Las tasas judiciales dañan el medio ambiente

ELPAÍS* : La ley de tasas judiciales encarece hasta diez veces los costes de los procesos judiciales.
El pasado año 2012 concluyó con varias noticias en torno a la paralización de proyectos urbanísticos que afectaban a medios naturales especialmente sensibles. El cabo Cope en Murcia, la sierra de Las Nieves (Málaga) y la laguna y humedal de Valdoviño (A Coruña) se salvaron del ladrillo gracias a sentencias judiciales tras las que había un trabajo previo de denuncias y recursos ante tribunales de justicia que emprendieron ayuntamientos, partidos políticos y asociaciones ecologistas. Tras la aprobación de la ley de tasas judiciales, estos procedimientos se encarecerán notablemente y, según denuncian varias ONG, será imposible iniciar procesos contra proyectos que conlleven graves impactos ambientales. Y la cosa puede ir a peor con otras normativas en ciernes.

“Si recurriéramos hoy el proyecto de la Marina de Valdecañas en Cáceres, urbanización ilegal según sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, se debería abonar previamente una tasa de 10.350 euros, puesto que la cuantía del procedimiento se fijó en 40 millones de euros. Un recurso de casación contra una sentencia desfavorable, como el planteado contra la inadmisión de la suspensión cautelar de las obras del vertedero de Toledo, tendría un coste de 1.290 euros”. Ecologistas en Acción ejemplifica así el lastre que supone para la defensa de la protección ambiental la ley impulsada por Alberto Ruíz Gallardón, ministro de Justicia, y advierten de que su participación en casos tan populares como el hotel del Algarrobico sería imposible con esta normativa.

La cantidad sería menor (440 euros) en procedimientos con cuantía indeterminada, como el proyecto de cementerio nuclear de Villar de Cañas (Cuenca), el plan parcial de la playa de Valdevaqueros (Cádiz) o los permisos a Repsol para prospecciones petrolíferas en aguas canarias. Sin embargo, las asociaciones ecologistas y vecinales consideran que incluso estas cuantías menores también limitan el acceso a la justicia ambiental, más si se multiplican por la decena de casos que se abren al año y se tienen en cuenta los presupuestos reducidos de muchas de ellas. Los abogados que llevan estos casos hablan de replantearse muchos procedimientos o acudir a herramientas de financiación popular y colectiva, como el crowdfunding.

En la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife) ya han empezado a notar los efectos de la nueva normativa. Juan Carlos Atienza, director de Conservación, afirma que su asociación "es la que más procesos judiciales tiene abiertos [unos cincuenta] y más dinero invierte en tribunales [unos 50.000 euros al año] para defender el medio ambiente, y hemos calculado que el presupuesto anual asignado a los mismos se multiplicará por diez”. “Desde que se aprobó la ley hemos iniciado solo un caso y vamos a intentar seguir adelante con los que tenemos ya abiertos, teniendo en cuenta que la ley es retroactiva y afecta también a estos; pero lo que es seguro es que nos limitará mucho presentarnos a nuevos”.

Eduardo Salazar y Jaime Doreste son dos abogados ambientalistas que trabajan en casos como el de la Marina de Valdecañas, el soterramiento de la M-30 en Madrid o la instalación del almacén temporal de residuos en Villar de Cañas. Salazar confirma que van a "denunciar la ley ante el convenio internacional de Aarhus, ratificado por España en 2005, donde se dice que el acceso a la justicia tiene que ser real y efectivo y los procesos rápidos y poco onerosos o gratuitos”. La pretensión es que aquellas personas y colectivos que inicien un proceso en defensa del medio ambiente no paguen las tasas, y si es así, que “haya una condena internacional que obligue al Estado a revisar la ley”, concluye. El Convenio de Aarhus, llamado así por la ciudad danesa donde se firmó, es un tratado internacional de la ONU sobre acceso a la información y la justicia y participación pública en tomas de decisiones en materia ambiental.

No solo ecologistas, asociaciones de jueces, fiscales y secretarios judiciales, sindicatos y organizaciones de consumidores y usuarios están en pie de guerra contra la discriminación que supone la ley de tasas. Jaime Doreste añade el envío masivo de cartas a la Defensora del Pueblo para reclamarle que interponga un recurso de inconstitucionalidad, y advierte de nuevas reformas por llegar de las que ya se han presentado borradores y pueden limitar aún más la personación popular no solo por la vía administrativa, sino también penal. “El anteproyecto de reforma de la ley de asistencia jurídica gratuita prevé que una persona o colectivo solo pueda usar este servicio tres veces al año, salvo que acredite que no hay abusos, algo que se antoja muy arbitrario”. Según Doreste, esto limitará también el trabajo de ONG y asociaciones con escasos recursos económicos. Pero hay más, ya que un documento elaborado por expertos sobre la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal limita el ejercicio de la acción popular a partidos, sindicatos y asociaciones.

Desde el Ministerio de Justicia recuerdan que “el anteproyecto de ley de acceso a la justicia gratuita contempla que las asociaciones de interés público que acrediten insuficiencia de recursos para litigar en defensa de su objeto social podrán beneficiarse de la justicia gratuita en los mismo términos en lo que recogía la ley en vigor”. Ruiz-Gallardón afirmó el viernes pasado, en la presentación del anteproyecto: “Se establece una presunción de abuso de derecho en aquellas personas que soliciten más de tres veces al año instancia de justicia gratuita salvo en lo penal. Eso no significa que no tengan derecho a acogerse; significa que a partir de la tercera serán sometidas a una investigación puesto que hay presunción de abuso de derecho”. Respecto a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la limitación de la acusación popular, el ministro confirmó en la misma comparecencia que el Consejo de Ministros encomendó a una comisión de expertos la elaboración de un nuevo código procesal penal, cuya propuesta “no ha sido trasladada aún al Gobierno”.

Casos de gran notoriedad, como el hundimiento y posterior contaminación del Prestige o la rotura de la balsa de residuos mineros de Aznalcóllar y su vertido sobre Doñana, han contado con la acusación popular. “Y todos los de envenenamiento de fauna o de las urbanizaciones ilegales de Navas del Marqués y Villanueva de Gómez en Ávila”, añade Juan Carlos Atienza. El representante de SEO/BirdLife aclara que “en medio ambiente y protección de la biodiversidad hay pocas personas que, como entidad jurídica, inicien un proceso judicial. Si te roban o te ponen una multa injusta recurres porque afecta a tu patrimonio personal, pero el medio ambiente es de todos y nadie va a poner tiempo y ahora dinero de su patrimonio para defender el de todos. Eso solo lo hacemos las ONG ecologistas u otros colectivos, como asociaciones de vecinos o plataformas creadas al efecto”.


* El País - JAVIER RICO 16 ENE 2013
Foto: Arenal y laguna protegida de A Frouxeira, en el ayuntamiento coruñés de Valdoviño. / XURXO LOBATO

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Piden 180 años de cárcel al exalcalde de Zurgena por presunta corrupción urbanística

EUROPAPRESS/Almería* : La Fiscalía Provincial de Almería va a solicitar penas que suman 180 años de prisión y 1.050 años de inhabilitación para cargo público para el exalcalde de Zurgena y actual concejal de Obras Públicas, Cándido Trabalón (PA), en el marco del conocido como caso 'Costurero' contra la corrupción urbanística en el que también están procesadas otras 23 personas, entre ellas exediles de la corporación, funcionarios, arquitectos y promotores inmobiliarios.
El juez instructor de la causa, que ha ordenado en un auto abrir juicio oral por falsedad documental, prevaricación urbanística, cohecho, desobediencia, negociación prohibida a funcionarios y contra la ordenación del territorio, ha resuelto imponer a Trabalón, quien forma parte del equipo de gobierno en coalición con el PP, una fianza civil de 571.147 euros.

El fiscal, que acusa al exregidor andalucista de un total de 120 delitos aunque interesa la aplicación del artículo 76 del Código Penal con respecto al máximo cumplimiento de penas, le atribuye, entre otros comportamientos, la concesión de licencias para la construcción de inmuebles unifamiliares en no urbanizable por diferentes cauces "irregulares". Sostiene además que en, al menos dos ocasiones, lo hizo "a cambio" de que las empresas promotoras beneficiarias construyeran "sin cobrar precio" un residencial y un bloque de viviendas en dos solares de su propiedad que han sido tasados en casi 400.000 euros.

Tijeras, el otro principal acusado en esta causa contra la corrupción urbanística y quien en la actualidad no ejerce cargo público, el fiscal tiene previsto solicitar penas que suman 178 años y seis meses de prisión mientras que los otros ocho excargos públicos imputados en la causa, de PSOE y PA, se enfrentan a penas de 18 meses de cárcel por cada licencia a la que dieron voto favorable en pleno y que oscilan entre las 80 y las 15, dependiendo de si asistieron a las sesiones plenarias o no. Los exconcejales son Miguel M.R., Emilia J.P., Aniceto L.M., José Antonio R.M., Juan M.D., Josefa S.G., Pedro S.C. y José Juan S.

Para el exconcejal de Urbanismo, el juez instructor ha fijado la fianza civil en 8.630 euros aunque el Ministerio Público destaca que, entre los años 2003 y 2007, recibió cantidades de dinero "cuya cuantía y número no ha podido determinarse" y un vehículo tasado en casi 31.000 euros por parte del acusado Antonio L.R., administrador de las mercantiles 'Antonio de la Jacinta' y 'New Horizon Villas' y principal beneficiario de las licencias urbanísticas concedidas presuntamente de manera "irregular".

'MODUS OPERANDI'

El Ministerio Público indica en su detallado escrito de 69 páginas, al que tuvo acceso Europa Press, tres fases en la trama tejida por los dos principales procesados, quienes, según remarca, decidieron y persistieron en tiempo "de común acuerdo" en conceder licencias para construir viviendas sobre suelo calificado como no urbanizable "no permitidas por la legislación urbanística".

En una primera etapa, que encuadra en marzo de 2003, habría actuado en solitario Tijeras como concejal delegado de Urbanismo y alcalde accidental de Zurgena, quien, conocedor de que los informes preceptivos de la Diputación Provincial serían contrarios a la concesión de las licencias, "decidió no solicitar" los citados informes y "prescindir" de ellos al tramitar los expedientes "prescindiendo totalmente del procedimiento administrativo legal".

En virtud de esto, el fiscal le atribuye la concesión a sabiendas de que eran contrarias a la normativa, de 40 licencias para un total de 80 inmuebles en distintas pedanías. Estas dieron lugar posteriormente a licencias de ocupación que contaron con informes favorables del técnico municipal y acusado Carlos Domingo B.F., quien también era el director de obra de estas promociones impulsadas por las constructoras 'Antonio de la Jacinta' y 'Chaviort'.

En una segunda fase, con Trabalón como alcalde y hasta finales de 2005, ambos habrían acordado, tras entrar en vigor la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), aprobar las licencias en pleno cuando hasta ese momento era bien el alcalde o bien la comisión de gobierno la que resolvía los expedientes para eludir los "informes técnicos y jurídicos que iban a ser contrarios a las licencias solicitadas". Así, se dio luz verde a alrededor de un centenar de permisos a promotoras de imputados por la presunta trama.

El fiscal remarca que, en este punto, el exalcalde contrató Carlos Domingo B.F., a quien, arquitecto, se le encargó que emitiera informes técnicos favorables, una labor a cargo del ayuntamiento que desarrolló al tiempo que, en el ejercicio de su profesión, dirigía obras de "numerosas edificaciones" en el municipio.

Tras cesar en octubre de 2005, Trabalón contrató a Francisco S.G., también arquitecto y acusado de perpetuar el modo de actuar que se achaca a su predecesor, del que era "conocedor", con informes favorables para más de 150 viviendas promovidas por otros acusado, Tomás Z.S. y Jose Miguel D.N., administrradores de 'Zuydy SL'. El socio de Francisco S.G. en su estudio, José María G.R. también esta acusado en el proceso.

"SUBTERFUGIO"

El citado modo de actuar fue diseñado por el exregidor y el exconcejal de Urbanismo, y consistía en, "para dar apariencia de legalidad" a las licencias, usar el "subterfugio" de considerar suelo no urbanizable como suelo urbano cuando "contará con servicios básicos como acceso rodado, abastecimiento de agua y suministro de electricidad". Con este objetivio, según detalla, indicaban a los promotores que "antes o al solicitar" las licencias, hiciesen obras de urbanización "sin ningún tipo de permiso para ello".

De este modo --añade-- los promotores era quienes adquirían el suelo no urbanizable y lo dotaban "a veces de forma incompleta, a veces de forma nula" para "llevar a cabo aparente transformación de la naturaleza del suelo vulnendo la normativa urbanística pues se hacía sin cobertura de ningún instrumento de planeamiento urbanístico, sin las necesarias licencias y no permitidas legalmente y sin cesiones de suelo y aprovechamiento urbanístico que establece la ley para los municipios".

Las tercera etapa se habría iniciado, según el Ministerio Público, en febrero de 2006 cuando Trabalón dejó de convocar plenos y de conceder como Alcalde licencias de obra "ilegales" e ideó una manera de hacerlo "de forma menos manifiesta" utilizando la vía del silencio administrativo. Así, "decidió voluntariamente dejar transcurrir" el plazo de tres meses sin dictar una resolución sobre la licencia para "luego certificar su concesión por silencia administrativo".

El escrito recoge que la secretaria del Ayuntamiento, María Trinidad L.G., quien también está acusada como cooperadora necesaria en 30 presuntos delitos de prevaricación, expidió este certificado de silencio administrativo a efectos positivos para la construcción de casi 200 viviendas en el término municipal y subraya que el exalcalde "no inició, como era su obligación, ningún procedimiento de revisión de oficio para dejar sin efecto las licencias".

El fiscal también señala que, entre 2005 y 2006, Trabalón y Tijeras concedieron unas 18 licencias de segregación de fincas rústicas situadas en no urbanizable "con conocimiento de que eran auténticas parcelaciones urbanísticas y que ley las prohíbe" en este tipo de fincas.

En la causa también están procesados el cuñado el exregidor Juan José G.R., los empresarios Francisco y José Manuel N.T. como administradores de las constructoras 'La Vacazul y Grupo de Inversiones 'Solnor', así como Francisco Javier D.C. como administrador de 'New medina Villas', Faustino M.B., de 'Promociones Inmobiliarias Arboleas' y 'Welcome to Spanish Home' y José S.S., Fernando J.R. y Adoración G.F., admnistradores y arquitecta de 'Colyar SLL'.


* Europa Press - 16.1.13
Foto: Zurgena (Almería), zona viviendas ilegales - ideal.es

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