

Al referirse en particular a la política de vivienda, afirmó que en las últimas dos administraciones se financiaron alrededor de nueve millones de casas, de las cuales cinco millones no están habitadas. “El daño que esta situación causará al desarrollo de las ciudades, no lo podemos prever” y los gobiernos no han manifestado cuál sería la salida a esta problemática, advirtió.

La construcción de los segundos pisos no obedece a una planificada intervención urbanística, y se espera que, debido al incremento constante del parque vehicular, estas vialidades serán insuficientes y podrían “colapsar”.

Reconoció que si bien se ha avanzado en materias de transporte masivo de pasajeros, “han sido proyectos que no han ido acompañados de una planificación urbanística”; y son más bien planteamientos sectoriales que atienden específicamente el problema del trasporte, pero no para propiciar una dinámica de desarrollo urbano de la ciudad.

Para el Director General de la Consultoría Especializada en Urbanismo, Planificación Urbana y Reordenación del Territorio es impostergable que se revisen estas políticas basadas en la lógica financiera y retomar un enfoque de intervención urbana para el desarrollo de las ciudades.

Por su parte el doctor Sergio Padilla, investigador del Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo de la Unidad Azcapotzalco de la UAM, advirtió al citar al profesor Bernardo Baranda, también investigador de la UAM, que en la Ciudad de México 70 por ciento de la inversión en infraestructura, se destina a proyectos vinculados con las vialidades.

Lo anterior quiere decir que “todos estamos financiando la infraestructura para los menos”, en una ciudad donde el parque vehicular crece 6.4 por ciento cada año.

Advirtió que en los próximos 15 años el número de autos en México se triplicará, de manera que para el año 2030 circularán en el país más de 70 millones de vehículos. Esto traerá consecuencias asociadas como contaminación atmosférica, pérdida de tiempo en los recorridos, accidentes, merma en la salud por causa del estrés, entre otras.


* Kiosco Mayor - 20.4.13
Foto: México DF, atasco - kioscomayor



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Terreno público regalado al Opus Dei junto a Valladolid

El tristemente famoso alcalde de Arroyo de la Encomienda, imputado por varios delitos urbanísticos, sigue con su línea sin freno de ilegalidades, ahora cediendo una gran zona pública para que el 'Opus Dei' construya un centro de enseñanza, habiendo amañado, además, el concurso de candidatos. Se ve claramente la influencia de esta organización religiosa privada en la política pucelana.
"DIAGONAL* : En Arroyo de la Encomienda, localidad de cerca de 20.000 habitantes muy próxima a Valladolid capital, el consistorio ha aprobado la ce­sión de terrenos públicos para la construcción de un centro de educación primaria y secundaria a una fundación vinculada al Opus Dei, organización a la que ya se le ha adjudicado la gestión de las dos escuelas infantiles públicas existentes en la localidad.

La puesta en funcionamiento y gestión del centro de educación infantil, primaria y secundaria, en régimen de centro concertado, es decir, financiado con dinero público, la llevará a cabo la Fundación Arenales, vinculada al Opus Dei. Al proyecto optaba otra candidata, la Fundación Gredos-San Diego, con un programa de educación laica. Pero para evaluar estas ofertas presentadas y decidir a cuál de las dos se le adjudicaba el proyecto, el alcalde creó un comité de expertos. Formado por personas de orientación claramente conservadora y religiosa, el comité emitió un dictamen en el que se decanta por la opción de la Fundación Arenales, argumentando su decisión en que esta fundación “es partidaria de la teoría del humanismo cristiano y que el proyecto pedagógico del Opus es el más correcto”. Por otro lado, el comité calificó el proyecto de la Fundación Gredos-San Diego como “confuso, ya que parte de la negación de la libertad”. La fundación Gredos-San Diego ha obtenido numerosos premios por su actividad educativa.

En Arroyo de la Encomienda existen cuatro centros públicos en los que se imparte educación primaria, pero este nuevo centro será la única opción para cursar allí educación secundaria.

Estaba previsto que las obras comenzaran este mes de abril para que se pudiera empezar a impartir clases ya el próximo curso en septiembre, pero ante el retraso de la Junta de Castilla y León en responder si otorga o no el concierto, la Fundación Arenales ha decido posponerlo, por lo que de momento el próximo curso no estará en funcionamiento.

El 3 de abril se conoció que la Fundación Arenales ha enviado una carta a las 300 familias que ya se han inscrito para solicitar plaza culpando a la Consejería de no haber empezado las obras, ya que consideran como “imprescindible” que exista el compromiso de concertar la educación que imparta ese centro.

Al señalar que el centro sería concertado, el Ayuntamiento de Arroyo se estaba arrogando competencias que no le corresponden, ya que los conciertos los ha de otorgar la Junta de Castilla y León y además a centros que como mínimo lleven un año en funcionamiento. Sin embargo, la Fundación ya ha tramitado la solicitud de reconocimiento y concertación.

Las dos únicas escuelas infantiles públicas existentes en Arroyo de la Encomienda están gestionadas por una entidad privada ligada al Opus Dei, la Fundación Escuna, cuyo proyecto está orientado a tener continuidad en los centros Peñalba (masculino) y Pinoalbar (femenino), los más famosos centros educativos del Opus en Valladolid, cuando los niños lleguen a edad escolar. Así lo ha reconocido la directora de una de estas escuelas infantiles.

Alcalde imputado

El director del centro de Arroyo será Alberto Barrera, conocido miembro del Opus Dei y concejal de Cultura, Deportes y Turismo en el Ayuntamiento de la cercana localidad de Simancas. Pero el impulsor de este proyecto de guarderías y cesión de suelo público para este centro educativo, ambos concedidos al Opus Dei, es el alcalde de Arroyo de la Encomienda, José Manuel Méndez Freijo. Natural de As Nogais (Lugo), fue concejal en su pueblo primero por el BNG y luego por el PSOE. En Arroyo de la Encomienda llegó al Ayunta­miento de la mano del PP, partido que abandonó cuando comenzaron sus problemas con la justicia para crear el grupo Indepen­dientes por Arroyo de la Enco­mienda, que posee 12 de los 17 concejales del municipio. Todo un camaleonismo político.

El Juzgado de Instrucción n.º 1 de Valladolid dictó auto de procesamiento contra él y otras siete personas, entre ellas el portavoz del PP en la diputación de Valla­dolid, Jesús García Galván, y varios representantes de la empresa gallega Mahía Grupo Inmobiliario S.L., acusándoles de delitos contra la Administración pública, el orden socioeconómico y el urbanismo, así como de malversación de caudales públicos. Los hechos imputados: convertir en urbanizable el 70% del suelo de la localidad para concesiones urbanísticas en beneficio de la empresa Mahía desde 1999 a cambio, presuntamente, de recibir 30 millones de pesetas y una casa en Vilagarcía de Arousa. También se desconoce cómo Jesús García Galván financió la adquisición de otros dos pisos y dos chalés. El juez le imputó también haber regalado al Concello de As Nogais unos columpios usados propiedad del Ayuntamiento de Arroyo, valorados en 2.000 euros, sin el preceptivo expediente.

La comunidad educativa se moviliza

Las AMPAS de los cuatro centros públicos de enseñanza primaria de Arroyo convocaron una asamblea conjunta en la que se criticó con dureza la cesión de terrenos al Opus en Arroyo de la Encomienda. Según las asociaciones de madres y padres no existe la libertad de los padres para elegir un centro de estas características, y se verán obligados a llevar a su hijos a centros de Valladolid capital. La Junta de Castilla y León ha manifestado no poseer fondos para el mantenimiento y ampliación de los centros públicos existentes. En algunos centros de la provincia están dando clase en barracones prefabricados por no poder acometer la ampliación de aulas, y en un colegio de primaria del propio Arroyo de la Encomienda, el CEIP Elvira Lindo, no pueden utilizar el patio por no estar concluido y el comedor se ha tenido que instalar en la sala de psicomotricidad.


* Diagonal - ALBA C. - 25.4.13
Foto: Arroyo de la Encomienda (Valladolid), exceso edificaciones - nortecastilla.es



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Costes de la ley de Costas

En este artículo de la catedrática de Urbanismo de Barcelona se analizan los últimos años de la burbuja inmobiliaria y la nueva Ley de Costas desde el punto de vista del territorio catalán. Las conclusiones son similares a las del resto del Estado, con un planeamiento ejecutado a la medida de especuladores y promotores sin escrúpulos que han destrozado el litoral y continúan aun en su empeño.
"MARIA RUBERT DE VENTÓS* : El panorama que se ofrecía al visitante que accedía a España desde Francia en coche o ferrocarril hace 10 años era un espectáculo insólito de taludes y grúas. Un fenómeno que se desparramaba por el litoral catalán hacia levante. Un caso prácticamente único en Europa, especialmente si tenemos en cuenta que todo ese movimiento de tierras y mutación del paisaje no tenía relación directa con la mejora del territorio agrícola o con el crecimiento neto de población.

Una explosión que rápidamente fue case study en las universidades de Ciencias Sociales, Geografía, Antropología, coincidiendo con momentos de máxima divulgación de nuestra arquitectura en el mundo.

La presión era tal, que a la iniciativa privada se incorporó la pública y, con dinero prestado, cada población con salida al mar aspiraba a un puerto deportivo, en lugares tan excepcionales como Portbou, o en el delta del Ebro. También de prestado se construyeron las variantes y rotondas que transformaron el acceso a las poblaciones en un sinfín salvaje de redondeles, sumergidos en taludes, desmontes y jardinería kitsch (no conocemos peor traducción del roundabout inglés que nuestra versión ibérica). También revivieron viejas urbanizaciones en laderas y en la costa, paradas desde los años 60 y 70, además de florecer viviendas en las periferias de todas las ciudades, en forma de bloques o pareadas. Continuaron y se expandieron proyectos, que imaginábamos controlados por la ley de Costas, con casas aisladas u organizando conjuntos frente al mar. En los parajes agrícolas y descampados no había tampoco descanso: naves, granjas, casas, vallas; de todo. Ese paisaje en construcción fue la traducción visual de una situación económica que colocó la urbanización de suelo y la construcción en una posición de ventaja estratégica respecto a otras inversiones. Eso ocurría aquí, en 2002. Pero todo este paisaje, del que nadie se hace responsable, se acabó. ¿Ahora qué?

Nos gustaría hoy conocer la opinión de Manuel Ribas Piera, arquitecto y urbanista, fallecido el pasado mes de marzo, respecto a la modificación de la ley de Costas que discute el Parlamento. MRP fue un arquitecto comprometido con la construcción de la Barcelona metropolitana y con la difusión de los estudios de paisajismo en la UPC; un apasionado de los jardines y de las ciudades. Un arquitecto de sensibilidad noucentista y carácter anglosajón, con intereses vinculados a la tradición del planning regional de Rubio i Tuduri, pero a la vez seducido por la arquitectura moderna internacional. Es quizás esa combinación peculiar lo que hizo de MRP un refinado constructor de un conjunto de obras, que visitadas hoy nos sorprenden por ser una respuesta honesta e inteligente a un programa y a un entorno: por su exquisita integración en el paisaje como la casa Tona en Pallars o su propia casa en Gràcia, por su elegante radicalidad como la vivienda hexagonal en la Cerdanya o los Laboratorios Uriach en el Clot, por su modernidad y cuidado encaje urbano como el edificio en el paseo de Sant Feliu.

En su última lección como catedrático de la Escuela de Arquitectura, MRP insistía en el necesario control cívico del urbanismo y en el valor irradiante de la arquitectura. Una intuición que surge del convencimiento de que las ciudades y su estudio forman parte de una unidad, de un ecosistema, en el que construido y vacío, tierra y piedras no pueden proyectarse, ni pensarse, de manera aislada. Hoy sabemos cuánto esta visión, que entiende la ciudad como una parte del paisaje, es esencial no solo por criterios estéticos o formales, sino también por razones estructurales. Son cuestiones ecológicas y medioambientales, de los que cuelga nuestro futuro: en las que el control y la evaluación del “riesgo” debería guiar las decisiones sobre las estrategias y las leyes (discusión creciente en Estados Unidos tras los desastres ambientales provocados por el cambio climático). El último artículo de MRP en EL PAÍS, Eurovegas, vender la dignidad, iniciaba de manera emocionante: “La tierra es el más preciado patrimonio nacional. Un patrimonio al que no deberíamos renunciar y que es, en último término, lo que nos distingue y nos une”. En el debate actual sobre el litoral, que pone sobre la mesa el futuro ambiental de nuestro país, nos falta el criterio, el interés cívico y la pasión radical por el paisaje y la ciudad de MRP.

*Maria Rubert de Ventós es arquitecta y catedrática de Urbanismo de la Universitat Politècnica de Catalunya.


* El País - Opinión - 21.4.13
Foto: Empuriabrava (Girona), viviendas y canales - elpais



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La reforma de la Ley de Costas amnistía la especulación

Seguimos a vueltas con la demencial Ley de Costas aprobada por el gobierno, con el apoyo, claro, de todo su partido. Esta Ley injusta va a suponer amnistiar más de 10.000 construcciones ilegales en el litoral, lo que supone un agravio comparativo para aquellos que edificaron correctamente. El asunto es gravísimo ya que, de hecho, privatiza unos 600 km2 de la mejor zona: la costa protegida. Es fácil ver la especulación urbanística delictiva que esto conlleva.
"DIAGONAL* : El pasado 10 de abril las enmiendas a la reforma de la Ley de Costas entraban en el Senado con la polémica de la mano. El Grupo Popular, siguiendo los dictámenes del Ministerio de Agricultura y Medio Ambi­ente, añadía una propuesta encaminada a reducir la franja de protección de la costa de cien a veinte metros. Se propone así que aquellas construcciones anteriores a 1988 situadas en ese tramo puedan legalizarse, un mecanismo que la anterior ley preveía como excepción sólo para aquellas edificaciones situadas en suelo urbano. Para el Gobierno se trata de “parar la fotografía en 1988”. Para Greenpeace, de “posibilitar a los ayuntamientos que legalicen sus barbaridades”.

Diez mil construcciones

“Es una locura. Se calcula que hay más de 10.000 equipaciones ilegales. Y ahora, se deja en manos de los ayuntamientos que soliciten su legalización. La Ley de Costas es una amnistía generalizada a todos los desmanes de la especulación urbanística que ha habido en nuestro país, en el que se ha construido en el litoral una superficie igual a ocho campos de golf al día”, señala a Diagonal Pilar Marcos, portavoz de la campaña de Costas de Greenpeace.

Los ayuntamientos podrán empezar los trámites de validación de las construcciones en un plazo de tres meses desde que se apruebe la ley y éstas deberán cumplir una serie de requisitos tales como contar con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica o bien estar comprendidas en áreas consolidadas por la edificación, “al menos en un tercio de su superficie”.

Cuando la polémica enmienda se hizo pública, la ONG alzó la voz para informar de los nuevos cambios que pretendían introducirse bajo cuerda, motivo por el cual el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, salía en rueda de prensa para intentar dejar claro que la reducción de la protección de cien a veinte metros se aplicará sólo a construcciones anteriores a 1988 que no pudieron regularizarse con la Ley de Costas vigente y que no “abrían la mano” a futuras edificaciones.

Más ladrillo al pie del mar

“Esta modificación, a priori no destinada a impulsar nuevos desarrollos, se añade para evitar que se dañe la imagen de España en el exterior, según ha reconocido el propio Gobierno”, explica Jaime del Val, portavoz de la asociación Salve­mos Mojácar, buque insignia de la lucha para conseguir el derribo del famoso hotel El Algarrobico. “Se pretende relanzar la burbuja inmobiliaria. Si se genera una imagen de que aquí puedes construir y luego te lo derrumban estás creando inseguridad jurídica para el inversor extranjero”, sentencia Del Val, quien critica que esta enmienda es una pieza en el puzle más amplio que busca reavivar la especulación urbanística, algo que debería llevar a una “movilización ciudadana masiva pues ha sido una de las causas de la actual crisis”, pide Del Val.

Además de legalizar construcciones previas a 1988, la reforma prevé alargar las concesiones de equipaciones que se encuentran en dominio público 75 años más. Después de que la nueva ley se aprobara en el Consejo de Minis­tros en octubre de 2012, el titular de Agricultura, Alimen­tación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, justificaba la reforma “por la imagen de España que se generaría” al efectuar “demoliciones masivas de viviendas” a partir del año 2018, que es cuando expiraban las concesiones.

Por otro lado, la nueva legislación prevé la amnistía de diez poblaciones, que permanecerán exentas de cumplir la ley “sin ninguna argumentación técnica”, tal y como denuncia Ecologistas en Acción. Los núcleos urbanos son Serra Grossa y Santa Pola en Alicante, Empuriabrava y Playa de Aro de Girona; la ría Punta Umbría, Caño del Cepo y el casco urbano de Isla Cristina en Huelva; Pedregalejo y El Palo en Málaga; y Oliva en Valencia. Mediante las enmiendas, el PP incluía a dos más, Moaña, en Pontevedra y Xilxes, en Castellón, mientras CiU aprovechaba para pedir la amnistía de la costa de Sitges.

“Están creando ciudadanos de segunda y de primera categoría, fuera o dentro de la Ley de Costas”, indica Marcos y añade que “la isla de Formentera o ecosistemas tan importantes como las salinas también perderán regulación”. Y, ¿por qué esta arbitrariedad? “Es fácil, se está utilizando el criterio de los amigos que han tenido acceso al borrador de la ley para diseñarla”, dice la portavoz de Greenpeace.

Amnistía para algunos

“Es una ley en la que yo mismo he trabajado mucho”. Son palabras de Abel Matutes, exministro de Exteriores del PP, dueño del Gru­po Matutes, publicadas en El País, en referencia a la reforma de la Ley de Costas. Su empresa es dueña de varios complejos turísticos y ahora reclama una ley para comenzar “de inmediato” un “plan de excelencia” en la Platja d‘en Bossa (Ibiza), que compara con Eurovegas, y que incluye cinco hoteles, un gran centro comercial de 55.800 metros cuadrados y un campo de golf de 3,5 km en el área periférica de protección del Parque Natural de Ses Salines.

Greenpeace denuncia en su informe Amnistía a la construcción que Matutes, actual presidente de la Mesa de Turismo y vicepresidente del Consejo de Turismo de la CEOE, será uno de los beneficiados de la nueva Ley de Costas. Según el informe, el Grupo Matutes es dueño de la empresa de acuicultura Cupimar, que posee la concesión de 25 salinas en la bahía de Cádiz. “Estas salinas pasarían a ser de su propiedad tras la aprobación de la ley”, advierte Greenpeace.

El dominio público para quien lo roba

Uno de los grandes beneficiados de la reforma de la Ley de Costas es el popular Abel Matutes. Además, Gabriel Cañellas, expresidente balear y presidente de Salinera Española S.A. también va obtener grandes réditos. La nueva norma amnistía a la isla de Formentera “debido a su especial configuración geológica”. La empresa de Cañellas posee “muchas propiedades en Formentera que hasta la reforma se encontraban en dominio público y ahora se excluyen como terreno público, con una disposición adicional a la carta”, denuncia un informe de la organización ambiental. En definitiva, “si algo define la reforma de la Ley de Costas es el oscurantismo con que se ha realizado”, dice del Jaime del Val, portavoz de Salvemos Mojácar y lamenta que las costas “van a seguir alimentando los intereses corruptos”.


* Diagonal - SARA PLAZA - 16.4.13
Foto: La nueva Ley de Costas podría amnistiar el hotel de El Algarrobico.- ecologistas


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Imputado en el 'caso Gürtel' el alcalde de Castellón

El circulo de políticos del PP implicados en el caso Gürtel se va ampliando en la Comunidad valenciana. Ahora es el alcalde de Castellón, pero es que prácticamente no queda ninguna administración que se libre de la corrupción en las tres provincias levantinas. Otra cosa es que la Justicia, demasiado lenta e inoperante, llegue a tiempo de que no prescriban los delitos y, por tanto, haya sentencias definitivas condenatorias.
"PÚBLICO* : El juez instructor del 'caso Gürtel' en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha citado a declarar, en calidad de imputado, al alcalde de Castellón y presidente del PP en esta localidad, Alfonso Bataller, por contrataciones realizadas con Orange Market S.L. cuando ocupaba el cargo de subsecretario de la Consejería de Sanidad, en relación con la pieza 5 del procedimiento, relativa a contrataciones entre el Consejo con Orange Market y otras sociedades del 'Grupo Correa', que pudieron constituir delitos de prevaricación, u otros.

Asimismo, el magistrado José Ceres, que investiga la supuesta financiación irregular del PPCV, dentro del 'caso Gürtel', ha citado también como imputados a otros exaltos cargos de la Generalitat Valenciana, como son Antonio Santo --en relación a su etapa en Vaersa--, Clara Abellán --por actos realizados cuando ocupaba un puesto en la Consejería de Bienestar Social--, Rafael Peset --en la Consejería de Sanidad-- y Arantxa Vallés --en la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana--.

De esta forma, el magistrado ha aceptado la solicitud del ministerio fiscal, de realizar nuevas citaciones en la pieza separada número 5 --en total, hay seis--, en la que se investigan presuntas irregularidades en la contratación entre la Generalitat con Orange Market SL y sociedades vinculadas al 'Grupo Correa' y que pudieran constituir delitos de prevaricación, u otros. De esta pieza queda excluida toda la contratación realizada por dicha mercantil con la Agencia Valenciana de Turismo, que quedó incluida en la pieza tercera.

En total, acuerda citar tanto a excargos del Consejo como a personal de Orange Market. El magistrado considera "necesarias" estas citaciones "para la averiguación de los hechos", "y deben realizarse en calidad de personas imputadas, habida cuenta de la presunta y aparente intervención relevante en la decisión de las contrataciones", mantiene.

Respecto al primer bloque, el del Consejo, el juez cita a declarar el próximo día 6 de junio, a las 11.30 horas, a Alfonso Bataller, en relación con las contrataciones realizadas cuando ocupaba el cargo de subsecretario de Sanidad con el evento 'Acto premios salud y sociedad 2007'.

Bataller ya declaró, en calidad de testigo, en el conocido como 'caso de los trajes', en el que estaba imputado el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps. En su comparecencia, explicó que contrató con Orange Market en su etapa en la Consejería de Sanidad "como una más de muchísimas mercantiles".

El alcalde señaló en ese momento que hubo dos contratos con Orange Market porque había diferentes actuaciones que hacer, y explicó que contrataron "conforme tocaba sin fraccionar contratos" ya que los objetos eran "distintos". "Todas las actuaciones se contrataban con los antecedentes que obraban en la Consejería de Sanidad", dijo, y manifestó, ante las preguntas de por qué se contrató con tres empresas del mismo grupo, que no lo sabía. "No se lo puedo decir", indicó.

Asimismo, el juez ha citado el día 4 de junio, a las 12.45 horas, a Antonio Santo, en relación con su intervención cuando estaba en Vaersa y se adjudicó a Orange Market S.L. 'la grabación, edición y realización documental para la campaña de comunicación y sensibilización del correo uso del contenedor amarillo 2004-2005'.

El turno de Clara Abellán, por su entonces cargo en la Consejería de Bienestar Social, será el día 6 de junio, a las 9.30 horas, en relación con tres contrataciones: la contratación y adjudicación del acto 'violencia de género, tolerancia cero' celebrado el 6 de marzo de 2006; el 'Acto Punto final de 2007' celebrado el 25 de enero de 2007; y el 'Acto Balance General, 2007', en abril de 2007.

Este mismo día también tendrá que acudir a declarar, como imputado, Rafael Peset, en relación con las contrataciones realizadas cuando trabajaba en la Consejería de Sanidad por el 'Acto premios Salud y Sociedad 2006'. Asimismo, el 30 de mayo, está citada, a las 10.15 horas, Arantxa Vallés, cuando en su etapa en la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad se adjudicó a Orange Market S.L. el contrato relativo a la ceremonia de inauguración de la villa de regatas 'Alicante 2008, vuelta al mundo a vela' en septiembre de 2008.

Vallés también declaró como testigo en el 'caso de los trajes', por su cargo de gerente entre junio de 2007 y agosto de 2010 en la Sociedad Gestora para la Promoción de la Imagen Estratégica de la Comunidad. En su interrogatorio, afirmó que se contrató con Orange Market para el acto de inauguración de la salida de la Volvo Ocean Race desde Alicante, "al igual que con otras 160 empresas".

Al respecto, aseveró que se trató de un procedimiento negociado con invitación a tres empresas --aunque las otras dos no presentaron oferta y no le "extrañó"-- y se contrató con Orange Market por 445.000 euros, con una baja del 12 por ciento sobre el presupuesto de licitación. Vallés señaló que los contratos pasan por una serie de controles y auditorías y que no había indicaciones para contratar con Orange Market.

En un segundo bloque, por parte de Orange Market S.L., el magistrado ha citado, para el día 30 de mayo, a Mónica Magariños y a Isabel Jordán. A la primera por los poderes gerenciales que tenía en la mercantil y su presunta intervención en relación con la contratación realizada con Vaersa y demás contratos con sociedades públicas y con la Generalitat al menos desde 2004 a 2006. A la segunda, Jordán, por su supuesta intervención y colaboración que pudo tener en diversas de las contrataciones investigadas, tanto con Orange como con Easy Concept S.L. y sociedades del 'Grupo Correa' entre 2004 y 2007.

Junto a ellas, están citados los presuntos cabecillas de la trama, Álvaro Pérez, conocido como 'El Bigotes', Pablo Crespo, Cándido Herrero y Francisco Correa, el próximo día ocho de mayo, en relación con la pieza 5 y 6 del procedimiento.


* Público - EP - 25.4.13
Foto: Valencia, palau Generalitat - turismo



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La ‘Gürtel balear’ logró 32 millones de administraciones gobernadas por el PP

La trama corrupta balear tuvo su apogeo con el presidente Matas al frente y sus relaciones ilegales con diferentes empresas afines. El sistema seguido por el Govern era el habitual en estos casos con cobros en negro, facturas falsas endosadas a empresarios ligados al partido y compensación de la deuda impagada con contratos públicos.
"INFOLIBRE* : La trama conocida como Gürtel balear por sus similitudes operativas con la de Francisco Correa y cuyo propietario ya ha reconocido que ayudó al PP balear a financiar ilegalmente su campaña de 2003 recibió entre ese año y 2008 más de 32,4 millones en contratos de administraciones gobernadas por ese partido.
Así consta en la documentación remitida al juez del caso por Hacienda que constata cómo, aunque la investigación ha comenzado en Baleares, son la Comunidad de Madrid, la Generalitat valenciana, la Junta de Castilla y León y el Govern balear los que mayores ingresos proporcionaron a las cuatro sociedades del sector de la publicidad que conformaban el entramado nucleado en torno a la mercantil Over Marketing.

El listado incluye 18 pagos de distintas organizaciones del PP –desde el grupo parlamentario en el Congreso al de Castilla y León– que, entre 2003 y 2008, suman un millón de euros. Según el sumario, solo la campaña del PP balear en 2003 reportó al grupo Over 200.000 euros, parte de ellos pagados en negro o mediante facturas falsas endosadas a terceros. El partido solo declaró 20.000.

Su dueño, el publicista, Daniel Mercado, no solo ha reconocido ya que el grupo se benefició de contratos amañados, con mención expresa a Madrid, sino que sugiere que “es posible” que sus empresas cooperasen también en la financiación ilegal de campañas en otras comunidades autónomas. Cobros en negro, facturas falsas endosadas a empresarios afines al partido y “compensación” de la deuda impagada con contratos públicos era el sistema seguido, al menos en Baleares según lo investigado. El fraccionamiento de contratos para ocultar las adjudicaciones a dedo y las convocatorias selectivas para que solo optasen a la licitación sociedades de la trama dibujan un modus operandi casi idéntico al de sus rivales de la genuina red Gürtel.

Investigada como pieza separada del caso Palma Arena por el juez José Castro y el fiscal Pedro Horrach, la envergadura y extensión de las operaciones investigadas es tal que no cabe descartar que el caso salte a Madrid. De momento, el juez ya tiene en su poder todas las operaciones comerciales declaradas por Over Marketing y sus tres empresas satélite: Traci Comunicación, Abanico de Comunicación y Link América.

Y es ese documento, el llamado Modelo 347, el que desvela el ingente volumen de adjudicaciones públicas con que se hizo el grupo. Por ejemplo, el Gobierno de Madrid repartió entre las cuatro sociedades 11,15 millones de euros entre 2003 y 2008, aunque no fue la única administración de la comunidad que contrató con reiteración a Over Marketing y sus satélites: los ayuntamientos de Alcalá de Henares y Móstoles encabezan el listado de municipios gobernados por el PP que acudieron a los servicios de Daniel Mercado y su equipo. Por lo que respecta a la Junta de Castilla y León, los pagos ascendieron a 5,5 millones. De la Generalitat valenciana salieron 4,02 millones. Y otros 1,5 millones salieron del Govern balear. El resto de los fondos públicos obtenidos por la trama de Over Marketing procede, básicamente, de ayuntamientos y diputaciones.

López Viejo vuelve a escena

En su segunda declaración como imputado, prestada el 27 de octubre de 2012, Daniel Mercado aludió expresamente a manejos contractuales en Madrid y Castilla y León. Y fue ahí cuando afloró un nombre ya célebre en el caso Gürtel, el del exconsejero y exdiputado madrileño Alberto López Viejo, que fue director de la campaña de Esperanza Aguirre en las segundas elecciones autonómicas de 2003, las convocadas tras el tamayazo. "Todo lo que no era concurso, que era competencia de cada Consejería, tenía que pasar por las manos de Alberto López Viejo", declaró Mercado.

"Era López Viejo –prosiguió– el que asignada cada negociado sin publicidad [fórmula en la que se adjudica un contrato por selección entre las empresas previamente invitadas] y le decía al órgano contratante que lo amañara como creyera conveniente". Mercado, y ahí remató en lo concerniente a la Comunidad de Madrid, "nunca acudió a Esperanza Aguirre [presidenta regional hasta septiembre de 2012] a exponer la situación porque le constaba que Alberto era una persona muy valorada y querida por Esperanza".

Tras estallar el caso Gürtel, el grupo parlamentario de IU en la Asamblea de Madrid exigió al Gobierno de Esperanza Aguirre explicaciones sobre contratos millonarios adjudicados al grupo Over. En la convicción de que Daniel Mercado pertenecía a la misma trama que Francisco Correa, IU pidió a Anticorrupción que investigase. La solicitud no llegó a ningún sitio, pese a que IU aseguró tener constancia de que no había un solo rastro indicativo de que se hubiera realizado de verdad una de las campañas publicitarias adjudicadas al miniholding de Mercado. Ahora, la investigación apunta a que Correa y Mercado no solo no eran cómplices sino enemigos. Según Mercado, en 2008 Correa le amenazó en su "integridad física" si seguía intentando trabajar para comunidades gobernadas por el PP.

Entre los documentos incautados durante los registros policiales en la sede de las empresas de Mercado, figura un folio con notas mecanografiadas que arranca así: "CAM Asesoramiento del 2004 y el 2005. Ver a Nacho. Instrumentación ¡!! Madrid.org¿'? Veamos el tema dle concurso del Canal...".

Un pelotazo en la época de Zaplana

El mayor contrato no provino, sin embargo, de ninguna comunidad autónoma sino del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. En diciembre de 2003, en la recta final de la legislatura y con el valenciano Eduardo Zaplana como ministro, el Instituto Nacional de la Seguridad Social adjudicó a Over Marketing una campaña sobre la revalorización de las pensiones por nada menos que 7,2 millones de euros. Por razones desconocidas, la empresa solo cobró –o así lo declaró– 5,3 millones.


* InfoLibre - ALICIA GUTIÉRREZ - 24.4.13
Foto: Campaña balear Matas (Archivo) - EFE



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La Fiscalía se querella contra la exalcaldesa de Villaverde del Río por dar una licencia ilegal para 77 VPO

Estamos como siempre, con alcaldes y concejales que se saltan la normativa urbanística, muchas veces con la complicidad de las autoridades autonómicas que miran para otro lado sin paralizar urgentemente las ilegalidades, y con una justicia que es demasiado lenta y, cuando hace algo positivo, ya está perpetrado el delito, con la complejidad de la vuelta atrás.
"EUROPAPRESS* : La Fiscalía de Sevilla ha presentado una querella contra la exalcaldesa de Villaverde del Río, Evangelina Maestra Cabrera (PSOE), por conceder una licencia de obras para construir 82 viviendas --77 de ellas de protección oficial-- y garajes en la localidad en contra de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y pese a los informes desfavorables emitidos por el secretario y el arquitecto municipales.

En la querella elevada al Juzgado decano de Lora del Río, consultada por Europa Press, el Ministerio Público considera que los hechos podrían ser constitutivos de un delito contra la ordenación del territorio por prevaricación, pues considera que la licencia de obras otorgada por la exalcaldesa "es claramente contraria" a la normativa de planeamiento vigente.
El fiscal responsable de la sección de Medio Ambiente y Urbanismo, Javier Rufino, relata que fue después de recibir un escrito procedente del Ayuntamiento de Villaverde cuando la Fiscalía incoó diligencias de investigación por las posibles irregularidades en la concesión de una licencia de obras para 77 viviendas de VPO, cinco viviendas unifamiliares y garajes.
Así, señala que el promotor de las obras, inicialmente, solicitó licencia de obras para movimiento de tierras, lo que fue concedido, y a continuación pidió licencia para edificar 30 viviendas unifamiliares, que obtuvieron informes técnico y jurídico favorables bajo determinadas condiciones, por lo que finalmente se concedió la licencia de obras por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento el 26 de octubre de 2007, un trámite que no merece reproche penal.
Sin embargo, y sin haber ejecutado aquellas viviendas, la promotora solicitó el 15 de enero de 2009 licencia de obras para construir en el mismo lugar "no las 30 viviendas antes autorizadas, sino 77 viviendas en edificación plurifamiliar y otras cinco viviendas unifamiliares, con un proyecto totalmente diferente a lo autorizado hasta esa fecha".
Esta solicitud, según indica el fiscal, contó con el informe desfavorable por parte del secretario y arquitecto municipales, quienes advirtieron a la entonces alcaldesa de que el aumento de edificabilidad solicitado en ese momento por la promotora requería de la modificación de las normas subsidiarias de planeamiento en vigor en el municipio.

LA QUERELLADA, "CONSCIENTE DE LA MANIFIESTA INJUSTICIA" DE DAR LA LICENCIA

Asimismo, tanto el secretario como el arquitecto del Ayuntamiento informaron a la querellada de que, si bien el proyecto nuevo se adecuaba al estudio de detalle presentado y al proyecto de reparcelación, era necesaria la previa aprobación de la modificación puntual de la norma de planeamiento y de su adaptación a la ley andaluza.
"No obstante la claridad del informe técnico y jurídico advirtiendo de la imposibilidad de conceder la licencia", la exalcaldesa, "consciente de la manifiesta injusticia de otorgar la licencia y tomando en consideración expresamente en su resolución el dictamen técnico y jurídico con las objeciones que le indicaban los funcionarios cualificados", dejó sin efecto la licencia anterior de 26 de octubre de 2007 y concedió la licencia de obras para construir las 82 viviendas y los garajes.
El fiscal asevera que la exprimer edil justificó su decisión "por la urgente necesidad de viviendas de VPO y la situación económica de la localidad y el sector de la construcción (...) y el compromiso asumido por el promotor para el desarrollo de la unidad donde se ubica la parcela", una afirmación "carente de respaldo legal o reglamentario".

INCUMPLIMIENTO "LLAMATIVO" DE LA LEY ANDALUZA

La licencia de obras para las viviendas, que finalmente no se ejecutaron, afectaba a suelo urbano no consolidado "al no haber cumplido los deberes" de urbanización y cesión que imponían las normas subsidiarias, que preveían una capacidad total máxima en esa zona de 50 viviendas, de modo que la decisión de la querellada "incumplía llamativamente" la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y las propias normas subsidiarias.El pleno del Ayuntamiento, en sesión de 12 de julio de 2012, tomó la iniciativa para la revisión de oficio de la licencia ilegal descrita y la restauración del suelo a un estado compatible con la legalidad.


* La Información - EP - 22.4.13
Foto: Villaverde del Río (Sevilla) - tkrom



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El Senado aprobará hoy una nueva Ley de Costas que facilita la ocupación urbanística

La partidista Ley de Costas ha pasado, como era de prever, por el inútil Senado y será aprobada tal cual. Eso supone una privatización y desprotección masiva de la costa, con el escándalo además de favorecer intereses privados ligados a miembros del partido del gobierno. Es decir: peor imposible!
"PÚBLICO* : El Pleno del Senado tiene previsto aprobar hoy la reforma de una Ley de Costas que la oposición critica porque "privatiza y desprotege la costa". De las más de 180 enmiendas presentadas a este texto en el Senado, el Grupo Popular de momento sólo ha aceptado una, de CiU, sobre la reintegración a las personas de la titularidad de propiedad de aquellos terrenos situados en urbanizaciones marítimo terrestres, que dejen de formar parte del dominio público.

Una de las principales novedades del texto y que supone uno de los puntos más criticados por parte de oposición y grupos ecologistas es el que prevé la disminución, para los municipios con un tercio de ocupación, de la Zona de Servidumbre de Protección, establecida para dar suficiente espacio para el balance sedimentario y evitar la erosión del litoral. Según denuncia Ecologistas en Acción, esta medida supondrá "vía libre para la ocupación del 75% de la costa, facilitando otra nueva oleada de edificación en el litoral, ya que el Proyecto de Ley prevé desafectar los territorios que quedan al interior de los paseos marítimos".

Esta reforma incluye entre otras novedades una nueva concesión de 35 años para los puertos deportivos, o el hecho de que el Estado recupere la competencia a la hora de conceder una prórroga a las industrias situadas en el litoral, que antes pertenecía a las comunidades autónomas.

Eso sí, se establece que, a la hora de conceder una autorización urbanística, en el caso de las obras o instalaciones que afecten a la servidumbre de tránsito se requerirá que, con carácter previo, la Administración del Estado emita un informe favorable en el que conste que la servidumbre de tránsito queda garantizada.

Ecologistas en Acción ha advertido, en cambio, que "esta disposición no realiza ninguna evaluación en los municipios que se pueden ver afectados por este cambio legislativo" y del "grave peligro que puede conllevar para núcleos urbanos y periurbanos que han construido paseos marítimos sobre cordones dunares o partes altas de la propia playa. Estos lugares se han visto afectados por frecuentes inundaciones y daños en los propios paseos, que deben ser costeados por la Administración y que pueden implicar un riesgo para las personas, como es el caso de Blanes, Palamós, Peñíscola o La Manga".

La nueva normativa define el alcance del dominio público marítimo-terrestre (DPMT) y aplica criterios técnicos para deslindar la costa, además de introducir un régimen diferenciado para los tramos urbanos de las playas (las contiguas a suelos urbanizados) y para los tramos naturales de las playas (junto a espacios protegidos o suelo rural).

Así, se establece que la zona marítimo-terrestre se fijará hasta donde alcancen las olas en los mayores temporales conocidos a partir de los criterios técnicos que se establezcan. Se especifica que los terrenos inundados artificialmente no pasarán a ser dominio público, salvo que antes de la inundación ya fueran bienes demaniales, con la precisión de que en cualquier caso formarán parte del dominio público cuando sean navegables.

Greenpeace, que en un informe denunció los intereses privados que se escondían detrás de la reforma de esta ley, ha expresado que el Proyecto de la Ley de Costas que prevé aprobar el Senado "ha sido una de las peores noticias medioambientales de los últimos tiempos".


* Público - 24.4.13
Foto: Águilas (Murcia), bahía del hornillo - greenpeace 2006



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La Ley de impacto ambiental esconde la mercantilización de la biodiversidad

El gobierno, a través de su ministro A.Cañete, continúa su política de devaluación y agresión imparable al medio ambiente, con el perjuicio que esto está causando ya en el territorio y que afectará, sin duda, a próximas generaciones.
"Ecologistas en Acción* : El borrador de Ley de impacto ambiental da varios pasos atrás en materia de prevención ambiental, pero uno especialmente peligroso para la biodiversidad, los bancos de conservación, un mercado financiero de activos medioambientales. EA considera que estos mercados no aportan nada bueno a la conservación y mejora de la biodiversidad y, por el contrario, son un caldo de cultivo idóneo para la especulación y la pérdida de control legal sobre los recursos naturales más sensibles.
El recorte de plazos afectará a la calidad de las evaluaciones ambientales y a las posibilidades de participación pública. Además, se merma el carácter objetivo y determinante de la evaluación de proyectos. Pero de todo su contenido, en el borrador de la ley destaca la disposición adicional por la que se crean los llamados bancos de conservación que el propio Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente define eufemísticamente como un "mecanismo para evitar la pérdida neta de biodiversidad a través de medidas de compensación basado en el mercado".

En principio los llamados bancos de conservación se plantean con la aparentemente inocente intención de promover mejoras ambientales en el medio natural que puedan ser adquiridas por promotores de proyectos impactantes que requieran de medidas compensatorias.

Sin embargo esconden una realidad doblemente perversa. De entrada se asume y facilita que proyectos que no debían ser viables por su elevado impacto ambiental, y que por eso requieren de medidas compensatorias, se puedan desarrollar comprando unos créditos valorados en función de mejoras ambientales que se lleven a cabo. La supuesta mejora ambiental adquirida no aportaría nada a la biodiversidad, por cuanto sería una compensación de un daño ambiental grave. Es decir, el efecto neto sobre la biodiversidad, en el mejor de los casos, sería nulo, cuando no negativo, ya que nada garantiza que la mejora vaya a funcionar o sea realmente equivalente al daño a compensar.

Pero lo realmente perverso es el mecanismo por el que se crean y negocian los créditos del llamado banco de conservación, y que no es otra cosa que un mercado de títulos sobre activos ambientales otorgados a titulares de terrenos, los cuales se transmitirían en régimen de libre mercado y podrían ser negociables por terceras partes en mercados secundarios. Se crearía así un mercado que a último queda en manos de lo que decidan los mercados y, por lo tanto, de los intereses puramente económicos y especulativos.

Conservación de la biodiversidad y mercados financieros no casan en absoluto, responden a necesidades y mecanismos de funcionamiento bien diferentes. Además, a nadie le puede caber ninguna duda de quien tiene las perder en esta posible relación.

De hecho, ya hay casos parecidos que muestran como los mercados son incapaces de aportar otra cosa que especulación a los activos ambientales. Ahí está el comercio de derechos de emisión de carbono, con una burbuja especulativa creciente que ni el Parlamento Europeo ha sido capaz de resolver.

Desde el punto de vista ambiental no se vislumbra ningún impacto positivo de esta medida y sí la amenaza de que los mercados se adueñen de unos activos ambientales que de entrada no son propiedad de nadie en particular.

Las especies, los hábitats y los ecosistemas son patrimonio de todos, en muchos casos están protegidos, y otorgar sobre ellos títulos que dan derechos económicos es una forma de privatizarlos, seguramente ilegal según nuestro ordenamiento jurídico.

La biodiversidad no tiene nada que ganar con los bancos de conservación y sí mucho qué perder, por ello Ecologistas en Acción exige al Gobierno que renuncie a la creación de estos mercados financieros y busque otras fórmulas basadas en el respeto a las leyes y procedimientos ambientales para hacer frente a las medidas derivadas de la normativa de impacto ambiental.


* Ecologistas en Acción - 19.4.13
Foto: Bosque público - publico



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El juez investiga a una empresa de 'Gürtel' por un 'pelotazo' de diez millones en Boadilla

La trama del inabarcable caso Gürtel tiene uno de sus centros en Boadilla, municipio potente en los alrededores de Madrid, donde el propio exalcalde ha estado implicado por corrupción. Como siempre suele ocurrir, se trata de un nuevo pelotazo urbanístico a costa del Plan General, perpetrado por el propio F.Correa, uno de los capos de la mafiosa trama ligada al PP.
"20MINUTOS/Madrid* : Uno de los últimos pelotazos de la 'trama Gürtel' tiene nombre de flor. El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz investiga desde hace meses a la empresa Narcisos 22, una nueva ramificación del caso en la que varios imputados, entre ellos el cabecilla Francisco Correa, se habrían hecho con muchos metros cuadrados de suelo en los nuevos barrios urbanísticos que se van a desarrollar en Boadilla del Monte (Madrid), y luego los habrían vendido, entre otros, al principal urbanista del PP haciéndose así con pingües beneficios. Se calcula que esta empresa ha ganado unos 10 millones de euros".

El eje de esta nueva pieza del caso gira sobre una ‘compañía pantalla’, Narcisos 22, dirigida por Jesús Calvo Soria, uno de los testaferros de Correa e imputado también por el juez. Esta empresa, según una providencia del juez Pablo Ruz fechada en enero de 2013, ha cambiado de nombre y se llama ahora Pelendones S.L. De momento, la oficina antifraude de Hacienda, la ONIF, investiga los movimientos bancarios de Narcisos 22, sus operaciones de venta, facturas y el origen de sus fondos.

El mecanismo ideado para este nuevo 'pelotazo' es sencillo. Leopoldo Arnaiz, un famoso urbanista y arquitecto, que ha diseñado los planes urbanísticos de muchos municipios gobernados por el PP, elaboró en 2006 el de Boadilla del Monte, uno de los epicentros de la 'trama Gürtel'. Las comisiones gestoras de los nuevos barrios (que aglutinan a los propietarios de suelo) obligaban por contrato a estos dueños a que Narcisos 22 hiciera la gerencia urbanística de estos barrios (los trámites administrativos para que se construyan).

A cambio, cada propietario pagaba un porcentaje de su suelo a Narcisos 22, que se hacía así con parcelas donde nunca las tuvo y después con mucho dinero tras vender ese suelo. Entre los compradores de Narcisos 22 están, por ejemplo, varias empresas de Arnaiz. Curiosamente este urbanista es dueño de otra empresa de la que depende una segunda firma cuya apoderada fue la presidenta de la comisión gestora de uno de esos barrios. La cuadratura del círculo.

Los cinco nuevos barrios

Los cinco nuevos barrios de Boadilla del Monte se llaman Valenoso, El Pastel, Las Cárcavas, El Encinar y El Olivar. Entre los cinco suman 3,4 millones de metros cuadrados y en ellos se edificarán 7.000 viviendas. La documentación en poder de este diario revela que Leopoldo Arnaiz Eguren participó al menos en el diseño de cuatro de estos barrios: La Carcava, Valenoso, El Pastel y El Encinar. Creados en 2005, ahora, en 2013, los barrios ya están urbanizados a la espera de que se construyan la gran mayoría de los pisos.

Calvo Soria, un ex alto cargo de Gallardón

En junio de 2010, 20Minutos ya adelantó que la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional había empezado a investigar a Narcisos 22, “una empresa buzón” de la trama de Francisco Correa. Su administrador único era Jesús Calvo Soria. Este último está imputado por blanqueo de capitales, fraude fiscal, tráfico de influencias y cohecho. Fue alto cargo en el Gobierno autonómico de Madrid en la etapa de Ruiz-Gallardón. También fue secretario técnico de la Consejería de Educación con Gustavo Villapalos y exgerente de la Universidad Complutense también con Villapalos. Calvo Soria seguía las órdenes de Correa, según la Policía. Narcisos 22 se llama ahora Pelendones S.L.

Los contratos de Narcisos 22

La comisión gestora de los barrios (el ente que precede a la junta de compensación) y Narcisos 22 firmaban un "contrato de gerencia". En ellos se expone que "los desarrollos urbanísticos promovidos aconsejan el encargo de las actuaciones de gerencia a una sociedad especializada para lograr su mejor, más ágil y eficaz gestión”. Obviamente, el contrato indicaba que la comisión había decidido por votación encargar esa gerencia a Narcisos 22.

¿Qué debía hacer Narcisos 22? El contrato estipula 20 puntos de gestión como parte del trabajo que debe desarrollar el testaferro de Correa, como los trámites ante la Agencia Tributaria, el registro de la Propiedad, los convenios de suministro de agua, gas, luz... Además, llama mucho la atención que la comisión gestora contratara a Narcisos 22 cuando ya firmó otro “contrato de prestación de servicios” con la empresa Arnaiz Consultores, una firma que se encarga precisamente del desarrollo de planes urbanísticos. Su propietario es Leopoldo Arnaiz, el urbanista.

Un 2,5% de pago por los servicios de Narcisos 22

El contrato también estipula que los propietarios de suelo deberán pagar como “retribución” a Narcisos 22 el 2,5% del "aprovechamiento neto resultante que les asigne el proyecto de reparcelación". 20Minutos ya recogió en mayo de 2010 el testimonio de uno de los 26 propietarios de suelo que figuraba en el proyecto de El Encinar, donde Narcisos se hizo con 2.476 metros cuadrados tras el pago del 2,5% que hizo cada uno de los dueños de suelo.

"Para poder adherirse a la Junta de Compensación había que acudir al notario a formalizar sus condiciones. Siempre me decían que no era cosa suya, que todo era una imposición del Ayuntamiento. Y si no firmabas, no te adherían a la junta, te dejaban fuera. Incluso me amenazaron con expropiarme si no firmaba".

"A mi cliente le informaron de esta exigencia en el despacho del presidente de la Junta de Compensación y le dijeron que era una imposición del Ayuntamiento. O daba un porcentaje de su suelo o no aprobaban el plan", señala el abogado de otro de los propietarios. "Todos cedieron porque, obviamente, les interesaba que se recalificaran sus suelos", explica el letrado.

Otro documento en poder de este diario revela que otra persona, propietaria de suelo también en El Encinar, registró un escrito de protesta en la concejalía de urbanismo del Ayuntamiento de Boadilla informando que “nos desvinculamos de cualquier despacho o agentes que cobran el 2% en terreno. Entendemos que el Ayuntamiento tiene el deber y la obligación de resolver la firma del convenio sin ningún intermediario”.

Obligados por la trama

La Policía Nacional se llevó los planes urbanísticos de estos barrios cuando registró el Ayuntamiento de Boadilla. Las fuentes jurídicas consultadas creen que el Consistorio, gobernado entonces por el también imputado Arturo González Panero (PP), obligó a las comisiones gestoras de estos barrios a contratar a Narcisos 22 por petición de Correa, que controlaba al testaferro Jesús Calvo Soria.

Narcisos se hizo con 30.000 metros cuadrados

En el Registro de la Propiedad de Boadilla queda reflejado que Narcisos 22 llegó a hacerse con 29.300 metros cuadrados en cuatro de los cinco desarrollos (Las Cárcavas, Valenoso, El Encinar y El Pastel), de los que 12.400 son para construir zonas comerciales. En las notas simples de las parcelas, los nuevos terrenos de Narcisos no tienen referencia catastral, ya que son parte de otros suelos ya existentes. Narcisos 22 no figura en la relación de propietarios iniciales de suelo de estos barrios. Se hizo con terrenos tras el pago de ese 2,5%

La presidenta de la comisión gestora

Patricia Sánchez Martínez es la presidenta de la comisión gestora del desarrollo de El Encinar. Curiosamente era una de las apoderadas de la empresa Paisajes de Sierra S.L, ya extinguida. Paisajes de Sierra depende de otra empresa, llamada DosMilenaria, cuyo dueño último es Leopoldo Arnaiz. Así figura en una denuncia puesta el 22 de abril de 2009 en un juzgado de lo mercantil.

El urbanista, la pieza clave

Leopoldo Arnaiz Eguren es arquitecto, urbanista y funcionario de la Comunidad de Madrid en excedencia. Ha diseñado muchos de los planes de ordenación urbana de varios municipios de Madrid, entre ellos el de Boadilla. Fue llamado a declarar en la comisón de 'tamayazo'. En la actualidad Arnaiz está siendo investigado en el juzgado número 35 de Madrid por blanqueo de capitales.

Una exsocia le denunció primero en un juzgado de lo mercantil para impugnar las cuentas de ocho empresas que supuestamente pertenecen a Arnaiz. La denuncia dice que Arnaiz controlaba por medio de testaferros un entramado de sociedades que tenían o han tenido suelo en varios municipios de Madrid. El asunto pasó al juzgado de instrucción 35, que ha visto indicios de delito fiscal y de blanqueo de capitales.

La exsocia señala que el auténtico dueño del 90% de las acciones de esas sociedades es Arnaiz, según escrituras hechas en notarías de Reino Unido. La exsocia, también imputada, pide al urbanista 50 millones de euros, el supuesto valor del 10% de las acciones restantes. Ni la exsocia ni Arnaiz han querido hacer declaraciones a 20Minutos. Los testaferros contratados por Arnaiz, según esa denuncia, controlan ocho empresas. De una de ellas, DosMilenaria S.L, cuelga Paisajes de Sierra, de la que fue apoderada la presidenta de la comisión gestora de El Encinar, Patricia Sánchez. En total el entremado empresarial tiene 30 sociedades.

Narcisos 22 vende a Arnaiz

Varias notas simples del registro de la Propiedad demuestran que Narcisos 22 ha ido vendiendo poco a poco los terrenos que le tuvieron que dar los propietarios de suelo de Boadilla, el pago de ese 2,5%. Por ejemplo, Narcisos 22, ya Pelendones, vendió una parcela en El Pastel a una cooperativa de viviendas para que construyera 19 casas. La venta se cerró en 2,75 millones de euros.

En mayo de 2008 Narcisos 22 vendió por 708.000 euros una parcela de 2.000 metros cuadrados a Invercantil S.L., administrada por Carlos Serrano Altimiras, uno de los testaferros de Arnaiz, también investigado. El urbanista anexionó esa parcela a otras dos que ya tenía a nombre de otras dos sociedades de su entremado: Beltraex Nexo S.L. y Centros Comerciales Raíces 3.000 S.L. En total sumó una parcela de 10.252 metros cuadrados.

Narcisos 22 también vendió otra parcela de 5.138 metros cuadrados en El Valenoso a Aquiles e Hijos, una firma de la familia de un exalcalde de Boadilla por el PP. Otra parcela de 4.140 metros en La Carcava fue vendida a la cooperativa de viviendas Villa Naranjo. Otra parcela más de 600 metros en el Valenoso ha sido vendida a la empresa Murgil Invest.

¿Dónde está el dinero?

La Audiencia investiga ahora los fondos obtenidos por Narcisos 22 en sus operaciones inmobiliarias en Boadilla. Un escrito de la Fiscalía Anticorrupción fechado el 8 de abril informa al juez que las autoridades suizas han bloqueado una nueva cuenta de Francisco Correa, con unos fondos de 17 millones de euros. La cuenta asociada está a nombre de la sociedad panameña Golden Chain Properties, que se relaciona con Correa.


* 20 Minutos - D. FERNÁNDEZ. 22.04.2013
Foto: Gürtel implicados: C.Soria, Correa y arquitecto L.Arnaiz - 20minutos



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Málaga.- Los chiringuitos de la discordia

La Ley de Costas y su aplicación continúa siendo permisiva con los chiringuitos playeros que resultan excesivos en cuanto a edificación e impacto en el litoral. Así ocurre en este caso de Málaga, donde el ayuntamiento está permitiendo unas construcciones de doble altura y rígidas estructuralmente sobre la misma playa, a pesar de las críticas unánimes de la ciudadanía.
"ELPAÍS* : El espeto de sardinas estrenará este verano en Málaga escaparate no exento de polémica. Los nuevos chiringuitos que se están construyendo en las playas de la capital malagueña han recibido un aluvión de críticas por su gran tamaño e impacto visual. Junta de Andalucía, Demarcación de Costas —dependiente del Gobierno central—, colectivos vecinales e incluso concejales del propio equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento, han criticado estas construcciones en la arena".

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (PP), se ha quedado prácticamente solo defendiendo las nuevas estructuras y, ante el malestar generado, ha propuesto colocar en los muros plantas trepadoras convencido de que “crearán un paisaje más suave”. De la Torre ha tenido esta semana que enmendar la plana a sus concejales de Turismo, Damián Caneda, y Playas, Teresa Porras, después de que ambos se lanzaran, mensajes en contra —el primero— y a favor sobre el tema.

Los vecinos de la playa de La Malagueta no paran de hacer fotografías que cuelgan en las redes sociales donde hablan de “enormes cubos de cemento”. El cambio de modelo de los chiringuitos supone derribar los anteriores, hacer un sótano y levantar muros que ocuparán más espacio marítimo-terrestre. La polémica se ha desatado cuando se han ejecutado las obras de los nuevos establecimientos impulsado por sus propietarios, que han tenido que desembolsar cerca de 400.000 euros. Los proyectos se aprobaron hace tres años con el visto bueno de las tres Administraciones pero en este tiempo se han introducido modificaciones como una planta superior destinada a terrazas para copas y cuartos de baño independientes que requieren más superficie.

El edil responsable de Turismo y Cultura en el consistorio malagueño, Damián Caneda (PP), fue uno de los primeros en dar la voz de alarma. “Son demasiado altos, anchos y opacos”, espetó el concejal dejando en evidencia a su compañera de filas, la edil de Playas y Servicios Operativos, Teresa Porras, quien se apresuró a defender las estructuras recordándole que se trataba de “una percepción personal” de Caneda.De la Torre, quien ha admitido que los nuevos elementos no son perfectos, planteó reducir el impacto visual incorporando elementos vegetales. “Con buganvillas se podría mejorar, se aportaría frescura integrándolo paisajísticamente y suavizando el efecto hermoso del blanco [de las paredes] que a mucha gente le gusta en combinación con el azul del mar”, argumentó el regidor.

En medio de la tormenta municipal, el presidente de la Diputación de Málaga y máximo responsable del Partido Popular en la provincia, Elías Bendodo, también mostró su sorpresa ante el impacto visual de los chiringuitos. “Es chocante y creo que las Administraciones deberían volver a sentarse para ver si hay posibilidades de mejorar”, afirmó. Los grupos de oposición en el consistorio malagueña han pedido la paralización de las obras y la dimisión de la concejala de Playas. La portavoz socialista en el Ayuntamiento, María Gámez, afirmó que el proyecto se ha convertido en un “esperpento”. Su homónimo en Izquierda Unida (IU), Eduardo Zorrilla, calificó las nuevas construcciones de “búnkeres”. “Se debe estudiar la posibilidad de revocar las licencias y tirarlos si es necesario”, añadió.

Los dueños de los establecimientos han insistido en la legalidad de las construcciones. El presidente de la Asociación de Empresarios de Playas de Málaga (Aeplayas), Manuel Villafaina, insiste en que estas obras se están ejecutando “con la bendición de todas las Administraciones”. “Todo es legal, es una obra que todos han podido ir viendo poco a poco, cuando estaba en ladrillo ya se veía la pared, pero han esperado a que la estructura esté totalmente terminada. No es justo”. Está previsto que los nuevos chiringuitos abran en junio.

Mientras, la Demarcación de Costas evita pronunciarse alegando que las competencias están traspasadas a la Junta.


* El País - JESÚS SÁNCHEZ - 14.4.13
Foto: Construcción del nuevo modelo de chiringuito en la playa de La Malagueta. / GARCÍA-SANTOS

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El despilfarro español: diez proyectos con dinero público repletos de sobrecostes

Tras la publicación de la nefasta Ley de Suelo de 1998 y su 'todo vale', se desató en el territorio una auténtica fiebre por parte de municipios y autonomías para superar urbanísticamente al vecino y así se construyeron edificios e infraestructuras absolutamente innecesarios y megalómanos en un afán de despilfarro público sin precedentes... Aquí solo están unos ejemplos notables. "20MINUTOS : El afán de protagonismo de muchos alcaldes, presidentes autonómicos y ministros ha llevado a la realización en los últimos años en España de numerosos proyectos cuya viabilidad o utilidad pública no es, en muchos casos, ni siquiera planteable en la mayoría de países de nuestro entorno. Podrían considerarse como los restos de un pasado no muy lejano marcado por el despilfarro de dinero público sin ningún tipo de control por parte las instituciones competentes. El aumento paulatino en el coste de las obras, la escasa utilización posterior y el cierre o venta del proyecto son el denominador común en muchos de ellos".

Estos son algunos ejemplos de la pésima gestión por parte de los políticos de los recursos públicos:

La Ciudad de las Artes y las Ciencias. En plena fiebre del ladrillo a finales de los años 90, la Generalitat Valenciana ideó un megaproyecto cultural y lúdico en el que puso al frente al polémico arquitecto Santiago Calatrava. Aunque el complejo tenía un presupuesto inicial de 308 millones de euros, el Gobierno de Francisco Camps terminó desembolsando 1281 millones de euros, lo que supone un gasto extra de casi 1.000 millones. Especialmente llamativo es el caso del edificio de la ópera, más conocido como el Palau de les Arts, que ha tenido un coste de 382,5 millones de euros, una cifra que ya supera todo el presupuesto previsto para el megaproyecto. Solo en los honorarios de Calatrava, la Generalitat se gastó 94 millones de euros.

La Ciudad de la Cultura. La historia de la Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela, ubicada en el Monte Gaiás, es un verdadero desfase arquitectónico y presupuestario. La idea empezó a tomar forma en 1999 con Manuel Fraga como presidente de la Xunta de Galicia. Su coste inicial se presupuestó en 108 millones de euros y fue diseñada por el prestigioso arquitecto estadounidense Peter Eisenman. El proyecto, que ya ha consumido casi 400 millones de euros, no se terminará. La Xunta ha decidido paralizar definitivamante la construcción de los dos edificios que quedaban aún pendientes. Solo su mantenimiento anual ronda los 1,5 millones de euros.

La Caja Mágica. Fue uno de las obras estrella de Alberto Ruiz-Gallardón en su fallida apuesta para que Madrid albergarse unos Juegos Olímpicos. El pabellón polideportivo iba a tener un coste de 120 millones de euros y la factura terminó ascendiendo a 294 millones. Ha tenido un sobrecoste de 174 millones de euros, dos veces y media más de lo presupuestado.

La Exposición Internacional de Zaragoza. El evento que en 2008 giró en torno al agua y al desarrollo sostenible ha sido uno de los proyectos de mayor inversión y sobrecoste de los últimos años. Duró tres meses, costó 2.250 millones de euros y presentó sobrecostes como los del pabellón puente (34 millones), el del Pabellón de Aragón (15 millones), el de la Torre del Agua (13 millones). El más destacado ha sido el del Palacio de Congresos, que alcanzó los 36 millones. El montante total se repartió en 700 millones de euros de inversión directa y 1.550 millones en infraestructuras. En total, dejó unas pérdidas de 502 millones de euros, según el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas.

Fórum de Barcelona. La Ciudad Condal acogió en 2004 el Fórum Universal de las Culturas, un evento que dejó un impresionante legado arquitectónico y una elevada factura económica para las arcas públicas. Inicialmente se cifró el precio de las obras en 2.190, pero finalmente el Ayuntamiento de Barcelona reconoció que la inversión final fue de 3.270 millones, más de 1.000 millones más. Llama la atención el elevado sobrecoste final del Edificio de Fórum, el emblema del proyecto, cuya construcción se estimó en 48 millones de euros y acabó costando 134 millones.

'Setas de la Encarnación'. El proyecto del Metropol Parasol, conocido popularmente como las 'Setas de la Encarnación' debido a su ubicación en la plaza sevillana de la Encarnación, fue adjudicado al alemán Jürgen Mayer en 2004 por un presupuesto inicial de 33 millones de euros. La cantidad fue creciendo poco a poco debido a modificaciones y retrasos hasta alcanzar los 123 millones de euros. En su inauguración en marzo de 2011, el entonces alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, justificó así el sobrecoste de casi 100 millones: "Pretender vivir mirándonos a nosotros mismos y hacer lo que siempre hemos hecho es estar lejos de la realidad".

'Ciudad del Circo'. El surrealismo alcanza un grado supremo en Alcorcón con el Centro de Artes de Alcorcón (CREAA), más conocido como 'Ciudad del Circo'. El proyecto del alcalde socialista Enrique Cascallana, que incluye un auditorio, un circo estable y un área de congresos, entre otros, se presupuestó en 120 millones de euros y las obras, aún no finalizadas, acumulan ya un sobrecoste del 40%. El proyecto ha significado, además, la demolición de una biblioteca pública y la desaparición de una de las zonas verdes más importante de la ciudad.

La Ciudad de la Luz. El complejo industrial de cine alicantino pretendía convertirse en una especie de Hollywood español. Eduardo Zaplana fue el principal valedor de un proyecto que hoy en día está en venta. Se iban a invertir 100 millones de euros, pero su coste final alcanzó los 350 millones, según ha reconocido la propia Generalitat Valenciana. Desde 2005, apenas se han producido unas 60 películas en sus instalaciones. El PSOE denunció en 2012 que en las cuentas de la Ciudad de la Luz hay varios pagos en los años 2006 y 2007 por valor de 1,2 millones a una empresa para la realización de unas películas que en 2011 no se habían estrenado. El caso más llamativo es la inversión de 4,7 millones en la película Astérix en los Juegos Olímpicos.

Línea AVE Toledo-Cuenca-Albacete. La rentabilidad es un concepto que no se puede asociar hoy en día a la alta velocidad española, ya que no existe suficiente demanda por parte de los usuarios para amortizar el alto coste de las infraestructuras —España, con más de 3.000 km, es el segundo país del mundo con mayor implantación de la alta velocidad, solo superado por China—. Sin embargo, la línea de AVE Toledo-Cuenca-Albacete, ya suprimida, clamaba al cielo. Cada día se subían a esa línea directa solo nueve viajeros de los 2.190 potenciales para ambos sentidos. El coste del servicio suponía para las arcas del Estado unos 18.000 euros al día.

Aeropuertos: Castellón, Huesca... Como ha ocurrido con la alta velocidad, la proliferación de aeropuertos en los últimos años —en España ya hay 48 y la mayoría son deficitarios— ha provocado la construcción de muchas instalaciones cuya utilidad pública es más que cuestionable. Es el caso de varios aeródromos como el de Burgos, el de Badajoz, el de Castellón o el de Huesca, con solo cuatro pasajeros en marzo de este año. El de Castellón se inauguró en marzo de 2011 y aún no está operativo despues de gastarse en su construcción 150 millones de euros. La Generalitat ha anunciado que podría empezar a funcionar a finales de este año. Pero si uno se lleva la palma es el de Ciudad Real, que abrió en 2008, cerró el año pasado y está a punto de firmar su liquidación total después de una inversión de 1.100 millones de euros.


* 20 Minutos - FCO. PELAYO. 15.04.2013
Foto: Cidade da Cultura en S. Compostela - elpais

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Marbella.- El fiscal pide cárcel para Del Nido y Muñoz por otro caso de corrupción

Las causas judiciales por el saqueo del ayuntamiento de Marbella continúan su curso, pese al exagerado tiempo pasado. Ahora se trata de otro asunto donde están implicados el abogado Del Nido (presidente del Sevilla), exasesor del municipio, y el exalcalde Julián Muñoz. La razón, como siempre, es el desvío y obtención ilegítima de dinero público por la adjudicación de obras y servicios. Veremos si no han prescrito los delitos.
"ELPAÍS* : El cerco judicial por la corrupción en Marbella empieza a apretar al abogado y presidente del Sevilla F.C., José María del Nido. Apenas cuatro meses después de que fuera condenado a siete años y medio de prisión por el caso Minutas, la Fiscalía Anticorrupción solicita otra condena de 11 años de reclusión por el caso Fergocon, en el que serán también procesados sus hermanos Juan José y Óscar, que se enfrentan a una petición de 10 años de cárcel. La misma pena que a Del Nido pide el fiscal para el exalcalde Julián Muñoz.

En esencia se trata de un nuevo caso de desvío y obtención ilegítima de dinero público del Ayuntamiento de Marbella, en esta trama por la adjudicación de obras y servicios sin seguir los procedimientos administrativos legales, a una empresa creada por los hermanos de Del Nido en 2001, cuando Julián Muñoz aun era primer teniente de alcalde y el actual presidente del Sevilla asesor jurídico del Consistorio. La fiscalía estima que se causó un perjuicio económico al Ayuntamiento de 1,6 millones de euros, que exige también que repongan a los acusados.

Del Nido y Muñoz tienen recurrida ante el Tribunal Supremo la sentencia del caso Minutas, por las irregularidades en los encargos de asesoramiento y gestiones que el abogado recibió del Ayuntamiento de Marbella y en el abono de los mismos; y en fase de instrucción aun hay un caso similar en el que ambos están imputados. En el caso Fergocon, la fiscalía acusa a un total de 13 personas, entre las que se encuentran también el exconcejal Vicente Manciles, el ex interventor municipal y otros técnicos municipales, por presuntos de delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias, fraude y falsedad en documento mercantil.

En el escrito de acusación, la Fiscalía Anticorrupción, que denunció el caso hace nueve años, sostiene que los hermanos de Del Nido constituyeron la sociedad Fergocon con el fin “prácticamente exclusivo de realizar obras para el Ayuntamiento”, y que el objeto de la misma fue “canalizar el traspaso de bienes de propiedad municipal a favor de la familia Del Nido y de Julián Muñoz”. En apenas un año, la firma obtuvo adjudicaciones por casi seis millones de euros, pese a su falta de experiencia, tanto de obras como de servicios de limpieza viaria.

La fiscalía relata que en la adjudicación de obras y servicios a Fergocon “se prescindió absolutamente de los procedimientos establecidos en materia de contratación pública”, pues se realizaron “de forma directa y verbal, sin conocimiento ni autorización”, y “sin presupuesto”. En muchos casos la sociedad no llegaba a ejecutar los trabajos, pero para aparentar que los hacía emitía facturas fraccionadas, de forma que no se superara en cada una la cantidad a partir de la cual es obligado el concurso y además este método favorecía la opacidad y dificultaba el control de los trabajos. Fergocon llegó a emitir 501 facturas distintas en obras por un total de cinco millones de euros. En el caso de concesiones de limpieza viaria, la empresa facturó más metros cuadrados de los realizados, y certificó uso de maquinaria por más tiempo del realmente utilizado. Además de los abonos en efectivo, en algunos casos los pagos se hicieron con la entrega de inmuebles.

El fiscal incrimina al ex interventor municipal porque ante la “flagrante quiebra de la legalidad” no hizo los pertinentes reparos a los pagos que “hubieran paralizado la sangría de fondos públicos”, y recuerda que en otras causas judiciales son objeto de investigación las retribuciones y complementos que recibió este funcionario.


* El País - DIEGO NARVÁEZ - 18.4.13
Foto: Marbella, Del Nido con Muñoz - malagahoy.es



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Ecologistas reclama la suspensión judicial del traslado del Mercado del Val de Valladolid

El alcalde de Valladolid continúa con su política dictatorial en cuanto a las ilegalidades urbanísticas en la ciudad. Ahora va a trasladar uno de los mercados emblemáticos del casco histórico a un parque también situado en el centro. La medida es claramente ilegal y ha sido denunciada por varias asociaciones ciudadanas.
"EUROPAPRESS* : Ecologistas en Acción ha solicitado la suspensión judicial de la licencia de obras otorgadas por el Ayuntamiento de Valladolid para el traslado del Mercado del Val a la plaza del Poniente, unas obras que según ha anunciado el alcalde, Francisco Javier León de la Riva, se iniciarán "de inmediato". Según han informado fuentes de la Asociación ecologista en un comunicado, la edificación en un parque público, aunque sea parcial y provisional, constituye "una flagrante ilegalidad urbanística y un muy peligroso precedente para la preservación de las zonas verdes". De hecho, han aseverado de que edificar en el Parque del Poniente devolvería a Valladolid a la senda de "los años negros del urbanismo en España o a las prácticas de la Marbella de Jesús Gil y Gil".

Según las mismas fuentes, existe un informe del Servicio municipal de Parques y Jardines, fechado el 14 de febrero de 2013, en el que se señala que "el uso del parque se va a modificar considerablemente, al quedar dividido en dos zonas debido a la construcción del edificio", si bien el mantenimiento de dos paseos laterales "va a permitir cierta permeabilidad".

Dicho informe, han añadido, reseña "el riesgo que puede suponer para los usuarios del parque los momentos de carga y descarga de productos en el mercado", por lo que el Servicio municipal se exime "de los posibles riesgos y responsabilidades que deriven de dicho uso".

De esta forma, los ecologistas han incidido en que, el uso del mercado "no es compatible con el régimen de protección y catalogación del Parque del Poniente, en contra de lo que concluye el informe de la Gerencia municipal de Urbanismo", ya que la edificación en su espacio central de una nave de 666 metros cuadrados de superficie y 5,10 metros de altura supone una clara interferencia con el uso recreativo del parque.

Ecologistas en Acción ha lamentado que el Ayuntamiento de Valladolid haya rechazado la propuesta de acometer las obras de rehabilitación del Mercado del Val en dos fases, "tal y como se han rehabilitado los mercados de Poble Nou y Sarriá en Barcelona, el Mercado de la Ribera en Bilbao o el Mercado de Paterna en Valencia", lo que, en su opinión, permitiría mantener activos los puestos en el propio mercado durante la ejecución de las obras, "abaratando sustancialmente su coste y haciendo innecesario el traslado provisional del mercado al Parque del Poniente o a cualquier otro lugar".

Para los ecologistas, la supuesta imposibilidad material de suprimir el sótano previsto para un supermercado es "una simple excusa, ya que los cuartos para instalaciones o servicios pueden ejecutarse perfectamente en la planta baja". Por otro lado, han afirmado que el Ayuntamiento "se contradice al señalar que algunos de los mercados citados por esta asociación cuentan con sótano, lo que confirma que, incluso manteniendo esta opción, más cara y que se proyecta para habilitar con dinero público un supermercado, la ejecución sin traslado es posible".

Finalmente, Ecologistas en Acción ha explicado que pondrá en conocimiento de la Fiscalía de Medio Ambiente de Valladolid "cualquier actuación de edificación del Parque del Poniente o de cualquier otro parque público de la ciudad, donde sólo están permitidas pequeñas construcciones auxiliares del propio parque como quioscos, templetes, casetas de aperos o similares".

Los ecologistas han recordado que la Fiscalía mantiene abiertas unas Diligencias de Investigación Penal desde que el pasado 26 de octubre Ecologistas en Acción y la Federación de Asociaciones Vecinales de Valladolid pusieran en su conocimiento la intención municipal de trasladar el Mercado del Val al Parque del Poniente.


* 20 Minutos - EP - 16.4.13
Foto: Valladolid, parque-del-poniente - minube



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