Eurovegas.- Un proyecto rodeado de humo

El 'superpelotazo' de Eurovegas, la ciudad de los casinos, afortunadamente está todavía en el aire por discrepancias múltiples. Una de ellas es la Ley antitabaco, competencia del gobierno central, frente a la Comunidad de Madrid que no pone obstáculos a su modificación. Pero el principal problema es el de la financiación, donde el millonario propietario Adelson parece tener dudas al ser acusado por graves ilegalidades en diferentes lugares del mundo. Urbanísticamente, en este blog, siempre hemos estado en contra por suponer un modelo fraudulento, con una escala desproporcionada en un territorio ya de por sí bastante degradado.
"ELPAÍS* : La primera piedra de Eurovegas se iba a colocar en diciembre. Como tarde, en enero del año que viene. Los movimientos de tierras y demás tareas previas a la construcción del megacomplejo de casinos y congresos generarían, de entrada, 10.000 contratos de trabajo, lógicamente del sector de la construcción y otros empleos asociados indirectamente. De los 15.000 desempleados de Alcorcón, elegida por Las Vegas Sands para su desembarco en la Unión Europea, 4.000 contaban con ese perfil.

La expectación alcanzó tales cotas que el PP de Parla realizó una campaña de recogida de curriculum de interesados en obtener un empleo de los 250.000 (entre directos, indirectos e inducidos) que la promotora prometía sobre el papel, mientras el alcalde, José María Fraile (PSOE), pedía directamente “Eurovegas para Parla”. A falta de tres meses para la llegada de diciembre, todas las previsiones han saltado por los aires. La que supuestamente iba a ser la inversión más importante de toda Europa, con 17.000 millones de euros, “corre serio riesgo de irse a otro sitio”, reconoce el presidente de la Comunidad, Ignacio González.

Más allá de las dudas en sí que provocan las cifras mareantes de Eurovegas o su financiación, que no sea así depende básicamente de que se reforme la ley antitabaco, una competencia estatal, para que en los casinos de Sheldon Adelson se pueda fumar “en espacios restringidos”. La tibieza y ambigüedad con la que el Ejecutivo de Mariano Rajoy venía tratando un asunto tan sensible, especialmente espinoso para la ministra de Sanidad, Ana Mato, está detrás de la bronca que esta semana estalló de forma oficial entre el Gobierno madrileño y el español... Y por extensión entre el PP regional, el más poderoso del país, y la dirección nacional del Partido Popular.

Fumar nunca ha sido negociable para Adelson. Si algo han tenido claro quienes a lo largo de los últimos seis años han participado en las negociaciones para echarle el lazo a Eurovegas era que el consumo de tabaco debía ser legal. Y que Adelson lo quería por adelantado, por ley, antes de invertir un solo euro. El magnate del juego y accionista mayoritario de Las Vegas Sands así lo transmitió cuando empezó las conversaciones con Miguel Sebastián, el ministro de Industria en la segunda legislatura del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. El mismo mensaje recibieron Esperanza Aguirre en su condición de presidenta de la Comunidad y González, su vicepresidente durante nueve años y presidente desde hace uno. El mismo presidente del Gobierno de la nación pudo comprobarlo de primera mano en las dos recepciones con las que agasajó a Adelson en La Moncloa, otorgando al empresario de nacionalidad estadounidense e israelí y republicano un trato a la altura de un jefe de Estado. “[Eurovegas] es un buen proyecto, lo apoyamos”, dijo Rajoy.

Las quejas de la Comunidad dan a entender lo contrario y reprochan la “lentitud” de la Administración Central. En su tercer mes como presidente de Madrid, González ya había diseñado y aprobado una normativa al gusto del proyecto de Adelson. Con toda una batería de rebajas y exenciones fiscales criticadas por la oposición como “un traje a medida”. Bajando, por ejemplo, el tipo máximo sobre el juego del 45% a un tributo único del 10%. O bonificando con un 95% el impuesto de transmisiones patrimoniales de las inversiones similares a Eurovegas.

El cambio de actitud de Mato, que el miércoles rompió su silencio relativo a Eurovegas y admitió que buscaba “fórmulas” para fumar en sus casinos, ha aliviado las diferencias. Aunque no se puede hablar de una tregua entre el PP que gobierna España y el PP que gobierna Madrid, muy escocido después de que la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría planteara que la Asamblea de Madrid presente una iniciativa legislativa pidiendo una legislación antitabaco más permisiva. El PP que lidera Aguirre entiende que es una excusa para salir al paso y que la hubieran presentado hace un año si se lo hubieran “insinuado”.

Ante las críticas recibidas estos días, el ministro de Industria, José Manuel Soria, asegura hoy en una entrevista en este diario que “todos los compromisos alcanzados se van a cumplir”. “Si [el marco legal] depende del Gobierno español, se hace”, afirma conciliador con Madrid, que insiste que ha hecho “todo lo que tenía que hacer” y que lo que falta depende de la Administración Central.

La estrategia de Soria es echarle toda la presión a Las Vegas Sands: “El problema es el de la financiación. No sé si la encuentran. Son ellos los que la buscan”. El consejero delegado de Las Vegas Sands, Michael Leven, ha afirmado en varias ocasiones que el dinero “está asegurado”. Frente a las dudas que alimentan Soria o los analistas de Deutsche Bank y JP Morgan, en la Comunidad se agarran a las promesas de la multinacional estadounidense. La firma debería poner 2.700 millones de su caja para empezar las obras, y a partir de 2014 iba a contar con otros 4.000 millones prestados por inversores y bancos.

Otro frente sin resolver es el del juego online, al que Adelson ve como una amenaza. Madrid ha firmado precisamente esta semana un convenio con Castilla y León que permitirá jugar simultáneamente al bingo electrónico en las dos autonomías. Esta modalidad se inició en la región en diciembre de 2012 y su volumen de negocio en el primer semestre de 2013 ha sido de 10 millones. La previsión es alcanzar los 20 millones a final del ejercicio. El convenio firmado “no influye para nada” en el futuro de Eurovegas, según el Gobierno de González.

Entretanto, la incertidumbre que rodea a Eurovegas aumenta conforme transcurren las semanas. Para empezar, que el complejo entero esté listo en 15 o 18 años, con unos rascacielos que se convertirán en los edificios más altos de España. La intención de que la primera de las tres fases previstas estuviera concluida para 2017, con cuatro hoteles y dos casinos, suena a utopía. Sin ir más lejos, a estas alturas el concurso para adjudicar el proyecto —no se sabe de más candidatos aparte de Adelson— debía estar ya resuelto. El mismo González calculaba esta semana que, una vez cerrada esa fase del proceso, las obras no se iniciarían hasta un año después.

Mientras, los propietarios de las 750 hectáreas donde iría Eurovegas, desde vecinos de toda la vida de Alcorcón a terratenientes como Metrovacesa —dueña de casi 1,5 de los 12 millones de metros cuadrados del Distrito Norte, donde se posicionó en 2006 a unos 84 euros el metro cuadrado— no tienen noticias del proyecto desde antes del verano. “En marzo nos temíamos que la Comunidad nos iba a expropiar a precio de saldo. Ahora...”, cuenta uno de los dueños, que no sabe si seguirá labrando la tierra, le comprarán las parcelas “malamente” o “saldrá de pobre” vendiéndolas “a los precios de antes de la crisis”. A la espera de que los políticos se aclaren, el distrito Norte de Alcorcón sigue siendo un secarral. Y en el aire queda un proyecto grandilocuente que podría quedarse en humo. Lo que es actualmente.

La ciudad deportiva del Atlético, en el aire

El futuro de Eurovegas inquieta no solo al Gobierno regional y al alcalde de Alcorcón, David Pérez (PP). El Atlético también se juega mucho en la operación. En concreto, su futura ciudad deportiva. En 2006 Esperanza Aguirre suscribió un acuerdo para impulsarla en Alcorcón dentro de un convenio urbanístico —basado en la construcción de más de 22.000 viviendas, el 60% protegidas, con al menos 4.350 pisos del Plan Joven regional— que también contó con el visto bueno de Enrique Cascallana, alcalde de la localidad por el PSOE hasta su derrota en 2011.

La ciudad deportiva (para la que también se pensaron como sede Boadilla y Getafe) contaría con 120 hectáreas, en las que se repartirían ocho campos de fútbol, un miniestadio, un club social y un centro de alto rendimiento. Reemplazadas las viviendas por el proyecto de Las Vegas Sands, la incertidumbre existente coincide con las obras que el Atlético está realizando en el Cerro del Espino, en Majadahonda, donde se entrena habitualmente.


*El País - JOSÉ MARCOS Madrid 21 SEP 2013
Foto: Eurovegas, terrenos Alcorcón - elmundo



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Orihuela.- Urbanismo paraliza un edificio sin licencia cuando se han construido ya cuatro alturas

Esto lo que hemos criticado tantas veces y solo sucede en Urbanismo: ¿cómo es posible que el propio ayuntamiento no paralice una obra sin licencia mucho antes, desde el inicio de la cimentación?... Es imperdonable, a no ser, como también sucede, que las autoridades municipales tengan intereses personales en esa nueva construcción, lo cual sería un grave delito. Nos quejamos de la lentitud de la acción judicial en urbanismo, pero también hay que apuntar estos casos sangrantes de error o desidia municipal. Ahora, ¿a ver quién derriba ese esqueleto?
"INFORMACIÓN* : La Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento ordenó por decreto el 1 de agosto la paralización de unas obras sin licencia de un edificio destinado a viviendas turísticas situado en suelo urbano de la Costa, en el PAU 1, cerca de Villamartín. Cuando abrió el expediente el 25 de julio pasado y se decretó la orden de paralización «inmediata», que fue el 1 de agosto, el inmueble estaba en los cimientos. En estos momentos hay cuatro plantas levantadas, aunque las obras, según el concejal de Urbanismo, Antonio Zapata, están paralizadas. Propietarios de terrenos en el mismo plan mantienen sin embargo que la ejecución ha avanzado sin que se haya actuado, a su entender, de forma efectiva.

La brigada de disciplina urbanística que acudió a comprobar la actuación ilegal identifica correctamente al promotor que está realizándolas y las fotografías que incluyen en el expediente son de esa promoción, pero citan el nombre de otra parcela a la hora de ubicarla.

Con ese antecedente, la empresa a la que va dirigido el expediente sancionador Passion Life, de Francisco Pedrera, pudo alegar, ya a mediados de septiembre, que el informe se refiere a una parcela del Plan, la R-B-II, en la que esta empresa no está construyendo. Incluso reclama que se archive el expediente. Pedrera explica que la mercantil ni es propietaria ni está realizando como promotor ni como contratista obras «en dicha parcela». Es decir, el error a la hora de señalar el emplazamiento exacto del suelo le permitió al constructor que la obra siguiera adelante a escasos metros durante más de un mes y medio. Zapata explicó que pese a esa alegación la obra sí se ha paralizado y justificó el avance de la estructura en la lentitud del procedimiento administrativo para estos casos. El concejal aseguró que legalmente el Ayuntamiento no puede hacer más de lo que ha hecho y que ha estado muy atento a este procedimiento. El edil explicó que desde que llegó al área intenta erradicar la práctica de los constructores de iniciar la obra solo con el pago y la solicitud de licencia. Una forma de actuar muy extendida durante el «boom» inmobiliario para agilizar los trámites, como es el caso de esta construcción. Agregó que el promotor tendrá que enfrentarse a varias sanciones y no podrá continuar hasta lograr la licencia.

Los Verdes
La ejecución de esta plan urbanístico ha sido objeto desde 2000 de distintas denuncias públicas por parte de un propietario afectado por la reparcelación, Miguel Mateo, quien entiende que supuestamente no se respeta la legalidad urbanística en cuestiones como la anchura de los viales o con la pérdida de zonas con valor ecológico. Algo de lo que se hizo eco el actual alcalde Monserrate Guillén (Los Verdes) cuando estaba en las filas de la oposición.


* Información - 27.9.13
Foto: Edificio turístico residencial levantado junto al canal del trasvase sin licencia en la Costa.- información

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Declaración universal de los derechos urbanos - El Roto




* El País - Viñetas - 19.9.13

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Los aeropuertos de Valladolid y León sobreviven por las subvenciones

Continuando con el enorme despilfarro causado por la clase político-financiera en estos años de boom inmobiliario respecto a infraestructuras de transporte, hoy son los aeropuertos de Castilla y León (PP) los que se analizan. Una Comunidad que posee cuatro aeropuertos, pero donde llaman la atención sus tamaños descomunales y las grandes instalaciones para un tráfico mínimo en todos ellos. Cada ciudad parece que competía con las vecinas para cometer el mayor disparate en gasto y dimensiones, sin atender las necesidades reales de la población. Ahora sobreviven por las subvenciones públicas.
"ELDIARIO* : Castilla y León: nueve provincias, 94.000 km2 y 2,5 millones de habitantes. Grandes extensiones con poca densidad de población. En Estados Unidos sería el perfecto caldo de cultivo para la instalación de aeródromos desde donde con aviones pequeños cubrir largas distancias. Pero esto es España y casi todo político en Diputaciones o Ayuntamientos ha querido tener en su territorio un “aeropuerto importante” y no un aeródromo con unas dimensiones coherentes. Así, las instituciones públicas han formado consorcios para la promoción de las instalaciones aéreas e incluso se ha embarcado directa o indirectamente en la formación de compañías regionales.

En el caso de Castilla y León, resulta clarificador entender una idiosincrasia peculiar: el peso del centralismo vallisoletano es siempre reivindicado por el resto de provincias, que en el caso aeroportuario no han querido renunciar a su aeropuerto (Burgos, Salamanca) o que incluso se sienten ajenos doblemente a ese centralismo y a esa pertenencia castellana (León).

Con estos mimbres, todos los aeropuertos son instalaciones modernas, impecables, en algunos casos con diseño singular en las que se han invertido muchos millones. Ahora, Aena, que en muchos casos ha tenido que asumir a contrapelo la gestión de estas instalaciones por su obligada obediencia al ministro, presidente, alcalde o consejero de turno, está inmersa en un plan de contingencia, si no para hacer viables estas instalaciones, al menos para abaratarlas mediante expedientes de regulación de empleo, limitación de horarios y reducción de servicios.

Esta situación está vigente en todos los aeropuertos pertenecen al llamado “Grupo III”, las instalaciones con menos de 500.000 pasajeros al año, sobre los que en su momento llegó a pesar la amenaza del cierre. Las presiones políticas locales los han mantenido abiertos, unas presiones similares a las que en su momento obligaron a construirlos, ampliar terminales o realizar mejoras sin estudios de mercado ni justificaciones claras. Simplemente por querer un flamante aeropuerto cerca de casa. En esta entrega, dos de los cuatro aeropuertos de esta CCAA: Villanubla y La Virgen del Camino, en Valladolid y León.

Valladolid-Villanubla

El aeródromo de Valladolid fue creado en plena Guerra Civil y utilizado puntualmente por algunos vuelos de Iberia durante los últimos meses de la contienda. En el aspecto puramente militar, en el mismo año de su inauguración, se creó la escuela de pilotos de caza que fueron utilizando aviones acordes con la época.

A finales de los años 50, en coincidencia con la construcción de una pista de aterrizaje, llegaron también reactores de caza y años después los aviones de transporte del Ejército del Aire del Ala 37, que es actualmente el principal usuario de las instalaciones. Los primeros vuelos comerciales, Barcelona-Valladolid (nunca hubo vuelos con Madrid por la cercanía de ambas ciudades) empezaron en 1970. Por entonces, los pasajeros debían utilizar los pabellones militares para los trámites de embarque y desembarque, una situación que se alargó durante cuatro años, cuando se segregaron las zonas civil y militar a ambos lados de la pista de vuelo. Oficialmente, el aeropuerto tiene consideración de base aérea abierta al tráfico civil y comercial, de ahí que, por ejemplo, los controladores de Villanubla sean militares.

La terminal de pasajeros del 74 fue ampliada ocho años después. La celebración del Mundial de futbol de 1982 fue la justificación para la ampliación de las instalaciones. El nuevo estadio José Zorrilla fue sede de tan solo tres partidos de la fase final. En 1990 la pista creció hasta los 3.000 metros y 10 años después se estrenó un nuevo y moderno edificio terminal, que ha ido recibiendo mejoras a lo largo de estos años. En este periodo, la Consejería de Cultura de Castilla y León ha invertido 18 millones de euros en un contrato de promoción turística con Ryanair, aerolínea encargada de que Valladolid alcanzase el medio millón de viajeros anuales en 2007, aunque desde entonces la cifra ha ido cayendo hasta los 378.000 del año pasado.

La aerolínea dirigida por Michael O’Leary no renovó el contrato de promoción con la región, lo que unido al 38% de aumento en las tasas, según Ryanair, ha hecho que haya reducido drásticamente su número de vuelos y destinos, limitándolos solo a Lanzarote y Barcelona. El segundo es un destino al que vuelan también Air Nostrum y Vueling. No hay mucho más, salvo algunos vuelos puntuales en verano a Baleares, un espejismo que acaba en cuanto vuelve el frío a Villanubla.

León-Virgen del Camino

El aeropuerto de León tiene una singularidad: es el más alto de España, al encontrarse a 916 metros de altura sobre el nivel del mar. Otra particularidad es ser una de las bases aéreas más antiguas del país, con actividad desde 1924, actividad que creció notablemente durante la Guerra Civil española, cuando se convirtió en uno de los aeródromos militares de referencia, lo que supuso la mejora de instalaciones y construcción de nuevos edificios en la zona para la formación de nuevos pilotos. Sin embargo, los auténticos protagonistas de la guerra en el aeropuerto leonés fueron los miembros de la Legión Condor, responsables, con la bendición de Franco, de algunos de los bombardeos más encarnizados sobre poblaciones.

Tras la guerra y durante una década, el lugar fue la sede de la Academia del Aire, que acabó trasladada a Murcia, quedando la llamada ‘maestranza aérea’, nombre con el que son conocidos los talleres en el lenguaje del Ejercito del Aire. Posteriormente se creó la Escuela de Especialistas del Aire, con las especialidades de mecánicos de mantenimiento de aviones y armeros y cartografía. También se formaron radiotelegrafistas y mecánicos de electrónica y especialistas en fotografía y cartografía.

En el terreno civil, Ayuntamiento, Diputación y Gobierno Regional deciden en 1990 solicitar al Ministerio de Defensa la instalación de un aeropuerto dentro de la base militar, siendo la Diputación la encargada de financiar una pista de asfalto de 1.600x30 metros sobre la de terreno natural, usada hasta el momento por los aparatos militares que visitaban la base aérea. Las obras se completaron con una calle de rodadura y una plataforma de aparcamiento de aeronaves completado en 1994.

La apuesta estaba hecha y desde entonces llegaron las peticiones políticas al Gobierno central en forma de “hasta aquí hemos llegado, ahora que mueva ficha el Ministerio” tal y como sucedió: en una segunda fase, Fomento se hizo cargo de la construcción de una terminal y otros edificios auxiliares, dejando en manos de Aena su gestión. Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea acumulaba un nuevo regalo envenenado a su cartera de aeropuertos de viabilidad cuestionable. De nuevo por el lado militar, esta vez José María Aznar prometió que la base aérea de León iba a ser la sede de la academia de pilotos de los cazas Eurofighter. Nunca más se supo.

El 2 de junio de 1999 el entonces ministro Arias Salgado inauguró la terminal del aeropuerto y se iniciaron los primeros vuelos a Madrid y Barcelona en turbohélices de Air Nostrum. Las discretas dimensiones del aeropuerto y la masa crítica no daban para mucho más, pero inesperadamente apareció en 2003 una nueva compañía, LagunAir, apoyada por el consorcio para el desarrollo del aeropuerto de León. La nueva aerolínea se gestionó de una forma cuestionable y duró solo 16 meses. Cuando ya parecía desaparecida, un grupo de constructores locales, Agelco, adquirió el 100% de las acciones y la volvió a poner en marcha. Los nuevos propietarios no tenían mucho interés en la aviación, pero eran días de vino y rosas en su sector: pensaron en diversificar y en atender las peticiones desde altas instancias del Gobierno para no dejar morir la aviación regional en Castilla y León. La nueva LagunAir no llegó a finales de 2008, metida en un cambio de modelo de negocio y en la incorporación de reactores que viajaban en la mayor parte de los casos con unas ocupaciones muy bajas.

Paralelamente a todas estas historias, se fue ampliando la pista, hasta en tres ocasiones, alcanzando los 3.000 metros. ¿Era necesario? Realmente no, pero se hizo. Resulta sonrojante leer algunas comparecencias públicas de políticos locales hablando de futuribles mientras la nueva ampliación estaba en marcha: “La longitud de pista permite ya operar a reactores de más de cien pasajeros con destinos de hasta 5.000 millas, lo que supone llegar a Canarias, la costa este de Estados Unidos, Oriente Próximo, gran parte de África, o el Caribe”. Pero ya con la pista acabada se matizaba: “Estos destinos podrían ofertarse directamente desde León si existiesen compañías interesadas en este mercado, y una demanda real de pasajeros para alguno de estos destinos”. No era el caso.

En cuanto a viajeros, el punto culminante llegó en 2007 cuando llegaron a pasar 161.000 pasajeros por la terminal, un sencillo edificio rectangular preparado para crecer modularmente por sus lados en caso necesario. ¿Se hizo así? No. Se hizo a lo grande: en diciembre de 2007 se licitaron las obras para una terminal de nueva planta y 5.000 metros cuadrados, además de una nueva plataforma de aparcamiento de aeronaves y un nuevo parking de vehículos.

A medida que las obras avanzaban, León iba perdiendo pasajeros: un 24% el primer año, un 23% el siguiente y un 2% en 2010, año en que José Blanco inauguró una moderna y espectacular terminal, lujosamente decorada. Lejos de incentivar los viajes, los dos años siguientes el aeropuerto siguió perdiendo pasaje y vuelos, cayendo hasta los 50.000 pasajeros el año pasado.

Hace solo unos días, el consorcio del aeropuerto de León ha adjudicado a una compañía llamada “Good Fly” (en realidad, un comercializador de vuelos en aviones alquilados a terceros, como una compañía húngara que opera con turbohélices brasileños) 536.000 euros para que efectúe una serie de conexiones aéreas vacacionales desde ese aeropuerto a Málaga, Alicante, Palma, Menorca o Ibiza. Unos vuelos que solo operarán hasta octubre. Es, llanamente, una subvención para que los leoneses puedan ir a la Costa Blanca, la Costa del Sol o Baleares directamente desde casa y a precios ajustados. Mientras tanto, el gestor aeroportuario, ante los magros resultados y los gastos que supone la instalación, ha prescindido de 14 de los 32 empleados del aeropuerto y ha restringido su horario de operación.


* El Diario - Javier Ortega Figueiral - 9.6.13
Foto: Aeropuerto de León - AENA

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El rescate de las autopistas de Aznar, Aguirre y Cascos costará 6.000 millones a los contribuyentes

El tema del despilfarro en infraestructuras continúa. En esta ocasión es por las autopistas construidas hace pocos años en Madrid, las llamadas radiales de peaje, que finalmente han quebrado por su inutilidad y falta de uso, tal y como muchos habíamos vaticinado. La fórmula de concesión utilizada por el gobierno Aznar, con A.Cascos de ministro de Fomento y E.Aguirre de presidenta de la Comunidad, ha terminado por explotar, recayendo ahora en el rescate público irregular mientras grandes constructoras y financieras esperan el dinero de todos. Un delito grave más de esta política que privatiza ganancias pero socializa pérdidas.
"PÚBLICO* : El gran fiasco de las autopistas de peaje puestas en funcionamiento durante la segunda legislatura de José MªAznar puede acabar costando a los contribuyentes españoles cerca de seis mil millones de euros o, lo que es lo mismo, un billón de las antiguas pesetas. La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha asegurado que no se gastará dinero público en el rescate de las concesionarias que están al borde de la quiebra; pero fuentes del sector consideran que se trata de un propósito sustentado en el más puro voluntarismo.

A día de hoy, esas empresas tienen créditos pendientes de pago por un importe superior a los 3.800 millones de euros, a los que hay que sumar otros 500 millones adeudados directamente a las constructoras y el sobrecoste de las expropiaciones sobre las que aún no se han pronunciado los tribunales. Además, José Luis Rodríguez Zapatero les proporcionó ayudas valoradas en 480 millones, que sólo sirvieron para prolongar la agonía de un proyecto deficientemente planificado y que lleva años abocado a la quiebra, según las fuentes consultadas.

El empeño de la M-50

El desarrollo de las autopistas de peaje ahora en tela de juicio fue concebido por Rafael Arias Salgado, aunque el impulso definitivo se lo daría su sucesor en la cartera de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, que llegó al cargo en 2000, después de haber sido vicepresidente del Gobierno. Sus obras estrella fueron las radiales de Madrid, presentadas a bombo y platillo como ejemplo de la colaboración público-privada en materia de infraestructuras, y uno de cuyos objetivos era, en realidad, construir la M-50 a coste cero para el Estado.

Esperanza Aguirre, entonces presidenta de la Comunidad, estaba empeñada en que se hiciera ese nuevo anillo de circunvalación, a pesar de las dificultades orográficas del trazado, que exigían una inversión desproporcionada incluso para aquella época de bonanza económica. La solución se la dio hecha Álvarez Cascos, en quien encontró un perfecto aliado: serían las propias concesionarias de las radiales las que sufragarían la M-50, como contraprestación por el derecho a explotar esas autovías, y así se matarían dos pajaros de un tiro.

Fueron animados a participar en el proceso los grandes contratistas del Estado, que en buena parte accedieron sin demasiado entusiasmo, recelosos de los optimistas cálculos realizados por el Gobierno sobre las posibilidades de recuperar la inversión. El mayor protagonismo lo asumieron las constructoras (ACS, Ferrovial, Acciona, Sacyr), que disponían de recursos en abundancia gracias a los réditos del boom inmobiliario, y la mayoría de las entidades financieras (Santander, Bankia, la Caixa, Sabadell).

Sobrecostes por todos lados

No pasaron muchos años hasta que el castillo de naipes de aquellas autopistas de peaje se vino a bajo, incapaz de resisir el temporal de la crisis, que podría haberse capeado algo mejor si la planificación hubiera sido más rigurosa, según opinión generalizada entre los expertos. Las obras costaron 400 millones de euros más de lo previsto; las expropiaciones van ya por los 2.300 millones, en vez de los 400 que se habían estimado, y el volumen de tráfico está un 30% por debajo de lo que decían las proyecciones oficiales.

Como consecuencia de ello, a las concesionarias empezó a llegarles el agua al cuello y reclamaron que se desplegara la red de seguridad prevista en el ordenamiento legal para este tipo de casos. En concreto, el otorgamiento de créditos participativos, que no confieren al Estado derechos políticos en las empresas, y la activación de las cuentas de compensación, que obligan a indemnizar a los titulares de una concesión cuando se quedan por debajo del 80% las previsiones sobre las que ésta se asienta.

Sin embargo, la suerte de las radiales de Madrid estaba echada, junto con la de otras cinco de la red de carreteras del Estado, también de peaje: las que unen Madrid con el aeropuerto de Barajas y con Toledo, Ocaña con La Roda, Cartagena con Vera y la circunvalación de Alicante. O sea, nueve de las veintidós autopistas de pago que son explotadas en régimen de concesión a lo largo de toda España.

Socialización de pérdidas

Para garantizar su continuidad, Fomento está negociando una solución con las constructoras, representadas ante el Ministerio por la patronal Seopán, aunque todo parece indicar que la fórmula elegida será el traspaso de los activos y pasivos a una rediviva Empresa Nacional de Autopistas. En lo que ambas partes se encuentran muy distantes es en la valoración de las infraestructuras y, por lo tanto, en el porcentaje del accionariado de la nueva sociedad que finalmente se adjudicará cada una de ellas.

Fomento no quiere ceder más del 20% del capital, alegando que el patromonio neto de las concesionarias ronda los 120 millones de euros, mientras que Seopán reclama un 49%, porque, en su opinión, las autopistas valen 2.600 millones, que estarían dispuestas a rebajar a la mitad mediante una fuerte quita.

Otro punto de discordia es cuándo cobrarían las constructoras los 500 millones de euros que se les deben, no en tanto que concesionarias, sino por las obras realizadas. Fomento pretende que empiecen a recuperar el dinero dentro de treinta años, cuando se hayan terminado de devolver los 4.900 millones que necesita pedir a la banca para cubrir los agujeros, más sus correspondientes intereses. Seopán, por su parte, no está dispuesta a otorgar más de seis años de carencia y se agarra como a un clavo ardiendo a que el Estado es el garante patrimonial de la inversión y no puede dejar de pagarla.


* Público - VICENTE CLAVERO - 25.9.13
Foto: Autopistas de peaje vacías - elpais.com

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Todo menos la demolición

Sobre el asunto de los derribos y demoliciones, necesarios para hacer cumplir la Ley o Normas Urbanísticas, ya se ha hablado bastante en este blog. No es ninguna novedad que se pueden contar con los dedos de una mano los casos en que esto ha sucedido en los años de urbanismo salvaje e ilegal. Para demostrarlo ahí sigue en pié el buque insignia de la corrupción, el famoso hotel El Algarrobico en la costa almeriense, a pesar de las múltiples sentencias en su contra. Igual sucede en toda la geografía y autonomías españolas. Una vergüenza política y judicial que se deja como herencia a generaciones futuras.
"ELPAÍS* : El boom inmobiliario ha pasado, pero los ladrillos que se colocaron en pleno furor, cuando algunos concejales de Urbanismo miraban para otro lado, continúan bien pegados al suelo. Los fiscales de Medio Ambiente siguen teniendo “serios problemas” para conseguir que se ejecuten las demoliciones de las construcciones ilegales. Los propietarios tratan de retrasar la llegada de la piqueta todo lo posible, bien buscando fallos en el proceso, o agarrándose a nuevas normativas regularizadoras, como la Ley de Costas. Los Ayuntamientos o comunidades, que deben responder de forma subsidiaria porque ellos debían velar por la legalidad urbanística, alegan en muchas ocasiones de que no tienen fondos para asumirlo.

“Nos damos contra un muro”, cuenta Patricia Navarro, la fiscal de Medio Ambiente de Cádiz.
La memoria de la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente de 2012, hecha pública esta semana, destaca la situación “paradójica” en la que se encuentra esta medida legal. Aunque los derribos de construcciones irregulares se sigan acordando de manera más o menos fluida —se interponen unas 100 órdenes de demolición al año—, hay poco consenso en los tribunales sobre su necesidad o naturaleza.

La Fiscalía no dispone de una estadística de órdenes de demolición, algo que hace muy difícil calcular la cantidad de las que hay en España. Tampoco existen datos oficiales y globales de viviendas ilegales, pero las comunidades con problemas más sonoros son Andalucía, donde el Gobierno regional estima que hay unas 300.000 construcciones irregulares, 60.000 de ellas en Málaga, o Valencia, donde Greenpeace calcula hasta 50.000 casas ilegales solo en la zona costera. Cantabria también es conocida por sus desmanes urbanísticos, con 663 sentencias de derribo, según datos del Gobierno regional.

Las divergencias a la hora de sentenciar son todo un clásico. Sevilla habla de una “irreconciliable disparidad” con las demoliciones. Mientras tres secciones de la Audiencia sevillana las acuerdan con “bastante regularidad”, una cuarta no la aplica “como regla general”. Hasta 2012 han conseguido que se acuerden más de 100 derribos. En algunos casos, el propietario de la vivienda ilegal ha llegado a entrar en prisión porque no asumió la demolición como forma de responsabilidad civil.

Jaén también destaca por la “extraordinaria reticencia de los jueces” para acordar esta medida. De las 72 condenas por delitos urbanísticos y contra la ordenación del territorio en las que ha intervenido la fiscal de Medio Ambiente Isabel Uceda, solo dos llevaban aparejada la piqueta. Uno de los casos más llamativos es el de una urbanización levantada en el entorno del yacimiento íbero de Puente Tablas, en una zona residencial de la capital catalogada como Bien de Interés Cultural (BIC). En este barrio hay chalés con órdenes de demolición y otros, colindantes, con condena, pero sin esta medida. Los propietarios ven en esa falta de unidad de criterio judicial una clara “inseguridad jurídica”.

Los ejemplos negativos son los más numerosos. La fiscalía de Cáceres se queja de la falta del “conocimiento más elemental por parte de determinados juzgadores” sobre las características de la orden de demolición, y en Valencia denuncian que su Audiencia ha dejado de aplicar o recurre a la anulación sistemática de todas estas órdenes. Aunque no se ejecuten, la buena noticia es que los jueces valencianos las están acordando con más frecuencia. Si en 2011 esta medida iba incluida en el 37% de las condenas, en 2012 ha subido hasta un 63%.

El contrapunto a esta situación, enquistada en los últimos años, lo ha puesto una sentencia del Tribunal Supremo. La resolución, del 21 de junio de 2012, reconoce los principales argumentos que la Fiscalía en defensa de la necesidad de imponer esta medida, como que es la única manera de reparar el daño causado por el delito. “La demolición es la responsabilidad civil”, ha declarado el fiscal coordinador de Medio Ambiente, Antonio Verger.

La fiscal Patricia Navarro pidió al Supremo que se posicionara sobre este asunto planteando un recurso de casación a una condena por una construcción ilegal en el Puerto de Santa María que no llevaba aparejado el derribo. El alto tribunal aceptó —y su decisión sienta jurisprudencia— que el derribo debe ser la “regla general” y no una excepción, algo que se deduce del nuevo contenido del artículo 319 del Código Penal, y que si no se aplica favorece la sensación de impunidad.

Cádiz tiene unas 40.000 viviendas irregulares y a finales de 2012 había 70 órdenes de demolición sin acometer. “En la zona de Chiclana, Chipiona o la costa, ha habido un crecimiento muy rápido y una vivienda ilegal sin demoler es un efecto llamada”, considera Navarro. Sobre su mesa hay órdenes de derribo de 2007 que todavía no se han ejecutado porque les plantean infinidad de incidentes para evitarlo. “Se solicita, por ejemplo, el indulto, y aquí no cabe, porque no se trata de una pena”, explica la fiscal gaditana.

Los propietarios están agarrándose a la posibilidad de beneficiarse de la nueva Ley de Costas, aprobada este verano, que reduce las zonas protegidas. También a decretos, como el que presentó la Junta de Andalucía en 2012 para regularizar el 90% de las construcciones irregulares, o a cambios en los planes urbanísticos de los municipios que les pudieran beneficiar.

Un colectivo de extranjeros afectados por los desmanes urbanísticos cometidos en el Valle del Almanzora (Almería), donde hay 12.000 construcciones ilegales, ha recurrido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. De momento, un juez de Almería ha suspendido la orden de demolición de la casa de un matrimonio británico hasta ver el resultado de la demanda internacional. Gerardo Vázquez, letrado de la asociación, reclama un cambio urgente en el sistema. “Es un modelo bizantino, es evidente que han fallado los controles por la cantidad de viviendas ilegales que hay”, contempla. Los 300 socios de la asociación, la mayoría británicos jubilados, compraron casas en suelo rústico y los promotores pusieron pies en polvorosa. No tienen derecho a suministros básicos, como electricidad o agua, pero lo más grave es la sombra de la excavadora.

En Mijas (Málaga), hay 8.000 construcciones irregulares, pero el decreto de la Junta de Andalucía ha abierto la puerta a la regularización de la mitad. Las otras 4.000 luchan por encontrar un hueco legal que las salve. En este pueblo de la Costa del Sol ya ha habido varias demoliciones y el equipo municipal, del PP, reconoce que no son plato de gusto. “Intentamos encontrar soluciones legales, pero contra las viviendas con expediente de demolición no se puede hacer nada”, explican.

En Navarra han tenido que embargar de forma previa a los condenados para poder pagar esos derribos. En 2012 ha habido cinco sentencias. El caso típico es el de una caseta de huerta que se ha ido mejorando hasta convertirla en vivienda, en especial en la Ribera navarra. Todo un clásico del urbanismo español.

Con información de Javier Doria y Ginés Donaire.


* El País - JUANA VIÚDEZ - 21.9.13
Foto: En Mijas (Málaga) hay 8.000 construcciones irregulares. / JULIÁN ROJAS

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Se vende o alquila; razón, Generalitat Valenciana

Continúan apareciendo consecuencias del enorme despilfarro público acontecido en los años del boom inmobiliario, cuando parecía que toda ciudad que no tuviera su AVE, aeropuerto, Palacio de Congresos, Universidad y Museos varios, no era nadie en el mapa. En la Comunidad valenciana esto fue llevado a su extremo por unos políticos corruptos, llegándose a situaciones esperpénticas como el vacío aeropuerto de Castellón, el circuito de F1 en Valencia o la Ciudad de la Luz en Alicante. Aquí vemos algunos de estos ejemplos.
"ELPAÍS* : "Son las fábricas del siglo XXI al servicio de una industria estratégica que es el turismo”. Eso es lo que proclamó en febrero de 2007 Francisco Camps sobre los grandes proyectos y grandes eventos relacionados con el ocio. Lo hizo desde el pabellón que la trama Gürtel había construido para la Generalitat valenciana en la feria turística Fitur, en Madrid. El entonces presidente valenciano empleó un tono triunfalista al defender que 41 millones de personas habían disfrutado ya de unas iniciativas públicas que generaban riqueza. Solo cinco años después, en la edición de Fitur de 2012, el reclamo de los grandes proyectos se había diluido ya dentro de la oferta del pabellón valenciano hasta quedar relegada a un plano muy secundario.

Hoy en día, todas aquellas “fábricas del siglo XXI” están en liquidación: se han vendido, se ponen a subasta o se ofrecen en alquiler. Las consecuencias de un proceso de euforia política desbocada se han llevado por delante también a la cadena autonómica Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), cuya programación se encuentra ahora en pleno proceso de externalización tras el despido de un millar de empleados y después de acumular 1.200 millones de euros de deuda. Para no vaciar el enorme edificio del Centre de Producció de Burjassot, las productoras privadas usarán los platós de la cadena pública.

En unas semanas se hará público el concurso para privatizar la gestión de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, en Valencia, mientras se buscan compradores para la Ciudad de la Luz, en Alicante y el aeropuerto de Castellón licita su gestión. Al mismo tiempo, el Consell aspira a no tener que pagar una indemnización al multimillonario Bernie Ecclestone, que en su día hizo campaña por Camps, para rescindir el contrato del gran premio de Fórmula 1 en Valencia, cuyo coste de celebración ascendió el año pasado a 40 millones de euros. Las carreras por la ciudad superan los 200 millones de coste desde su primera edición.

Toda la supuesta solidez de las grandes obras y los eventos de postín se disuelve en el aire del exceso y la recesión. Toda una línea política se resquebraja ante la incapacidad de la Generalitat de sostener financieramente el peso del entramado que ella misma puso en pie. La crisis ha acabado de hundir las arcas públicas hasta el abismo de los 29.000 millones de deuda (más del doble del presupuesto anual del Consell). Además, el fenómeno ha servido de justificación para acelerar la extensión del modelo de externalización, o privatización, de la gestión de bienes sufragados con dinero de todos.

Terra Mítica, mascarón de proa de esa desenfadada política turística y programática del PP valenciano emprendida en tiempos de Eduardo Zaplana, fue también la primera en caer. El parque de ocio de Benidorm, cuya construcción costó más de 400 millones de euros, la mitad procedentes de las arcas públicas, fue vendido en junio de 2012 por 65 millones a la empresa que gestionaba otros dos parques de atracciones en la ciudad, Aqualandia y Mundomar. De esa cantidad, los promotores de Terra Mítica, la Generalitat, Bancaja y la Caja Mediterráneo (CAM), apenas se repartieron 20 millones porque hubo que destinar 45 a saldar la deuda que arrastraba el complejo lúdico, que nunca cumplió las expectativas de explotación y de visitantes con las que fue diseñado.

La espectacular Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa), en Valencia, emblema de esa política de grandes proyectos, y también de los sobrecostes y el despilfarro —su coste supera los 1.200 millones de euros, triplicando ampliamente el presupuesto inicial—, se prepara estos días para la gestión privada de todos sus edificios, a excepción del teatro de la ópera del Palau de les Arts, que seguirá bajo las riendas de la Generalitat.

Próximamente saldrá a concurso un paquete integral formado por l’Oceanogràfic (parque marino), l’Hemisfèric (cine Imax), el Museu de les Ciències, l’Umbracle (espacio ajardinado), l’Ágora (sin contenido definido) y los espacios comunes. Un operador privado deberá aumentar los beneficios y los turistas en los próximos 15 años. La previsión es que el nuevo gestor entre ya en Cacsa el próximo verano.

La Generalitat pretende obtener así ingresos para cubrir la totalidad de gastos que no supongan la amortización e intereses de los edificios. Mientras ultima su externalización, sigue reiterando que el complejo diseñado principalmente por Santiago Calatrava, que sin duda ha contribuido a proyectar internacionalmente la ciudad, ha generado 478 millones de euros y ha tenido 50 millones de visitantes desde 1998.

También se elogia, lanzando una catarata de impactos económicos, la Ciudad de la Luz, el impresionante complejo de estudios cinematográficos construido por la Generalitat en Alicante. Su gestión ya estaba privatizada. Ahora están en venta todas las instalaciones. Un largo pleito para resolver el contrato con Aguamarga, concesionaria del complejo, ha desembocado hace unos días en una sentencia que condena a los gestores a pagar 1,2 millones al Gobierno autonómico. Mientras despeja definitivamente a los concesionarios de la gestión, Alberto Fabra, el actual presidente valenciano, también del PP, está obligado a vender la Ciudad de la Luz al mejor postor, no solo porque los estudios pierden unos 20 millones de euros al año, sino porque la Unión Europea ha ordenado desinvertir todo el dinero público empleado en el proyecto, que ha calculado en unos 265 millones de euros. La cifra incluye unos costes de construcción en los que no se escatimó nada, ni el millón de euros de la garita de entrada ni los 2,3 millones que volaron en una rotonda que se llevó el viento un día de temporal.

Con motivo de una denuncia de los estudios Pinewood, de Londres, la Comisión Europea estimó en 2012 que los fondos invertidos en la Ciudad de la Luz “no se facilitaron en condiciones de mercado” y vulneran las normas de la libre competencia.

En una respuesta a senadores socialistas valencianos que se interesaron por el tema, el Gobierno de España ha explicado que en las reuniones mantenidas por los servicios de la CE, la representación permanente de España ante la UE y la Generalitat Valenciana, se persigue el objetivo de “conseguir el cumplimiento de la obligación de recuperación, valorando posibles escenarios ante la imposibilidad de recuperar la ayuda de la sociedad pública”. Unos escenarios que pasan, inexorablemente, por “el proceso de venta de los activos para maximizar el precio”. Tras una última reunión el pasado mayo, la “licitación abierta” del complejo está pendiente de autorización desde Bruselas.

120 millones de euros por el aeropuerto de Castellón

La Administración valenciana prepara otro pliego de licitación para el aeropuerto de Castellón, una instalación que Camps inauguró junto a su principal impulsor, el entonces presidente de la Diputación, Carlos Fabra, en marzo de 2011 pese a que, ni en aquel momento ni ahora, aterrizan o despegan aviones en su pista.

La Generalitat justificó el proyecto por la afluencia de turistas que generaría la frustrada creación de una macrourbanización con parque temático junto a la actual Marina d’Or. Ahora pretende adjudicar por 10 años una gestión que implica hacerse cargo de los trámites de apertura del aeropuerto. Hace solo unos días, un juez de Castellón falló que la Generalitat ha de pagar más de 120 millones de euros por las obras del aeropuerto para resolver el contrato con la concesionaria que lo construyó.


* El País - ADOLF BELTRAN / FERRAN BONO - 22.9.13
Foto: Castellón, aeropuerto - aerocas



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Condenado el exalcalde de El Puerto por el derribo de un edificio protegido

El urbanismo en El Puerto lleva bastantes años en la picota, la permisividad con las miles de viviendas ilegales construidas en el municipio ha sido manifiesta. En esta ocasión, sin embargo, se trata del derribo, con participación municipal, de un palacio protegido en pleno centro urbano. Algo inexplicable para una excorporación que debía velar por el Patrimonio histórico y que, ahora, ha sido condenada por esto con inhabilitación pública, dada la gravedad de semejante atentado. También llama la atención que la justicia haya tardado 9 años (nueve) en dictar una sentencia condenatoria 'de libro'.
"ELPAÍS* : El Juzgado de lo Penal nº2 de Cádiz ha condenado al exalcalde de El Puerto de Santa María Hernán Díaz Cortés, al exconcejal de Urbanismo Juan Carlos Rodríguez, al jefe de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento, Fernando Jiménez Fornell, y al constructor Rufino Naves y a su hijo Juan a penas de prisión e inhabilitación para cargo público por el derribo ilegal del Palacio de Vizarrón, una casa de cargadores de Indias construida en el siglo XVII, situada en pleno centro de El Puerto de Santa María (Cádiz) y protegida al igual que el casco histórico de la ciudad. Los hechos ahora condenados ocurrieron hace nueve años.

El edificio fue parcialmente demolido por el constructor local Rufino Naves para la construcción de viviendas valiéndose de una autorización irregular concedida por el Ayuntamiento que certificó el supuesto estado de ruina del inmueble. Tanto la Corporación como el constructor desoyeron las reiteradas órdenes de paralización de obra que cursó la Delegación de Cultura de la Junta, que multó a los condenados.

Ahora, el juez ordena a los constructores el restablecimiento de la legalidad urbanística, es decir, a la reconstrucción de lo demolido y condena a los dos máximos responsables de la promotora, padre e hijo, a una pena de un año y seis meses de cárcel para cada uno de ellos. Así mismo establece el pago de una indemnización a la Junta en concepto de daño patrimonial y una multa simbólica de 20 euros al mes durante 15 meses. A Ambos, el juez les considera culpables de un delito contra el patrimonio.

Al mismo tiempo la sentencia, de 48 folios y entregada ayer a las partes, condena a ocho años de inhabilitación para cargo público y suspensión de empleo público y sueldo al exalcalde de la ciudad Hernán Díaz Cortés, a su entonces concejal de Urbanismo, Juan Carlos Rodríguez, y al todavía hoy jefe del área de disciplina urbanística del Ayuntamiento, Fernando Jiménez Fornell. En estos casos, el juez les considera responsables de un mismo delito de prevaricación administrativa.

Fornell fue restituido en su puesto municipal el pasado febrero por el actual gobierno del PP mediante decreto después de que en 2011 fuese detenido e imputado en la llamada Operación Tequila, que investigó la concesión de licencias para edificar en suelos no autorizados. El caso continúa abierto.

El portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, Julio Acale, promotor de la denuncia, pidió ayer al equipo de gobierno que "actúe en consecuencia" con Fornell, aunque la sentencia pueda ser recurrida ante la Audiencia Provincial de Cádiz.

Por su parte, el portavoz del Partido Andalucista, Antonio Jesús Ruiz Aguilar, que comparte responsabilidad de gobierno con el PP, reconoció ayer que sobre Fornell "pesan otras causas abiertas" y anunció que, "si esto llega a ser firme, tendremos que actuar en consecuencia". Ruiz Aguilar explicó que el Ayuntamiento no debe presentar recurso en defensa de su actual responsable urbanístico.

Mientras, el alcalde de la ciudad, Enrique Moresco (PP) declinó ayer, a través de un portavoz, la valoración del caso.


* El País - FRANCISCO JOSÉ ROMÁN - 19.9.13
Foto: Hernán Díaz Cortés (izquierda) y su abogado, a la salida del juzgado en una imagen de archivo. / JARO MUÑOZ

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El que pida licencia de obras es imbécil

Aunque la noticia está aplicada al caso de las islas Baleares, es perfectamente ampliable al resto de autonomías, ya que en este asunto del Urbanismo ilegal no hay Comunidad que se libre de la plaga 'ultraliberal'. Se aplican Leyes de Suelo permisivas, junto a otras delictivas generales como la nueva Ley de Costas 'popular', todo en beneficio del infractor, amiguete normalmente del poder local, y contra todo aquel que cumpla a rajatabla la legalidad o defienda el medio ambiente. Un asunto gravísimo en el que la justicia vuelve a actuar de convidada de piedra, ante las numerosas amnistías concedidas por la clase política 'interesada'.
"JOAN LLUÍS FERRER* : El Partido Popular (PP) se ha convertido ya en una organización que promueve de forma declarada y explícita el incumplimiento de las leyes y las infracciones urbanísticas. La amnistía a las obras ilegales construidas en el campo, contemplada en la nueva Ley del Suelo, constituye una afrenta al Estado de Derecho, al sentido común y a las más elementales reglas por las que se rige cualquier colectivo civilizado. El PP lleva aprobadas ya tres amnistías consecutivas en los últimos lustros, con lo que consolida su estrategia de destrozar la seguridad jurídica, la igualdad de todos ante la ley y el respeto a las normativas.

El mensaje de la Ley del Suelo es el siguiente: el que haya construido una vivienda sin licencia y pasándose por el forro toda la normativa podrá ahora tener licencia pagando simplemente una multa. En vez de derribarle la obra, como prevé la ley, se opta por premiar al infractor. Es el mundo al revés. Dado que ya ha habido dos amnistías como esta y seguramente en el futuro habrá más, la conclusión es evidente: el que pida licencia de obras para construir es que es imbécil. Ya vendrá el político de turno del PP para demostrar que quien hace las cosas bien, solicita los permisos necesarios y cumple la ley, no es sino un memo y un panoli.

Pero la Ley del Suelo no es el único mecanismo con que el Govern de Bauzá y el Consell de Vicent Serra destruyen las normas más básicas de convivencia. Sant Antoni es el primer municipio de Eivissa donde, gracias a las nuevas normativas del PP, se procede a una legalización masiva no ya de casas aisladas, sino de núcleos urbanos enteros que han florecido en medio del campo sin licencia. Los llamados Asentamientos en Medio Rural (AMR) constituyen directamente un insulto a la inteligencia humana. En vez de tramitar el preceptivo expediente de demolición o, al menos, sanción a los autores de estas infracciones, el Govern y el Ayuntamiento de Sant Antoni deciden premiarlos con una licencia y, no solo eso, sino que también les amplían el perímetro para poder edificar aún más ¡y encima sin alcantarillado ni ceder solares al Ayuntamiento! Así prosperan quienes incumplen las leyes y así es como el PP estimula un clima general de indisciplina, caos y anarquía absolutos.

Lo que hace el PP es disfrazar con leyes lo que es simplemente el regreso a la selva y a un sistema tribal. Nunca ningún Govern mostró tanta eficacia en la tarea de socavar los cimientos mismos del orden jurídico que debe presidir toda sociedad. ¿Cuál será el próximo paso?

De momento, ya pueden ir dimitiendo todos los concejales de Urbanismo de la isla, pues cuando vayan a paralizar una obra por vulnerar algún parámetro legal, solo estarán haciendo el ridículo. Su partido político estará ya en esos momentos preparando otra amnistía para premiar a ese infractor y convertir en inútil el voluntarioso proceder de estos concejales, suponiendo que haya alguno que cumpla con su deber.

Teniendo en cuenta lo que hace este Govern en materia de urbanismo, pero también en materia de educación (donde sigue idénticas pautas), el PP balear no tiene nada que envidiar el Tea Party norteamericano. Al final, tendremos un catálogo inacabable de leyes y de políticos para una sociedad donde, sin embargo, mandará el que tenga la cara más dura o la billetera más abultada. Pero para esto no hace falta ningún político ni ninguna ley. Esos gobernantes de mentira deberían tener la decencia de irse a sus casas y dejar que la jungla funcione sola. Al menos, nos ahorraríamos su sueldo.


* Diario de Ibiza - Opinión - 17.9.13
Foto: Ibiza, bahía - turismo



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Condena de muerte a la Ordenación del Territorio

La Ordenación del Territorio, el Urbanismo para entendernos, está cada vez desacreditado en este nuevo siglo, con motivo de ser utilizado como una mercancía más, algo que se compra y se vende sin mayor interés que el económico. Si repasáramos la historia veríamos que esto no ha sido así casi nunca. La civilización nació precisamente de esta imprescindible ordenación territorial frente al salvajismo natural, pero parece que ahora, en este tema también, son 'malos tiempos para la lírica'.
"VÍCTOR SORIANO* : El urbanismo español ha vuelto de las vacaciones con el informe sobre el mercado del suelo que ha presentado la Comisión Nacional de la Competencia (CNC). El regulador independiente de los mercados ha analizado los motivos que, dicen ellos, imponen a nuestro país una oferta rígida de viviendas que dificulta la competencia. Empecé a leerlo con mucho interés, aunque rápidamente se convirtió en una curiosa mezcla entre asombro y enfado. Me insulta que en 2013, y tras al menos seis años de crisis por la explosión de la burbuja inmobiliaria, con una cantidad de suelo clasificado como urbanizable por el planeamiento sin más motivo evidente que sostener los caprichos del político local de turno con los beneficios del proceso urbanizador, un parque de miles de viviendas vacías -unas cuantas de ellas propiedad de la SAREB- y habiendo consumido en los últimos veinte años tanto suelo como en los dos mil años anteriores vengan unos señores que cobran de mis impuestos -precisamente desde ese 2007 en que se vislumbraba la crisis, que fue cuando fueron designados- a decirme que en España las viviendas están caras, y que si están caras es porque hay pocas. ¡Venga, hombre!

Se me podrían ocurrir muchos diagnósticos de los males del mercado del suelo en España, desde la mal entendida participación de la comunidad en las plusvalías de la acción urbanística de los entes públicos, que si bien consagrada en la Constitución para preservar el interés general -y de hecho, es un precepto constitucional con el que no podría estar más de acuerdo- se ha pervertido hasta el extremo, y ha llevado a la mayoría de los Ayuntamientos españoles a pagar promesas electorales a golpe de reclasificación, hasta la ausencia, hasta tiempos muy recientes, de un planeamiento territorial de ámbito superior al municipal que limitase la libertad de los Ayuntamientos para hacer y deshacer a su antojo en el ámbito urbanístico (y es que, la competencia en urbanismo la tienen las comunidades autónomas, a pesar de lo que pueda parecer); pero desde luego ni distorsionando la realidad hasta el extremo se me habría ocurrido el razonamiento de la CNC.

Claro, que de razonamientos insensatos solo pueden surgir conclusiones aún peores. En el documento, el organismo que debería servir de guía a la acción de los Gobiernos estatal y autonómicos propone la sentencia de muerte de la ordenación del territorio, tildando de innecesario clasificar y calificar suelo de forma detallada, y pidiendo, en definitiva, la derogación de la legislación urbanística para sumirnos en un libertinaje inmobiliario del que solo se salvarían aquellas zonas que las administraciones, justificadamente, protegieran.

El regulador estatal, en definitiva, defiende que se pueda urbanizar apenas sin límite, impidiendo así toda forma de control de la sociedad contra el abuso de su territorio y su medio ambiente, pero también obligando a las administraciones públicas a renunciar a la planificación territorial y estratégica, sea para determinar el modelo de ciudad, las infraestructuras o el modelo económico del territorio, generando perjuicios irreparables que costarían muchísimo más que todo el beneficio que este competitivo modelo que se plantea pudiera lograr, tanto ambientales y paisajísticos como, sobre todo, económicos; pues un territorio sin una definición analizada y profesional de sus perspectivas está condenado al colapso de sus infraestructuras y a una irremediable pérdida de empleo, derivada, precisamente, de la escasa competitividad de lo irracional frente a lo razonado.

Que los poderes públicos sean responsables de ordenar el territorio es una garantía para el cumplimiento de muchos de los derechos constitucionales de los ciudadanos, y que se plantee poner en juego los derechos más básicos con una excusa tan excéntrica como que en España las viviendas son caras porque hay pocas es ofensivo, más si se hace con dinero público y desde una Administración Pública. Y más todavía, nos habla muy mal del trabajo de quienes deberían regular una cuestión tan fundamental para una economía como es la competencia, pues demuestran un desconocimiento absoluto de la realidad. A pesar de que el territorio es el recurso menos renovable y el bien más preciado del planeta, en España hay un enorme excedente de suelo urbanizable, todo y que en el informe se advierte de que es escaso. Solo se me ocurre una conclusión: menos mal que la Comisión Nacional de la Competencia desaparece con la reforma de las administraciones públicas que está llevando a cabo el Gobierno. Y esperemos que desaparezcan también de sus sillones quienes hayan firmado semejantes barbaridades.

* Víctor Soriano i Piqueras, especialista en Transporte y Ordenación del Territorio


* Huffington Post - Opinión - 11.9.13
Foto: urbanismo, bandera día mundial



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El Gobierno podrá privatizar cuatro millones de hectáreas de bosques y pastos con la 'ley Montoro'

La nueva Ley de Reforma Local, aprobada por el Gobierno central, es una especie de 'desamortización' encubierta, según la denuncia de asociaciones de vecinos y ecologistas de todo el país. Con esta Ley, que ha pasado casi desapercibida y ahora está en trámite parlamentario, el patrimonio de los concejos y sus bienes comunales pasarán a titularidad del Estado. Pero es que, además, afecta al 8% de la superficie total del país, es decir a unos 4 millones de hectáreas, una barbaridad que supone un verdadero expolio para los pueblos y sus vecinos.
"VOXPÓPULI* : El 8% de la extensión total de la geografía española, o lo que es lo mismo, cuatro millones de hectáreas (que se elevaban a 20 millones hace dos siglos). Ésta es la superficie terrestre que se verá afectada por el proyecto de ley para la racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, aprobado el pasado 26 de julio por el Consejo de Ministros y actualmente en tramitación parlamentaria. Desde Ecologistas en Acción y diversas plataformas rurales denuncian que si la también denominada 'ley Montoro' ve la luz y es puesta en marcha por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, abrirá la puerta a la privatización de bosques, pastos y bienes comunales, hoy gestionados por las juntas vecinales y los concejos de manera democrática.

En concreto, ecologistas y activistas contra el “expolio de nuestro pueblos” señalan que el proyecto de ley mantiene, en varios supuestos, la amenaza de supresión de las juntas vecinales de las pedanías, su pérdida de personalidad jurídica y el traspaso del patrimonio y los bienes comunales de los pueblos a, según los casos, el ayuntamiento del que dependan, la diputación provincial o la comunidad autónoma. Hasta la fecha, la propiedad de dicho patrimonio y recursos recae en manos de los vecinos, que tienen acceso por igual a los mismos y los administran a su libre disposición, de forma consensuada. Sin embargo, la futura normativa supondría, según vaticinan, que consultorios, residencias de mayores, iglesias, colegios o salones sociales que han sido construidos básicamente por los vecinos pasarán a manos de la Administración, que recurrirá a terceros para su explotación y “hacer negocio con todo ello”. Además, insisten en que "la gran mayoría de las juntas vecinales no tiene deudas ni cuestan nada al erario público, algo muy diferente de lo que ocurre con los grandes ayuntamientos".

Representantes de Ecologistas en Acción y plataformas en defensa de las pedanías se reunieron ayer con los grupos parlamentarios PP, PSOE, UPyD, CiU e Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en el Congreso de los Diputados y les trasmitieron sus reivindicaciones. Entre ellos, se encontraba Jesús María Albarrán, portavoz de las 75 Juntas Vecinales de Omaña (vídeo), en la provincia de León, quien hace hincapié en la “existencia de empresas deseosas de hincar el diente a la explotación de bosques y al aprovechamiento de recursos hídricos”. Según Albarrán, el agua (los vecinos tiene ahora la propiedad e hicieron las conducciones o los depósitos) viene citada en el proyecto de ley como servicio público básico cuya forma de gestión podrá ser decidida por las diputaciones, así como la creación de un consorcio público-privado que "encarecería el servicio".

El desembarco del fracking

De igual modo, los ecologistas también temen la irrupción de compañías, fondos de inversión, corporaciones y particulares en la producción de alimentos, energía, eólica, gravas o el denominado fracking (fracturación hidráulica para la extracción de gas no convencional). En particular, en lo referente a los bosques, advierten de que la normativa atraerá a firmas de biomasas que “luego esquilman esta superficie” o permitirá que los pastos que ahora sustentan a pequeños y medianos ganaderos se vendan o alquilen a grandes empresas. Al mismo tiempo, la extracción de resina será sacada a subasta. También, relata Albarrán, se acabará con los cotos de caza locales, ya que la decisión sobre un uso conjunto de los mismos no dependería de las juntas vecinales afectadas sino de sólo “una Administración, una sola persona”.

Desde la Plataforma para la defensa de las juntas vecinas de Omaña arremeten contra esta “desamortización encubierta” por parte del Gobierno de Mariano Rajoy y consideran que “el campesinado se ha permitido el lujo de ser autónomo y la autogestión no gusta a los grupos de poder”.

Según el registro oficial, en España hay 3.723 entidades de ámbito territorial inferior al municipio (8.117), con lo que su supresión conllevaría la desaparición del 31% del ámbito local. León es la provincia española que se vería más perjudicada por la disolución de las pedanías, ya que posee 1.234 de esas 3.723 de todo el país.


* Vox Pópuli - Segundo Sanz - 20.9.13
Foto: Imagen del documental 'Stop al expolio de los bienes comunales', elaborado por el 15-M de León y la plataforma rural del Omaña.- 15M León (archivo)


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La Fiscalía pide tres años de cárcel y 35 de inhabilitación para el exalcalde de Arona

Como todo gran municipio turístico que se precie, las irregularidades y delitos urbanísticos en Arona (Tenerife) han sido muchas en los años del boom inmobiliario. Ahora la fiscalía pide cárcel para el exalcalde nacionalista, G.Reverón, por delitos continuados de prevaricación urbanística, solo desde 2003 a 2007. Como siempre la justicia llega tarde y mal, ya que se supone que muchas de esas obras estén ya acabadas, con la dificultad ahora de hacer cumplir la ley. De todas formas se habla de cientos de licencias concedidas ilegalmente por el alcalde en ese corto periodo, así que aquí vemos la colosal magnitud del delito cometido.
"LAOPINIÓN* : La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife solicita una pena de tres años de prisión y 35 de inhabilitación especial para el anterior alcalde de Arona, el nacionalista José Alberto González Reverón, por presuntos delitos continuados de prevaricación urbanística –conceder licencias contrarias a las normativas urbanísticas–, prevaricación –dar una solución a sabiendas de que es injusta– y tráfico de influencias –utilizar su imagen para obtener favores o tratamiento preferencial–.

Según fuentes de la Fiscalía, además la acusación pública pide pena de prisión de entre dos y ocho años para 15 de los otros 16 imputados que figuran en la causa conocida como caso Arona 1 e inhabilitación especial para empleo o cargo público para todos ellos.

La acusación obedece a su presunta implicación en una trama de corrupción que tuvo lugar entre 2003 y 2007, según adelantó la opinión de tenerife, que también informó de que el Juzgado de Instrucción Número 2 de Arona ya declaró abierto el juicio oral el pasado martes. La adjudicación de unos 80 contratos a dedo y la concesión de 200 licencias ilegales centran esta causa ocurrida durante el mandado de González Reverón.

El exalcalde de Arona ya está condenado a cuatro años y medio de inhabilitación para cargo público en el Ayuntamiento por un delito de prevaricación por la contratación irregular de dos trabajadoras municipales. Esta decisión judicial hizo que el regidor local durante nueve años y medio tuviera que abandonar el Consistorio a finales del año pasado.
Según las fuentes de la Fiscalía, al nacionalista se le imputa un delito continuado de prevaricación urbanística, al igual que a siete concejales que formaban parte del antiguo Gobierno: Manuel Barrios Rodríguez, Sebastián Martín Martín, Daniel Martín Navarro, Alfonso Barroso Armas, José Luis González Rodríguez, Juan José Alayón Beltrán y Félix Sierra Melo. La acusación popular pide para todos ellos dos años de prisión. Asimismo, solicita por este delito para todos la inhabilitación especial para empleo o cargo público por un periodo de 10 años.
A estos ocho imputados les atribuye también un delito continuado de prevaricación general, por lo que exige una pena de 10 años de inhabilitación especial.

El actual primer teniente de alcalde, Antonio Luis Sosa Carballo, está imputado por un delito continuado de prevaricación por el que se piden 10 años de inhabilitación especial, y por un delito de malversación de caudales público, por el que se reclama un año de prisión y cuatro meses de multa con una cuota de 50 euros.
La Fiscalía además imputa a Alberto González Reverón otro delito continuado de prevaricación, por el que pide nueve años de inhabilitación especial, y un delito de tráfico de influencias continuado por el que reclama un año de prisión, una multa de 20.000 euros y la inhabilitación especial por un periodo de seis años.

A Félix Sierra Melo (PP) también lo acusa de un delito de cohecho –realizar un soborno o que un cargo público lo acepte–, por el que pide cuatro años de prisión e inhabilitación por ocho años, así como una multa de 500.000 euros; y de un caso de negociaciones prohibidas a funcionario público, por el que pide 15 meses de multa con una cuota diaria de 50 euros, e inhabilitación por tres años.

Al técnico municipal Roberto de Luis Jiménez, la fiscal le imputa un delito de prevaricación urbanística por el que pide dos años de prisión e inhabilitación especial por 10 años, y un delito de cohecho por el que solicita seis años de prisión e inhabilitación especial para cargo o empleo público durante 10 años.

El también técnico municipal Eliseo de la Rosa Rodríguez se enfrenta a un delito de cohecho por el que la Fiscalía pide cuatro años de prisión e inhabilitación por 10 años, y a un delito continuado de prevaricación urbanística, por el que reclama dos años de prisión e inhabilitación especial por 10 años.

Los imputados Arsenio Zamora Toledo, Zenón Rodríguez Neris, Jorge Menéndez Díaz, Antonio Luis González Tolosa (técnicos externos del Ayuntamiento) figuran como presuntos autores de un delito de cohecho, por el que se enfrentan a penas de entre tres y cuatro años de prisión e inhabilitación especial por 10 años.
Hortensia María García y José Manuel Rodríguez, mandos de Policía Local y Guardia Civil, están imputados por sendos delitos de prevaricación.
La Fiscalía pide para García inhabilitación especial para cargo público por un periodo de ocho años, y para Rodríguez una pena de seis meses de prisión y una multa de 30.000 euros.


* La Opinión - EFE - 14.9.13
Foto: Arona (Tenerife) - laopinion

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Dos constructoras demandan a la familia de la alcaldesa de Lezama por su plan urbanístico

La denuncia ante la justicia del Plan urbanístico de Lezama (Vizcaya) por parte de una plataforma vecinal dio al traste con los planes de los vendedores. En 2009 se anuló todo el planeamiento y las constructoras pidieron la rescisión del contrato y la devolución de 2,2 millones, cosa que el ayuntamiento no ha hecho todavía. El delictivo Plan recalificaba una zona inundable, además, en un solar de la familia de la alcaldesa. O sea que doble delito, todavía sin definitiva solución, ya que, ahora, el ayuntamiento acaba de aprobar prácticamente el mismo Plan urbanístico que fue anulado por la justicia.  
"ELDIARIO* : El polémico Plan urbanístico de Lezama, la recalificación de una zona inundable de un solar de la familia de alcaldesa Alaitz Etxeandia (PNV), está ya en los tribunales. Las dos constructoras que iban a ejecutar el proyecto (52 pisos que iban a reportar 5,5 millones de euros a los Etxeandia) presentaron una demanda civil a finales de julio, pendiente de que sea tramitada por el juzgado correspondiente de Bilbao, según confirmaron fuentes judiciales. Estas empresas reclaman desde hace cuatro años 2,2 millones de euros a la familia de la alcaldesa al no cumplirse los plazos para la ejecución del proyecto, que quedó anulado en 2009 por el Tribunal Superior vasco de Justicia.

Al constatar las irregularidades, quisieron extinguir el acuerdo y desde entonces habían enviado hasta seis requerimientos notariales a los Etxeandia pero sin respuesta. En estos dos años han ganado tres pelitos judiciales en lo que los tribunales han confirmado la ilegalidad del plan urbanístico. El proyecto de las 52 pisos fue el único impulsado por el consistorio en su planeamiento urbanístico de todo el municipio anulado e incluso la secretaria municipal informó negativamente sobre su aprobación, pero el consistorio hizo caso omiso. Como ha informado El Diario Norte, el Ayuntamiento de Lezama aprobó la semana pasada todo el plan urbanístico del municipio que había sido anulado por el Superior sin apenas cambios y, en el caso del solar de la familia de la alcaldesa, manteniendo idéntico el proyecto.

Con ello quiere volver a impulsar la operación urbanística de Txupetxa, el solar familiar de la alcaldesa, al recalificar como urbanizables unos terrenos catalogados ahora como urbanos con calificación de inundable, lo que no permite edificar viviendas. Contempla la construcción de 52 pisos, una operación que tenía además beneficios concretos: 5,5 millones de euros para la familia Etxeandia reflejados en un acuerdo de compraventa firmado con dos constructoras. Este acuerdo fue firmado en 2007, ocho meses antes de la aprobación del planteamiento urbanístico (anulado desde 2009) que recalificaba sus terrenos, por el padre de la alcaldesa, su tía y cuatro primos con las dos constructoras.

El pacto supuso el pago en 2007 a la familia Etxeandia de 646.088 euros, a lo que siguieron otros dos abonos en 2009, de 450.000 euros y 1.085.586. En esta última cantidad se incluye un piso en el barrio bilbaíno de Miribilla, que se valora en 300.000 euros, para uno de los primos de la alcaldesa. Los otros 3.095.212 euros restantes se pagarían en especie: 10 viviendas, una lonja y cuatro garajes del solar de Txupetxa.

Pero el acuerdo tenía un plazo: para abril de 2011 el Ayuntamiento tenía que concluir todos los trámites urbanísticos para poder edificar en el solar. En caso contrario, la familia de la alcaldesa debería reintegrar a las constructoras los 2.181.674 euros cobrados, más lo estipulado por daños y perjuicios.

La denuncia ante la Justicia del plan urbanístico de Lezama por parte de una plataforma vecinal dio al traste con los planes de los vendedores. En 2009 se anuló todo el planeamiento urbanístico de Lezama y las constructoras pidieron la rescisión del contrato y la devolución de los 2,2 millones. Pero, pese a ello, el Ayuntamiento siguió con los trámites para impulsar la urbanización en el solar de Txupetxa (fue la única actuación que se puso en marcha del planeamiento) y llegó a aprobar esta actuación en 2011. Entonces llegó la sentencia firme del Tribunal Supremo que invalidó todo el planeamiento urbanístico y con ello el de Txupetxa. Además, entre junio y noviembre pasados, ha habido otros tres fallos judiciales que han declarado ilegal la promoción urbanística en el solar de la alcaldesa al estar anulado todo el plan general de Lezama.

Las dos constructoras han realizado en estos cuatros seis requerimientos notariales a la familia Etxeandia para que cumplan el acuerdo y devuelvan los 2,2 millones. El último de ellos fue en marzo y, ante la falta de respuesta, han decidido acudir a la vía judicial para recuperar el dinero. Reclaman la cantidad depositada, más otros 600.000 euros en concepto de intereses y costes: en total cerca de 2,8 millones. De esa cifra, la mitad se reclama al padre de la alcaldesa. Las empresas han asegurado que el Ayuntamiento “sigue maniobrando a su favor [de los Etxeandia]. En el nuevo plan urbanístico copia el Txupetxa anterior”. Agregan que incluso recibieron un escrito de los Etxeandia, sin ninguna referencia a los 2,2 millones, en el que se dice que “se resucita [el plan urbanístico de Txupetxa] y que el contrato es válido”.


* El Diario - Alberto Uriona - 17.9.13
Foto: Lezama (Vizcaya) - todopueblos.com



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Todas las autopistas radiales de Madrid, en quiebra

Algo que venimos denunciando desde hace tiempo: el enorme despilfarro que han supuesto las inútiles autopistas radiales de pago en Madrid, y en otros lugares del país. La política de Fomento al respecto de las infraestructuras de transporte ha sido claramente delictiva desde los tiempos de Aznar, por lo menos. Pero la 'injusta' justicia de este país ha sido incapaz de imputar si quiera a uno solo de los políticos culpables y de las empresas beneficiarias que, como luego se ha visto, donaban importantes cantidades de dinero al partido de turno (normalmente al PP).
"PÚBLICO* : Henarsa, sociedad concesionaria de la autopista radial R-2 Madrid-Guadalajara, ha sido declarada en concurso voluntario de acreedores por el Juzgado de lo Mercantil número 5 de Madrid, con una deuda financiera de unos 450 millones de euros, según informaron a Europa Press en fuentes del sector. De esta forma, todas las autopistas radiales de Madrid están ya en proceso concursal, dado que las otras tres (R-3, R-5 y R-4) se declararon insolventes a finales del pasado año. Todas ellas suman un pasivo de unos 3.047 millones de euros.

Además, con la R-2 ya son siete las vías que actualmente están en concurso del total de nueve que afrontan riesgos de quiebra y que negocian con el Ministerio de Fomento su integración en una sociedad pública de autopistas para solventar sus problemas económicos y financieros. El sobrecoste que registraron en las expropiaciones de los terrenos sobre los que se construyeron las vías y el desplome de los tráficos por la crisis constituyen los dos principales factores de la situación que atraviesan estas autopistas de peaje, las de más reciente construcción.

En el caso de la R-2, cuya sociedad concesionaria está participada por Abertis, ACS, Acciona y Globalvía (firma concesional de FCC y Bankia), se ha visto abocada al concurso por la demora de la Administración a la hora de abonar las ayudas que hace unos años articuló para paliar la situación que atraviesan estas vías de pago. Estas mismas fuentes cifran en unos 180 millones de euros el importe que Fomento adeuda a esta radial en concepto de créditos participativos y cuentas de compensación.

La R-2 es una autopista de peaje de 62 kilómetros de longitud que une la M-40 de Madrid y Guadalajara y se estructura en dos tramos. El tramo interior discurre desde la M-40 hasta la M-50 y constituye una alternativa de la A-1. El segundo tramo, el exterior, es la alternativa a la A-2 entre Guadalajara y la M-50.

Henarsa, la sociedad concesionaria que las constructoras adjudicatarias constituyeron para construir y explotar la vía, se la adjudicaron en el año 2000 y la pusieron en servicio en 2003. Realizaron una inversión de 563 millones de euros y el plazo de la concesión es de 24 años. Durante el pasado año utilizaron la vía una media de 5.928 usuarios, lo que supone un descenso del 24% respecto al año anterior y un desplome del 46,2% respecto al máximo de tráfico contabilizado en 2007, según datos del Ministerio de Fomento.

El Departamento que dirige Ana Pastor negocia actualmente con las constructoras y concesionarias titulares de todas las vías de pago en problemas para integrarlas en una sociedad pública. El Ministerio de Fomento remitió antes del verano al sector una propuesta en la que cedía el 20% del capital de la nueva sociedad pública de autopistas a las empresas que actualmente las gestionan. No obstante, el sector reclama una participación mayor.

Además de las tres vías radiales de Madrid, el resto de autopistas en problemas, la mayor parte de ellas en concurso, son la Eje Aeropuerto, que une Madrid y el aeropuerto de Barajas; la Ocaña-La Roda, la Madrid-Toledo, la Cartagena-Vera y la Circunvalación de Alicante.


* Público - EP - 17.9.13
Foto: Imagen de la autopista Madrid-Guadalajara, la última en sucumbir a la caída del tráfico.- GLOBALVÍA

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Asociaciones vecinales piden la dimisión del alcalde de Valladolid ante el auto judicial sobre el PGOU

Con retraso judicial, como siempre suele ocurrir, han sido imputados el exconcejal de Urbanismo de Valladolid y otros técnicos de su departamento, por el llamado 'cambiazo' del Plan General urbano. Este Plan, de hace 10 años (diez), fue modificado delictivamente por el ayuntamiento presidido por el alcalde De la Riva (PP) una vez aprobado, y se hizo solo para favorecer a determinados amiguetes del sector de la construcción. Sin embargo el polémico alcalde continúa en el sillón municipal sin haber sido imputado ni asumir tampoco su responsabilidad.
"EUROPAPRESS* : La Junta Directiva de la Federación de Asociaciones Vecinales de Valladolid, ha acordado por unanimidad pedir la dimisión del alcalde, Francisco Javier León de la Riva, para que asuma "responsabilidad política" por las imputaciones del secretario del Ayuntamiento, un exconcejal de Urbanismo y varios técnicos municipales dentro del caso de las modificaciones irregulares en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2003.

En el comunicado de la Federación vecinal, recogido por Europa Press, han recordado la intervención de su presidenta, María José Larena, en el Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Valladolid el pasado lunes, donde instó al regidor a "asumir su responsabilidad política en este asunto" al estar en juego "la dignidad de la ciudad de Valladolid" ya que las alteraciones de "la primera norma que organiza urbanísticamente la ciudad" se hicieron, a su juicio, de modo "voluntario y finalista".

El auto judicial del pasado 31 de julio de 2013 sobre el caso imputó por las alteraciones del PGOU, entre otras personas y empresas, al secretario del Ayuntamiento, Valentín Merino, al exconcejal de Urbanismo, José Antonio García de Coca, a "la cabeza de la asesoría jurídica" y "altos técnicos" de la Concejalía de urbanismo como Luis Álvarez Aller y Modesto Mezquita Gervás, "sin que el alcalde haya asumido hasta el momento la más mínima responsabilidad política".

De esta manera, las asociaciones vecinales han dado "un paso más", y en su reunión celebrada este jueves han sometido a acuerdo de su Junta Directiva la exigencia de dimisión al alcalde León de la Riva, que fue aprobada por unanimidad.

Las imputaciones recogidas en el auto judicial, según la Federación, "son de una gravedad extrema dada la altas responsabilidades municipales de cada uno de ellos y revelan la dimensión de la participación desde distancias áreas del Ayuntamiento en estas alteraciones que, según el auto, podrían suponer delitos de falsedad, delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y negociación prohibida a funcionarios".

Asimismo, han calificado de "racionalmente insostenible" que el alcalde "no supiera nada de las alteraciones del PGOU porque todo el mundo en esta ciudad sabe quién decide todo". En este sentido, han recordado que el alcalde "se ha jactado" en "numerosas ocasiones" de que "sus concejales no deciden ni en las cosas más nimias sin tener su visto bueno".

"Y si no lo sabía, debería dimitir por no haberse enterado de nada a pesar de tener la más alta responsabilidad municipal y ser el máximo responsable político", han incidido.

Las asociaciones vecinales también consideran que existen razones para exigir la dimisión de León de la Riva por "mantener hasta la saciedad que todo se ha tratado de errores", por "no acceder a investigar lo ocurrido constituyendo una comisión de investigación", "no personarse en el procedimiento penal para verificar quien ha lesionado gravemente los intereses de los vecinos vallisoletanos", por "dejar al pié de los caballos con sus declaraciones judiciales a técnicos y funcionarios municipales", y por "perjudicar económicamente" a los vecinos por las indemnizaciones a pagar a particulares.


* La Información - EP - 13.9.13
Foto: Alcalde de Valladolid, De la Riva - EP



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Valencia:- Un fallo del Supremo multiplica el coste de expropiación del plan de El Cabanyal

En la Valencia de los grandes fastos, como la F1 perdida o la Copa América abandonada, en la ciudad de los pelotazos urbanísticos y los despilfarros en edificios costosísimos de construir y mantener, todavía colea el asunto del barrio popular del Cabanyal. La alcaldesa R.Barberá se ha caracterizado en estos años, también, por el abandono del patrimonio histórico y el desprecio por un barrio humilde de pescadores que ha sabido plantar cara al poder institucional corrupto del PP en la ciudad y en la Comunidad.
"ELPAÍS* : El Tribunal Supremo ha rechazado un recurso del Ayuntamiento de Valencia, presentado en 2011, contra un artículo del reglamento de la nueva ley del suelo. El Consistorio acudió al tribunal para pedir la anulación de uno de sus artículos porque desautorizaba una figura urbanística que el gobierno local del PP puso en marcha después de 2007 para rebajar el valor de las expropiaciones en la capital. En la práctica, la decisión del Supremo, que afecta por igual a toda Valencia, multiplica por tres o cuatro el coste de las expropiaciones del plan de El Cabanyal, ha explicado el portavoz del grupo municipal de EU en el Ayuntamiento, Amadeu Sanchis.

Acompañado del abogado especializado en urbanismo José Luis Ramos, el edil ha recordado que para llevar a cabo la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez hasta el mar a costa de fracturar el barrio marinero falta por expropiar un 60% del suelo. De aplicarse la sentencia, el coste del suelo pendiente de expropiar pasaría de 32 millones a 480, según los primeros cálculos.

El fallo no tiene carácter retroactivo pero si puede afectar a las expropiaciones que se realicen a partir de ahora. El alto tribunal ha condenado al Consistorio al pago de 10.000 euros en costas.

El plan de El Cabanyal, aprobado en el 2001, se encuentra paralizado a la espera de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre un conflicto de competencias entre el Gobierno y la Generalitat. El Ministerio de Cultura gobernado por el PSOE aprobó a finales de 2009 una orden para proteger al barrio de las demoliciones que el gobierno local estaba llevando a cabo.


* El País - CRISTINA VÁZQUEZ - 12.9.13
Foto: Valencia, barrio del Cabanyal - S.CARREGUÍ, elpais.com



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Catalunya…”Som i serem despilfarradores”

En los grandes despilfarros autonómicos que han contribuido a la crisis-estafa actual, no ha habido diferencias por cuestiones de colores o banderas. La mejor prueba es la Comunidad catalana, donde el nacionalismo dominante en las instituciones ha caído en los mismo errores, o más, que en otras autonomías. Desde el aeropuerto de Alguaire (Lleida) a la línea 9 del metro (Barcelona), aquí se ven unos ejemplos descarados del gasto público injustificable.
"LACRISISECONÓMICA* : En esta entrada vamos a hacer una recopilación de grandes despilfarros “Made in Catalunya”. Mientras la casta política parasitaria sigue exprimiendo a la sociedad catalana ellos no dejan de despilfarrar dinero mientras quieren cobrar 3 euros por tupper a los niños en los colegios. He aquí unos ejemplos gráficos que espero les abran sus ojos.

1.- El aeropuerto de Alguaire (Lleida)

Proyectado por el gobierno tripartito del PSC y el único gestionado por la Generalitat (CiU), supuso una inversión de 90 millones de euros. Desde su puesta en servicio, a finales de 2009 ha tenido una actividad mínima. Air Nostrum es la única aerolínea que opera de forma regular los fines de semana.

2.- La aerolínea Spanair

La misión de crear una aerolínea de bandera catalán iniciada en época del tripartito (PSC-ERC-ICV) y continuada por CiU se frustró en enero con el concurso voluntario de la compañía después de haber recibido dinero público por más de 140 millones de euros.

3.- Autovía sin principio ni final en Lérida

37 millones de euros para viajar… a ninguna parte. Es lo que ha costado la construcción del primer tramo de autovía (A-14), en la carretera que va de Lleida a Vall d’Aran (N-230) Son siete kilómetros de autovía que no ahorran tiempo al viajero ni conducen a ningún sitio. La responsabilidad es de Fomento.

4.- Línea 9 del metro de Barcelona

La línea 9 del metro de Barcelona cuenta actualmente con 8 de las 52 estaciones que están proyectadas. Se trata de la inversión más grande que Cataluña ha emprendido hasta el momento. Aunque inicialmente se proyectó con una inversión de 2.600 millones por parte del tripartito, el gobierno de Artur Mas elevó está cifra los 16.000 millones. La falta de financiación ha dejado paralizado el proyecto.

5.- Centro de Arte Contemporáneo de Barcelona

Debía ubicarse en el antiguo canódromo de la capital catalana. Aunque el centro no existe, su director general, Moritz Küng, lleva cobrando desde diciembre de 2009 un total de 5.500 euros mensuales abonados por el Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes (CoNCA) ente independiente adscrito a la conselleria de Cultura de la Generalitat, cuyo consejero es Ferran Mascarell.

6.- El Hospital de Sant Joan Despí (Barcelona)

Moisès Broggi se puso en marcha en febrero del 2010, con una inversión del Departamento de Salud de la Generalitat de 113 millones de euros bajo el mandato del tripartito. Fue el primer hospital que nacía de cero ya que la Generalitat prefirió eso antes que ampliar los hospitales existentes. Ha cerrado 12 de los 13 quirófanos por defectos de construcción y los recortes de personal han supuesto el cierre de muchos servicios.

7.- Campus universitario en la zona del Fórum

La Generalitat ha decido seguir adelante con la construcción de un nuevo campus universitario pese a los recortes en Educación. Son tres edificios que costarán unos 100 millones de lo que ya se han invertido 18 millones de euros.

8.- Túnel de AVE del Petrús en los Pirineos

El 14 de noviembre de 2004 el grupo TP Ferro, integrado por las empresas ACS, Dragados y Eiffage, comenzó las obras de la Conexión Ferroviaria del tramo Internacional de Alta Velocidad entre Figueres y Perpignan. Entró en funcionamiento en diciembre de 2010 y debía cobrar un peaje de 1.350 euros para lo strenes de pasajeros y 550 para los de mercancías. La no llegada del AVE a Figueres, hace que el Estado español deba pagar una indemnización millonaria a las constructoras.

Fuente: eleconomista.es


* La Crisis que pagamos la clase trabajadora - 15.8.13
Foto: Autovía cerrada en Lleida - eleconomista

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