La Fiscalía pedirá entre 20 y 30 años de cárcel para el exalcalde de Yaiza

LAVOZDELANZAROTE* : El exalcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, podría enfrentarse a una pena de entre 20 y 30 años de prisión. Eso es al menos lo que solicitará el Ministerio Fiscal, a la luz de los delitos que imputa al ex alcalde en la Operación Yate, cuya investigación ya ha dado por terminada.
En su último dictamen, la Fiscalía señala que hay “claros indicios” de que José Francisco Reyes, durante su etapa al frente de la Alcaldía de Yaiza, incurrió en delitos de prevaricación urbanística, cohecho activo y pasivo, blanqueo de capitales, actividades y negociaciones prohibidas a funcionario, malversación de caudales públicos y falsedad de documento mercantil. La mayoría de esos delitos están vinculados a la corrupción urbanística, con la concesión de decenas de licencias ilegales en Playa Blanca a cambio de presuntos sobornos, pero también con otras actividades supuestamente ilegales cometidas desde el Ayuntamiento. Entre ellas, el desvío de fondos a cuentas de su partido, el PNL, y también a empresas de las que era socio, junto a otros líderes del Partido Nacionalista de Lanzarote.

El aparejador Pablo Carrasco, fuera de la causa

Junto a José Francisco Reyes, en el banquillo se sentarán finalmente otras once personas, ya que la causa se ha quedado finalmente con doce imputados. El último en salir de la lista ha sido el aparejador del Ayuntamiento, Pablo Carrasco, al que la Fiscalía no ha incluido en su último escrito de conclusiones.

Quienes sí continúan imputados son el secretario de Yaiza, Vicente Bartolomé Fuentes, el jefe de la Oficina Técnica, Antonio Lorenzo, y otro aparejador municipal, Alfredo Morales. Los tres están acusados de presuntos delitos de prevaricación urbanística, que puede ser castigada con penas de un año y medio a cuatro años de prisión.

En el caso del aparejador Alfredo Morales, su imputación está vinculada al informe que emitió para conceder la licencia al Puerto Deportivo Marina Rubicón, mientras que la de Antonio Lorenzo está ligada a su intervención en el expediente que permitió aprobar el Plan Parcial Playa Blanca, que ya ha sido declarado ilegal por los Tribunales.

En cuanto a Vicente Bartolomé Fuentes, se enfrenta a la imputación por tres delitos. Por un lado, la Fiscalía ve indicios de prevaricación urbanística en los informes que realizó en esos dos expedientes (el del plan parcial y el del puerto), y además le imputa otro delito de malversación de caudales públicos, por su función como interventor del Ayuntamiento. Así, además de las posibles penas de cárcel por dos delitos de prevaricación, el Ministerio Fiscal pedirá también para él entre seis meses y seis años de prisión más, dependiendo del importe de las cantidades supuestamente malversadas. En cualquier caso, sumando los tres delitos, Vicente Bartolomé Fuentes podría enfrentarse a una de las mayores penas solicitadas por la Fiscalía en esta causa, después de la de Reyes.

Familiares y “testaferros”

Entre el resto de los imputados que se sentarán en el banquillo se encuentran los familiares más directos de José Francisco Reyes. Es decir, su mujer, Antonia Rafaela Torres, y tres de sus hijos (María Beatriz, María Noelia y José Francisco Abel). Todos ellos están acusados de presuntos delitos de blanqueo de capitales, y la Fiscalía pedirá para ellos entre tres y seis años de prisión.

Según el escrito del Ministerio Fiscal, todos ellos ayudaron a Reyes a “encubrir la titularidad de sus bienes ilícitamente obtenidos”, para que pudiera “disfrutar de los mismos sin riesgo”. Para ello, actuaron “a modo de testaferros para reintroducir dentro del mercado financiero y de los circuitos económicos legales el lucro procedente de las ilícitas actividades desarrolladas por el alcalde de Yaiza”.

El mismo delito de blanqueo de capitales se imputa a los otros cuatro imputados: José Rafael Mesa Ferrer, Manuel Benito Mesa Ferrer, Antonio Marcelo Machín y Simeón Camacho. Los dos primeros, como asesores fiscales, ayudaron supuestamente al alcalde a blanquear sus cuentas a través de una “sociedad pantalla”, Sea Sun Lanzarote S.L., en la que se encargaban de la contabilidad. Según la Fiscalía, ambos tenían “pleno conocimiento de la finalidad perseguida por el imputado Reyes Rodríguez, la de ocultar la titularidad de los fondos y bienes que se habían adquirido ilícitamente así como de los que se siguieran adquiriendo con posterioridad, para permitir su disfrute por dicho imputado mediante su inserción en el circuito económico legal”.

La otra sociedad supuestamente utilizada para blanquear dinero fue Acuimar Cachazo, en la que figuraban como titulares una de las hijas de Reyes, junto a Antonio Marcelo Machín y Simeón Camacho, ambos pertenecientes al “círculo íntimo de amistad” de José Francisco Reyes. Según la Fiscalía, los dos aceptaron “prestar su más eficaz contribución para ocultar ese patrimonio” de Reyes, “ya que conocían el origen delictivo de los fondos que manejaban, al ser perfectamente conocedores de cuáles eran las fuentes de ingreso lícitos del imputado, así como de su cuantía”.

La investigación, que se inició en el año 2006, pero tuvo que perseguir hechos cometidos desde los años 90, consiguió localizar un millón de euros obtenidos por el ex alcalde de forma presuntamente ilícita. Y para ello, fue necesario rastrear pagos realizados en efectivo, compras sin asiento contable, así como movimientos de créditos bancarios y otras operaciones inmobiliarias. Por eso, por la complejidad de la investigación, la Fiscalía considera que ese millón de euros podría ser sólo una parte del dinero obtenido por los presuntos delitos de corrupción del ex alcalde sureño.


* La Voz de Lanzarote - ISABEL LUSARRETA - 14 de enero de 2013

Foto: Yaiza (Lanzarote), Playa Blanca, Hotel Papagayo Arena - panoramio.com

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Madrid.- Un rascacielos casi vacío que sólo mantener cuesta un riñón

CINCODÍAS* : La utilidad ahora mismo para Bankia de poseer el rascacielos más alto de España es tan difusa como lo ha sido durante los últimos días en Madrid la visión del edificio, ocultado por una espesa niebla. Sólo el mantenimiento de Torre Bankia -antes Torre Caja Madrid, antes Torre Repsol- le cuesta a la entidad financiera más de seis millones de euros al año.
En 2007 el entonces presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, acordó la adquisición del rascacielos -entonces en construcción- a Repsol por 815 millones de euros, con el objetivo de convertirlo en la sede de la entidad. La operación fue la última que se hizo en España con cifras del boom. Poco después de la compra por parte de Caja Madrid de la torre fue constatable el desplome del sector inmobiliario español.

A continuación vinieron la caída de Lehman Brothers, la integración de Caja Madrid en Bankia y, en mayo del pasado año, la intervención de la entidad, que forzó la salida de Rodrigo Rato como presidente y el nombramiento al frente del banco de José Ignacio Goirigolzarri. Y a todo esto el rascacielos, inaugurado en 2009, ha estado prácticamente vacío generando millones de euros en gastos de mantenimiento y financieros. Mientras, sus gigantes vecinos -Torre PwC (Sacyr), Torre de Cristal (Mutua Madrileña), y Torre Espacio (OHL)- se van llenando, a duras penas, de inquilinos.
Bajo la presidencia de Rato los planes para el rascacielos pasaban por vender el edificio que hasta ahora ocupa la entidad como sede, una de las Torres Kio, y trasladar el personal al rascacielos situado a unos trescientos metros. Pero esos planes se han quedado en un cajón. Bankia, inmersa ahora en un agresivo plan de reestructuración que contempla el despido de cerca de 5.000 empleados, tiene asuntos más urgentes que atender. Además, el hecho de que una entidad intervenida con graves problemas financieros coloque su logotipo a 250 metros de altura mirando por encima del hombro a seis millones de madrileños castigados por la crisis provoca cierto pudor.
El rascacielos está "parcialmente ocupado", indican fuentes del banco, sin detallar cuántos empleados trabajan en la actualidad en la torre. Fuentes del sector estiman que sólo están ocupadas cinco de las 45 plantas y que en realidad la presencia de personal del banco en el inmueble responde a "razones contables". La entidad ha percibido "interés" por parte de inversores para hacerse con la torre, pero de momento nada concreto.
La sociedad encargada de la gestión del inmueble es Torre Caja Madrid, fundada en el año 2000 y controlada en la actualidad por Bankia. Sus cuentas depositadas en el Registro Mercantil desvelan el gasto que supone para la entidad financiera mantener prácticamente vacío el edificio creado por el arquitecto Norman Foster.
En 2010 Torre Caja Madrid firmó un contrato de arrendamiento con Bankia por el que la entidad se comprometió al pago de 1,5 millones de euros al mes, cantidad revisable. En 2011 Torre Caja Madrid recibió 16 millones de euros por ese contrato de arrendamiento, y 5,3 millones en 2010.
Por costes relacionados con el mantenimiento del edificio la sociedad gastó 6,9 millones en 2010 y 6,5 millones en 2011. De esa cantidad, 2,1 millones (2,3 millones en 2010) correspondieron al pago de reparaciones y conservación; 1,9 millones (1,8 millones en 2010) se destinaron a pagar impuestos sobre Bienes Inmuebles; 388.000 euros se pagaron a Bankia por servicios administrativos (667.000 euros en 2010). Por servicios de vigilancia, de limpieza y consumo de luz la empresa paga cerca de dos millones al año.
Los gastos financieros en los que incurrió la sociedad propietaria del rascacielos ascendió en 2011 a 13,6 millones de euros. Responden a créditos concedidos por Caja Madrid y renovados por Bankia.
La empresa contrató una cuenta de crédito con Caja Madrid en julio de 2007 con un límite máximo de 700 millones de euros. Ese límite se ha ido reduciendo hasta los 153,2 millones en 2011, después de que en julio de 2010 se cancelara parcialmente la cuenta; entonces Bankia otorgó tres préstamos a la sociedad Torre Caja Madrid destinados a la amortización parcial de dicha financiación. El importe de dos de esos préstamos fue de 150 millones y de 100 millones el préstamo restante.
Al cierre del ejercicio 2011 la sociedad de Bankia propietaria del rascacielos tenía una deuda a largo plazo de 400 millones de euros y de 158,1 millones a corto plazo.
Inquilino, propietario y financiador
Bankia es el propietario del rascacielos creado por Norman Foster (el banco controla el capital de la sociedad dueña del inmueble, Torre Caja Madrid), el único inquilino (ocupa cinco de las 45 plantas) y la entidad que financió la compra del inmueble en 2007 a Repsol, por 815 millones de euros.
Deloitte, auditor de las cuentas de Torre Caja Madrid, llama la atención en su informe de auditoría del ejercicio 2011 sobre el hecho de que la principal fuente de ingresos de la sociedad corresponde al alquiler del edificio a Bankia, principal accionista de la sociedad -Bankia tiene el 99,9999% del capital de Torre Caja Madrid y Corporación Financiera Caja Madrid el 0,0001%- . "Por su parte", señala Deloitte, el banco es "la entidad que presta la totalidad de la financiación a la sociedad".
La empresa Torre Caja Madrid registró pérdidas en 2011 y 2010 de 10,5 millones y 8,9 millones. El pasivo corriente es superior a su activo corriente, como consecuencia de deudas con Bankia. Esto motivaría el apunte por parte de la consultora Deloitte de una incertidumbre sobre la capacidad de Torre Caja Madrid para continuar sus operaciones.
No obstante, al pertenecer la sociedad a Bankia, su acreedor, los administradores aseguran que se "adoptarán las medidas oportunas que garanticen la viabilidad futura" de la empresa, y que esta pueda desarrollar con normalidad su actividad refinanciando la deuda con la entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri.


* Cinco Días - ALBERTO ORTÍN - MADRID - 13/01/2013
Foto: Torres de la antigua Ciudad Deportiva de Madrid con el edificio Bankia en primer plano - Getty

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