Madrid.- El ‘pelotazo’ del 3.700%

De todos es sabido que el fútbol siempre ha sido favorecido por los distintos gobiernos para tener a la gente 'embobada' mientras ellos seguían manejando los hilos de sus diferentes tropelías. Ahora la Comisión Europea ha puesto su punto de mira en varios clubs de los más poderosos y empieza a descubrir una trama corrupta de desvío del dinero público. Así sospecha que el Ayuntamiento de Madrid dirigido por Gallardón favoreció al Real Madrid al valorar en 22 millones unos terrenos que 13 años antes se estimaban en 595.000 euros. Es decir, nada menos que un pelotazo del 3.700%, si damos por buenas esas cifras.
"ELPAÍS* : ¿Dio el Ayuntamiento dirigido por el ahora ministro Alberto Ruiz-Gallardón un trato de favor al Real Madrid? ¿Tuvo justificación que el Consistorio valorara en 2011 en más de 22 millones de euros unos terrenos que 13 años antes tenían un valor de mercado de 595.000 euros, en una operación que favoreció al club blanco? Son algunas de las preguntas que deberá responder la Comisión Europea tras presentar hoy un procedimiento de sanción. Se trata de uno de los aspectos incluidos en la investigación que los servicios europeos de Competencia, bajo el mando de Joaquín Almunia, acaban de iniciar. Las sospechas de Bruselas se dirigen también contra el Barcelona, Athletic de Bilbao, Osasuna, Valencia, Elche y Hércules, por distintas cuestiones.

El documento preparado por el equipo de Almunia sobre la operación inmobiliaria del Real Madrid, al que ha tenido acceso EL PAÍS, muestra una operación en la que la Administración local se ha acogido a lo largo de más de una década a los supuestos más perniciosos para las arcas públicas.

El documento relata con precisión los pasos que ha ido dando el Ayuntamiento en lo que acabó convirtiéndose en un pelotazo inmobiliario para el Madrid. El acuerdo inicial, firmado en 1998, establecía un intercambio según el cual el equipo cedía al Consistorio 30.000 metros cuadrados situados en su Ciudad Deportiva y, a cambio, se hacía con una superficie total de 70.815 metros cuadrados: dos lotes en la zona de Julián Camarillo y unos terrenos en Las Tablas. Son estos últimos los que han despertado las sospechas de Bruselas.

Pese a lo firmado en el acuerdo inicial, un cambio legal hace pensar al Ayuntamiento en 2003 que no puede transferir a una entidad privada esas parcelas de Las Tablas, por lo que debe indemnizar al supuestamente perjudicado. A lo largo de 17 páginas, las autoridades europeas de Competencia van desmontando uno a uno los argumentos en los que se basó el organismo dirigido por Gallardón.

La imposibilidad legal de transferir las propiedades en litigio es, según Bruselas, cuestionable. Pero aún aceptando ese supuesto dudoso, Almunia y los suyos consideran que en ese caso la imposibilidad habría estado ahí desde el mismo momento en el que se firmó el contrato. Y por lo tanto, el error “es obviamente no imputable a una sola de las partes”. “Es sorprendente que las autoridades españolas no usaran este argumento para evitar hacer frente a una reclamación de más de 22 millones de euros”, continúa el documento.

Pero donde las autoridades europeas se explayan más es en el muy dudoso sistema que el Ayuntamiento de Madrid usó en 2011 en la valoración de unos terrenos que servirían para calcular la indemnización al club que preside Florentino Pérez. Bruselas tiene “serias dudas” sobre el “notable incremento” del valor de los terrenos. Es muy gráfico el cálculo que aporta uno de los demandantes: mientras que los precios del ladrillo crecieron en Las Tablas un 250% a lo largo de los 13 años analizados, la valoración de los terrenos en 22,7 millones que el Ayuntamiento aceptó como buena suponía una revalorización de los terrenos en disputa del 3.700%. Esto significa o bien que el precio acordado en 1998 era muy bajo o que el de 2011 era muy alto. “En cualquiera de los dos casos, el Real Madrid habría obtenido una ventaja de esta transacción que no se justifica en términos de mercado”, opinan en Bruselas.

“Es cierto que los precios del mercado inmobiliario aumentaron de forma considerable tras 1998. Pero también que empezaron a caer con fuerza en 2008”, añade. Es en este momento cuando las autoridades de Competencia enumeran el rosario de irregularidades que ha acompañado a la operación: el acuerdo de transferencia firmado en 1998 no iba acompañado de la evaluación independiente preceptiva; tampoco lo hubo 13 años después, cuando se efectuó el intercambio de activos con la valoración más favorable para el Madrid. La Comisión encuentra más agujeros en las explicaciones que aportaron entonces las autoridades españolas.

Al margen de si era obligatorio o no indemnizar por el terreno, y de si el precio pagado era el adecuado, la Comisión también muestra sus dudas ante una actuación de los poderes públicos que otorga una ventaja a una entidad privada que puede afectar a la competencia entre países y clubes. “Cuanto más dinero tengan los clubes para atraer a jugadores de primer nivel, más éxitos cosecharán en las competiciones, lo que les asegura más ingresos en actividades como material de promoción y derechos televisivos”, sostiene.

El documento parece responder a los argumentos que estos dos últimos días ha usado el Gobierno. Si el ministro Margallo afirmó el lunes que debe apoyar a los clubes españoles porque forman parte de la marca España; y Guindos dijo ayer que “lógicamente” defenderá los intereses españoles, la Comisión expone sus dudas “sobre la existencia de un interés común que justifique la ayuda selectiva a un protagonista muy potente de un sector económico altamente competitivo”.

Tranquilidad en los clubes, tormenta política

Los clubes españoles sobre los que pende la investigación de la Comisión Europea están tranquilos y convencidos de que no han cometido ninguna ilegalidad. “No hay nada que temer”, aseguró ayer el presidente del Athletic de Bilbao, Josu Urrutia, informa Efe. El club tiene abiertos dos frentes en Bruselas: por no haberse convertido en Sociedad Anónima Deportiva (como tampoco lo hicieron Real Madrid, Barça y Osasuna, también investigados), lo que les da ventajas fiscales, y por las ayudas recibidas para la construcción del nuevo San Mamés, en la que han participado varias administraciones vascas.

La calma que transmitió el Athletic es la misma que el lunes había trasladado el Barcelona y a la que ayer se unió Osasuna. “Nosotros ni hemos sido ayudados, ni hemos sido subvencionados, ni hemos entrado en ningún tipo de ilegalidad. Nos hemos acogido a un régimen societario que la ley nos posibilitaba”, dijo su presidente, Miguel Archanco.

Valencia, Elche y Hércules, en el punto de mira de Bruselas por los avales que recibieron de la Generalitat, el caso que más claro ven en Bruselas, no se pronunciaron. Tampoco el Madrid.
En el campo político el ambiente fue mucho más tormentoso. Las instituciones cuestionadas salieron en tromba a defenderse. Y el secretario de Estado para el Deporte, Miguel Cardenal, mostró su perplejidad ante el paso dado por Bruselas sin entrar a valorar la situación de cada club. “Mezcla casos muy diferentes y cuestiones muy alejadas en el tiempo y lo junta todo”, dijo Cardenal. Y añadió: “Es la Comisión la que tiene que explicar por qué cuestiona ahora la Ley del Deporte de 1990 [que creó las sociedades anónimas deportivas y permitió las excepciones] o por qué desconfía de las operaciones del Athletic y el Madrid pero no pregunta a Portugal por los estadios de la Eurocopa, por poner un ejemplo”. En Bruselas, donde hoy el colegio de comisarios trata la cuestión, la Defensora del Pueblo europea echó más leña al fuego. “La Comisión ha fallado al no dar respuesta a una queja durante más de cuatro años. No se trata solo de mala administración, sino que los ciudadanos europeos podrían detectar un conflicto de intereses dados los fuertes lazos del comisario con uno de los clubes investigados [el comisario de Competencia es Joaquín Almunia, socio del Athletic]”, dijo Emily O’Reilly en un comunicado. Desde el equipo de Almunia consideraron estas afirmaciones “inaceptables”.


* El País - LUIS DONCEL - 17.12.13
Foto: Madrid, montaje nuevo estadio Bernabeu - realmadrid



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Málaga.- La corrupción aprovecha la falta de medios en los juzgados

Que la justicia tiene falta de medios para combatir la corrupción es algo que hemos repetido desde hace años, sin éxito evidentemente, pero que de eso se deduzca que es la única causa de la excesiva tardanza y de una mayoría de sentencias débiles, es totalmente falso. La justicia necesita una renovación a todos los niveles, incluyendo la cúpula de personajes casposos, así como un nuevo organigrama más efectivo y un Código Penal que recoja las aspiraciones 'reales' de la sociedad. Ahora mismo este país está a la cola judicial de todos los de nuestro entorno y para demostrarlo veamos una caso sangrante como 'Astapa'.
"ELPAÍS* : La investigación del caso Astapa sobre corrupción en el Ayuntamiento de Estepona (Málaga) avanza a paso de tortuga. La causa que llevó a la cárcel al exalcalde socialista Antonio Barrientos arrancó hace cinco años y medio y suma 107 imputados (dos presuntos implicados han fallecido). Ninguna de las personas vinculadas a este procedimiento podía imaginar en junio de 2008, cuando se produjeron las primeras detenciones, una demora semejante. Pero lo peor es que el final no se vislumbra. Fuentes de la investigación comentan que en 2014 estarán listos los informes policiales, aunque expresan sus dudas de que las pruebas periciales estén concluidas.

Ahí está el principal escollo: la valoración económica de los convenios urbanísticos, tema esencial sobre el que pivota el caso. Hasta ahora se han podido examinar siete acuerdos, análisis que ha concluido un presunto déficit de 20 millones de euros para las arcas municipales, y quedan pendientes cerca de 30 convenios. Esta labor debe hacerla un perito oficial y el camino recorrido en este campo ha sido una “verdadera odisea”. “La Justicia es cara y necesita medios”, añaden las fuentes. Y en Astapa la crisis se nota, porque no los hay.

Las dificultades con los peritos han dilatado la instrucción que dirige el Juzgado mixto 1 de Estepona. La presencia de un tasador ha sido irregular, a veces inexistente. En un primer momento se dispuso de uno de la Agencia Tributaria de una “calidad excepcional”, que fue el encargado de valorar los siete convenios. Pero su trabajo se limitó a eso. En una segunda fase se estimó que no podía atender las necesidades del juzgado y continuar con sus funciones ordinarias, por lo que fue desechado. Se recurrió entonces sin éxito a varios organismos de la Junta y, visto el resultado, a la compañía de tasación Tinsa, que recientemente informó de que había concluido el contrato que tenía con la Delegación de Justicia. Aparentemente, las trabas parecen haberse superado. Las fuentes consultadas explican que ahora se ha vuelto a comisionar a un perito.

En la sede judicial ni siquiera cuentan con un escáner especializado para digitalizar la documentación intervenida. Hay una máquina multifunción que también hace fotocopias e imprime y que no es adecuada, por ejemplo, para el tratamiento de planos. El sumario lo integran actualmente 58 tomos principales y unas 30 piezas documentales. Hay 163 cajas con papeles decomisados en los registros (una parte importante está pendiente de escanear) y 112 soportes informáticos. El volumen y la complejidad del caso, que investiga delitos de cohecho, malversación, fraude y blanqueo, entre otros, son enormes.

El juzgado no ha visto atendida su petición de contar con una máquina adecuada para digitalizar el procedimiento. La que se utilizó en el caso Malaya, para el que sí hubo un derroche de medios físicos y materiales, está ahora en el juzgado de Ronda que investiga el caso Acinipo. Y a la falta de algo que se presume tan básico como un escáner se suma la carga de trabajo del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Estepona. Su titular, Jesús Torres, es el tercer instructor de la causa. Relevó a Isabel Conejo y a Virtudes Molina y echa jornadas de trabajo maratonianas. Es habitual que abandone la sede judicial a las seis de la tarde. Torres asume las labores propias de un juzgado mixto, es decir, lleva asuntos civiles y penales. Toma declaración, hace guardias y celebra juicios. Según fuentes judiciales, este año superará las 400 sentencias. Y en medio de todo esto instruye Astapa.

Un dato objetivo del día a día que soporta el juzgado de Torres está en la última memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la de 2012. La media de ingresos de asuntos el año pasado en los cinco juzgados de Estepona fue de 1.149 en la jurisdicción civil y de 3.175 en la penal. La carga de trabajo máxima que fija el Consejo General del Poder Judicial está en 550 y 2.470 asuntos, respectivamente.

El juez y los funcionarios de Astapa escanean documentos en los ratos libres, explican las fuentes. A eso se están dedicando ahora con nueve cajas de papeles que acaban de llegar de Madrid. El equipo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) encargado de la investigación, que tiene en marcha la elaboración de varios informes y actúa en colaboración con efectivos de Málaga, tiene su sede física en el complejo policial de Canillas. Con el escáner ha pasado como con los peritos. Es todo una aventura. “Al inicio de la instrucción se pidió el auxilio de Hacienda porque tienen buenas máquinas, pero se rechazó por una cuestión de competencias”, apuntan fuentes de la investigación.

Las últimas declaraciones relacionadas con Astapa se produjeron a principios de verano. Hay en marcha cientos de informes patrimoniales de la Agencia Tributaria y están pendientes las comisiones rogatorias enviadas a Marruecos y Suiza para determinar el supuesto blanqueo de algunos implicados. La que se remitió a la República Checa ya está cumplimentada. Los convenios urbanísticos son el eje central del caso, pero la investigación abarca multitud de concesiones y contratos municipales entre 2003 y 2008. Además del exalcalde del PSOE, los principales implicados son los exediles José Ignacio Crespo, Manuel Reina y Francisco Zamorano, y el exgerente de Urbanismo Pedro López. Hay imputados arquitectos, empresarios, funcionarios y familiares de algunos excargos públicos.

Según los investigadores, el Ayuntamiento se regía por una “triple caja”. La caja A estaba perfectamente fiscalizada. La B estaría integrada por fondos no auditados procedentes de supuestas donaciones por los convenios urbanísticos que se gastaban en el ámbito municipal. Y la caja C contendría el dinero, también de convenios urbanísticos y otras concesiones, que supuestamente acababa en el “bolsillo” de algunos implicados.

Muñoz y Del Nido volverán a coincidir en el banquillo

La Audiencia de Málaga está curtida en juicios de corrupción. El principal ejemplo es el caso Malaya, sentenciado a principios de octubre y ahora pendiente de los recursos de casación anunciados ante el Tribunal Supremo, pero en los últimos años se ha especializado en procedimientos que tenían el cohecho o el blanqueo como delitos estrella. La instrucción del caso Astapa es posiblemente la que está más retrasada. Ni siquiera Acinipo, centrada en una presunta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Ronda, acumula tanta demora a pesar de que estalló tres años después, en septiembre de 2011. Pero hay varios macrosumarios que ya han sido calificados por Anticorrupción, algunos incluso con auto de apertura de juicio, y cuya vista oral podría celebrarse a lo largo de 2014. Todo dependerá de la agilidad de los últimos trámites y del hueco disponible en las secciones de la Audiencia.

Uno de ellos es el conocido como caso Fergocom, que dirime la contratación irregular de obras en el Ayuntamiento de Marbella en 2001 y 2002. En el banquillo volverán a coincidir el exalcalde Julián Muñoz y José María del Nido, expresidente del Sevilla, condenados recientemente en firme a siete años de prisión en el caso Minutas por malversar dinero de las arcas marbellís a través de los honorarios cobrados por el abogado. Ambos se enfrentan en Fergocom a una petición fiscal de 11 años de cárcel y hay otros 11 acusados, entre ellos, dos hermanos de Del Nido. En este caso se estima un perjuicio para el Ayuntamiento de 1,6 millones de euros.

Otro procedimiento pendiente de celebración de juicio es Goldfinger. Julián Muñoz, que actualmente está en prisión, también será juzgado por la recalificación de la parcela en la que estaba la casa de Sean Connery en Marbella junto a Juan Antonio Roca, exgerente de Urbanismo marbellí y cabecilla de la trama de corrupción de Malaya. Se exponen a cuatro y ocho años de prisión, respectivamente, y hay acusados otros cinco exconcejales del GIL. Este caso también trata de determinar si existió fraude fiscal en la venta de las viviendas que se construyeron en ese suelo. En total serán enjuiciadas 17 personas, incluidos dos abogados, otros tantos empleados de banca, un empresario y varios asesores fiscales.

Procedente de otro juzgado de Marbella y también calificado por Anticorrupción está el caso Hidalgo, centrado en fraude fiscal y blanqueo de capitales. La fiscalía pide 170 años de cárcel y una multa cercana a los 1.000 millones de euros para 14 personas. Este procedimiento se centra en la labor del despacho de abogados Cruz-Conde y le costó en su día la carrera judicial al exjuez Francisco Javier de Urquía.

El último macrosumario de Málaga que ha sido calificado por el ministerio público es el caso Arcos, en el que el exalcalde socialista de Alcaucín (municipio del interior con 2.817 habitantes), José Manuel Martín Alba, se enfrenta a 226 años de cárcel por decenas de delitos, entre ellos, cohechos, blanqueos o falsedades de distinto tipo. La acusación afecta a 49 personas, incluido un exjefe de la Diputación Provincial. El caso tiene dos vertientes: la construcción y posterior legalización de viviendas levantadas en suelo no urbanizable; y la supuesta alteración de datos para dar apariencia de legalidad a determinadas edificaciones.


* El País - ESPERANZA CODINA - 29.12.13
Foto: Registro Ayuntamiento Estepona - EFE



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La Junta ha gastado más de 100 millones en la Ciudad del Medio Ambiente de Soria

La Junta de Castilla y León aprobó el pelotazo urbanístico de la Ciudad del Medio Ambiente de Soria por ley para evitar los tribunales. El Constitucional ha declarado inconstitucional el proyecto, lo que obliga a paralizar las obras. Los grupos ecologistas denuncian la inversión millonaria y exigen responsabilidades políticas. En este blog ya se ha hablado en varias ocasiones de esta enorme estafa y atentado a la Ordenación territorial causada por el Gobierno 'popular', con sede en Valladolid.
"MªJOSÉ ESTESO POVES* : El Tribunal Constitucional ha declarado estos días inconstitucional la Ciudad del Medio Ambiente porque el procedimiento empleado en su aprobación pasa por alto a los tribunales y el derecho de los ciudadanos a presentar alegaciones. La obra faraónica de la Ciudad del Medio Ambiente, que fue aprobada por ley por los diputados del PP en las Cortes de Castilla y León en marzo de 2007, se está levantando (aún siguen las obras) en el Soto de Garray (500 habitantes), en un paraje protegido, a diez kilómetros de la ciudad de Soria. El proyecto fue denunciado por la Asociación Soriana para la Defensa y el Estudio de la Naturaleza (Asden), integrada en Ecologistas en Acción. La urbanización prevista contemplaba la construcción de 800 viviendas de lujo, un parque empresarial, varios hoteles, dos torres de oficinas y un centro deportivo.

Un macroproyecto urbanístico de más de 500 hectáreas en suelo rústico de especial protección en un paraje donde se encuentran especies protegidas como la nutria, águila pescadora, tejón o milano real, entre otras, con una de las colonias de cigüeña blanca más importante de la península y donde se han talado numerosos árboles que llevaban en pie más de 300 años. Los diputados regionales del PP que impulsaron el proyecto de la Ciudad del Medio Ambiente anunciaron que en esta urbanización habitarían 4.000 personas y en su ejecución se crearían más de 1.000 empleos.

Para no recibir alegaciones

El procedimiento empleado por Castilla y León para aprobar este megacomplejo fue dictar una ley a medida, que declaró el "interés regional" de la Ciudad del Medio Ambiente. Por eso, el 18 de diciembre de 2006 se publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León la modificación de la Ley de Ordenación del Territorio de esta Comunidad. De esta manera, se permitió tramitar el proyecto de la Ciudad del Medio Ambiente por su “interés regional” y no con el procedimiento de un plan urbanístico normal que hubiera permitido presentar alegaciones a los ciudadanos. Sólo el Tribunal Constitucional podía declarar la inconstitucionalidad de este proyecto, como ha ocurrido casi siete años después.

De la misma forma se han blindado otros proyectos urbanísticos, sobre todo en Castilla y León, cuyo "interés" es dudoso. De hecho, el Tribunal Constitucional también echó atrás el vertedero de residuos industriales de Fresno de la Ribera, en Zamora y el complejo de ocio Meseta Ski en Tordesillas, Valladolid, aprobados también por ley. En otra Comunidad Autónoma, Murcia, el Constitucional también tumbó la megaurbanización Marina de Cope.

Este ardid legal que emplea la Comunidad de Castilla y León para saltarse el control de los tribunales sólo puede ser recurrido por, al menos, 50 diputados o senadores, según establece la Constitución. En 2007, 50 diputados del PSOE llevaron al Constitucional la Ley de Aprobación del Proyecto Regional Ciudad del Medio Ambiente y el fallo se ha producido esta semana.

El Constitucional argumenta que el procedimiento por el que salió adelante la Ciudad del Medio Ambiente impide a los ciudadanos poder acudir a los tribunales. La Junta blindó este plan urbanístico, para evitar que se parase como acababa de ocurrir entonces con la llamada Ciudad del Golf, un pelotazo urbanístico en un monte público de Las Navas del Marqués, Ávila, muy parecido al de la Ciudad del Medio Ambiente. El Tribunal Superior de Castilla y León impidió que se ejecutara cuando ya se habían talado un gran número de árboles, en un pinar protegido donde anidaba la cigüeña negra.

"No se puede alegar desconocimiento"

Para el portavoz de Asden, Carlos González, la Junta de Castilla y León no puede alegar desconocimiento. "Desde el primer momento hemos denunciado el proyecto y las obras. Primero denunciamos que estos terrenos son suelo no urbanizable especialmente protegido, pero la Junta emitió un informe favorable. Después denunciamos que estaban destruyendo un ecosistema protegido, con unas plantas protegidas...entonces la Junta nos respondió que no pasaba nada. Luego denunciamos que estaban actuando en una zona de nidificación de aves en la que, por ley, no se puede actuar durante ese tiempo de reproducción y la Junta respondió con un informe en el que volvía a argumentar que eso no era relevante... Estábamos apelando a la Junta, la misma que estaba ejecutando las obras, la parte infractora", señala González.

Del proyecto se han levantado seis grandes edificios, de los diez previstos, en uno de los complejos de la Ciudad del Medio Ambiente llamado Cúpulas de la Energía, cuyo diseño fue adjudicado a los arquitectos Luis M. Mansilla, Emilio Tuñón y Carlos M. Albornoz.

Esos edificios, de estilo modernista y grandes cúpulas que se levantan por encima de los árboles que se han salvado de la tala, fueron paralizados en mayo de este año gracias a las denuncias de Asden. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León argumenta que las edificaciones superan la altura permitida y que la obra se aprobó sin contar con los informes jurídicos y técnicos y sin la tramitación de la licencia ambiental.

Un proyecto "modélico" según la Junta

"Ha sido todo un despropósito. Ni siquiera han construido lo que el proyecto contemplaba. Además, la Junta se ha esforzado en presentar la Ciudad del Medio Ambiente como algo modélico, no sólo por el nombre. Incluso han llevado el proyecto a convenciones en Madrid y hasta Latinoamérica, exponiendo estas obras como un modelo urbanístico sostenible y pagando grandes cantidades de dinero público para hacer propaganda", afirma González.

Para Asden esta es una victoria agridulce, porque se ha tardado mucho tiempo, siete años, en paralizar la Ciudad del Medio Ambiente. "La Junta de Castilla y León ha pagado más de 100 millones de euros, hasta ahora, en la Ciudad del Medio Ambiente de las arcas públicas, más las indemnizaciones a las que se tendrá que enfrentar para las empresas constructoras", aclara González.

Dinero público, negocio privado

La urbanización y el modelo del PP, también en Castilla y León, favorece a las empresas privadas: "Es algo inconcebible. Son más de 500 hectáreas que compra la Junta de Castilla y León con dinero público. Los proyectos de obra los paga la Junta, la ejecución de la urbanización la paga la Junta y luego, cuando ya está todo urbanizado, ellos se hacen diez edificios en un rinconcito, y el resto del complejo se lo pasan a la iniciativa privada, y recalifican los terrenos. Es decir, todos los gastos corren a cargo del erario público y cuando está todo hecho se entrega el negocio a las empresas privadas. Estamos para invertir el dinero público en otras cosas y no para generar urbanizaciones pagadas con dinero de todos para empresas privadas", señalan desde Asden.

El 14 de marzo de 2007 se aprobó la Ciudad del Medio Ambiente en las Cortes de Castilla y León, el último día de esa legislatura, con mayoría absoluta del PP, 48 representantes frente a 32 del PSOE, en el último punto del orden del día, sin posibilidad de discusión, "en una sola lectura y con carácter de urgencia".

Esa mañana gélida, algo más de 50 activistas se concentraron en el pequeño pueblo de Fuensaldaña, donde se encontraba entonces de forma temporal la sede del Parlamento de Castilla y León, en el castillo de Fuensaldaña, mientras acababan las obras de las Cortes regionales, en Valladolid. Los activistas estaban rodeados por un fuerte dispositivo policial de la Guardia Civil y antidisturbios. Varias pancartas y los gritos de los ecologistas ya denunciaban la barbaridad ambiental que sus señorías iban a perpetrar.

"Este es un día muy importante para Soria", dijo esa mañana María Jesús Ruiz Ruiz, soriana y entonces consejera de Medio Ambiente y vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, que más tarde pasaría a Urbanismo. Todo el mundo en la región sabe que la Ciudad del Medio Ambiente era un empeño personal de Ruiz, quien espetó ofendida a la prensa esos días: “Los sorianos no somos una especie a extinguir", en referencia al presunto interés del proyecto, o: "El proyecto demostrará que el desarrollo es compatible con el medioambiente y la actividad del hombre”.

Años después, con todo un paraje protegido destrozado por las obras faraónicas de la Ciudad del Medio Ambiente, María Jesús Ruiz elude su responsabilidad: "Pregunten al partido y a las Cortes", dice ahora desde su sillón del Senado.

Varios cargos de la Junta de Castilla y León fueron imputados por el caso de las Navas del Marqués, ahora las organizaciones ecologistas exigen que se investigue la responsabilidad de los diputados del PP que aprobaron la, paradójicamente llamada, Ciudad del Medio Ambiente.


* Diagonal - María José Esteso Poves - 14.12.13
Foto: La Ciudad del Medio Ambiente se construye sobre terrenos protegidos por el empeño de la Junta de Castilla y León (PP) / FELIX LAVILLA

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Arquitectos estrella... de la propaganda

Igual que ocurre en otras profesiones, entre los arquitectos hay de todo. Aparte de una formación académica específica (muy valorada la española, por ejemplo), en el desarrollo de la actividad funcionan otros motivos, siendo el factor económico uno de los principales. Aquí entran en colisión diversos elementos entre los que no son ajenos la personalidad individual y la capacidad de adaptarse a factores como la ética o la falta de escrúpulos. Un tema largo de abordar pero que se aprecia claramente al analizar la obra y circunstancias de muchos edificios y urbanizaciones a lo ancho del planeta. Bastantes han servido, tristemente, para enaltecer dictaduras y apoyar las diferencias de clase, etnia o condición humana.
ELPAÍS* : Hace unos años, Rem Koolhaas declaró estar convencido de que su sede para la televisión china en Pekín, un enorme rascacielos espectacularmente fotogénico, contribuiría a llevar el progreso y la democracia a China. No se le ocurrió pensar que si ya tenían el símbolo puede que no necesitaran el cambio. Por esas fechas, Norman Foster concluía en Astaná, la actual capital de Kazajistán, su primera gran aportación al urbanismo de esa ciudad: la inmensa pirámide del Palacio de la Paz y la Reconciliación. Más allá de Nursultán Nazarbáyev —el presidente kazajo que, en 1997, hizo coincidir la fundación de esa nueva urbe con el día de su cumpleaños—, Foster es el gran protagonista de la operación urbanística que quiere transformar un antiguo pueblo de la estepa en la primera capital del siglo XXI.

El último ejemplo de cómo la mejor arquitectura está sirviendo a regímenes totalitarios para enviar un mensaje de progreso adquiere las formas curvas del nuevo edificio firmado por Zaha Hadid: el Centro Cultural Heydar Aliyev. Levantado en Bakú (Azerbaiyán), quiere contribuir a la modernización y, por tanto, democratización, de la antigua república soviética. Pero evidentemente no lo tiene fácil.

Siendo para muchos el trabajo más completo de la arquitecta, “una inmersión total en su universo por dentro y por fuera”, explica Rowan Moore en The Observer, siendo un trabajo en el que los pliegues y las ondulaciones alcanzan la perfección gracias a nuevos sistemas constructivos y al empleo de nuevos materiales —como el hormigón o el poliéster armados con fibra de vidrio (GFRC y GFRP)— es difícil querer vender progreso en un país gobernado, desde hace 40 años, por la misma dinastía.

La operación recuerda poderosamente a la de Astaná (cuya traducción es, precisamente, capital) cuando sustituyó a la antigua, Almaty. Allí, en 2010, Norman Foster sumó a su pirámide el Centro de Entretenimiento Khan Shatyr, un edificio que, de concursar en el libro Guinness de los récords, ganaría en la categoría de la mayor tienda de campaña del mundo. Bajo un mástil de 50 metros, kilómetros de efte envuelven un jardín botánico, playas artificiales, una catarata, un minigolf y un montón de comercios utilizables ahora sin necesidad de hacer frente al clima adverso del lugar. El arquitecto británico ha anunciado ya más proyectos en esa ciudad. Parece tener tantos planes para ella como el propio presidente Nazarbáyev y su ambición vitalicia de poder que lo ha perpetuado 23 años al mando del Estado más importante de Asia Central.

Problemas similares de opacidad política los sufren los habitantes de Azerbaiyán, donde Hadid es la nueva reina. Tras las filtraciones que propició Wikileaks, el periódico The Guardian describió como “federalismo medieval” el tipo de política que organiza la vida de este país de nueve millones de habitantes que se publicita en la camiseta del Atlético de Madrid. Es cierto que el monumental edificio de Hadid ofrece, como apuntan en su estudio, un gran espacio público dentro y fuera del inmueble en pleno corazón de la capital, pero poco ha trascendido de las condiciones en las que miles de habitantes fueron desalojados para levantarlo.

No es esta la primera vez que Hadid tropieza con una situación así. En Pekín, la asociación que vela por mantener el patrimonio arquitectónico chino le hizo ya esa recriminación cuando comenzó a construir su complejo Soho Galaxy. Y, efectivamente, todo lo fácil que resulta comprender que el nuevo centro es fruto de la investigación se vuelve difícil a la hora de buscar en él imágenes de progreso real o incluso interpretaciones de la cultura azerí de las que hablan los arquitectos.

El sinuoso centro cultural se ha convertido ya en un icono instantáneo, un símbolo nacional que rompe la monotonía del antiguo urbanismo soviético. Los bloques de viviendas grises y desnudos son ahora el telón de fondo de esta burbujeante creación que lleva el nombre del padre del actual presidente Ilham Aliyev —recientemente elegido para gobernar otro lustro su país, no sin acusaciones de fraude por parte del opositor, y antiguo asesor, Jamil Hasanli—. Antes de que Ilham Aliyev llegara al poder en 2003, su padre, el antiguo jefe del partido comunista que da nombre al centro cultural de Hadid, gobernó durante 30 años. Heydar Aliyev se convirtió en el presidente del nuevo país cuando este se independizó de la URSS en 1991. A esa época se remonta la voluntad de modernizar una república con libertad de culto. Y, a juzgar por las últimas obras inauguradas, el arte y la arquitectura les debieron de parecer la vía más rápida para esa transformación.

Primero lo intentaron con un Guggenheim a orillas del mar Caspio, pero la iniciativa no cuajó. Por eso, en 2007 convocaron el concurso que ganó Hadid y que dio como resultado el centro cultural recién inaugurado. A pesar de su tamaño y repercusión, ese edificio no está solo. Este otoño se ha abierto también el Museo de Arte Moderno de la ciudad, que reúne la colección de la primera dama, Mehriban Aliyeva, construido por su cuñado. Los Pashayevs, su familia, ocupan varios puestos de poder en el Gobierno de su país y concentran, además de los 10 bancos principales, compañías de seguros, la principal televisión del país y un conglomerado de constructoras.

En ese contexto, el extraordinario proyecto de Hadid podría quedar en máscara gigante. Son admirables el talento, la investigación y los ejercicios de ingeniería que hay detrás de muchos de los edificios que afloran en países en expansión, pero es importante darse cuenta de que, llegado un punto, la arquitectura en lugar de encubrir descubre cómo funciona el poder.


* El País - ANATXU ZABALBEASCOA - 20.12.13
Foto: El nuevo Centro Cultural Heydar Aliyev, levantado en Bakú (Azerbaiyán) por la arquitecta Zaha Hadid. / IWAN BAAN

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Doce imputados en Ayuntamiento de La Coruña en la 'Operación Pokémon'

La trama mafiosa 'Pokemon' sobre contrataciones ilegales sigue a todo gas en A Coruña. Ahora se anuncia la imputación del primer teniente alcalde 'popular', además de otros concejales y técnicos. Como se ve el escándalo de la corrupción urbanística acompaña a toda la Comunidad gallega, desde sus máximos dirigentes en la Xunta a los de las de las principales ciudades (casi siempre del PP), en un afán desmedido por la obtención de comisiones y mordidas del mundo empresarial también claramente corrupto.
"EUROPAPRESS* : La jueza Pilar de Lara ha imputado a 12 personas, entre concejales y técnicos municipales, del Ayuntamiento de La Coruña en el marco de la operación 'Pokémon', que investiga una red de supuestas contrataciones irregulares a favor del grupo empresarial Vendex. Entre ellos está el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de La Coruña y portavoz local, Julio Flores, y el concejal socialista José Nogueira. Según estas mismas fuentes, entre los delitos que se les imputa se encuentran los de tráfico de influencias, cohecho, prevaricación, fraude y uso ilícito de información privilegiada.

Este jueves, funcionarios judiciales se han desplazado hasta el Ayuntamiento para comunicar a siete de los imputados la diligencia por la que deberán prestar declaración. Estas declaraciones tendrán lugar en los días posteriores al festivo de Reyes.

TÉCNICOS Y ASESORES

Además del primer teniente de alcalde y portavoz del gobierno municipal de A Coruña, Julio Flores, figuran como imputados un asesor suyo y el actual concejal socialista y exresponsable de Contratación y de Tráfico durante los mandatos socialistas, José Nogueira.

Junto a ellos, figuran dos funcionarias de la Concejalía de Cultura, entre ellas una asesora de la edil responsable de esta área; dos trabajadoras del Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE), entre ellos su administradora.

Entre los imputados están también un técnico de los Museos Científicos Coruñeses y su directora, Mónica I.P. y el director del Aquarium Finisterrae, Francisco José F. A.. A estos nombres se suma el del exjefe de asuntos económicos del área de Deportes.

En unos casos, la diligencia remitida por el juzgado la firmaron personalmente en el propio Ayuntamiento, mientras que en otros la notificación se les ha hecho llegar a su casa. Desde el grupo de gobierno no han confirmado oficialmente las imputaciones.

"COLABORACIÓN" CON LA JUSTICIA

Así, en declaraciones a los periodistas, el concejal de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Martín Fernández Prado, aseguró que no podía "confirmar nombres". "No los tengo, es un tema personal", ha manifestado antes de que transcendiera la relación de imputados.

No obstante, ha admitido que creía que "efectivamente" se estaban produciendo "acciones de este tipo", al ser preguntado por si se habían producido ya las primeras imputaciones en el Ayuntamiento de A Coruña.

El edil ha apelado también a la necesidad de ser "especialmente prudentes", aunque ha vuelto a trasladar la "máxima colaboración" con la Justicia por parte del Ayuntamiento.

El pasado 3 de diciembre, funcionarios de Aduanas registraron por segunda vez el Consistorio, recabando información de ordenadores de funcionarios y de concejales, entre ellos el primer teniente de alcalde Julio Flores o el concejal socialista José Nogueira, ahora imputados.

En el marco de esta operación, se llevaron, entre otros documentos, contratos de servicio de mantenimiento del Aquarium, adjudicado a una de las filiales del grupo Vendex.

UN CENTENAR DE IMPUTADOS

Con las nuevas imputaciones en A Coruña, la 'Operación Pokémon' ya llega al centenar de implicados en esta instrucción judicial que investiga una supuesta trama de sobornos de empresas a políticos para obtener concesiones de servicios públicos y renovarlas a lo largo de los años.

En el epicentro si sitúan las empresas del grupo Vendex, aunque también la concesionaria del servicio de aguas Aquagest centra ramas de esta investigación, entre otras empresas.

Desde que la operación estalló el 20 de septiembre de 2012 con la detención de los entonces alcaldes de Ourense, Francisco Rodríguez (PSdeG); y de Boqueixón, Adolfo Gacio (PPdeG); y del expresidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil Francisco Fernández Liñares, la 'Operación Pokémon' ha salpicado a otros gobiernos locales de las ciudades más importantes como los de Lugo y Santiago, donde sus propios alcaldes están imputados.

Aparte de los políticos y técnicos señalados en estos ayuntamientos, también ha sido imputado el alcalde de O Carballiño (Ourense) y se ha recabado información de la concesión de servicios públicos en otros múltiples consistorios como los de Ortigueira, Marín, Ponte Caldelas, Cospeito o Arzúa, entre otros.

Dentro de la propia macroinvestigación del caso 'Pokémon', que permanece bajo secreto de sumario desde hace más de un año, se han subdividido algunas operaciones como la 'Manga', que se centró en Santiago y en la que acabó imputado el exalcalde Gerardo Conde Roa, o la 'Pikachu', con la que ahora fue bautizada la rama que investiga las concesiones en A Coruña.


* Europa Press - 27.12.13
Foto: Op. Pokemon- EP



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C.Valenciana.- La década de los dos mil planes urbanísticos

Las comisiones territoriales de urbanismo de las tres provincias de la Comunidad valenciana tramitaron 2.007 instrumentos de planeamiento de todo tipo desde 2003 hasta 2012. Una enormidad para lo habitual en la zona, lo que denota un afán de pura especulación económica, sin tener en cuenta las necesidades reales de la población. Esto, en muchos casos, ha llevado a la corrupción urbanística pactada entre las mafias políticas del poder, grandes empresas del sector y entidades financieras avispadas. Un salvajismo delictivo que ha traído como consecuencia la crisis-estafa que todavía se padece, lamentablemente.
"LEVANTE* : La Conselleria de Territorio ha dado vía libre en diez años a dos mil planes urbanísticos. «En la década pasada y en lo que se refiere al número de instrumentos urbanísticos aprobados, por las comisiones territoriales de urbanismo o por resolución del conseller, podemos contabilizar unos 2.000 documentos aprobados, lo que supone una media de 200 documentos al año», según admiten fuentes del departamento que dirige Isabel Bonig que facilitan, por primera vez desde que finalizó el «tsunami urbanístico», algunos datos sobre la tramitación urbanística de la época del boom del ladrillo.

Para quien desconozca su funcionamiento, las comisiones territoriales de urbanismo son órganos colegiados en los que están representadas todas las administraciones (central, municipal y autonómica), además de colegios profesionales como los arquitectos, en las que se tramitan todos los planes urbanísticos que precisan de aprobación autonómica.

Territorio considera que «la última década se puede calificar de excepcional ya que de manera consecutiva se ha pasado de una de las etapas más expansivas de nuestra economía, centrada en el desarrollo inmobiliario, a una de las peores crisis de las que se tiene memoria», señalan en un análisis estadístico que han realizado sobre el urbanismo entre 2003 y 2012, al que ha tenido acceso Levante-EMV. «Se trata de manejar datos objetivos que nos protejan de tantas apreciaciones subjetivas, prejuicios y lugares comunes que inevitablemente se producen cuando se habla de urbanismo», justifican desde el departamento que dirige Isabel Bonig.

La conselleria compara los datos recopilados entre 2003 y 2012 con «los del lustro anterior, 1997-2002, en los que se aprobaron 1.030 planes urbanísticos, lo que supone una cantidad media anual de 206 documentos, muy parecida a la de la siguiente década». Una similitud que, para el área responsable de urbanismo de la Generalitat, «quiere decir que globalmente, la tramitación y aprobación de instrumentos urbanísticos en la década no se aleja, en conjunto, de las pautas normales de épocas pasadas». Territorio también incide en que «el pico de aprobaciones [de planes urbanísticos] se produce en 2005 lo que supone que los documentos se iniciaron en el año 2003, o incluso antes». No obstante, según una estadística facilita por la entonces Conselleria de Urbanismo en 2005, y publicada por Levante-EMV en la edición del 6 de abril de 2009, la avalancha de presentación de proyectos urbanísticos se produjo entre 2003 y 2006 [cuando se anunciaron y aprobaron la ley de ordenación del territorio y protección del paisaje (Lotpp) y la ley urbanística valenciana (LUV), ambas actualmente en vigor]. En apenas dos años se tramitaron 556 planes urbanísticos, presentados en apenas viente meses por los ayuntamientos y promotores para evitar la entrada en vigor de ambas leyes. Un total de 198 se expusieron al público antes de la entrada en vigor de la Lotpp, el 3 de julio 2004, y otros 358 documentos urbanísticos se presentaron y aprobaron entre el 3 de julio de 2004 y el 1 de febrero de 2006 (el día que entraba en vigor la LUV), precisamente para esquivar la nueva normativa urbanística y tramitarse al abrigo de la ley reguladora de la actividad urbanística (LRAU), vigente desde 1994 a 2006.
La «calma» urbanística llegó con la entrada en vigor de la LUV el 1 de febrero de 2006. Desde esta fecha hasta 2009 apenas se expusieron al público 158 planes urbanísticos, según la información de Urbanismo facilitada en 2009, que no especificaba los tipos de instrumento de planeamiento que se impulsaban.

La Conselleria de Territorio sí que facilita ahora esa información y reconoce que de los 2.007 documentos urbanísticos aprobados, la mitad se trata de planes generales municipales o normas subsidiarias: 90 nuevos y 909 modificaciones. Otros 928 se corresponde con planeamiento diferido: planes parciales, planes de reforma interior, planes especiales o programas de actuación integrada (PAI), como se puede ver en la tabla adjunta.
Aunque la radiografía sobre el territorio queda incompleta porque Territorio omite el dato e las nuevas viviendas planificadas en los nuevos planes urbanísticos. Para hacerse una idea, del volumen de viviendas planificadas, los planes generales de 52 municipios proponían la construcción de 718.106 nuevas viviendas, según un estudio realizado en 2009 por el catedrático de Geografía, Eugenio Burriel.


* Levante - LAURA BALLESTER/ SERGI PITARCH - 16.12.13
Foto: Catarroja (Valencia), zona urbanización Nou Mil·lenni - levante-emv.com


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Valladolid.- Retorcer el Urbanismo no es el camino

La Junta 'popular' de Castilla y León continúa con sus desmanes urbanísticos, aunque no haga tanto ruido como otras Comunidades. Saltarse las normas legales es una de sus características especiales y el caso del municipio de Arroyo de la Encomienda, junto a Valladolid, es uno de los preferidos.
"ELECONOMISTA* : El revolcón que el Tribunal Supremo ha dado a Ikea, al Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda y a la Junta de Castilla y León al invalidar la operación urbanística que permitió la instalación de la multinacional sueca en la localidad vallisoletana ha supuesto una importante victoria para el pequeño comercio de la capital del Pisuerga en su larga guerra contra los macrocentros comerciales.
También es otro ejemplo, y ya son incontables, de la facilidad de las administraciones para utilizar la ley a su antojo o saltársela incluso a la torera si es necesario.

En política urbanística ha sido una constante en nuestro país y los varapalos judiciales resuenan un día sí y otro también. Son los ecos de los tiempos de los pelotazos en los que se retorcía el urbanismo para construir miniciudades de chalés adosados que al final terminaron por provocarnos la indigestión que a punto ha estado de mandarnos al otro barrio.
La práctica de utilizar el PGOU a la carta también sirvió para ponerse a disposición de las grandes multinacionales, muchas veces en una frenética disputa municipal por ver quien se hacía con el proyecto. Y si era necesario no había ningún problema en desvirtuar las normas que obstaculizaban los fines perseguidos.
En el caso del centro comercial Río Shopping, no ha sido un juez sino toda la escalera judicial hasta llegar al Supremo la que constata el incumplimiento no sólo de las normas municipales sino de la misma Ley de Equipamientos Comerciales. Y también está claro que los comerciantes vallisoletanos han sido los paganos y están en todo su derecho de pedir compensaciones.
El fallo no tendrá efectos prácticos porqué ha nadie se le puede pasar por la cabeza que las instalaciones vayan a ser demolidas. La cuestión es ver si el desaguisado va a quedar sin castigo o alguien, por fin, va a asumir responsabilidades porque lo que no se entiende es que las administraciones públicas tenga bula a la hora de saltarse la ley a las bravas y a la vez sean las que no pasan ni una a los ciudadanos.


* El Economista - Rafael daniel - 23.12.13
Foto: Ikea Arroyo


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La España autonómica del despilfarro: diecisiete monumentos a la incoherencia

Al enorme despilfarro en los últimos 15 años del Gobierno central, se debe sumar el producido por las Comunidades autónomas y el de los grandes municipios, en una carrera alocada por ver quién hacía la mayor construcción o infraestructura, sin tener en cuenta casi nunca las prioridades de la ciudadanía, sino más bien en un afán absurdo por destacar y sacar rentabilidad electoral cortoplacista. Es de lamentar, como ya se ha dicho más veces, que la justicia tampoco haya estado a la altura de los acontecimientos y haya permitido, por dejadez o complicidad, estos auténticos excesos delictivos.
"ELCONFIDENCIAL* : Son iconos del despilfarro de dinero público. Grandes inversiones de dudosa utilidad, ejemplo de una época de las vacas gordas en la que el dinero no parecía ser un problema. Todos se sumaron a la fiesta: alcaldes, presidentes autonómicos y hasta ministros inauguraron proyectos que han resultado ser un auténtico fracaso. En muchos de ellos se siguen invirtiendo decenas de millones de euros. Los aeropuertos sin aviones son los más conocidos de la lista, pero hay mucho más. En algunos casos, como el Fórum de Barcelona, la factura se disparó hasta mil millones de euros. Repaso a varios de los proyectos estrella de cada región que acabaron estrellados.

1. Cataluña: el Fórum del sobrecoste
Fue un evento que dejó un impresionante legado arquitectónico y una elevada factura económica en Barcelona. Se cifró el precio de las obras en 2.190 millones euros, pero finalmente el Ayuntamiento de la Ciudad Condal reconoció que la inversión real acabó siendo de 3.270: mil millones más. El Edificio de Fórum, el emblema del proyecto, se llevó gran parte de la culpa de este sobrecoste. Su construcción se estimó en 48 millones de euros y acabó costando 134.

2. Andalucía: el tranvía de Jaén
Estaba destinado a revolucionar la vida de los habitantes de Jaén. 4,7 kilómetros de vías de uso gratuito para desplazarse de un lado al otro de la ciudad. A cambio, sólo ha vaciado las arcas locales. Los 120 millones de euros que ha costado a la Junta andaluza lo han convertido en el sueño a la pesadilla de la movilidad urbana.
Desde mayo de 2011 no está operativo. Una sentencia judicial admitió la demanda por competencia desleal de la concesionaria de autobús, que temía la pérdida de viajeros ante un medio de uso gratuito. Además, a comienzos de este año una auditoría del consistorio cifró en 3,3 millones de euros el coste de mantenimiento de las vías. Estos, a su vez, se añaden al millón y medio que Jaén tiene que abonar a la Junta por la amortización de los vagones.

3. Aragón: el aeropuerto para esquiadores
El aeropuerto de los Pirineos puede esgrimir un récord. Fue el que tuvo, en el primer semestre de 2013, el menor número de pasajeros entre todos los de España. Los 2.446 viajeros que lo utilizaron no fueron suficientes para convencer a ninguna aerolínea extranjera a quedarse. Su gran atractivo, según el Gobierno regional, habría sido la cercanía con las instalaciones para deportes invernales, una circunstancia que sirvió para justificar las ayudas por 2,7 millones de euros que llegaron desde el Ejecutivo aragonés. La cantidad amenaza con quedarse muy pequeña para saldar la deuda de 70 millones de euros que el aeropuerto mantiene con varias aerolíneas extranjeras.

4. Asturias: Musel, el gas cerca de casa
Costó casi como el más conocido Palacio de Congresos de Oviedo, obra de Santiago Calatrava, y conllevó además un problema medioambiental. La regasifigadora levantada en el puerto del Musel, en Gijón, supuso una inversión de alrededor de 370 millones de euros. Pero una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, emitida en octubre, anula la autorización administrativa concedida a Enagás en 2008 por la Dirección General de Política Energética y Minas para la construcción de la planta. ¿La razón? Al momento de construirla, nadie se acordó de que la legislación establece una zona de seguridad de 2.000 metros entre instalaciones industriales con actividades molestas o peligrosas y núcleos de población: está demasiado cerca de las casas.

5. Comunidad Valenciana: las Artes en números rojos
Fue un complejo arquitectónico diseñado por Santiago Calatrava que cambió la imagen de Valencia. Costó más de 1.200 millones de euros y acumula más de 500 en pérdidas. El 2013 tampoco será un buen año. Según las previsiones de la Conselleria de Economía, cerrará el ejercicio con números rojos por valor de 52 millones. Todo ello para levantar un cine Imax, un museo de las ciencias, una ópera, un puente sobre el viejo cauce del río Turia, un oceanográfico y un gran edificio multiusos (l'Àgora).

6. Extremadura: el expresidente quiere su despacho
La Asamblea de Extremadura ha destinado más de dos millones de euros desde 2007 en poner a punto un local para el expresidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra. El presupuesto incluía un coche oficial y un gabinete propio en esa oficina, formada por un asesor, un secretario y un chófer. Entre las facturas que se pagaron con fondos públicos, se incluyeron 3.050 euros para un sofá Le Corbusier, 579 euros para un perchero, 679 para una lámpara, 222 en un cenicero-papelera o 1.800 en una alfombra roja. El revuelo provocó que el expresidente se viera forzado a renunciar “temporalmente” a su despacho.

7. Galicia: la ciudad de la Cultura que empezó Fraga
Fue un proyecto iniciado en tiempos de Manuel Fraga, y hasta la fecha ha costado a las arcas autonómicas más de 400 millones de euros. Sólo en el mantenimiento de los edificios, se gastan 4,5 millones de euros al año. Wilfred Wang, el único arquitecto del jurado que votó en contra del proyecto, calcula que, si algún día se terminaran los dos bloques restantes, el coste ascendería a 600 millones, más que el aeropuerto de Ciudad Real.

8. La Rioja: viviendas japonesas en Logroño
El arquitecto japonés y premio Pritzker de Arquitectura, Toyo Ito, creó en Logroño una promoción de 468 viviendas. Corría el año 2006. Hoy, el 65% de ellas está aún sin vender. El complejo, que tiene un llamativo color entre azul turquesa y verde, simula una cadena de ADN, por lo que los bloques están enfrentados entre sí, con muy poco espacio entre las fachadas. El 70% de las viviendas estaban destinadas a jóvenes, según planteó el Ayuntamiento cuando presentó el concurso para la edificación en una parcela municipal en la periferia de la ciudad. Unos 300 pisos de esa promoción, que cuenta con servicios comunes, son propiedad de la entidad financiera CaixaBank.

9. Madrid: la Caja Mágica
Fue uno de los proyectos estrella de Alberto Ruiz-Gallardón en su etapa como alcalde, y habría tenido que ser el gran espacio deportivo de la Comunidad para la celebración de los esperados Juegos Olímpicos. Para su construcción se contrató al prestigioso arquitecto francés Dominique Perrault. La inversión, que comenzó siendo de 120 millones de euros, acabó alcanzando los 294, más del doble de lo presupuestado. La Federación de Tenis, último inquilino que albergó las instalaciones, ha rescindido su contrato porque no podía pagar el alquiler y el elevado coste de su mantenimiento, concebidas para unos JJOO y no para el día a día de un club de tenis.

10. Murcia: (otro) aeropuerto sin aviones
El aeropuerto privado de Corvera (Murcia) lleva un año terminado y ni siquiera se ha inaugurado. El aeródromo murciano seguirá sin recibir aviones de pasajeros por lo menos hasta dentro de un año, por lo que perderá una tercera temporada turística. Hasta ahora, el Ejecutivo regional ha dilapidado 270 millones en él. La situación se tornó endiablada. El aeropuerto, que costó 266 millones, exigía que cerrase otro, público, ubicado a 35 kilómetros y en el que se acaban de invertir 70 millones que nadie puede compensar.

11. Navarra: velocidad en Los Arcos
En 2010, el Gobierno foral destinó 43 millones de euros a la construcción de un circuito que no ha logrado albergar ningún evento de relevancia internacional. La infraestructura, que iba a suponer un empujón al desarrollo de Navarra, terminó convirtiéndose en un agujero financiero: además de la inversión, el Ejecutivo foral desembolsa anualmente un millón de euros en coste de gestión.
12. País Vasco: un túnel ferroviario sin conexión
Uno de los casos más llamativos en el País Vasco es el túnel de cuatro kilómetros que conecta el Puerto de Bilbao con la localidad de Ortuella, atravesando el corazón del monte Serantes. Las obras de infraestructura se ejecutaron entre 2005 y 2009, con un presupuesto de 48 millones de euros, pero se paralizaron. Las vías no se llegaron a equipar y, desde 2011, sus dos únicos accesos están tapiados, a la espera de que alguien construya el vial que lo conecte con la red ferroviaria general.

13. Baleares: Palacio de Congresos de Palma
Puede que esté viendo la luz al final del túnel. Pero, hasta la fecha, el Palacio de Congresos de Palma se ha llevado al menos 43 millones de euros públicos, que el Gobierno regional ha tenido que abonar a la constructora Acciona en concepto de deuda.
La infraestructura arrancó en 2008 para convertirse en la “estrella del Turismo” de Mallorca. Sin embargo, la crisis obligó a ralentizar al máximo las obras en 2011. En noviembre de este año quedó desierto el concurso público convocado para financiar con 40,5 millones el complejo hotelero (268 habitaciones) que acompañará a dicho centro de convenciones.

14. Canarias: obra de arte monumental
Gastar dinero público sin mover una piedra. Es lo que ocurre a los pies de la montaña de Tindaya desde, al menos, 1993. El escultor Eduardo Chillida propuso convertir ese trozo de tierra en un gran cubo vacío con unas galerías hacia el exterior. Una monumental obra de arte que ha costado 25 millones de euros al Gobierno local, según estimaciones a la baja. En 1995, la decisión del Gobierno local de declarar el monte bien de interés cultural, obligó a cerrar las minas abiertas a las faldas del peñón. El Ejecutivo local tuvo que inyectar 5,4 millones de euros en las arcas de la empresa que tenía los derechos de explotación.

15. Reino de don Quijote: el sueño de Castilla-La Mancha
Junto con el aeropuerto de Ciudad Real, fue uno de los proyectos que Caja Castilla-La Mancha no dudó en financiar. La primera caja en sucumbir bajo la explosión de la burbuja inmobiliaria fue también una de las más implicadas a la hora de otorgar dinero para la construcción del Reino de don Quijote. José María Barreda, entonces presidente de la región, llegó a declararlo “estratégico” para la zona. El Hotel de 812 habitaciones que se habría construido como apoyo a un macrocasino, sin embargo, se esfumó en menos de un año.
Los parecidos con Eurovegas van más allá de las casualidades.

16. Cantabria: apuesta por el fibroyeso
Una fábrica levantada sobre millones de euros públicos de la que nunca salió nada. Es lo que ocurrió en Cantabria, en un caso que a comienzos de 2013 ha llegado a los juzgados. La instalación en cuestión habría tenido que producir cartón-yeso, o fibroyeso -pladur para viviendas- y habría traído empleo y desarrollo en la Cantabria de Miguel Ángel Revilla. Sodercan, una empresa pública regional, era el socio minoritario de la fábrica, cuyo 70% habría sido aportado por EuroAmérica S.A., empresa con sede en Costa Rica. A ella fueron 40 millones de euros procedentes de las cajas cántabras con los que se consiguió algo distinto a lo prometido, maquinaria antigua sobrevalorada.
La ubicación de la fábrica tampoco fue un acierto: Reinosa no estaba suficientemente cercana al puerto de Santander para que mereciera la pena el traslado del material para su exportación. Las inversiones públicas en el centro se cifran en alrededor de 60 millones de euros.

17. Castilla y León: Ciudad del Medio Ambiente.
Una ciudad medioambiental inconstitucional. Es lo que queda en Soria desde el pasado 12 de diciembre, cuando el Tribunal estimó el recurso presentado por el PSOE en 2007 contra el proyecto regional de la Ciudad del Medio Ambiente “nulo” e “inconstitucional”.
Hasta la fecha, 42 de los 100 millones de euros públicos previstos han ido a financiar la obra. Otros 50 llegarían de manos privadas. El proyecto, conocido como “Cúpula de la Energía”, se enmarcaba en la construcción de siete cúpulas temáticas en cada una de las provincias de la comunidad. Fue impulsado durante la legislatura 2003-2007.


* El Confidencial - Ana I. Gracia - 16.12.13
Foto: Barcelona, edificio Fórum culturas - ub

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La importancia del urbanismo en África

La población que vive en las ciudades africanas incrementa rápidamente a causa del crecimiento natural de la población, haciendo cada vez más evidentes las deficiencias que existen en la mayoría de los países del continente en el ámbito de la planificación urbanística. Con múltiples problemas de pura subsistencia, la población tiene evidentes prioridades vitales, algo que los propios gobiernos, de carácter poco democrático normalmente, se encargan de que no sea reivindicado mayoritariamente.
"ALEX PRATS* : La creencia establecida de que la urbanización en África avanza de forma galopante parece ser, precisamente, un mito urbano. Los datos proporcionados por la agencia de las Naciones Unidas para los Asentamientos Urbanos (UN Habitat, dirigida por el exalcalde de Barcelona Joan Clos) indican que el ritmo de aumento de la proporción de la población que vive en la ciudad es tan sólo de un 1% cada diez años. De hecho, UN Habitat indica que se ha producido una reducción de la urbanización en 11 países de África sub-sahariana, entre los que se encuentran Mauritania, Tanzania, Uganda o Senegal. En Kenia, por ejemplo, el porcentaje de la población que vive en medio urbano se redujo del 34% en 2001 al 22% en 2010.

Estos datos tienen importantes consecuencias políticas, especialmente en relación con los riesgos que acarrea la marginalización del ámbito rural. Sin embargo, que la urbanización en África sea mucho lenta de lo que se suele explicar no quiere decir que la población en las ciudades no esté aumentado; tan sólo quiere decir que no aumenta más de lo que lo hace en el campo. En efecto, la población que vive en las ciudades africanas incrementa rápidamente a causa del crecimiento natural de la población, haciendo cada vez más evidentes las deficiencias que existen en la mayoría de los países del continente en el ámbito de la planificación urbanística.
El mes pasado tuve la oportunidad de visitar Nairobi. Una de las cosas que más me llamó la atención fue el número de edificios de viviendas y centros comerciales en construcción. Lo mismo ocurre en otras ciudades como Luanda o Dar es Salaam. La primera pregunta que nos podemos plantear es hasta qué punto existe un plan urbanístico que regule el desarrollo de la ciudad; por ejemplo, algunas de las ciudades de la costa de África del Oeste carecen de un plan maestro. Pero aún cuando hay un plan urbanístico en vigor, sea antiguo o reciente – en muchos ciudades el plan vigente es todavía el establecido por los poderes coloniales – la pregunta más importante es si las leyes de planificación urbanística responden a las necesidades de la población más pobre y vulnerable o si, por el contrario, favorecen los intereses de las elites políticas y económicas.
La reforma, el desarrollo e implementación de leyes de planificación urbanística no son una mera cuestión técnica. Son cuestiones profundamente políticas. Por tanto, las organizaciones de la sociedad civil y las ONG internacionales tienen que trabajar para influir en las decisiones y prácticas adoptadas en este ámbito por los gobernantes; deben trabajar para que las leyes de planificación urbanística produzcan ciudades más inclusivas y sostenibles, donde los esfuerzos para mejorar la seguridad de toda la ciudadanía y favorecer el acceso a la vivienda y servicios de educación y salud por parte de la población más pobre primen por encima del desarrollo de infraestructuras destinadas a satisfacer los intereses de elites minoritarias.
En la actualidad, casi dos tercios de la población que vive en las ciudades africanas lo hace en slums sin unas condiciones de vida mínimamente aceptables. A medida que las ciudades se vuelven más inaccesibles, los asentamientos informales se expanden rápidamente alrededor de los núcleos urbanos. Dice Tallmark, predecesor de Joan Clos en UN Habitat, que en las ciudades africanas actuales la población más pobre se ve obligada a vivir fuera de la ley para poder sobrevivir.
Otra cuestión importante es la cultura de impunidad reinante, que permite que las elites violen las leyes existentes buscando su interés propio, y en detrimento del interés público. Para las elites, en ocasiones, la mejor forma de lidiar con los pobres y vulnerables es promoviendo su huida forzada al campo. Uno de los casos paradigmáticos se produjo en 2005 en Harare, cuando el gobierno decidió dejar sin casa a 700,000 personas pobres mediante la Operación Murambatsvina, que el gobierno amparó en una ley de 1976 (Town and Country Planning Act).
Mi impresión es que las ONG que trabajamos en África no estamos prestando a estas cuestiones la atención necesaria. Por lo comentado al principio, es evidente que no podemos olvidarnos de los retos que existen en el campo, pero debemos hacer esfuerzos para lograr que las leyes urbanísticas se diseñen e implementen de modo que contribuyan a la reducción de la desigualdad y la pobreza. El futuro de las ciudades africanas se está forjando ahora.

* Alex Prats (activista de Christian Aid)

* El País- Blog - 16.12.13
Foto: Nairobi from BBC studios (2008) - afromusing

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El Corredor Mediterráneo será la primera red de tren privatizada

Fomento ultima una fórmula de franquicia para autorizar servicios regionales y de larga distancia entre Barcelona, Tarragona, Castellón, Valencia, y "alguna conexión con Madrid". Algo bastante polémico pero que parece, además, solo el principio de medidas mas radicales privatizadoras de este Gobierno desnortado y en manos de financieras y grandes empresas constructoras, dispuestas siempre a sacar tajada.
"ELDIARIO* : El Ministerio de Fomento duda sobre el modelo, pero parece dispuesto a tirarse a la piscina de la privatización de algunos tráficos ferroviarios de pasajeros. Ana Pastor ha puesto fecha al proyecto en el primer semestre de 2014. Así, dará concesión de “títulos habilitantes” a las compañías que quieran aventurarse. Los presuntos interesados son cautelosos y aseguran que prefieren esperar a conocer los planes y los modelos concretos.

Fuentes de toda solvencia han revelado a eldiario.es las principales líneas sobre las que Fomento ultima el plan para introducir al primer operador privado de trenes de pasajeros en la red española. La zona geográfica y ferroviaria elegida como  conejillo de indias  para que uno o varios operadores privados estrenen la competencia con Renfe en tráfico de trenes de pasajeros es el llamado Corredor Mediterráneo. Se trata de una infraestructura que en su trazado principal arranca en Barcelona, pasa por Valencia y, según un plan apoyado por la UE con fondos públicos, se ampliará hasta Algeciras en el plazo de quince años.

Fuera del tráfico del AVE

El Gobierno ha seleccionado esta zona porque en la actualidad tiene un tráfico ferroviario potencial importante, aunque no es una línea de AVE. En las dos últimas décadas, ha sido explotado con servicios de ‘velocidad alta’ con la marca Euromed. Precisamente, esta es una de las decisiones clave en el arranque del proyecto privatizador de Fomento: que la entrada de segundos operadores no interfiera en los planes de desarrollo del tren de alta velocidad, que, al menos durante el ejercicio 2014, seguirá siendo monopolio de Renfe. La única excepción a esta regla la encontramos a partir del día 15 de este mismo mes en los servicios entre Francia y España, que realizará la operadora española con la francesa SNCF a través de la sociedad conjunta Elypsos.

Variante del modelo británico de franquicia

El modelo por el que el Gobierno entregará un ‘titulo habilitante’ a una o varias empresas para que puedan realizar servicios ferroviarios de pasajeros en competencia con Renfe es una variante de la fórmula concesional de la franquicia utilizada desde hace 15 años en el Reino Unido. Mediante un concurso público –o en caso de que sólo se presente un candidato, por medio de una fórmula de acreditación–, Fomento agrupará un paquete de "líneas y servicios de movilidad en la zona". Los servicios integrarán rutas regionales (normalmente deficitarias) junto a trayectos de larga distancia (presuntamente rentables). La compensación de los ingresos de ambos servicios debe facilitar al operador la consecución de una explotación rentable.

Los aspirantes deben realizar sus ofertas de modo que aseguren estándares adecuados de frecuencias, servicio y puntualidad. El Estado no aspira a lograr contrapestación económica del nuevo operador, más allá del pago por el uso de los surcos ferroviarios que utilice en la red estatal que explota Adif. En principio, el nuevo o nuevos operadores tendría/n la opción de comprar su propio material rodante, aunque no se excluye que puedan alquilar unidades de Renfe.

El paquete de líneas y servicios de movilidad tendrá como eje la ciudad de Valencia y sus conexiones de larga distancia con Castellón, Tarragona y Barcelona, así como servicios de carácter regional. Con carácter concreto, también se considerará la realización por el nuevo operador de servicios de conexión por ferrocarril entre Levante y Madrid. Según las fuentes citadas, la oferta de servicios que se propondrá para la primera privatización del tren de pasajeros “no tiene por qué estar cubierta en este momento por Renfe y se buscará que sea lo menos redundante posible”.

Candidatos

Las intervenciones de la ministra de Fomento, Ana Pastor, poniendo fecha a la privatización de los primeros servicios ferroviarios de pasajeros en España, han disparado las especulaciones sobre los nombres de los candidatos que pudieran estar interesados en participar en las licitaciones.

Se han mencionado algunas firmas de constructoras (Acciona, OHL, Ferrovial y Comsa) y operadoras de transporte de pasajeros por carretera en autobús (Alsa y Arriva-DB), así como algunas otras como la patrimonial de la familia Lara (Hemisferio), cuyas vinculaciones con el mundo del transporte son más lejanas. Las citadas, no obstante, son cautas y esperan a que se definan rutas, plazos y condiciones. No en balde, varias de ellas han participado desde 2005 en la privatización de los servicios ferroviarios de mercancías en España, que ha resultado ser poco menos que un fiasco.


* El Diario - Antonio Ruiz del Árbol - 9.12.13
Foto: El Corredor Mediterráneo llegará a Almussafes (Valencia) en 2015; y a Murcia y Cartagena, en 2016.- eldiario

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El 75% de la inversión urbanística de la alcaldesa de Madrid para 2014 se pierde en el pago de justiprecios

La deuda inmensa del ayuntamiento de Madrid sigue lastrando la economía de la ciudad que, poco a poco, va perdiendo los reconocidos valores por los que hace algunos años  fue conocida. Nada queda de aquel Madrid espléndido culturalmente del alcalde Tierno que progresaba velozmente, además, en todas las actividades urbanas. Al contrario, el oscuro largo periodo perdido de Manzano, los despilfarros del faraón Gallardón y la ineptitud de la alcaldesa Botella, han supuesto un retroceso lamentable de décadas en la capital, como demuestran todos los índices independientes.
"VOZPÓPULI* : Uno de los capítulos estrella de los últimos Presupuestos Generales de la ciudad de Madrid iba a ser el de la recuperación de la inversión, pero un análisis más detallado desmonta tal afirmación. Para empezar, se anunció una dotación de 332 millones, pero pronto se supo que el 45% de ese montante (150 millones) corría a cargo de las empresas adjudicatarias de contratos (operación asfalto, por ejemplo). En consecuencia, al Ayuntamiento le tocaría apoquinar 182 millones el año que viene, un 80% más que en 2012. Y de esa cantidad, el área de Urbanismo que dirige Paz González concentra el grueso inversor, con el 40%, algo más de 70 millones. Pero la realidad es que los madrileños apenas notarán mejoras urbanas: si acaso, unas pinceladas.

De los 70.755.408 euros, casi 52 millones son puro humo. El Proyecto de los Presupuestos lo confirma: 47 millones se destinan a pagar “justiprecios determinados por resoluciones del Jurado Territorial de Expropiación Forzosa”; otros 4.769.593 euros van a parar a “bolsas de crédito para futuras expropiaciones, cumplimiento de sentencias y otros gastos”. Tres cuartas partes del presupuesto de Urbanismo que no se traduce en nada para la ciudadanía. El 25% de la inversión total.

La operación inversora más interesante, por no decir la única, son los créditos consignados para la “construcción de un Centro Polivalente en la Calle de Barceló”, para el que se destinan 12.400.000 euros. El resto de inversiones urbanísticas carece de relevancia: 3,2 millones para “derribo y vallado en ámbitos de expropiación” o 3 millones para la “adopción de medidas de seguridad y consolidaciones en edificios municipales”. Cibeles sigue al ralentí.

UPyD quiere más datos

UPyD ha tomado nota del despropósito inversor, y preguntará esta semana en comisión por los detalles de los justiprecios a abonar. Su portavoz David Ortega (UPyD) quiere “conocer el crédito total destinado a tal fin y en qué partida o partidas se encuentra contemplado”. También preguntará por “el importe anual de las sentencias condenatorias firmes, costas incluidas, de los últimos 5 años, con indicación de las Áreas a las que afectan”.

A Ortega le preocupa que no exista “dotación suficiente para hacer frente al pago de sentencias condenatorias firmes”, algo que, evidentemente, castraría aún más la capacidad inversora de Ana Botella. La alcaldesa, no obstante, seguro que estos días tiene otras preocupaciones.


* Voz Pópuli - 16.11.13
Foto: Madrid, edificio ayuntamiento - wikipedia.org



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Fiscalía pide cárcel para 43 acusados de integrar la trama de corrupción urbanística en La Muela

La Muela es un municipio a 23 kilómetros de Zaragoza que cuenta con unos 5.000 habitantes. Allí se han construido en los últimos años miles de viviendas, uno de los principales parques eólicos de la Comunidad y un gran polígono industrial. Pero la mayor parte de las obras las realizó la promotora Aranade, a cuyo frente estaba el inductor de la trama de corrupción urbanística que permitió a la exalcaldesa Pinilla (PAR) conseguir en unos años más de 3 millones de beneficios privados ilícitos. Ahora la Ficalía pide 37 años de cárcel para ella en este asunto que fue famoso al ocupar la policía el Ayuntamiento hace casi 5 años. Ya se verá cuando llegue la sentencia.
"ELPERIÓDICO* : Un siglo y medio de cárcel, tres y medio de inhabilitaciones para ocupar cargos públicos, multas que rondan los cien millones de euros e indemnizaciones por más de once a falta de valorar los perjuicios que sufrió el Ayuntamiento de La Muela con los manejos urbanísticos de la época en la que Mariví Pinilla ocupó la alcaldía. Ese es el resumen, con trazo grueso, del minucioso escrito de acusación en el que la fiscal V.Esponera describe la mayor presunta trama de corrupción nunca investigada en Aragón --a expensas del resultado global de los casos Plaza-- y solicita condenas para los 43 imputados que finalmente se sentarán en el banquillo.

El escrito desgrana, agrupándolos en siete bloques, un memorial de episodios entre los que destaca la relación de la alcaldesa con el empresario Julián de Miguel, quien desde Aranade pilotó el desarrolló urbanístico del municipio con unos resultados que, según el ministerio público, le permitieron darle a la primera y su familia, "bien en metálico, bien mediante el pago de gastos", hasta 2,89 millones de euros en veinte años.

Ambos, que se encuentran en libertad provisional bajo fianza --ella de 800.000 euros y él de 120.000--, afrontan las principales peticiones de condena por parte del ministerio público: 37 años de prisión, 170 de inhabilitación para desempeñar cargos públicos y multas por valor de 22.944.200 euros para ella; 26 años de cárcel, 15 de inhabilitación para puestos en la administración, otros doce para gestionar empresas y una sanción económica de 19,6 millones para él.

La familia Embarba-Pinilla irá al completo al banquillo. Juan Antonio, el exmarido de la exalcaldesa, se enfrenta a una petición de prisión de once años y medio a la que se suman multas por valor de nueve millones y medio de euros. Sus tres hijos, Antonio, Víctor y Jorge, afrontan solicitudes de tres y cuatro años de cárcel y multas de, respectivamente, 300.000, 600.000 y un millón de euros. Junto a ellos se sentará su tía Dolores --dos años y 200.000 euros--.

De Miguel también ha arrastrado con él hasta el banquillo a sus hijos David y Julio, para quienes el ministerio público solicita sendas penas de dos años y medio de prisión y 480.000 euros de multa.

FRAUDE. Carmelo Aured, preso en Zuera para cumplir una condena firme por fraude fiscal y pendiente de juicio en el caso Becerril, se enfrenta a una petición de veinte años y tres meses de prisión, uno de inhabilitación para ocupar cargos públicos y el pago de multas por más de nueve millones de euros. El grueso de las peticiones está basado en presuntos fraudes tributarios con los que, presuntamente, escamotearon a Hacienda más de cuatro millones y medio.

A Aured le acompañarán en el banquillo algunos de sus colaboradores, como el testaferro Miguel Ángel Horta --le piden tres años-- o el asesor económico José Antonio Puyadas Embid --más de doce años y multas por 4,7 millones--, y varios empresarios que participaron en operaciones en las que el ministerio público aprecia indicios de delito.

El banquillo de la operación Molinos tendrá 43 ocupantes, trece de los cuales podrían eludir el ingreso en prisión aunque la Sección Primera de la Audiencia de Zaragoza --celebrará el juicio en aplicación del turno especial para asuntos de corrupción-- les impusiera las penas que solicita para ellos la Fiscalía. Si bien, en caso de condena, el pago de cuantiosas multas y/o indemnizaciones sería un requisito previo para poder eludir la cárcel.

En este grupo están María Jesús Velilla, intermediaria en el pelotazo del SR-1 y para quien las multas por 2,7 millones contrapesan la solicitud de dos años de cárcel; su hijo Antonio Royo, exescolta del exconsejero de la DGA Alfredo Boné --2,4 millones y seis meses-- y que se interesó por un expediente en el Pignatelli, o el excargo de Urbanismo Carlos Martín Rafecas --seis meses y 486.000 euros--. Fiscalía acusa a dos exconcejales --Fernando Barba y Juan Carlos Rodrigo--, al secretario Luis Ruiz y al arquitecto Francisco Núñez.


* El Periódico Aragón - BAYONA / IBÁÑEZ / MANTECÓN 21/12/2013
Foto: La Muela (Zaragoza), ayuntamiento - fspugtaragon.org



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Otros megaproyectos que iban de farol: Gran Scala y el Reino de D.Quijote

A propósito del 'afortunado' fracaso de Eurovegas, la megaciudad de los casinos en Alcorcón (Madrid), son diversos los grandes proyectos estrella que cayeron también hace pocos años en este país de la corrupción y los pelotazos urbanísticos. Siempre con una financiación sospechosa y el apoyo 'indiscriminado' de las administraciones implicadas y ciertos medios de comunicación, tras los faraónicos proyectos de las ciudades del ocio que pretendían crearse en zonas apartadas, se encontraban las trampas urbanísticas y la absoluta falta de estudios serios sobre el impacto en el Territorio. Aquí traemos los planes para abrir dos grandes templos del juego en Los Monegros y en Ciudad Real que, también afortunadamente, nunca se desarrollaron.
"ELPAÍS* : Se anunciaron en su día a bombo y platillo. Iban a ser grandes complejos de ocio y juego que activarían la vida económica de zonas desérticas o poco pobladas de España. Pero, como ha pasado con Eurovegas, tanto el proyecto Gran Scala en Los Monegros (Aragón) como el Reino de Don Quijote, en Ciudad Real, acabaron en fiasco: proyectos fantasma que murieron antes de nacer.

Gran Scala era el rimbombante nombre del parque de ocio y juego que iba a albergar la localidad de Ontiñena (Huesca), con 650 habitantes, en la zona desértica de Los Monegros. International Leisure Development (ILD), con sedes en Londres y Cardiff, prometía en 2007 la construcción de 32 casinos, parques temáticos, hoteles con capacidad para 25.000 clientes, 250 tiendas... Preveía destinar 17.000 millones y crear 65.000 puestos de trabajo.

Desde un primer momento, Gran Scala contó con el apoyo de las instituciones de Aragón, empezando por Marcelino Iglesias, entonces presidente de la región, hasta el líder del partido que le había dado el Gobierno, José Ángel Biel (Par), principal impulsor del proyecto. Para contentar a los promotores, el Parlamento aragonés aprobó la Ley de Centros de Ocio de Gran Capacidad, según la cual, un consorcio, en forma de Consejo de Administración, pasaba a gobernar los destinos de las localidades afectadas por el proyecto.

ILD firmó las opciones de compra y pagó a los propietarios entre el 4% y el 10% del valor de las parcelas. Pero el proyecto naufragó definitivamente en febrero de 2012 al no ejercerse la opción de compra que los promotores tenían sobre los terrenos sobre los que iba a desarrollarse.

El Reino de Don Quijote fue presentado en 2005. La compañía estadounidense Harrah’s Entertainment elegía Ciudad Real para su primer casino en Europa, que se iba a convertir en una auténtica Las Vegas europea. En torno al casino se alzaba un complejo que contaría con un hotel de cinco estrellas y 812 habitaciones, un centro de convenciones para 2.000 personas, un teatro con 3.000 localidades, un spa de 7.500 metros cuadrados y 9.000 viviendas. Se habló de inversiones de 6.500 millones de euros en 15 años, 7.000 empleos directos en Ciudad Real y 11.000 indirectos en el resto de Castilla-La Mancha.

La situación empezó a complicarse con el estallido de la crisis económica en 2008. Ese mismo año, sin que se hubiera puesto ni una piedra del supuesto macrocomplejo de ocio, Harrah’s Entertainment anunció que suspendía toda su inversión por la falta de financiación. Ese fue el inicio de una serie de problemas y, en diciembre de 2011, la sociedad Reino de Don Quijote entraba en concurso de acreedores. Su presidente, Sergio Álvarez, admitió en ese momento que la compañía tenía “falta de liquidez total”, pero que solicitaba el concurso con el ánimo de revitalizar el proyecto.

Queda por ver qué pasa con el único proyecto que sigue en pie: el macroresort de turismo, juego y negocios BCN World, vendido en su día en Cataluña como respuesta al no de Eurovegas. Existen dudas sobre su viabilidad, aunque en una entrevista reciente su presidente, Xavier Adserà, aseguraba que las inversiones para la primera fase están aseguradas y las obras podrían arrancar en el primer semestre de 2014.


* El País - 13.12.13
Foto: Gran Scala, proyecto - granscala



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Alaya procesa al exteniente alcalde y a la cúpula de Urbanismo por fraude en el concurso de Mercasevilla

La polémica jueza Alaya procesa por el asunto de Mercasevilla a 15 personas, a los que acusa de haber cometido los delitos de prevaricación contra la Ordenación del Territorio y falsedad por, entre otras cosas, amañar supuestamente un concurso público para favorecer a una constructora. Una ilegalidad urbanística por la que ya han pasado casi 8 largos años y que ahora parece se reactiva, cuando el múltiple delito casi se ha olvidado y, en cualquier caso, ya no tiene retroceso posible. La lentitud judicial, una vez más, es exasperante y roza la complicidad con el delito que pretende atajar de malas maneras y peores resultados.
"DIARIODESEVILLA* : La juez Mercedes Alaya ha dictado un nuevo auto en el que acuerda el procesamiento por el “concurso fraudulento” para la venta de los suelos de Mercasevilla al concejal de IU Antonio Rodrigo Torrijos, el ex edil del PSOE Gonzálo Crespo, dos ex gerentes de Urbanismo y varios funcionarios de este organismo que se encuentran en la lista de 15 procesados, que también incluye a los ex directivos del Mercado mayorista Fernando Mellet y Daniel Ponce y a otros tantos funcionarios de Urbanismo.

El auto de la juez Alaya acuerda transformar las diligencias previas en un procedimiento abreviado -con lo que corrige su anterior error al elevar la causa a sumario- que se sigue por delitos de prevaricación, contra la ordenación del territorio, asociación ilícita y falsedad cometido por funcionario público en delito mercantil.

En la resolución, Alaya acuerda el archivo de las actuaciones contra tres de los imputados, la ex directora del área de Contabilidad de Mercasevilla Pilar Giraldo Moreno y los técnicos José Manuel Ferrera Rimada y Alfredo Delmo Suárez, al estimar que “no existen motivos suficientes para considerar responsables” a estas personas de los delitos que se investigan.

En el auto, la juez da por concluida la investiga y concede un plazo de diez días a la Fiscalía y a la acusación particular para que soliciten la apertura de juicio oral, formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa.

Esta investigación se inició a raíz de las diligencias previas abiertas por un delito de cohecho –que terminaron con la condena de los ex directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce, y del ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas-.

Alaya ha investigado en esta causa la presunta preparación de un concurso público para la adjudicación de una opción de compra sobre la totalidad de los terrenos donde se encuentra ubicada la entidad Mercasevilla, sita en la carretera Sevilla-Málaga, con la “dirigida finalidad” de que la adjudicataria fuera la entidad Sanma, la misma que se habría subrogado con anterioridad en el derecho de superficie de la entidad Larena 98 sobre una de las parcelas de Mercasevilla, ante la imposibilidad de que dicha entidad pudiera construir unas naves.

La instructora considera que la “intención” de Fernando Mellet, y de los concejales Antonio Rodrigo Torrijos (IU) y Gonzalo Crespo (PSOE), así como Domingo Enrique Castaño -asesor del alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín- era llevar a cabo un “concurso fraudulento” que beneficiara “claramente” a la constructora Sanma (filial del grupo Sando), para lo cual se introdujeron dos cláusulas en el pliego del concurso, una de limitación al alza, que “penalizaba extrañamente las ofertas superiores sobre el precio de compraventa” con la que se conseguía un “efecto perverso” al penalizar las ofertas de mayor cuantía económica en beneficio de las inferiores, y la cláusula de titularidades previa, que primaba la titularidad sobre un derecho de superficie sobre los terrenos.

Ese pliego de condiciones se elaboró, según argumenta la juez, “intencionadamente para beneficiar a Sanma” e incluso en el pliego definitivo del concurso aprobado por la Comisión Ejecutiva de Mercasevilla no se recogía la exigencia de incluir la descripción de cualquier derecho de superficie u ocupación, por lo que “quedaba oculto para el resto de los licitadores la ventaja (hasta 10 puntos) concedida a Sanma”.

La instructora señala que la cláusula de limitación al alza no aparecía en el pliego de condiciones cuando fue aprobado en la reunión de la Comisión Ejecutiva del 8 de noviembre de 2005, sino que fue “introducida de rondón” en la reunión del Consejo de Administración, ya meramente formal, el día 30 de noviembre, acción que Alaya atribuye entre otros imputados a Castaño, Mellet, Rodrigo Torrijos y Gonzalo Crespo.

La juez asegura que fue el entonces director de Vía Pública Domingo Enrique Castaño, “persona de confianza del alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín” quien entró en contacto con Sanma, que estaba muy “interesada en Mercasevilla” y en llevarse “todo el lote: derecho de superficie, opción de compra y futura adquisición de los terrenos y traslado y construcción de la nueva sede de la Unidad Alimentaria”.

Los responsables de Sanma, según Alaya, necesitaban como contraprestación para subrogarse el derecho de superficie de Larena 98 que “se les garantizara la concesión” del derecho de compra de la totalidad de los terrenos y que se les garantizara la obtención de licencia de edificación en las parcelas afectadas por ese derecho, una “garantía que sería prestada por el gerente de Urbanismo del Ayuntamiento, Manuel Marchena, también persona de confianza del alcalde”.

Al concurso concurrieron ocho empresas, algunas de las cuales tenían relaciones internas entre si y con Sando, y “salvo tres de ellas, las cinco restantes por su exiguo volumen y por la carencia de ajuste mínimo a las prescripciones del pliego, podrían considerarse ofertas de relleno” y el resultado, prosigue Alaya, fue que “indiciariamente todas las licitadoras, salvo Sanma, se excluyeron a sí mismas”, aunque para la juez la valoración de las ofertas que se hizo también “benefició ilegítimamente” a esta constructora.

Para la juez, Sanma fue igualmente beneficiada posteriormente con la concesión de la licencia de primera ocupación por parte de la Gerencia a pesar de que no había finalizado la construcción de la infraestructura eléctrica -con lo que existían unas “enormes deficiencias” en la urbanización-, cuando a la anterior empresa, Larena 98, se le había denegado por este motivo.

La instructora ha imputado a varios funcionarios por no haber dado el “pase” al servicio de Proyectos, Obras y Actuaciones Infraestructurales, lo que “impediría sin la visita a la obra y conociendo las graves deficiencias en el suministro eléctrico, la licencia de primera ocupación”. “El descontrol que existía en el Servicio de Licencias haría el resto, pues en ningún caso las imputadas y responsables del servicio Isabel Evans o Emilia Barrial, jefa y subjefa, leían el contenido de tales informes del servicio de coordinación de Vía Pública, ni se cuestionaban si con él se daba contestación a la conclusión o no de las obras de urbanización”.

El entonces gerente de Urbanismo y también procesado Miguel Ángel Millán concedió la licencia casi en el plazo solicitado de un mes y “sin examinar el expediente ni los informes existentes, en base supuestamente a un informe recopilatorio firmado por la señora Evans, extremo que es negado por la misma”, precisa la juez.
Alaya considera que los hechos pueden constituir un delito de prevaricación, en lo que se refiere a la “preparación presuntamente ilícita del concurso público”, desde la elaboración del pliego hasta la valoración favorable, del que serían presuntos autores Domingo Enrique Castaño, Antonio Rodrigo Torrijos, Gonzalo Crespo, Fernando Mellet, el asesor jurídico de Mercasevilla Jorge Piñero, la funcionaria María Victoria Bustamante, el economista José Antonio Ripollés, y los responsables de Sanma Luis Sánchez Manzano, José Luis Sánchez Domínguez y José Luis Miró.

Alaya también imputa un delito de prevaricación, en relación con la petición de licencia por parte de Larena 98, a la funcionaria de Urbanismo Emilia Barrial, mientras que procesa por un delito contra la ordenación del territorio a los responsables de Sando, a Emilia Barrial, Isabel Evans, al arquitecto Alberto Balbontín, y a los ex gerentes de Urbanismo Miguel Ángel Millán y Manuel Marchena. Sobre este último, Alaya dice que “estaría al corriente desde el principio de la problemática de Mercasevilla con Larena y de la necesidad de que aquella tenía de que la empresa que se subrogara en el derecho de superficie tuviera como contraprestación el derecho de opción de compra sobre la totalidad de los terrenos”.

La juez ha procesado por un delito de falsedad en documento mercantil a Fernando Mellet y Daniel Ponce, en relación con una factura.

A todos los imputados, salvo Isabel Evans y Miguel Ángel Millán, Alaya les atribuye además un delito de asociación ilícita del artículo 515 del Codigo Penal, pues “todo ellos en un momento determinado se habrían organizado, con cierta consistencia y jerarquía, en torno a la figura de Domingo Enrique Castaño y Fernando Mellet, para realizar cada uno su ilícito cometido”.


* Diario de Sevilla - JORGE MUÑOZ - 21.12.13
Foto: Sevilla, Mercasevilla - diariodesevilla.es

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